NOTAS SUELTAS

Politicuentos

Por: Mario Gálvez Narro

Los sobornos de Proterra

Nota original:

1.- Hay quien piensa que los operativos militares emprendidos por el gobierno de Felipe Calderón contra los cárteles de la droga tienen más un propósito político que de real combate al crimen organizado, pues al michoacano le urge legitimar su gobierno dado que llegó a la Presidencia en condiciones de extrema debilidad política. Aun cuando ese pudiera ser un objetivo de los operativos militares, lo cierto es que las circunstancias en que entregó Fox el país en materia de seguridad pública exigían acciones inmediatas. Los saldos del foxismo en materia de inseguridad pública no tienen parangón en los anales del país: más de 9 mil ejecutados a lo largo de su sexenio, de acuerdo a datos de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados; 9 mil asesinatos en total impunidad, más del triple del total de muertos que reconoce haber tenido EU en la guerra de Irak. De ese tamaño es la violencia y la inseguridad que dejó Fox en México.
Pero la indolencia oficial contra las mafias fue tan evidente que es prueba indirecta de las redes de complicidad que debieron existir entre el gobierno foxista y el crimen organizado. ¿Hasta qué punto y qué grado Fox y sus allegados -entre éstos los hermanos de Marta Sahagún- vendieron protección oficial a los grandes capos del narco, en particular El Chapo Guzmán, quien abandonó el penal de Puente Grande, Jalisco, por la puerta principal y a quien se le dio total impunidad hasta el final del sexenio?
Esta es una investigación que debiera emprender Calderón Hinojosa y que sin duda le generaría amplios dividendos políticos, pero lo cierto es que llegó con tantos compromisos a Los Pinos que ni siquiera ha podido negarse a entregar a Elba Esther la Subsecretaría de Educación Básica, de la que depende la educación de millones de niños y jóvenes.
Por lo demás, los operativos calderonistas han tenido más efectos mediáticos que de real reducción de la delincuencia. En Michoacán, por ejemplo, su tierra natal, el mismo día en que dio inicio el operativo militar fueron ajusticiadas 7 personas y los días subsecuentes fueron asesinadas más de media docena.
El problema es que la estrategia emprendida por el gobierno de Calderón es idéntica a la que en su momento puso en marcha el gobierno anterior a través de México Seguro, que como se sabe no dio resultados. En Tijuana los capos sabían con semanas de antelación cuándo se llevaría a cabo el operativo, de manera tal que tuvieron tiempo de sobra para huir de la plaza y regresar a ella cuando los militares regresen a sus cuarteles. Y prueba de ello es que no han detenido a ningún mafioso de mediana importancia, por lo que la estructura de las mafias sigue intacta, como intactas sus fuentes de financiamiento y sus inmensas cuentas bancarias. El caso de Tijuana es paradigmático pues revela la abismal podredumbre que el narcotráfico ha generado no sólo en todos los niveles de gobierno, sino en la misma colectividad tijuanense.
En realidad, no hay mucho qué esperar de una estrategia que se montó más sobre las necesidades políticas de la Presidencia, que de las seguridad de la sociedad.
2.- Hacia mucho tiempo que en Gómez Palacio no estallaba un escándalo de corrupción como el que reveló el regidor panista Rafael Ramos Herrera, quien dijo haber recibido 15 mil pesos de la empresa Proterra, la ganadora de la licitación de la recolección de basura, así como la promesa de que después se le entregaríán 150 mil más. El "arrepentido" regidor dijo que el dinero recibido fue “un anticipo” y que el dinero se lo dio Erfan Elbahara Alsabah, representante de Proterra el 28 de noviembre de 2006 en un restaurante de Torreón.
“En mi caso yo recibí 14 mil 800 pesos”, dijo Ramos Herrera, quien, sin embargo, se abstuvo en la votación para asignar el contrato afavor de Proterra.

