MAS DE PROCESO

Los "charros" del cambio
Rosalía Vergara


La Asociación Sindical Mexicana busca desplazar a la CTM y al Congreso del Trabajo, organismos cupulares ya no son funcionales para un sistema que impulsa el neoliberalismo a ultranza. En el nuevo régimen, las agrupaciones sindicales deberán ser dóciles ante los patrones para garantizar que el país marche sin sobresaltos ni conflictos entre el capital y el trabajo, señalan especialistas de la UNAM, y advierten que debido a ello crecerán el desempleo y la pobreza, y aumentará el éxodo de mexicanos a Estados Unidos.

A casi un año de su establecimiento, la Asociación Sindical Mexicana (ASM), que vistió de azul al corporativismo sindical, ya tiene presencia en 14 estados de la República, ya que en tan sólo ocho meses extendió sus redes desde Tamaulipas hasta Quintana Roo.

La ASM comenzó a operar luego de que el gobierno de Vicente Fox Quesada se enfrentó con el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS) y con la fracción del sindicato minero que sostiene a Napoleón Gómez Urrutia, porque se negaron a apoyar sus políticas laborales, en particular la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Creada el 26 de abril de 2006, la asociación se caracterizó por su apoyo a Felipe Calderón, después de las elecciones presidenciales del 2 de julio. Incluso logró que el 18 de julio sus dirigentes, el presidente del Congreso del Trabajo, Víctor Flores, y el impugnado líder del sindicato minero, Elías Morales, se reunieran con el presidente electo, a la vieja usanza del corporativismo priista.

Integrada por disidentes del Congreso del Trabajo (CT), de la Confederación Re-volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación de Trabaja-

dores de México (CTM), la ASM vino a ocupar el lugar histórico que desde los años treinta mantuvieron estas tres organizaciones.

El poder que la CTM tuvo desde que fue creado en 1936 se está desvaneciendo. Lo mismo ocurre con la fuerza del Congreso del Trabajo, ya sin el mando de Víctor Flores Morales, quien el 30 de noviembre pasado entregó la presidencia de este organismo a Enrique Aguilar Borrego, secretario general de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (FNSB).

En sus inicios, la CTM se constituyó como un gran frente nacional en el que participaban diversas corrientes: lombardista, comunista y fidelista. Con el paso del tiempo perdió representatividad y legitimidad entre la clase trabajadora.

“Su papel de liderazgo social y político prácticamente no existe. Es una agrupación en constante deterioro sociopolítico (…) los trabajadores mexicanos ya no le tienen confianza para resolver los problemas laborales ni para enfrentar los problemas políticos del país”, señala en entrevista con Proceso el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Aguilar García.

Y agrega que durante los cuatro últimos gobiernos priistas esta central fue una aliada del sistema. Sus líderes ayudaron a los gobernantes a contener protestas e inconformidades de los trabajadores. Hoy en día, dice, la historia es distinta; no hay líderes confiables.

Comenta que el Congreso del Trabajo, que en 2006 cumplió 40 años, se encuentra en una situación similar a la de la CTM. Aunque el CT aglutina a la mayor parte de las organizaciones sindicales tanto del sector público como del privado, actualmente enfrenta un proceso de deterioro que se inició en 1983 cuando apoyó el establecimiento de las políticas neoliberales adoptadas por el Estado.

“El Congreso del Trabajo y la CTM –dice Aguilar García– se han convertido en un aparato o mecanismo que se encuentra al servicio, no de los trabajadores, sino más bien del gobierno y de la clase patronal. Por estas mismas razones se puede afirmar que no son representantes legítimos de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno de Fox hizo lo posible para que siguieran presentes en los actos protocolarios a fin de reformar la legislación laboral.”

Y es que este proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo fue uno de los estandartes del gobierno foxista, junto con la continuidad en las políticas económicas, sociales y laborales de las administraciones priistas. El “gobierno del cambio” privilegió las políticas neoliberales que en materia laboral provocaron estragos como el crecimiento desmesurado del desempleo, el trabajo informal y el aumento de la población migrante, asegura el investigador.



El imperativo neoliberal

De acuerdo con los programas y lineamientos establecidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), el gobierno foxista se dedicó a debilitar al sindicalismo en todos los niveles y circunstancias.

Además –plantea Aguilar García–, estos organismos internacionales recomendaron al gobierno de Fox, entre otras cuestiones, reformar la legislación laboral, para flexibilizar la Ley Federal del Trabajo. A partir de julio de 2001, las autoridades gubernamentales iniciaron el cabildeo con este propósito y durante los años siguientes presentaron proyectos que finalmente no fructificaron.

“Hacia septiembre de 2006 todavía está a nivel de proyecto la reforma a la legislación laboral. Durante el gobierno de Felipe Calderón seguramente los empresarios harán nuevos intentos para realizar una reforma, que ha sido planteada desde la instancia del Banco Mundial. No hay ninguna duda del peso que tienen las instancias internacionales sobre el poder soberano de México”, subraya el investigador del IIS.

La creación de la ASM se realizó con el propósito de establecer una nueva relación laboral entre trabajadores, sindicatos y grupos empresariales. Algunos gremios agrupados en esta asociación forman parte del sindicalismo “blanco” cobijado por el sector empresarial.

La idea de crear este organismo fue de Carlos Abascal Carranza, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), quien buscaba contar con una central obrera afín al Partido Acción Nacional (PAN). Su objetivo era lograr que se defendieran los intereses empresariales por medio de sindicatos registrados en la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y que, incluso, realizaran elecciones. (Proceso 1551).

El investigador y coordinador del Insti-tuto de Estudios del Trabajo (IET), Enrique de la Garza, considera que la ASM agrupa a sindicatos de poca importancia. Un sector tipo El Yunque es el más interesado en impulsar a esa asociación, para fortalecerla como una alternativa ante otros sindicatos”. En su opinión, es una novedad que divide al sindicalismo corporativo.

En su libro El Estado y la recomposición sindical 2000-2006, el investigador del IIS Javier Aguilar García señala que en menos de un año la ASM se ha posicionado en varios estados de la República: Chiapas, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Tlax-cala, Estado de México, Quintana Roo, Ja-lisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Distrito Federal y Veracruz.

Destaca que esta agrupación se formó con sindicatos que se desprendieron de varias confederaciones oficiales y de la Federación de Sindicatos de Nuevo León (FSNL), la cual se distingue por ser representante del “sindicalismo blanco”.

Con esta “representatividad”, en abril pasado, la ASM logró su registro oficial y de inmediato creó vínculos con la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FDSSP), disidencia de la Fede-ración de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), vinculada a Elba Esther Gordillo. La asociación brindó su apoyo a Felipe Calderón Hinojosa, a quien reconoció aun antes de que fuera declarado presidente electo por el Tribunal Electoral. Por ello, señala Aguilar García la ASM ha sido señalada como “el charrismo del cambio” o “corporativismo del cambio”.



Futuro gris



En su investigación, Aguilar García establece que la ASM “se formó prácticamente a lo largo del sexenio 2000-2006; su asamblea constitutiva tuvo lugar en marzo de 2006. (…) El 26 de abril de ese año, el presidente Fox le tomó protesta a la dirigencia de la ASM, y el 30 de abril de 2006 la STPS a través de su Registro de Asociaciones le otorgó el reconocimiento legal. Esta rapidez resultó novedosa, pues otras agrupaciones se han tardado años en obtener su registro”.

Sostiene que será en el futuro próximo cuando se observen con más claridad las posiciones políticas, sindicales y laborales de la ASM. También se aclarará el perfil de la central y el papel que desempeñará en el régimen político durante los siguientes años.

En el libro La CTM en el periodo de la globalización escrito por Aguilar García, en colaboración con la investigadora Reyna Vargas Guzmán, los autores dicen que “lo más probable es que en los próximos años permanezca la misma política económica y laboral”.

