boletin asa.ampliacion de denuncia. 05 dic 07

Presenta Laurell ampliación de denuncia por daño patrimonial contra el
Seguro Popular por las credenciales "TUSALUD"

* El monto se incrementa a mil millones de pesos, afirma

* La inhabilitación del Comisionado por fraude menor, subraya

* Lentitud y omisiones en la investigación de la SFP, denuncia

* Hay obstrucción de la Ley de Transparencia, acusa

La Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo de México presentó este día
una ampliación de la denuncia presentada el 21 de mayo de 2007 ante la
Secretaría de la Función Pública (SFP), por un presunto daño patrimonial
de 368 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud en la compra de las credenciales "TUSALUD" a la
empresa Image Technology México SA de CV.

La ampliación de la denuncia, explicó la secretaria de Salud, Asa Cristina
Laurell, se hace por la autorización de un aumento en el monto del
contrato por 44.2 millones de pesos, de los cuales se tiene documentado el
ejercicio de por lo menos 24 millones.

Por otra parte, explicó, se exige que sea incluido en la investigación de
la SFP la licitación y ejecución del contrato CNPSS/S/LP/056/06 de 2006,
adjudicado a la misma empresa en asociación con Cosmocolor SA de CV.

Expresó que dicho contrato, por un monto de 558.6 millones pesos, se
refiere a las mismas credenciales y el llamado proceso de "Enrolamiento
(sic) al Seguro Popular"; es decir, existe la presunción de que el daño
patrimonial pueda alcanzar un monto cercano a mil millones de pesos.

La denuncia original se refiere a la compra 3.7 millones de credenciales
familiares "TUSALUD" para los afiliados al Seguro Popular. Cabe recordar
que esta denuncia obedeció a que las credenciales adquiridas no cumplen
con las características reglamentarias y no tendrán ningún uso, aseguró.

Asimismo manifestó que la licitación correspondiente, ganada por las
empresas Image Technology México SA de CV. y E-Siglo SA de CV despertó
sospechas entre otros concursantes por parecer hecha a la medida de las
empresas vencedoras.

El 31 de mayo de 2007, el Comisionado del Sistema de Protección Social en
Salud durante el gobierno de Fox y expresidente de "Amigos de Fox", Juan
Antonio Fernández, fue inhabilitado por la SFP (expediente 15/2007-BIS)
por 10 años "por abuso de autoridad" y multado con 454 mil pesos, recordó.

Sin embargo aclaró que la citada inhabilitación fue por un viaje personal
y acompañado por su novia, a Singapur y Honolulú, con cargo al erario
público. Las distintas investigaciones sobre las credenciales "TUSALUD" y
el "Enrolamiento" siguen abiertas desde hace meses y no se ha dado ningún
fallo.

Por tanto, expresó que no existe ninguna sanción administrativa ni
resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia
penal respecto a estas investigaciones.

Este proceder es igual al que se aplicó a la coordinadora general del
Sistema Nacional de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, que fue
sancionada con un simulacro de inhabilitación por 10 años y una multa muy
inferior a la que hubiese correspondido al presunto fraude con los
recursos del Fonden, observó.

Adicionalmente fue protegida con fuero como asambleísta en el Distrito
Federal por el PAN, destacó.

La simulación y dilación indefinida de la conclusión de las
investigaciones sobre fraudes y desviación de recursos y las
correspondientes denuncias penales son la estrategia de impunidad que
caracteriza a los gobierno de derecha, afirmó.

Torciendo la Ley de Transparencia
Hizo énfasis en que la investigación de los ciudadanos con el apoyo de la
Secretaría de Salud del Gobierno Legítimo ha puesto de manifiesto la
lentitud y virtual inutilidad de la Ley de Transparencia.

Las gestiones formales de información se iniciaron a finales de noviembres
del 2006 ante el IFAI. Por las indicaciones recibidas, se reformularon dos
nuevas solicitudes el 8 y 9 de marzo de 2007, mismas que a la fecha –nueve
meses después– no han recibido respuesta, a pesar de ser las pruebas
definitivas –facturas pagadas y bienes entregados– para juzgar este caso,
denunciaron.

El IFAI ordenó a la Secretaría de Salud instruir al promoverte cómo
solicitar esta información, en vista de que había sido mandada a la
Secretaría de la Función Pública, misma el día de ayer que pidió prórroga
hasta el 21 de enero, 2008, informó.

La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud invariablemente han solicitado prórroga con la consecuente
duplicación de los tiempos de entrega de la información; táctica que
implica posponer la entrega de las respuestas 40 días hábiles, agregó.

Después de este plazo, comunicó que ahora responden habitualmente que la
información solicitada es inexistente o reservada con base en argumentos
mal fundamentados. Esto ha obligado a hacer uso del recurso de revisión
ante el IFAI que por regla general implican otros 15 días hábiles, añadió.

Al proceder el recurso de revisión –mencionó— el IFAI ocupa los 20 días
hábiles legales, para posteriormente solicitar prórroga argumentando falta
de elementos, para emitir la solución con lo que se suman otros 20 días
hábiles de retrazo.

Emitida la resolución del IFAI, la Secretaría de Salud tiene otros 10 días
hábiles para cumplir con la resolución del IFAI. De esta manera, se suman
105 días hábiles lo que se traduce en aproximadamente siete meses,
destacó. (ver anexo).

Adicionalmente, prosiguió, es frecuente que no se entrega la información
completa, por ejemplo, dejando fuera los anexos de un contrato. A raíz de
este procedimiento de la SSA, el ciudadano se ve obligado a subdividir el
pedido de información en distintas peticiones.

Por ejemplo, respecto al contratos CNPSS/020/07 se han hecho once
peticiones de información y siete recursos de revisión, mencionó.

Informó que en todos los casos el IFAI ha dictaminado los recursos a favor
del promoverte. Es decir las prórrogas, la declaratoria de reserva de la
información o su inexistencia sólo ha servido para prolongar los tiempos
y evitar responder, acusó.

A raíz de los reiterados obstáculos una ciudadana promovió ante la
Secretaría de la Función Pública, el 29 de octubre de 2007, que sean
sancionados los miembros del Comité de Información de la Secretaría de
Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sin que
hasta la fecha exista respuesta alguna.

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