El edil afirmó que otros regidores panistas también recibieron dinero de parte de Proterra, específicamente Antonio Castro Urbina y Gustavo Acosta Vázquez.
Como era de esperarse, los aludidos rechazaron las imputaciones de su correligionario e incluso el último anunció que interpondría contra él denuncia por cohecho en la Secretaría de la Función Pública Federal, la cual -como es obvio- nada tiene que ver en este asunto.
Lo cierto es que mientras se investiga este asunto el proceso de licitación puede considerarse viciado de origen y por ende completamente ilegal.
Los implicados van a tener que regresar el dinero pues el tinglado montado para adjudicar el concurso a Proterra se les vino abajo.

www.comarca.com.mx

Los que van a morir, te saludan
Seis millones de pobres sin leche

Por: Alvaro Cepeda Neri

Nota original:

Las cifras más conservadoras (y no podía ser de otra manera en la continuidad del régimen de la derecha) informan que al menos la mitad de la población mexicana oscila entre la miseria, la pobreza extrema y la pobreza a secas. 50 y no 20 millones de mexicanos, como mañosamente soltó el sucesor de Fox, sobreviven en condiciones de hambre, desempleo, carencia de asistencia médica y ninguna esperanza de acceso ni a la educación básica. Y de ellos, casi seis millones apenas pueden comprar la leche de Liconsa, lo que significa que no son más de un millón de familias.

La derecha al servicio del capitalismo salvaje y sus voceros e ideólogos, propagandistas de las virtudes del mercado libre y el neoliberalismo, para arremeter contra los subsidios y los mínimos de bienestar, insisten en desmantelar las poquísimas conquistas que han ido quedando de una Revolución que los calderonistas al festejar su centenario como un episodio del pasado, entonarán a coro el c’est fini de lo que, si más que pasado es historia, bien puede recrearse como violenta irrupción por el generalizado malestar social que priva en la nación.

Dos reporteras informan sobre la intención calderonista de quitarle el subsidio a la leche consumida por esos pobres, lo cual llevaría a Liconsa a la quiebra. Erika Hernández y Margarita Vega (Reforma: 12 y 14/XII/06) han confirmado los propósitos perversos de Calde-rón quien, al alimón con Fox (éste afirmó que “ganó dos presidencias”: la suya y la de Felipe) aumentaron el precio de la leche, con la mira de continuar la “solución final” para resolver la pobreza por medio de eliminar a los 50 millones de pobres; los que desde el salinismo sobran en los planes nacionalsocialistas, empezando por matar de desnutrición a los seis millones de mexicanos que mal se alimentan consumiendo la leche que ya no quiere Calde-rón subsidiar con el dinero mismo del pueblo, para canalizar el “ahorro” a pagar la publicidad de su imagen por televisión.

Seis millones de pobres, pues, cantidad parecida a la de los judíos extinguidos por el hitlerismo, son los que van a ser eliminados del programa lechero urbano y apenas rural. Quitar los subsidios empezó con el foxismo y como la derecha se quedó en el poder presidencial, por obra y gracia del PREP, del IFE, del Trife, de la Corte y las irregularidades que pusieron en peligro la validez de las elecciones, combatirá a quienes votaron en su contra orillándolos a la muerte lenta por desnutrición... “Ave César Calde-rón, morituri te salutant”: Los que van a morir, te saludan.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Inútil, el uso de la fuerza pública contra el crimen

nota original:

En la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada está demostrado que el uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos".

Fernando Tenorio Tagle, criminólogo y especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en seguridad pública, destacó que México está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales".

Indicó que, sin embargo, en los hechos no existe una "verdadera voluntad de acabar con el crimen organizado, sino de fortalecer el poder frente a movimientos sociales, que en casos recientes, como los de Atenco y Oaxaca, fue evidente que las fuerzas del orden destinadas a la lucha contra el crimen organizado fueron las mismas que enfrentaron a la sociedad civil organizada".

Lo que está pasando en México, insistió, "no es más que una receta de las políticas de seguridad pública aplicadas en los años 70 en países como España, Italia o Alemania, donde se privilegió el combate al terrorismo y el fortalecimiento de un Estado más represivo".