Consideran que continuarán los pactos entre las centrales obreras y el gobierno federal, habrá mayor desempleo formal, bajos salarios, limitaciones de las prestaciones sociales, trabajo más precario, resquebrajamiento de la seguridad social, crecimiento del empleo informal, menoscabo de los derechos laborales y crecimiento de la exportación de la mano de obra barata hacia Estados Unidos y Canadá.

También advierten que si la CTM y el CT no encuentran salidas reales a estos problemas serán desplazados por los trabajadores sindicalizados, e incluso por el conjunto de los asalariados. “El corporativismo tradicional se verá más debilitado, por lo que la CTM y la FSTSE, sobre todo sus líderes, perderán el monopolio de la representación que disfrutan”, indican.

Así mismo, plantean que el gobierno, los patrones y los partidos seguirán insistiendo en que se realice la reforma a la legislación laboral. Primero buscarán que se modifique la LFT y luego que se lleven a cabo cambios a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Y puntualizan: “El sindicalismo ya no puede ni debe estar subordinado a intereses externos a los trabajadores. Es necesario un sindicalismo propositivo y realmente moderno, en todos los niveles, profundamente democrático y que no sea complaciente con los patrones y gobiernos”.


Nada que festejar...
Regina Martínez


Inmersos en litigios, los trabajadores de la industria textil de Veracruz apenas luchan por sobrevivir y denuncian que desde el sexenio de Carlos Salinas se incrementaron los despidos y las quiebras de las empresas. El dirigente Jorge Bautista es categórico: “La lucha revolucionaria obrera iniciada en Río Blanco el 7 de enero de 1907 sólo es un recuerdo.

Al igual que las fábricas, el sindicalismo está muerto”.

RÍO BLANCO, VER.- A un siglo de la gesta revolucionaria que se inició con las huelgas de Cananea y de Río Blanco, las condiciones de los trabajadores de esta región, cuna de los mártires que ofrecieron su vida para liberar a la clase obrera de la esclavitud del dictador Porfirio Díaz, no han cambiado.

El 7 de enero de 1907, los trabajadores textileros de Río Blanco protestaron contra la explotación que ejercían sobre ellos las compañías británicas que se asentaron en esta zona; hoy, los obreros luchan más bien por sobrevivir y buscan financiamiento para mantener las fábricas donde laboran, algunas de las cuales han pasado a ser de su propiedad.

Los sindicatos que continúan en pie de lucha consideran que “ya no hay nada que festejar”; muchos de ellos se encuentran inmersos en litigios y laudos en espera de su liquidación.

En contraste, empresarios como Kamel Nacif –conocido como el Rey de la mezclilla y quien se ha visto envuelto en escándalos de pederastia– han aprovechado la situación por la que atraviesan los trabajadores y, con la anuencia del gobernador Fidel Herrera Beltrán, han adquirido algunas fábricas.

Uno de los casos que ilustran esta situación es el de la fábrica San Lorenzo, ubicada en Nogales, adquirida por los 451 trabajadores durante la década pasada, luego de que los antiguos propietarios José Ajá y Juan Mata no pudieron liquidarles el adeudo por salarios caídos y prestaciones, según consta en el expediente de remate 118/18/93.

El apoderado legal de los trabajadores de las plantas generadoras de energía eléctrica de San Lorenzo, Jorge Díaz Muñoz, asegura que el 5 de diciembre de 2005 Nacif adquirió instalaciones de la factoría. El monto de la transacción fue de 48 millones de pesos, con lo que Kamel Nacif se convirtió en nuevo propietario de las plantas hidroeléctricas de Boquerón y Rincón Grande. El objetivo del empresario era producir energía eléctrica para venderla a los ayuntamientos veracruzanos.

Sin embargo, el proyecto se frustró a raíz del escándalo que enfrentó a Kamel Nacif con la periodista quintanarroense Lydia Cacho por presuntos vínculos con una red de pederastas. El pleito tuvo repercusiones en el ámbito nacional.

El empresario recurrió a su empresa Procedimientos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V. (Proenermex) y propuso a los ayuntamientos un descuento de 10% si contrataban sus servicios, pero éstos declinaron la oferta.

Antes de que Kamel Nacif comprara las plantas de Boquerón y Rincón Viejo, el Sindicato de Trabajadores Textileros Rafael Moreno de San Lorenzo intentó vender como chatarra la maquinaria de la factoría para sobrevivir. “Aunque había voluntad de echarla a andar no teníamos recursos y los trabajadores no nos poníamos de acuerdo”, dice Díaz Muñoz.

Y recuerda que en 1995 los trabajadores adquirieron la fábrica en una subasta por 29 millones 782 mil pesos. Ahora, dice, las instalaciones tienen un valor estimado de 144 millones de pesos.

El representante sindical reconoce que las divisiones internas han obligado a sus agremiados a vender sus bienes, entre ellos varios terrenos y edificios, así como un cine y las instalaciones de la fábrica. “No importa quién sea el comprador, siempre y cuando todos salgamos beneficiados”, explica.



Kamel Nacif

Los dirigentes sindicales de las fábricas de Río Blanco, San Lorenzo, Santa Rosa y Santa Gertrudis aseguran que la crisis en la zona se inició en el sexenio de Carlos Sali-nas de Gortari con la apertura comercial.

Jorge Bautista Paz, dirigente sindicalde Río Blanco, dice que la política económica salinista agudizó la pobreza, el desempleo y forzó a muchos trabajadores a la migración. “La mayoría de los jóvenes se han ido a otros lugares, aquí no hay futuro”, dice. Y es que durante las dos últimas décadas se acentuó el desempleo en Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza y Orizaba.

Después de un siglo de haber contribuido al desarrollo económico de la región la planta de Río Blanco está cerrada desde agosto de 1993. Los trabajadores han venido peleando en los tribunales el pago total de sus liquidaciones puntualiza Bautista Paz.

Aquel año, el propietario de la Com-pañía Industrial de Orizaba (Cidosa), José Ajá del Valle, se declaró en quiebra y pagó sólo 72% de liquidación a los 7 mil 854 obreros, incluso prometió que los iba a recontratar, recuerda el dirigente sindical.

La empresa adeudaba a los trabajadores más de 8 millones de pesos, pero cuando Juan Mata González, exsocio de Carlos Salinas de Gortari, la compró, dice, “no sólo se negó a recontratarnos sino también a pagarnos el resto de nuestras liquidaciones… por eso seguimos en lucha desde la década pasada. Sabemos que el gobierno protege a los industriales y sus inversiones, mientras que a los trabajadores nos deja bien fritos”.

La fábrica de Río Blanco, la más grande de la región, fue la última que cerró por supuesta quiebra financiera, dice Bautista Paz, y asegura que Kamel Nacif tiene interés por comprarla, “ojalá lo hiciera, así daría trabajo a quienes están desempleados”.

Mucha gente se ha ido a trabajar a las empresas de Kamel Nacif en Puebla y Tlaxcala, dice, donde han demostrado al empresario textilero que pueden trabajar sin que se les dé adiestramiento.

El dirigente sindical de Río Blanco sostiene que a sus compañeros no les importa el desprestigio de Kamel Nacif por su presunto vínculo con pederastas. Ese escándalo no les interesa a los obreros, enfatiza, “pues ahorita no es el momento de exigir, sino de trabajar”.

Jerónimo Aguilar, quien trabajó 36 años en Río Blanco dice con tristeza que la fábrica pudo haber resurgido, pero ni el gobierno federal ni el estatal apoyaron a los trabajadores, quienes desde hace más de una década han recurrido a la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir a los dirigentes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) el pago de la mutualidad, el cual es un complemento salarial que se le entrega al trabajador cuando es liquidado o jubilado.

