NOTA DE PROCESO SOBRE EL USO ELECTORERO DE LA SEDESOL

En su edición del 23 de Abril de 2006, Proceso publica la siguiente nota sobre el uso faccioso de la SEDESOL por el PAN para favorecer a fecal:

La asistencia social, para servir al PAN

Carlos Acosta y Álvaro Delgado

Como en los tiempos de los gobiernos del PRI y en contra de lo que pregona Vicente Fox, los programas federales de asistencia social son usados para canalizar votos a favor de Felipe Calderón, candidato presidencial del PAN, casualmente el partido en el gobierno. A esta conclusión llega un estudio -copia del cual fue obtenido por Proceso en forma adelantada- que se hizo por encargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y cuya difusión -programada para este lunes 24- tiene preocupados a los funcionarios gubernamentales y a los estrategas de campaña del candidato panista.

Un estudio financiado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargado cuando aún Josefina Vázquez Mota era la titular, tiene nerviosos a Felipe Calderón y a sus operadores políticos, e irritado al presidente Vicente Fox, al grado de que regañó severamente a la actual secretaria, Ana Teresa Aranda, por admitir públicamente, el lunes 17, que por lo menos 10% de los 44 millones de beneficiarios de programas sociales son susceptibles de ser manipulados electoralmente..., cuando en todo el sexenio el propio Fox y Vázquez Mota se la han pasado diciendo que dichos programas están perfectamente blindados y que es prácticamente imposible un uso político-electoral de ellos.

Pero el estudio, que será dado a conocer este lunes 24, señala contrariamente que dicho blindaje es insuficiente y limitado y que sí hay un uso político-electoral de los programas sociales. Aunque el dato que tiene nerviosos al gobierno y al PAN es uno que apunta directamente a la estrategia de campaña de Felipe Calderón Hinojosa: "En las poblaciones donde hay más presencia del programa Oportunidades, el PAN mejora notablemente su desempeño electoral".

Un informe preliminar del estudio -que se hizo con el propósito de "entender las dinámicas que podrían influir en el condicionamiento del voto"- lo tuvieron en sus manos a finales de diciembre pasado tanto autoridades como el equipo de campaña de Calderón. Con base en él y con la información de primera mano que posee Vázquez Mota, elaboraron la "propuesta de sinergia con el gobierno federal", que establece los lineamientos para utilizar los padrones de los programas Oportunidades y Seguro Popular. Su objetivo: crear una estructura de movilización del voto, de la que carece el PAN.

En su edición 1535, Proceso dio cuenta de esa estrategia, contenida en un documento de la Coordinación Política de la campaña de Calderón, fechado en febrero de 2006. Dice la propuesta: "En los estados donde el PAN no gobierna se puede contar con el apoyo de los delegados del gobierno federal, ya que 55.21% de las beneficiarias de Oportunidades se encuentran en territorios gobernados por el PRI; 25% en los del PRD, y 18.96% en los del PAN".

Según ese documento, el PAN quiere aprovechar que las 4.8 millones de mujeres beneficiarias de Oportunidades en todo el país representan 13% del padrón electoral. En su estrategia las llama "Aliadas de Oportunidades". Y utiliza los padrones de estos programas para identificar y ubicar por "localidad y sección electoral" a estas "aliadas azules" que "deberán apoyar la movilización para el próximo proceso electoral".

En suma, con Oportunidades y el Seguro Popular, concluye el documento de la estrategia de Calderón, "se puede obtener una ventaja y recuperar terreno en los estados en donde el PAN no es gobierno. En el DF se hará uso de los padrones del Seguro Popular para contrarrestar al PRD... Con esto se pretende obtener un piso de 8 millones de votos".

Rotundo mentís

Monitoreo de programas sociales en contextos electorales es el nombre del estudio encargado por la Sedesol, a propuesta del Comité de Transparencia de su Consejo Consultivo, que preside Sergio Aguayo. Apoyaron en la investigación El Colegio de México y las empresas Berumen y Asociados y Probabilística. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) fue la institución responsable del proyecto, y Fundar, centro de análisis e investigación, tuvo a su cargo la coordinación general del estudio. Sedesol pagó casi 5.5 millones por la investigación.

