MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA EN EL REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Hablar y callar.

Puesto que los voceros de las empresas promotoras de la reforma hablaron el lunes por la noche, los senadores que acataron sus designios no tuvieron que hacerlo y escogieron callar. Así, sin debate, como en la Cámara de Diputados, el Senado se apresta al lance de hoy.

Desde la más alta tribuna de la patria -los micrófonos del Canal 2 y del Canal 13- hablaron el lunes por la noche Joaquín López Dóriga y Javier Alatorre. Sintiéndose representados por esas voces, los senadores priistas y panistas que 12 horas después aprobaron el dictamen sobre la reforma a las leyes de Radio y Televisión y Telecomunicaciones prefirieron callar.

Ni por escrito, en el dictamen mismo, ni oralmente en la sesión de las comisiones, expresaron los motivos de su decisión. Simplemente, callados y obedientes, 11 legisladores dijeron sí a la ley Televisa-TV Azteca.
Es probable que su mutismo se extienda al pleno en la sesión de hoy en que se consumará la lesiva reforma. No tienen que hablar.
Les basta contar con el número suficiente de votos mecánicos para abdicar de su potencial legislador y cederlo ante los poderes fácticos.
No es la primera vez que lo hacen. Nunca había sido de modo tan ostensible.

En editoriales paradójicos -pues al pretender soslayar su papel en la génesis de la reforma confirmaron haberlo tenido- los comunicadores que esta vez actuaron como voceros de sus empresas, descalificaron a quienes critican y se oponen a la nueva legislación.

Practicando la teoría de la conspiración de que tanto se mofan cuando otros la invocan, suponen mala fe en las actitudes contrarias a las enmiendas y adiciones que hoy serán aprobadas. Peor todavía: las imaginan uniformadas y uncidas a un propósito oculto, contrario a los transparentes y legítimos intereses de los consorcios en cuya representación hablaron.

No diré que Joaquín López Dóriga mintió, para no asemejarme al Doctor Simi, que a menudo lo acusa de hacerlo. Diré que se equivocó. La variada oposición a la reforma no pudo surgir de ninguna concertación, de ninguna orden puntualmente acatada.

Difícilmente puede encontrarse en la breve historia legislativa mexicana (breve porque sólo hace poco es dable discutir iniciativas, minutas, dictámenes) un momento en que coincidieran tantas voces y tantos intereses tan divergentes en el examen crítico del proyecto que en la Cámara de Diputados no generó debate alguno. Organismos del Estado, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el IFE, la mismísima Comisión Federal de Telecomunicaciones, convertida a partir del día en que con premura se publique la reforma en autoridad máxima en materia de radio y televisión, objetaron la minuta surgida de San Lázaro (no tuvieron oportunidad de conocer ni la iniciativa ni el dictamen) desde los miradores correspondientes.

Hicieron lo mismo agrupaciones de expertos, como la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación; el Coneicc, que agrupa a las instituciones que enseñan esa materia, el Colegio Nacional de Economistas, la plana mayor de los examinadores de medios, todos criticaron la iniciativa. Lo hicieron convocados por la propia Cámara que fingió escucharlos. Los engañó.

El dictamen no alude siquiera, mucho menos resume y recoge la variedad de voces expresadas en los tres meses recientes.

Extraoficialmente, los autores de la iniciativa y los legisladores que la maquilaron tuvieron que reconocer sus fallas e insuficiencias. Algunas de ellas, dicen con los susurros que es su modo de expresarse, serán remediadas por iniciativas que maticen y completen la legislación que, no obstante esas faltas, será aprobada hoy con menos algarabía que en la Cámara de Diputados cuyos integrantes no podrán quitarse nunca el baldón de haber envuelto el regalo, por dolo o negligencia (no por convicción pues la mayor parte de los votantes no supo siquiera de qué se trataba) al que el Senado coloca hoy el moño.

La obvia incongruencia de aprobar lo que se sabe desmerecedor de la aprobación se explica por la premura de organizar la nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones. Por eso se evitó enmendar la minuta de la Cámara, ante el riesgo de que en su retorno a San Lázaro sus huéspedes se avisparan y la reforma quedara frenada o saliera sólo a fines de abril.

El tiempo es oro, no sólo en materia de radiodifusión sino también en el procedimiento legislativo que le incumbe. Apuesto doble contra sencillo (es sólo una forma de decirlo, pues no me inclino a los juegos de azar) a que lejos de vetar la reforma el presidente Fox se apresurará a publicarla.

A partir del momento en que lo haga y entre en vigor, el Ejecutivo dispondrá de un plazo "no mayor de treinta días naturales" para nombrar a los cinco comisionados, que durarán en su encargo hasta ocho años, con posibilidades de reelección.

El Senado podrá objetar las designaciones, para lo cual contará con un término igual, de 30 días naturales. Suponiendo que la ley se publique al comenzar la próxima semana y se utilicen en su extensión completa los plazos fijados, la nueva Cofetel estaría integrada a comienzos de junio, un mes antes de la elección de los poderes.

Si reúnen 43 votos, el 33 por ciento del total de senadores, los opositores a la reforma (que dignifican al Congreso) podrán iniciar una acción de inconstitucionalidad.

Hay motivos de sobra para hacerlo. Cito sólo uno: durante el proceso electoral "no podrá haber modificaciones legales fundamentales" en esa materia. La cuestionada reforma incluye una de esas modificaciones, iniciada a fines de noviembre, dos meses después de comenzado el proceso.

Es fundamental porque altera el régimen de fiscalización aplicable a partidos y no a candidatos, quienes sin embargo podrán contratar propaganda política.

Cajón de Sastre.
El Instituto Mexicano de la Radio, que controla 17 emisoras en todo el país, algunas de ellas concesionadas y otras que operan con permiso, manifestó de modo enfático su desacuerdo con el dictamen por el cual los senadores aprobarán hoy la reforma a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión.

Alteró radicalmente, desde el primer minuto del miércoles, su programación y emitió una y otra vez un mensaje en que se dijo que un país sin pluralidad es igual a una emisora que toca una sola canción todo el día, y que las enmiendas legales reducen la posibilidad de crear opciones, e invitó a su auditorio a opinar sobre el tema.
Otras estaciones de radio y televisión del Estado mexicano, como el Canal 11 de televisión, Radio Educación y Radio UNAM expresaron de modo diverso, pero con énfasis semejante, su inconformidad con la legislación que, entre otros defectos, excluye a los medios públicos en general y a los permisionados en particular, como lo son estas tres últimas emisoras, por lo que quedan en posición precaria.

Huelgan los comentarios ante la lucidez del editorialista.
Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.