Bajita la mano, dice Aguilar, “nos tocaba a cada trabajador entre 50 mil y 60 mil pesos” de mutualidad, que controlan Luis Aguilar Perón, de la CROC, y Angelina Hernández Ríos, de la CTM.



Violaciones contractuales



Jorge Torres Serrano, presidente de la comisión especial del Sindicato de Trabajadores de la Compañía Industrial Veracruzana, S.A. de C.V. (CIVSA), comenta que hace un año la fábrica de Santa Rosa, ubicada en Ciudad Mendoza, estalló en huelga por violaciones al contrato colectivo.

El dueño, Manuel del Valle Ruiz, se negó a atender las demandas laborales, por lo que a mediados de 2006 los trabajadores metieron un juicio y ganaron la adjudicación de la factoría. Sin embargo, durante la huelga un juez del Distrito Federal declaró a la fábrica en quiebra, con lo que el expatrón intentó deslindarse del adeudo a los trabajadores.

Torres Serrano asegura que el sindicato de la CIVSA no se quedará con los brazos cruzados, por lo que ya interpuso una queja ante el Instituto Federal de Síndicos Espe-cialistas en Quiebra (IFSEQ), que designó a Pablo Octavio Mendoza para solucionar el conflicto que, dice, “es muy complicado.

Y es que Del Valle Ruiz tiene una deuda de mil 600 millones de pesos con los acreedores y de otros 120 millones con los 357 trabajadores, que incluye la liquidación así como el pago de ahorro, tiempos extras y vacaciones.

A diferencia de San Lorenzo, donde

los trabajadores vendieron ya parte de las instalaciones, Torres Serrano asegura que los sindicalistas de Santa Rosa “queremos formar una cooperativa para trabajar, a pesar de que las instalaciones son muy viejas –pues tienen 109 años de antigüedad–, pretendemos mantener nuestra fuente laboral. En Santa Rosa, no queremos que estos 109 años de historia queden tirados, podemos rescatarla para que siga produciendo telas para clientes de prestigio y exportación”, a pesar de que las fábricas de Cerritos, Cocolapan, Río Blanco, Nogales y Mira Fuentes ya hayan cerrado.

–¿Kamel Nacif ha intentado comprarla? –se le pregunta.

–Para nada. No tenemos el gusto de conocer al señor, pero al final de cuentas, si viene gente que quiera invertir, estamos abiertos, siempre y cuando se conserve la fuente de trabajo.

Torres Serrano dice que se requieren de 20 millones de pesos para reactivar la fábrica, por lo que su intención es vender el terreno en el que está asentada, una vez que termine el litigio. Según las estimaciones de los sindicalistas, el predio tiene un valor de 50 millones de pesos, suficientes para echarla a andar de nuevo y conservar las fuentes de empleo de los 357 trabajadores.

A mediados de febrero de 2006, semanas después de que CIVSA se declarara en huelga, el alcalde de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez Cortés, denunció que personajes como Manuel del Valle Ruiz, propietario de la empresa, así como los empresarios Juan Mata y Kamel Nacif estaban detrás del desmantelamiento del corredor textilero y del despido masivo de trabajadores.

En conferencia de prensa, el edil dijo que esos empresarios invirtieron en las fábricas de CIVSA y Cidosa para después llevarlas a la quiebra y dejar en la calle a 7 mil trabajadores de esas empresas en los últimos años.

Jorge Bautista Paz, dirigente sindical de la fábrica de Río Blanco, declara que para estos obreros de la industria textil, quienes dieron lo mejor de sus vidas en esas fábricas, al igual que sus padres, abuelos y bisabuelos, este 7 de enero no hay nada que festejar.

Y remata: “La lucha revolucionaria obrera iniciada en Río Blanco el 7 de enero de 1907 sólo es un recuerdo. Al igual que las fábricas, el sindicalismo está muerto, ya no existe, a pesar del esfuerzo que hicieron aquellos hombres que buscaron la justicia laboral”.


Pederasta a juicio... canónico
Rodrigo Vera


Para controlar los daños causados por el escándalo del cura pederasta Nicolás Aguilar, tres jerarcas católicos –el cardenal Norberto Rivera, el arzobispo poblano Rosendo Huesca Pacheco y el obispo de Tehuacán, Rodrigo Aguilar– iniciaron un proceso contra el sacerdote en el Vaticano. “Hay demasiadas pruebas” –dice el asesor de los prelados–, por lo que probablemente se le castigue con el retiro del estado clerical.

PUEBLA, PUE.- En un hecho sin precedentes, la Iglesia católica mexicana acaba de demandar canónicamente, ante los tribunales del Vaticano, a su sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, el pederasta poblano acusado de abusar sexualmente de casi un centenar de menores de edad.

La acusación –llamada “aviso” o “notificación”– está contenida en un documento confidencial elaborado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México; Rosendo Huesca Pacheco, arzobispo de Puebla; y por Rodrigo Aguilar, obispo de Tehuacán, el cual ya fue enviado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en Roma.

El principal asesor canónico que tienen los tres jerarcas para este caso, el sacerdote Mario Alvarado, comenta a Proceso que, hasta donde él sabe, esta es la primera vez que la jerarquía mexicana acusa ante el Vaticano a uno de sus sacerdotes pederastas.

“En realidad, yo no conozco ningún antecedente. Nunca he sabido de un caso parecido que haya sido denunciado en el Vaticano”, dice, encogiéndose de hombros. Y señala que el documento, enviado a Roma de manera confidencial y cuya redacción contó con su asesoría, “es propiamente un aviso, o una notificación, que tiene apenas tres páginas”.

–¿Sería el equivalente a una denuncia de hechos en la legislación civil?

–Sí, exactamente, pues ahí lo que se hace es sólo notificar sobre la supuesta conducta delictuosa del padre Nicolás.

Menciona que este es el primer paso para abrir un proceso canónico contra el sacerdote pederasta. “La expulsión del estado clerical es la más fuerte de todas las penas que aplica el Vaticano. Y juzgando fríamente el historial del sacerdote, lo más probable es que se le aplique esa pena. Es mi opinión personal. Falta primero que el proceso se lleve a cabo y luego que la Congregación para la Doctrina de la Fe emita su fallo”.

El experto canonista habla en sus oficinas del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Puebla, un añejo palacio ubicado en el centro histórico de la capital del estado.

–¿Por qué el proceso se abrirá en esa Congregación y no en algún tribunal eclesiástico de México? –se le pregunta.

–Esto se debe a que, desde mayo de 2001, al tribunal de la Congregación Para la Doctrina de la Fe se le dieron facultades para llevar los procesos que tienen que ver con los delitos graves en materia sexual. Estos delitos están ahora reservados a su tribunal, por lo que todos los demás tribunales eclesiásticos de cualquier diócesis del mundo son incompetentes para tratar este tipo de casos.

“Eso sí, para que la Congregación abra cualquier proceso, antes que nada debe darse la llamada ‘notificación’ por parte del obispo diocesano donde se cometieron los delitos, que fue precisamente lo que ya hicieron nuestros señores arzobispos”.

“Demasiadas pruebas”



Al canonista Alvarado lo acompaña el padre Eugenio Lira, vocero de la arquidiócesis de Puebla, quien da más detalles sobre la notificación de los prelados contra el padre Nicolás:

“El pasado mes de noviembre, durante la pasada asamblea plenaria del episcopado, los monseñores Rivera Carrera, Huesca Pacheco y Rodrigo Aguilar sostuvieron una reunión en la que acordaron enviar el caso a la Santa Sede. De esa reunión, en la que también estuvo el exobispo de Tehuacán, Mario Espinosa Contreras, surgió la idea de elaborar el documento con la notificación, en la que se pondrían los principales elementos sobre el caso. Todos participaron en su redacción, de la que hubo cuatro borradores previos”.

