LAS MINAS DE LA MUERTE.

Minas mortales

domingo, 25 de febrero de 2007

Por Jesús González Schmal La tragedia de Pasta de Conchos no puede ser soslayada para dejarla en una estadística más de accidentes mineros donde pierden la vida 65 trabajadores y se quiere dar como irrescatables los cadáveres de 63 de ellos. Tampoco se puede ignorar que 17 más sufrieron lesiones graves, quedando afectados con distintas incapacidades. No es voltear la espalda para seguir el camino como si nada, dejando a más de 100 niños desolados y a sus madres con un sufrimiento profundo y la incomprensión de un rompimiento súbito que les dejará huellas imborrables en todo su futuro. No fue casualidad que Vicente Fox no se parara por la mina como correspondía a un presidente de la República ante un siniestro de esa magnitud y trascendencia. Bien sabía él el fondo y causa de lo acontecido. Sus amigos de Grupo Minero México seguramente le informaron instantes después de la explosión que no se alarmara, que son cosas que ocurren en ese tipo de actividades y que, al fin y al cabo, se indemnizaría a las familias de las víctimas, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Fox entendió el mensaje e ignoró el ruego del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, para que se acercara a dar apoyo moral a las familias y a la comunidad sabinense que vivía horas de terror. Seguramente fue también el propio presidente del consejo de la empresa minera el que le sugirió que enviara a Francisco Salazar Sáenz, secretario del Trabajo, que por su vinculación con la empresa podría cubrir las apariencias del interés del Poder Ejecutivo, mientras la noticia se enfriaba y volvían las aguas a su cauce. La historia fue distinta: la intervención de las autoridades estatales y la inmediata presencia de don Raúl Vera, obispo de Saltillo, detonaron el interés solidario de muchos otros mexicanos que no pudieron quedar conformes con lo que revelaba la actitud y comportamiento del secretario del Trabajo, que no sólo pretendía relegar a las autoridades del estado en el asunto, sino llegó a valerse de engaños, con falsas esperanzas a los deudos de los trabajadores sepultados en vida. La conmoción alcanzó a la Cámara de Diputados de la Legislatura anterior, que creó un grupo de trabajo en el que participamos, para asistir a Pasta de Conchos a petición de las familias y de los organismos no gubernamentales que las asistían junto con el equipo de la Pastoral Laboral de la diócesis de Saltillo. La visita se efectuó, y se pudo constatar in situ que el supuesto accidente no era inevitable; se dio porque las políticas de ahorro de la empresa al no impartir capacitación, pagar bajos salarios, no cumplir con las medidas de seguridad y prevención de riesgos, eran de más peso que las del respeto a la vida y a la integridad de los trabajadores mineros. Otra vez en la Cámara de Diputados intervino la influencia de Vicente Fox cuando hizo que el grupo de trabajo presidido por el panista Galileo Lastra Marín emitiera conclusiones aberrantes. Contra toda evidencia, se intentaba eludir la responsabilidad de la empresa, la Secretaría del Trabajo y el sindicato. Ello cuando era claro que, en la comisión mixta de Seguridad e Higiene, se habían coludido para mantener las condiciones altísimas de riesgo de operación en la extracción minera. El documento opinaba que con el pago de determinadas cantidades a los familiares de las víctimas que se resignaran y fueran dóciles, el asunto quedaba solucionado. En esas condiciones un grupo de diputados del PRD, PT y Convergencia del mismo grupo de trabajo emitimos otro dictamen, con el respaldo de ingenieros en minas, trabajadores experimentados, la visita personal a la mina y los documentos de las inspecciones realizadas desde 2004 por la comisión mixta de Seguridad e Higiene, en donde la conclusión lógica fue la responsabilidad de la empresa, la Secretaría del Trabajo y el sindicato. El propósito foxista se está derrumbando. El propio gobernador Moreira lo denuncia y la participación de la sociedad civil y de la Cámara de Diputados desenmascaran la estratagema presidencial. No se puede jugar con la suerte de las víctimas del crimen industrial. Lo que se pretende ahora es que no se prosiga con esa política de lucro desmedido en la extracción del carbón, que entraña finalmente una flagrante discriminación a la persona del trabajador que se le subordina a la obtención de los fines de optimización de utilidades. Una política de respeto a los recursos humanos es ya una demanda inaplazable en el México del siglo XXI