Para hacer el monitoreo, los investigadores seleccionaron cuatro entidades con elecciones recientes para gobernador. Por su importancia demográfica y política incluyeron Veracruz y el Estado de México -cuyos comicios fueron en 2004 y 2005, respectivamente-. Además, seleccionaron Nayarit y Tlaxcala, gobernados por partidos distintos a los que encabezaban las otras entidades, con el propósito de
incluir en la muestra la variación en el partido gobernante y estados con contiendas competidas.

La investigación, que incluyó una encuesta a 4 mil 650 beneficiarios y no beneficiarios de los programas con el fin de conocer la importancia y las modalidades de los intentos de compra y coacción del voto, se limitó al presupuesto federal y a la operación de los programas Oportunidades, Abasto Social de Leche (de Liconsa), Apoyo Alimentario (de Diconsa), Adultos Mayores y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal, del Ramo 33.

Sus resultados son un rotundo mentís a lo dicho todos estos años por el gobierno -señaladamente el presidente Fox y Josefina Vázquez Mota, aun ahora en su calidad de coordinadora de la campaña de Felipe Calderón- sobre el blindaje de los programas sociales y la imposibilidad de su uso y manipulación político-electoral.

La investigación encontró varias modalidades del uso electoral de los programas sociales. Las "ofertas clientelares" son las ofertas de incorporación a programas a cambio del voto, y el "uso político" de los programas son las acciones directas con los beneficiarios para solicitar o coaccionar su voto.

En relación con las "ofertas clientelares", alrededor de 30% de los entrevistados en los cuatro estados dijo que fue un líder o promotor político quien entregó los bienes, y 12% reportó que los recibió de un funcionario del gobierno, particularmente en Veracruz.

Sobre cómo se convierten en votos las "ofertas clientelares", los investigadores descubrieron lo siguiente: visitas de los oferentes al hogar de los beneficiarios; transporte de éstos a la casilla el día de la elección, y solicitudes intimidatorias, como pedir fotocopia de la credencial de elector.

"En los meses previos a la votación, 41% de la población que recibió 'ofertas clientelares' en los cuatro estados recibió visitas para recordarles que había que ir a votar; 5% recibió alguna invitación para ser transportado a la casilla. En comparación, entre los entrevistados que no habían recibido 'ofertas clientelares', la población visitada fue de 14% y la que recibió invitaciones de transporte fue de 3%. A 19% de los entrevistados que recibieron ofertas se les pidió entregar fotocopia de la credencial de elector y a 4% más sólo que mostraran la credencial para copiar los datos".

Respecto del "uso político" de los programas, es decir las acciones directas para solicitar o coaccionar su voto, los investigadores encontraron que a los beneficiarios se les pidió asistir a algún evento político, se les entregaron los bienes cuando se realizaban asambleas partidistas, funcionarios o ejecutores del programa los visitaron para solicitarles el voto por algún partido y los amenazaron con retirarlos del programa si no apoyaban a algún candidato o partido, entre otras acciones.

Un dato relevante: En la encuesta y en el estudio cualitativo se encontró un "vacío de control" importante en la ejecución de programas, que ha sido aprovechado para actos de corrupción y abuso de beneficiarios, "y puede muy bien servir para el uso político de los programas. De hecho, la existencia de corrupción o la solicitud de cuotas a los beneficiarios es una de las variables para explicar el uso político de los programas".

En resumen, dice el estudio, en las elecciones estatales mexicanas sigue haciéndose un uso electoral -sobre todo en sus vertientes de "ofertas clientelares" y "uso político"- de los programas sociales para inducir el voto.

Y se pregunta: ¿Cuál podría ser su efecto en las elecciones federales de 2006? La respuesta: "Si se proyectan las cifras que se obtuvieron en la encuesta y se construye un escenario utilizando los supuestos más conservadores, la población que podría recibir ofertas clientelares, incluyendo la incorporación a programas sociales, durante el proceso electoral de 2006, podría oscilar entre un mínimo de 2 millones y un máximo de 4 millones 300 mil votantes pobres. De ese tamaño puede ser la ventana de vulnerabilidad de las elecciones mexicanas".