–¿Qué los empujó a tomar tal iniciativa?

–Todo el escándalo que provocó en los medios de comunicación el caso del padre Nicolás. Es una situación muy penosa y dolorosa que nos hace sufrir a todos. Los obispos consideraron que ya había demasiadas pruebas en su contra, tanto aquí como en Estados Unidos, para presumir que tuvo una conducta ilícita. No les parece idóneo que siga siendo sacerdote. Por eso acuden a la Santa Sede.

Lira señala que a estos obispos les correspondió poner la queja en Roma porque el padre Nicolás “está incardinado” a la diócesis de Tehuacán desde que ésta era presidida por Rivera Carrera. Además, la diócesis pertenece a la “provincia eclesiástica” que es encabezada por la arquidiócesis de Puebla, “aunque, para este caso, la relación más directa con Roma le corresponde llevarla a don Rodrigo Aguilar, por ser el obispo de Tehuacán, la diócesis a la que sigue perteneciendo el acusado”.

Larga es ya la trayectoria delictiva del padre Nicolás Aguilar. En México se le han documentado aproximadamente 60 casos de abuso sexual contra menores de edad, mientras que en Estados Unidos –donde estuvo en los años ochenta– se le documentaron 26, por lo que tuvo que huir de la justicia de ese país (Proceso 1513).

En 1998, al retornar a Tehuacán, las autoridades civiles poblanas lo sentenciaron a un año de prisión por los mismos delitos, pero el padre Nicolás nunca pisó la cárcel porque desapareció de la zona antes de que se ejecutara la orden de aprehensión (Proceso 1560).

A las autoridades eclesiásticas siempre se les acusó de encubrir al pederasta, al grado de que el año pasado el cardenal Rivera Carrera fue demandado ante una corte de Los Ángeles, California, precisamente por encubrimiento.

Ahora es justamente el cardenal Rivera quien, sorpresivamente, acusa a su supuesto protegido. Son las propias autoridades eclesiásticas quienes abrirán un proceso canónico, interno, a un prófugo de la justicia civil. Los tribunales de la Iglesia perseguirán, por fin, a quien ya fue declarado culpable por los tribunales del Estado.

“Esto no significa que la Iglesia intente sustraer al padre Nicolás de las leyes civiles. No, de ninguna manera. Este proceso eclesiástico es independiente de cualquier proceso civil que pueda haber contra él”, aclara Eugenio Lira.



Largo camino a Roma



A su vez, el canonista Mario Alvarado aporta otros detalles sobre el proceso que se le abrirá en el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que anteriormente era el Santo Oficio: “La Congregación decidirá cómo será el proceso contencioso canónico contra el sacerdote. Puede ser que quiera realizarlo totalmente en Roma. O puede ser que instruya para que se realice en los tribunales eclesiásticos de Tehuacán o de Puebla y el fallo se dé en Roma. Todavía no sabemos cuál de los dos caminos escoja”.

–¿Y no existe la posibilidad de que le de carpetazo al asunto?

–No, no. Eso jamás ocurrirá. Téngalo por seguro. Los tribunales vaticanos no se manejan así.

Y enumera las “cuatro fases” de un proceso canónico como el que se le seguirá al cura pederasta: la “introductoria”, que empieza con la llamada notificación; la “probatoria”, donde se presentarán todo tipo de pruebas; la “discusoria”, en la que al inculpado se le da oportunidad de defenderse; y finalmente está la “fase decisoria”, en la cual dictará sentencia el tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

–¿Qué tipo de pruebas se aceptarán en el proceso?

–En primer lugar, el derecho canónico sólo acepta documentos auténticos, ya sea civiles o eclesiásticos. En todo caso, puede aceptar documentos que estén avalados por un notario. También se aceptarán testigos y peritos de cualquier orden: psicólogos, grafólogos, etcétera.

“Puede ser, también, que se necesite viajar a los lugares donde ocurrieron ciertos hechos o donde se encuentren algunos testigos o documentos. Se tendrá que ir allá. En fin, será una investigación a fondo en la que también tienen cabida las presunciones”.

Y recalca que, en la fase discusoria, el padre Nicolás “tendrá derecho a defenderse como cualquier persona a quien se le acusa de algún delito”. Puede hacerlo mediante un abogado que le designe la Iglesia: “La defensa es muy importante en los juicios canónicos, porque si a alguien se le niega la oportunidad de defenderse, todo el proceso puede declararse inválido”.

–Para la Iglesia, ¿cuál es finalmente el delito del padre Nicolás? ¿Y dónde está estipulado?

–Es el delito de un clérigo contra el sexto mandamiento (“no cometerás adulterio”), delito que está contemplado en el canon 1395 del Código de Derecho Canónico. Ahí claramente se señala que este delito lo cometen los clérigos que han tenido ese tipo de relaciones con menores de edad, y se indica que pueden ser castigados hasta con la expulsión del estado clerical.

En términos prácticos, agrega, esta expulsión significa que ya no podrá oficiar ceremonias religiosas, estar adscrito a una parroquia ni dar los sacramentos. “Ya no podrá realizar todas las funciones propias de un clérigo”, resume.

–¿Estas expulsiones son definitivas?

–¡Sí, señor! ¡Definitivas! Al menos yo no he sabido de algún sacerdote expulsado al que luego se le vuelva a dar su estado clerical. Y en el caso del padre Nicolás, según mi opinión, es muy probable que lo expulsen.

–Pero él, de hecho, vive escondido y sin desempeñar esas funciones sacerdotales. ¿Para qué aplicarle un castigo que ya está viviendo?

–La diferencia es que con la pena que se le aplique ya quedará, ahora sí, formalmente fuera de estas funciones. Es una cuestión de legalidad, de legitimidad. Ya ningún obispo podrá recibirlo en su diócesis.

Actualmente es un misterio el paradero del padre Nicolás Aguilar. Se dice que en los años recientes ha recorrido poblados del Estado de México, Puebla y Morelos para vender discos compactos de música religiosa. Algunos de sus conocidos y amigos sacerdotes aseguran haberlo visto fugazmente, pero no se le ha podido ubicar en un lugar preciso (Proceso 1560).

“No sabemos dónde está. Si viviera en una parroquia o en casa de un sacerdote quizá ya lo hubiéramos detectado. Y pese a que su fotografía se ha difundido ampliamente por los medios de comunicación, nadie nos ha dicho: ‘A este sacerdote yo lo he visto en tal parte’. No, nada sabemos de él. Vive escondido en algún lugar. Esto se lo tendremos que reportar a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, dice Eugenio Lira.

–Las autoridades civiles cuentan con la policía para localizar a los delincuentes. ¿Con qué recursos cuenta la Iglesia para localizar al padre Nicolás? –se le pregunta.

–En ese aspecto, con ninguno. La Iglesia no tiene una policía judicial para poder localizarlo, tampoco cuenta con cárceles ni carceleros. Aquí, la arquidiócesis de Puebla está recurriendo a los medios para poder localizarlo y para que se denuncien sus delitos.


Garantía de impunidad
Arturo Rodríguez García


Ante las recientes acusaciones contra sacerdotes que abusaron sexualmente de menores en la región de la Laguna, algunos jerarcas católicos han intercedido por sus subordinados para acallar los escándalos. Lo más grave es que autoridades judiciales se han prestado a ello y que incluso se ha acusado a los familiares de las víctimas de perseguir una ganancia económica con sus denuncias.

TORREÓN, COAH.- Dos sacerdotes que abusaron sexualmente de menores en la región de la Laguna seguirán libres pese a las pruebas que existen en su contra, en virtud de que aprovecharon resquicios legales y gozan de la protección de los órganos de procuración e impartición de justicia.

