b oletin pinchetti16 nov 07

Podría recurrir el Gobierno Legítimo ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ante el evidente carpetazo a la denuncia presentada por
AMLO, informa O. Pinchetti

* Sin realizar investigación alguna, el subprocurador Santiago Vasconcelos
desecha la querella de referencia, precisa

* No descarta la posibilidad de presentar una denuncia penal en contra
del citado servidor público

El Gobierno Legítimo de México analiza la posibilidad de interponer una
denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de
los responsables de la tragedia en Tabasco y para exigir que se reparen
los daños causados a la población damnificada de aquella entidad, ante el
intento de carpetazo que pretende dar la Procuraduría General de la
República, con las declaraciones del subprocurador José Luis Santiago
Vasconcelos, informó el secretario de Relaciones Políticas, José Agustín
Ortiz Pinchetti.

La inmediata descalificación de Santiago Vasconcelos a la querella penal
que interpuso el presidente legítimo de México en contra de los
responsables de la inundación en Tabasco, entre ellos los expresidentes
Salinas, Zedillo y Fox, así como el presidente pelele, Felipe Calderón, es
un anticipo de que la acusación será desestimada, puntualizó.

El subprocurador opta por desechar una petición de un ciudadano, "sin que
se inicia investigación alguna para definir si existen o no tales
responsabilidades", aseguró al considerar conveniente que se presente una
queja ante la Contraloría y una denuncia penal contra el subprocurador
Vasconcelos, por presuntas responsabilidades, en el marco de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la legislación penal.

Expresó que la obligación de garantizar el derecho al acceso a la justicia
a toda persona, la ubicamos en los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana.

Mencionó también que la Organización de las Naciones Unidas aprobó las
directrices sobre la Función de los Fiscales, la cual se aprobó en 1990.

En dicho instrumento se señala dentro de las obligaciones de los
mencionados servidores públicos "prestar la debida atención al
enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delito,
especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder y violaciones
graves de los derechos humanos", explicó.

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