Destaca el estudio que por la vía del presupuesto también puede haber un uso electoral de los programas sociales, aun sin que haya un propósito explícito. Por ejemplo, en Veracruz y el Estado de México se detectaron crecimientos inusuales en el padrón de Oportunidades, que coincidieron con las elecciones locales. "En el año previo (junio de 2004 a junio de 2005) a la elección de gobernador en el Estado de México se incorporaron en promedio 79 mil familias al programa Oportunidades (13.1% por arriba de la media nacional), mientras que en el año anterior al período estudiado (junio de 2003 a junio de 2004) se incorporaron 24 mil familias en promedio (4.5% por arriba de la media nacional)".

Reorientación del voto

Pero hay otros programas cuya asignación presupuestal es más susceptible al uso político. Son los casos de Adultos Mayores y Apoyo Alimentario.

Dice el estudio: "Aunque la revisión del presupuesto no comprueba un uso electoral, los programas fueron anunciados por el Ejecutivo en coyunturas electorales y en contextos que afectaban negativamente la percepción popular sobre su gestión y resaltaban positivamente acciones realizadas por gobernantes de otros partidos". (No lo dice el estudio, pero es clara la alusión al éxito popular de Andrés Manuel López Obrador con su programa de ayuda a los adultos mayores.)

Para los autores del estudio, en el caso del programa de Adultos Mayores hay un factor de preocupación adicional, que debe entenderse como un foco rojo: su reglamentación es tan laxa que permite el clientelismo y la vinculación del beneficio a agendas políticas. "Adultos Mayores puede ser presa fácil de agendas electorales. Es una bolsa discrecional de beneficios a ser distribuida entre los más pobres, de las comunidades más marginadas, y que además conservan un bien que suelen ejercer con mayor consistencia que los jóvenes: el voto".

Conclusión: "Aunque la instrumentación de los programas se haga en correspondencia con sus reglas administrativas y el diseño establecido, su arranque, implementación y difusión no se realizan en el vacío, sino en determinadas coyunturas políticas. En este sentido, sí es posible hablar del uso electoral de los programas de combate a la pobreza; tal vez no como una coacción directa del voto, pero sí como un intento por parte del Ejecutivo (y otras fuerzas políticas) de orientar el voto de los pobres hacia una determinada opción partidista".

Otro de los focos rojos detectados por los investigadores es el caso de Liconsa: "La existencia de más beneficiarios de Liconsa que número de pobres se da en 65 de los 122 municipios del Estado (de México). Esto revela que los criterios de selección pueden ser bastante discrecionales y no ajustados a las condiciones de pobreza de los beneficiarios".

Un dato adicional: "El análisis estadístico de los resultados electorales indica que en los municipios con una mayor proporción de beneficiarios de Liconsa, el PRI tiende a obtener mejores resultados electorales", como sucedió en el Estado de México y en Veracruz.

Pero si al PRI le va bien con Liconsa, al PAN le va de perlas con el programa estrella, Oportunidades, que llega a más de 25 millones de mexicanos pobres. Con todo y que es el programa más vigilado -tanto "por su significado político como por la magnitud de los recursos que maneja"-, no está exento de irregularidades en su funcionamiento, que pueden derivar en un mayor uso político, y que "se dan bajo
prácticas clientelares en los niveles operativos, en contacto directo con los beneficiarios o potenciales beneficiarios, y que normalmente no siguen una lógica política-electoral, federal".

Y para conocer el impacto de esas irregularidades en los resultados electorales, los investigadores compararon la ejecución de los programas con el desempeño electoral del PAN, el PRI y el PRD.

La conclusión es, por decir lo menos, llamativa: "Conforme es mayor la presencia del programa Oportunidades en los municipios durante los años electorales: a) el PAN mejoró su desempeño electoral en los estados de México, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz; b) el PRI disminuyó su porcentaje de votación en los cuatro estados respecto de la elección anterior de gobernador, y c) el PRD disminuyó su votación en el Estado de México y aumentó sensiblemente su porcentaje de votación en Tlaxcala y Nayarit, mientras que en Veracruz presentó resultados mixtos."