Y es que autoridades judiciales del fuero común dejaron sin efecto o de plano reclasificaron las imputaciones contra Carlos Franco Hernández, párroco del ejido Congregación Hidalgo, de Matamoros, Coahuila, así como al sacerdote Enrique Vargas Duarte, de la iglesia de San Antonio de Padua, en Cuencamé, Durango.

Además de esa presunta protección, sacerdotes y obispos han ejercido su influencia en las autoridades civiles para evitar que se les apliquen a los clérigos las sanciones que impone el código penal de esos estados.

Según el reporte PFP-135/2006, agentes de la unidad 7748 de la Policía Federal Preventiva asignados al destacamento V-17 encontraron en el tramo carretero Yerbaniz-Chocolate (Durango) una camioneta negra, estacionada a la orilla. Al inspeccionarla, los agentes encontraron dentro al cura Enrique Vargas Duarte y junto a él un adolescente de 12 años de edad, con “los pantalones a media pierna”. Lo encontraron en flagrancia, pero el clérigo negó haber violado al menor. Sin embargo, reconoció que le estaba haciendo tocamientos.

Según dicho informe, que los policías ratificaron en sus declaraciones posteriores, el cura le dijo al niño: “Tú no digas nada, esto lo vamos a arreglar aquí. Ayúdame, hijo, para que no me lleven, reza para que no me lleven”. El adolescente se alteró cuando los federales se negaron a llegar a un arreglo con el sacerdote ahí mismo.

El menor ratificó de su puño y letra que sí hubo relaciones sexuales con Vargas Duarte, pero al enterarse de que éste continuaba detenido, se desdijo y aseguró que había consentido en que el sacerdote le practicara sexo oral.

El artículo 394 del código penal de Durango establece que “si la persona ofendida fuera menor de 14 años, aun cuando aparezca que prestó su voluntad para la cópula se considerará que hubo violación y la pena será de 10 a 15 años de prisión”.

Además, la legislación de ese estado considera la penetración oral como violación y la incomprensión de los hechos por parte de la víctima es elemento del tipo penal, según se desprende del artículo 396, que considera las mismas penas para quien “introduzca por la vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinta del pene, así como la introducción de éste por la vía oral en una persona menor de 12 años de edad o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pudiera resistirlo”.

Paradójicamente, el subprocurador de Justicia para la Laguna de Durango, Hugo Armando Reséndiz Martínez, se basa en ese código para explicar por qué no se abrió una averiguación previa: para ello debe interponerse una denuncia de la víctima, y el menor se desdijo y negó haber sido violado cuando fue puesto a disposición del Ministerio Público. Su madre habló con él y después de eso –según Reséndiz– el afectado no quiso interponer la denuncia, por lo que Enrique Vargas Duarte quedó en libertad.

El subprocurador sostiene que, ya detenido el sacerdote, se le ofreció a su víctima apoyo psicológico porque mostraba síntomas de desequilibrio emocional, pero la madre rechazó la ayuda, por lo que el fiscal no siguió investigando los hechos.

La única alternativa era hacer válida la tutela del Estado e iniciar el procedimiento, pero habría sido necesario que la madre presentara un notorio desequilibrio mental u otro mal que la incapacitara jurídicamente. Al no ser así, el asunto se mantendrá cerrado, a reserva de que luego se pueda interponer la querella, pues el delito prescribe en tres años, dice Reséndiz.

En las propias oficinas del subprocurador, dos de sus colaboradores que pidieron no revelar sus nombres califican de incomprensible la actitud de la familia del menor, y revelaron que monseñor Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, intercedió por el cura ante Reséndiz.

Desde esa arquidiócesis se inició un juicio canónico contra el sacerdote Enrique Vargas Duarte, con lo que se le suspendieron sus derechos clericales y fue retirado de la parroquia de Cuencamé.

Nada se sabe del cura desde entonces, pero la Coordinación Jurídica del municipio de Lerdo, Durango, y la Procuraduría de la Mujer, el Menor y la Familia solicitaron la documentación del caso para exigir que se proceda conforme a la ley.



Indulgencia judicial



Días después de ese escándalo, se dio a conocer otro caso de abuso sexual cometido por un sacerdote, esta vez en Torreón, Coahuila.

A finales de agosto, Carlos Franco Hernández, párroco de una iglesia en el ejido Congregación Hidalgo, del municipio de Matamoros, visitó a una conocida en Torreón. A esa mujer le habían encargado que cuidara a un niño de ocho años mientras su madre trabajaba.

Según la denuncia interpuesta por la madre, los primeros días de octubre, mientras el niño jugaba, dejó ver varios moretones y mordidas en la espalda. Al preguntarle qué le había pasado, el niño primero se negó a responder, pero terminó narrando el abuso del que fue objeto:

En algún momento, la mujer que lo cuidaba lo dejó solo con el cura, viendo la televisión. Cuando el menor se encontraba boca abajo y con las manos en la barbilla, sintió que algo se le subió en la espalda; era el cura, que de inmediato lo inmovilizó con las rodillas, le hizo caricias obscenas y lo mordió, dejándole marcados los hombros y la espalda.

El examen del médico legista fue determinante para que el fiscal Fernando Maximiliano Vega Tafoya calificara el delito como un atentado al pudor impropio. De acuerdo al artículo 398 del código penal de Coahuila, amerita de uno a cinco años de prisión y una multa “quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de 12 años de edad, ejecute en ella un acto erótico”.

El mismo ordenamiento plantea una agravante: “Si se emplea violencia física o moral suficiente para intimidar a la víctima y cometer el delito, se aplicarán de dos a seis años de prisión y multa”.

El fiscal Vega Tafoya consideró que los hechos tal como fueron descritos, las lesiones calificadas por el perito y la condición moral del sacerdote configuraron la circunstancia agravante, pero el juez primero del ramo penal, Octaviano Sánchez Sánchez, reclasificó el delito, según consta en el expediente TSJEC-343/2006. Para el juzgador, las lesiones forman parte del delito de “atentados al pudor”, con lo cual excluyó la violencia e hizo posible que el cura Carlos Franco siga en libertad y, aun si resultara responsable al finalizar su proceso, saldrá libre bajo fianza.

La parcialidad del juez Octaviano Sánchez a favor del sacerdote no sólo se manifestó con la reclasificación del delito. En un acto inusual en los procesos judiciales, antes de girar la orden de aprehensión y hacerla del conocimiento de la fiscalía, se notificó de forma extraoficial al acusado, por lo que éste se presentó voluntariamente para negar las imputaciones; declaró que el niño estaba muy inquieto y no lo dejaba ver televisión, por lo que lo tomó de los hombros y le provocó las lesiones accidentalmente.

Finalmente, con la reclasificación, el juzgador giró un auto de sujeción a proceso, en el que notificó a Franco del delito por el que se le acusa.

El 13 de diciembre pasado el obispo de Torreón, José Guadalupe Galván Barragán, defendió al sacerdote Carlos Franco, pues a su juicio no abusó sexualmente del niño: “cometió la imprudencia de jugar con él, pero no se trata de un caso de pederastia”. Luego aceptó que “la madre estaba en su derecho de imaginarse cosas peores”.

Aún más: Miguel Ángel Cervantes, párroco de Nuestra Señora del Refugio, en Matamoros, declaró al periódico El Siglo de Torreón que cuando se usa a un niño y se le instruye para que haga acusaciones “y que además lo sostenga, es fácil sacar dinero”.

El martes 20 de diciembre, el obispo Galván Barragán acudió a la parroquia de San Isidro, ejido Congregación Hidalgo, donde apoyó a Carlos Franco ante sus feligreses.

Al día siguiente, este corresponsal acudió a la comunidad con la intención de entrevistar al cura. Un grupo de jóvenes de la Ciudad de México había preparado una pastorela con niños del lugar y esperaban la llegada de Carlos Franco para iniciar la representación, pero el sacerdote no se presentó. Un hombre robusto le dijo al corresponsal: “El padre no vendrá hoy. Es muy difícil que venga porque se fue a recorrer comunidades”.