Tenorio Tagle destacó que tras los hechos de violencia en Atenco y Oaxaca, luego de la intervención de cuerpos policiacos y militares, se difundieron extensos informes de organizaciones no gubernamentales para denunciar "graves violaciones a los derechos humanos, pero no se hizo nada para romper con la impunidad y la falta de acceso a la justicia, claves para atacar de fondo el crimen y la ilegalidad".

Al respecto, Agustín Pérez Carrillo, catedrático del departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco, destacó que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos".

Indicó que el sistema penal vigente no es el más adecuado para combatir la delincuencia, ya que la prevención del delito "nunca ha sido prioridad ni se ha tomado en serio por la administración federal".

Por ello, consideró que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".

El gobierno de Felipe Calderón, agregó, "enfrentará una grave desilusión al constatar que no hay dinero ni recurso humano que alcance para enfrentar la delincuencia organizada bajo estos esquemas de seguridad, pues está comprobado que fortalecer los cuerpos policiacos y militares no es la solución".

En la línea Con Mariano Azuela Mentiras y manejos turbios en la Corte

Por: Félix Fuentes

nota original:

En los últimos ocho años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha contado “con un índice de confianza satisfactorio”, afirmó el nuevo presidente del principal tribunal mexicano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Es una gran verdad y en ese deterioro fue factor principal el presidente anterior, Mariano Azuela.

Llamada “corte de los milagros” en tiempos del ex poderoso PRI, porque los magistrados de entonces también hacían de las suyas en sentencias finales, particularmente de amparos, el desprestigio de la Corte fue mayúsculo durante el pasado periodo por dispendios de sus abultados presupuestos y manejos arbitrarios en controversias constitucionales.

Los actuales ministros comentaban en voz baja que Azuela logró el máximo honor del Poder Judicial, la presidencia, por la influencia de su amigo Ramón Muñoz, de alta calificación de “yunque”, brazo derecho de Vicente Fox y ahora senador de la República.

Así se explica por qué la Corte se destacó como incondicional del régimen foxista. Fue de escándalo la presencia de Azuela en Los Pinos, junto con el ex procurador Rafael Macedo de la Concha, cuando fue discutido el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

De entre tantas páginas oscuras en el mandato de dicho ministro destaca la controversia contra el presupuesto federal del año 2005, aprobado por la Cámara de Diputados. Vicente Fox envió el documento en periodo de receso y fue aceptado por los ministros Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo, en base al falso acuerdo del pleno para estudiar el caso.

A pregunta de este columnista, uno de los ministros se declaró ofendido porque no hubo reunión para tratar ese asunto y menos fue autorizada su publicación en el Diario Oficial, como se hizo, sin firmas de los 11 togados.

Descubierta la patraña de Azuela Güitrón, éste tuvo la osadía de declarar: “Lo que tuvimos que enviar fue la verdad. Y la verdad fue certificar que no hay ningún acuerdo firmado, ni siquiera por el presidente (de la Corte) que se estaba solicitando y yo creo que aquí tenemos que ser realistas en la condición humana”.

De esa manera justificó la aceptación de dicha controversia durante las vacaciones del Poder Judicial y en el cual sólo deben tratarse asuntos administrativos urgentes. Luego se lavó las manos en el secretario general de Acuerdos, Javier Aguilar Domínguez, porque, afirmó, “así ha sido la práctica común en los años recientes”.

El propio Azuela exhibió su calidad de ministro al anteponer la condición humana a la mentira y a los manejos turbios porque, en sus propias palabras, así ha sido la práctica común. Esto explica por qué la justicia es debatida en el cieno.

El ahora presidente de la Corte, Ortiz Mayagoitia, intentó disminuir aquel escándalo al decir: “¿Durante los periodos de receso hay Suprema Corte de Justicia o es como un ave fénix que desaparece y después aparece? Yo digo que es obvio que sí hay, sólo que opera en vacaciones…”. ¿Y por qué opera si su propia Ley Orgánica se lo impide?