Acota el estudio: "Si bien es cierto que la prueba estadística de correlación sólo mide el grado de asociación de los datos pero no da una explicación causa-efecto de los mismos, es notable un patrón que se repite en todos los estados, donde el PAN aumentó el porcentaje de su votación en la última elección a gobernador respecto de la elección anterior. Esto contrasta con el desempeño electoral del PRI, que en todos los casos muestra una tendencia a la baja en municipios con alta presencia del programa Oportunidades".

Punta de lanza

Además de detectar deficiencias e irregularidades en el manejo de los programas sociales, el propósito del estudio financiado por la Sedesol era el de hacer una serie de recomendaciones para evitar el clientelismo y el uso político de dichos programas -como demuestra que los hay-, sobre todo de cara al proceso electoral de este año.

Entre las recomendaciones de "aplicación inmediata" destacan las siguientes: Para el gobierno federal, y en particular para la Sedesol, realizar una intensa campaña en medios de comunicación de abril a junio, previniendo el uso electoral de los programas sociales, con énfasis en el programa Oportunidades, y destacando que dichos programas son un derecho y que su continuidad no depende del triunfo de ningún partido político o candidato; que los programas se financian con los impuestos de todos; que hay sanciones legales para los funcionarios que hagan uso indebido de los programas, y que se exhorte a la población a denunciar cualquier irregularidad.

También, realizar una campaña entre servidores públicos para reiterar el carácter ilícito de la entrega de padrones de beneficiarios y cualquier acción con fines electorales y las consecuencias legales para los funcionarios que cometan estos delitos. Además, asegurar el funcionamiento efectivo de las instancias internas de control y vigilancia de los programas sociales en todos los niveles de operación, independientemente de quejas y denuncias.

Toda vez que durante la investigación se detectó una amplia organización informal de personajes que los entrevistados llaman "líderes" y son promotores políticos que trabajan para diferentes partidos, los autores recomiendan cuidar los puntos de contacto de los programas con los beneficiarios a través de una supervisión cuidadosa y capacitación de los enlaces o promotores y asegurarse de que estos ejecutores no tengan vinculaciones políticas.

Por último, supervisar y vigilar la elaboración y depuración de los padrones de beneficiarios (solicitud de incorporación al padrón, control de la corresponsabilidad, recertificación y corrección de errores de exclusión/inclusión), para prevenir un eventual ejercicio de presión política.

Tanto por sus hallazgos como por sus recomendaciones, el Monitoreo de programas sociales en contextos electorales se ha convertido en un documento incómodo para el gobierno. El 5 de marzo pasado hubo una primera reunión del Consejo Consultivo de la Sedesol en la que los responsables de la investigación dieron a conocer los primeros resultados, que no gustaron a los funcionarios gubernamentales, quienes sugirieron cambios pero dentro del marco de respeto a la independencia académica que habían acordado con los investigadores.

Acordaron una siguiente reunión, definitiva, para el martes 4 de abril, en la que se aprobaría el estudio y se fijaría la mecánica para la difusión de sus contenidos; pero dos horas antes se canceló por falta de quórum. La verdad: ni el gobierno ni el equipo de campaña de Felipe Calderón digerían todavía lo publicado por Proceso, dos días antes, en relación con la nueva estrategia de campaña, en la que Oportunidades sería punta de lanza para la obtención de votos.

Vinieron luego de semanas de desencuentros, de actitudes dilatorias por parte de Sedesol. Se determinó que, ahora sí, las partes se reunirían este lunes 24 en el seno del Consejo Consultivo. Pero en duda está que Sedesol apruebe el estudio y acepte las recomendaciones.

En corto, el PAN ya terminó de convertirse en el PRI (es el PRIAN, pues) y ahora usa las cochinadas clientelares que usó el PRI por décadas para coaccionar el voto. Pinches cerdos.

Una razón más paa votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.