La red



No son novedosos los escándalos sexuales de sacerdotes que gozan de protección judicial. A casi siete años del homicidio del sacerdote José Ignacio Flores Gaytán, continúan los señalamientos de que el entonces presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Luis Morales Reyes, así como el exgobernador de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, encubrieron el supuesto móvil pasional del crimen.

El 15 de enero de 2000, José Ignacio Flores Gaytán, párroco de la capellanía de la Medalla Milagrosa, en Torreón, Coahuila, y cercano al entonces obispo Luis Morales Reyes, fue encontrado muerto en su domicilio. Tenía heridas de cuchillo y picahielo. Después, el 18 de febrero, la policía ministerial del estado detuvo a María Rebeca Isabel Galindo Bautista como presunta responsable del asesinato.

El caso se complicó el 6 de julio de 2000, cuando se ejercitó acción penal contra Benjamín Limones Morales por su probable responsabilidad en el mismo caso. En el proceso penal 92/2000 que se inició en el Juzgado Cuarto Penal, Limones confesó que a principio de noviembre de 1999, Flores Gaytán lo abordó en la calle, lo invitó a subir a su automóvil y le propuso sostener una relación sexual, por la cual acordaron un pago de 200 pesos.

Según su declaración, sostuvo encuentros homosexuales con el sacerdote en cinco ocasiones y cobró en todas ellas, pero en la última cita Flores Gaytán intentó obligarlo a invertir los papeles habituales y por eso Limones lo mató. El asesino desconocía el estatus religioso de su víctima y su descripción coincidió con la escena del crimen.

Por su parte, y luego de cuatro años de haber sido absuelta, María Rebeca Galindo insiste en que los jerarcas católicos y las autoridades civiles que la mantuvieron recluida durante 22 meses por un delito que no cometió, pretendían encubrir la agitada vida sexual del sacerdote asesinado.

Con base en el proceso que se le siguió (PGJE-40/2000, radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal), Rebeca Galindo Bautista afirma que “a la Iglesia no le convenía que se dieran cuenta de que lo habían matado por un crimen pasional. Era importante para ellos poner un chivo expiatorio que no tuviera nada que ver con la realidad”.

Considera que necesariamente tuvo que existir un acuerdo entre el gobernador Enrique Martínez y el obispo Morales Reyes, porque aun después de que el Juzgado Primero Penal la absolviera, la procuraduría del estado apeló. Posteriormente la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado confirmó “la no responsabilidad” de Galindo, pero los funcionarios de la procuraduría continuaron señalándola como responsable del delito y el 2 de noviembre de 2005 el entonces delegado de la institución en la Laguna, Gerardo Torres Carrillo, la señaló como la responsable.

Ahora, Galindo retoma denuncias anteriores sobre la existencia en la Laguna de una red de 13 sacerdotes pederastas, quienes disfrutan de impunidad por sus vínculos con políticos y empresarios. Y recuerda que fue Ignacio Mendoza Wong, entonces vocero de la diócesis de Torreón, quien “estuvo coludido siempre, promovió la cremación del cuerpo de Flores Gaytán –para entorpecer las diligencias– y maquilló todo en los medios”.

Mendoza Wong, señalado por Rebeca Galindo como miembro de esa red, es el actual vocero de la arquidiócesis de Durango, cuyo titular, Héctor González Martínez, habría intervenido para evitar el escándalo de Cuencamé.


La sujeción
Miguel Ángel Granados Chapa


Los azares de la transmisión informática impidieron que los siete párrafos que siguen, que integraban el Interés Público que debió aparecer el 17 de diciembre, llegaran a su destino, la Redacción de Proceso. He creído necesario recuperarlos porque fueron escritos antes de que, al comenzar el año, el presidente de la República diera nueva muestra de su propia sujeción a las Fuerzas Armadas, a las que rindió tributo. Vestido con uniforme de faena, el comandante supremo de esas fuerzas, en algunas tomas fotográficas, parecía ordenanza del general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, ataviado con uniforme de calle, ornado por gafetes que dan cuenta de su trayectoria. El contraste invitaba a preguntar quién manda a quién. Conservo, pues, el texto previo a esa reunión en Apatzingán y concluiré con reflexiones sobre el significado de las palabras y los hechos presidenciales en este rubro.

Felipe Calderón dependerá del Ejército para ejercer el cargo. Lo ha adulado desde el momento de su asunción fuera de la ley, en Los Pinos, horas antes de que rindiera protesta, requisito constitucional (artículo 128); lo exceptuó de la austeridad burocrática (y, al contrario, anunció aumentos en sus haberes e inversiones), y de dos maneras le confió la función policiaca: poniéndolo a la cabeza de la Operación Conjunta Michoacán, y transfiriendo miles de agentes de la Policía Militar a la Federal Preventiva, que reafirma así su condición de cuerpo castrense disfrazado pero identificable: Aunque los militares se vistan de gris, militares se quedan.

Salvo los integrantes de los gabinetes entrante y saliente, el público asistente a la inédita ceremonia nocturna del 30 de noviembre, al mismo tiempo furtiva y preparada para ser difundida a través de los medios, en que se transmitió el mando, estaba constituido por militares, incluida una banda de música. Contra la ley, Fox se despojó de la banda presidencial y la confió a un cadete del Colegio Militar. La prenda quedó bajo custodia del Ejército durante las horas siguientes. Y fueron cadetes los que recibieron de Fox y entregaron a Calderón sendas banderas, como si las Fuerzas Armadas legitimaran la posesión de ese símbolo.

A la mañana siguiente, la protesta presidencial fue sólo posible por el enorme despliegue de miembros del Estado Mayor Presidencial, uniformados o vestidos de civil, que dentro del Palacio Legislativo y en su entorno y rutas de acceso aseguraron el traslado, ingreso, ceremonia, salida y regreso de Calderón a Los Pinos. En las horas siguientes, en el Campo Marte quedó formalmente investido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ante la plana mayor del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Allí anunció el incremento en la paga de los militares. Al día siguiente se reunió de nuevo con las tropas, en un desayuno en el H. Colegio Militar en que reiteró sus dichos de la víspera, como para asegurarse de ser entendido.

El 11 de diciembre, el secretario de Gobernación dio cuenta de la militarización de Michoacán. Si bien nadie niega la necesidad de combatir el crimen organizado en esa entidad, donde han sido asesinadas más de 500 personas en este año (algunas de ellas decapitadas), y donde la organización que a sí misma se llama La Familia se permite el lujo de convocar a la tranquilidad ciudadana impuesta por la fuerza de esa agrupación delictuosa, son también claros los riesgos de toda suerte que derivan del predominio castrense. En la Operación Conjunta Michoacán participan 4 mil 260 militares, 19 perros, 246 vehículos y 46 aeronaves. El resto de las fuerzas convocadas, incluidas las policías estatales, aportan sólo unos cientos de elementos más.

En la iniciativa semejante previa, la Operación México Seguro, participaba también el Ejército, pero su grado de intervención era mucho menor. Ahora se trata de una batida militar, con base en las reglas castrenses, impuestas a pesar de que el artículo 129 constitucional sigue diciendo que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, principio de civilidad que ha sido adulterado con interpretaciones destinadas a bendecir la conversión de los militares en policías.

Esa conversión se hizo más explícita el 13 de diciembre, cuando Calderón, reunido por tercera vez con los uniformados, esta vez en la sede de la Tercera Brigada de la Policía Militar, en el campo 37-C, situado en San Miguel de los Jagüeyes, municipio mexiquense de Huehuetoca, anunció el ingreso de 10 mil soldados y marinos más a la Policía Federal Preventiva. La mecánica de esa incorporación consiste en la firma de convenios entre las secretarías de la Defensa y de Marina, por un lado, y la de Seguridad Pública (antes Gobernación). Es el modo con que se busca disfrazar la violación a la ley en que se incurre con esos traslados masivos, calcados del inicial, ocurrido en julio de 1999, cuando se crearon las Fuerzas Federales de Apoyo, sector castrense de la Policía Federal Preventiva. La pretensión de que ésta fuera una corporación especialmente volcada a la prevención del delito, con efectivos preparados a partir de su grado de bachiller y reclutados mediante concurso de ingreso individual, se frustró desde el principio por la entrada masiva de militares y marinos, respecto de los cuales ni siquiera se consultaban los registros de antecedentes previstos para regular la incorporación de solicitantes individuales. La condición híbrida de la fuerza resultante genera o puede generar problemas de mando y de integración. Mientras que la ley dice que los miembros de la PFP rigen su relación laboral con su empleador como si fueran burócratas (es decir, conforme al apartado B del artículo 123 constitucional), los militares uniformados de policía se rigen por las ordenanzas militares y obedecen a los oficiales, jefes y generales del arma a que pertenezcan.

El Ejército Mexicano, a diferencia de sus semejantes en algunos países de Centro y Sudamérica, no es una corporación cuyos mandos, y menos sus soldados, pertenezcan a una casta, ni siquiera a una élite. Aunque lo decía con una pizca de retórica, asistió la razón a Jesús Reyes Heroles, líder del PRI, cuando dijo que las tropas son “pueblo con uniforme”. Suprimido el servicio militar obligatorio, el reclutamiento militar es voluntario, pagado, con lo que las Fuerzas Armadas son, a los ojos de muchos, sólo una fuente de empleo, y no la más apetecible, por más que cursar estudios en las escuelas militares, amén de su oferta de casa, vestido y sustento durante la carrera, significa asegurar títulos profesionales que pueden ser rentables. No hay, entonces, el riesgo estructural de que los militares, creyentes de su propia superioridad sobre los civiles, quieran mandarse solos, sobreponerse al orden institucional para arreglar insuficiencias y desórdenes. Algunos círculos civiles, sin embargo, pueden estar tentados a creer que lo son, por su austeridad y disciplina, olvidando que en materia de probidad no habría motivos que los hicieran diversos que el mexicano promedio, como lo muestra la frecuencia con que miembros de las Fuerzas Armadas, de todo nivel, aparecen inmiscuidos con la delincuencia organizada.

Hasta aquí lo que debió aparecer hace tres domingos. El 3 de enero, Calderón prolongó y ahondó su puesta en manos de los militares. No obstante que la víspera había emitido un saludo de Año Nuevo general, a todos los mexicanos, se sintió compelido a dirigir uno más en particular a los miembros de las Fuerzas Armadas. Se trasladó al efecto al cuartel principal de la 43ª Zona Militar, en Apatzingán, para “tributar” a los militares (en la persona de unos 250 efectivos reunidos ex profeso), “en nombre de los mexicanos, un reconocimiento por la labor que vienen desempeñando en el frente de la seguridad interior”.

Insistió en el homenaje, que tendría sentido si hasta ese momento el Ejército y la Marina hubieran estado enteramente al margen del combate a la inseguridad y no contaran, por lo tanto, en las áreas cuya ineficacia ha propiciado que crezca desafiante la delincuencia organizada:

“Gracias a mujeres y hombres como ustedes, día a día, cumplimos con la muy alta responsabilidad de proteger (a) la Patria y dar seguridad a las familias mexicanas. Por ello, todos los mexicanos reconocemos la valiosa labor de los miembros de la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Federal de Investigaciones, con dedicación, con entrega en la lucha a la delincuencia. Y especial reconocimiento, desde luego, hacemos al Ejército, a la Armada, la Fuerza Aérea de México, por su decidida colaboración en esta batalla frontal contra el crimen. En esencia han iniciado ustedes este gobierno y este mismo año cumpliendo firmemente con el deber de salvaguardar la seguridad interior del país.”

Como si en el pasado, el remoto o el inmediato no ocurriera así, Calderón aseguró que “hoy los mexicanos estamos orgullosos de la labor de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras policías. Por eso vengo hoy, como Comandante Supremo, a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.

Habló una vez más del incremento a los haberes militares. Tras recordar que propuso un aumento de 24% del gasto destinado a seguridad pública, aprobado por los diputados, precisó que “con ese incremento podremos cumplir con un compromiso que asumí desde el primer día de mi gobierno, el otorgar un incremento salarial sustancial para los miembros de tropa y marinería de menor nivel de ingreso en las Fuerzas Armadas. Con ese incremento mi gobierno tiene por objetivo recompensar justamente el sacrificio y la labor insustituible de miles de hombres y mujeres como ustedes, que libran batallas comprometidas por la seguridad de las familias mexicanas”.

En ese tono laudatorio insistió en valorar el papel de la institución castrense: “Ustedes velan para que las familias mexicanas puedan dormir con tranquilidad; arriesgan su vida para que nadie, precisamente, tema por su vida y la de sus hijos. Por cada delincuente que capturan, por cada sembradío que erradican, por cada red de narcomenudeo que desintegran, hoy hay más jóvenes que tienen oportunidad de salir adelante en nuestro México”.

Los hechos contradicen esa alabanza. Y ese pertinaz elogio puede generar un efecto contrario a la civilidad institucional, el hacer creer a las Fuerzas Armadas que son ellas el aval, el garante de la convivencia, y que de una manera u otra pretendan cobrar por ello, no sólo mediante el incremento salarial que en cualquier monto será exiguo porque parte de ingresos magros, sino acotando al poder civil en vez de que ocurra lo contrario.


Para documentar nuestro hedonismo
Sección “De la intolerancia como tercera infancia”

1PARA QUE SEAMOS LA VERGÜENZA DEL MUNDO ENTERO Y ENTONCES LA ONU, POR JUSTICIERA, NOS DECLARE “TIERRA DE PERDICIÓN” Y VENGA AHORA SÍ EL TURISMO

“¿Para qué darles dinero a esos jotos?”

Marco Antonio Bernal, diputado priista por Tamaulipas, durante una reunión en la Comisión de Cultura, donde defendió así el recorte presupuestal en este sector. Nota de Ángel Vargas y Fernando Camacho, La Jornada, 24 de diciembre de 2006.

2

”NO COMMENT” (PARA QUE NO SE ENTERE EL TORO)

“Aunque ustedes (los periodistas) quieran que me cuerne el toro, sigo vivo… Que yo sepa, no hay ninguna nueva denuncia. Nadie me ha informado. Me informaron a través de la prensa mexicana que unas personas tenían intención, que estaban evaluando ese proyecto.”

Cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, al comentar las nuevas denuncias en su contra por encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar, acusado de pederasta. Nota de Emir Olivares, La Jornada, 2 de enero de 2007.

3

LOS MEDIOS/ CALLADOS/ SERÁN SIEMPRE ALABADOS

“El crimen organizado es un tema que ya conocemos todos. (Unos de oídas, otros de refilón, otros de obituario en su desdoro. La R.) No le sigamos dando sobre lo mismo. Tenemos problemas de narcotráfico y tenemos que resolverlo todos. Si nos seguimos regocijando todos en este tipo de cosas (¡Ajúa!, la R. al tanto de que los decapitados en Michoacán se murieron antes de risa), pues lo único que le hacemos es el caldo gordo a los delincuentes y a la delincuencia organizada. (Luego entonces, informar sobre el narcotráfico es equivalente a publirreportajes o a spots a cuenta del lavado de dinero, la R. en pos de la lógica.) Ya lo sabemos, entonces es un tema que no tenemos por qué profundizar, más cuando ya sabemos que es un problema serio al que tenemos que atacar. (Pero si ya lo sabemos, ¿por qué nos lo repite? ¿Nos considera tan desinformados? ¿Por qué se regocija con nuestra ignorancia? La R.)

–¿No hay riesgo de que el combate al narcotráfico desate una lucha interna entre los diferentes cárteles? –se le preguntó.

–Déjenlo (el comentario o la interpretación) a los que saben de seguridad pública, de estrategias policiacas. (Si esto es así, México será una país de mudos, a menos que a los narcos les dé por la logorrea. La R.) Ustedes saben de periodismo, yo sé de política interior, vamos dejando que los cuerpos policiacos determinen la estrategia a seguir”. (Y a partir de ahora, las preguntas sobre el narco sólo serán legítimas si las emiten los propios narcos, que sí saben de estrategias policiacas, el polvo es el mensaje.)

Francisco Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, al inaugurar una nueva teoría de comunicación frente a la lucha contra el narcotráfico. Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 2 de enero de 2007.

4

AL CÉSAR LO QUE ES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y A DIOS TODO LO DEMÁS, INCLUIDA LA PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

“Bueno, los tres candidatos se autodefinieron como católicos. Pero la diferencia es que Felipe proviene de una familia con una formación religiosa mucho mayor. Además, por su formación filosófica, que es también propia de su partido político, tiene una postura muy cercana a la doctrina social de la Iglesia. En ese terreno, sus convicciones y valores son muy claros (incluso, se dedica a satanizar a los ‘peligros’ para México y para la filosofía de la doctrina social cristiana, la R. teológica)... Durante su encuentro con la jerarquía, Felipe Calderón expresó claramente su convicción de que la vida hay que defenderla a toda costa. Mostró una posición afín al episcopado. “Mire, nosotros estamos a favor de la democracia, la entendemos como un mayor consenso entre los sectores sociales. Pero hay puntos en los cuales no podemos transigir. Por ejemplo, no podemos estar en contra de la vida ni de los derechos humanos, pues son piezas fundamentales para la buena organización social de cualquier país”.

–¿Ahora piensa usted influir en el Congreso?

–Así es. (Sic que espera la llegada de los confesionarios en San Lázaro.) Espero que durante este período en el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena... (Y que encabezará el partido moderno y tolerante de que nos hablan los intelectuales demonizadores de la izquierda. La R.)

“…La Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica. No. Que siga siendo laica. Pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias. (Oiga, estimado, ¿cuándo ha sido en los últimos 66 años “contrarreligioso” el laicismo? ¿Por qué no habla claro y se deja de falsas astucias? La R. pedagógica.) Donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. Eso es lo que todavía no está garantizado…”. (Gracias por hacerle caso a la R. Ilustrísimo, Usted astutamente entiende por “laicismo” la educación católica en las escuelas primarias.)

“… Además, quienes emitieron su voto fueron casi 60% de los ciudadanos empadronados. La población católica está muy por encima de esa cifra. Y la Iglesia, después de la familia, sigue siendo la institución más confiable en este país (pues excomulguen a la familia, por diversa, a ver quién vuelve a confiar en ella. La R.), de manera que el episcopado se manejó siempre con imparcialidad, no había por qué inclinar la balanza hacia un lado u otro. (No dijeron eso en las parroquias antes del 2 de julio, pero el peligro para México es laico. La R.) Finalmente, los tres candidatos presidenciales nos mostraron su respeto hacia la institución eclesiástica. Con cualquiera de ellos en la Presidencia hubiéramos llevado buena relación.”

Carlos Aguiar Retes, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, al hablar de sus contactos con los tres candidatos presidenciales. Entrevista con Rodrigo Vera, Proceso 1574, 31 de diciembre de 2006.

5

TARDÍAMENTE, PERO CON VALOR Y ENERGÍA, ACCIÓN NACIONAL CONDENA LA CAMPAÑA DE AZNAR A FAVOR DE CALDERÓN. ¿O NO ES ESE EL TEMA?

“Los mexicanos estamos abiertos a que organizaciones serias e independientes puedan desarrollar labores de observación para garantizar la defensa de los derechos de las personas, pero no consentimos, por ningún motivo, que un grupo portador de un ideologismo extremo se introduzca al país con fines de desestabilización. (¿Hablan acaso del expresidente español José María Aznar que apoyó a su candidato presidencial? ¿No hay ideologismo extremo en los consultores extranjeros contratados por el PAN?, la R.) Nuestra soberanía no puede ser vulnerada por ningún movimiento político extranjero, independientemente de su ideología. (Duro contra el Partido Popular. ¡Duro! La R.) Rechazamos enérgicamente la intromisión de militantes de IU en asuntos que sólo competen a los mexicanos”. (La Liga de Sepulcros Blanqueados le invita a su fiesta de graduación.)

Comunicado de legisladores del PAN condenando la visita de una delegación del Partido Izquierda Unida en Oaxaca. Nota de Juan Balboa, La Jornada, 30 de diciembre de 2006.

6

¿Y QUÉ ES LA IZQUIERDA? ¿LA EXPROPIACIÓN DE LAS CAUSAS A CARGO DE LAS TRIBUS O LA DISPUTA POR LA RACIÓN?

“–¿Hay una confrontación de Nueva Izquierda con Ebrard?

–La diferencia es que nosotros sí somos de izquierda.”

René Arce, senador perredista por el Distrito Federal y dirigente de la corriente Nueva Izquierda, al justificar los bloqueos al proyecto presupuestal del DF. Nota de Andrea Becerril y Gabriela Romero, La Jornada, 30 de diciembre de 2006.

7

LA DIVISIÓN DE PODERES: TODO PARA MÍ, ALGO PARA TUS DESCENDIENTES

“Somos aliados del gobierno, pero no empleados… Aunque nos acusen de ser perredistas azules, nosotros creemos en la división de poderes (y en el cobro de facturas, la R. teórica) y le apostamos a que la población tenga una mejor ciudad. Que nadie se asuste porque muchas veces vamos a apoyar a otros partidos en sus propuestas”. (¿A quién asusta que la cabra tire al monte?)

René Arce, al defender la alianza de los diputados de su corriente con el PAN. Nota de Alberto Cuenca y Elia Grajeda, El Universal, 30 diciembre de 2006.

8

RECUPERACIÓN LENTA, PERO SEGURA. VOLVEREMOS A LOS PINOS EN DICIEMBRE DE 2110, PARA EL TRICENTENARIO

“Somos una organización política con capacidad de recuperación.”

Mariano Palacios Alcocer, dirigente nacional del PRI, al promover con optimismo la selección interna de su sucesor. Nota de Ciro Pérez Silva, La Jornada, 3 de enero de 2007.

9

¿LES GUSTÓ MI EXPLICACIÓN? ¿NO? ¿O A POCO NO? ¿NO? ENTONCES YO DE “GOBER”, ¿NO? ¿O NO? ¡CUAS, CUAS! ¿NO? ¿O NO?

“Fue un año muy sangriento debido a la captura de uno de los capos, y esto trae consigo los ajusticiamientos entre ellos mismos, ¿no?”

Jorge Hank Rhon, alcalde priista de Tijuana, al anunciar que pedirá licencia (¡Uf! de alivio) para ser candidato a gobernador de Baja California (¡Agh! de congoja), justificando así la violencia en su ciudad a su honesto cargo. Nota de Aline Corpus, Reforma, 3 de enero de 2007.

10

LA ALEGORÍA DEL TERREMOTO ES TAN NOTABLE QUE LOGRÓ QUE NO NOS FIJARAMOS EN LOS TRUCOS Y MAÑAS DEL SEÑOR UGALDE

“Nos llamó la atención lo que ocurría afuera. Pensemos en el terremoto del 85, en alguien que por alguna razón no se dio cuenta del sismo, y de repente sale y ve los edificios caídos y todo en ruinas (¿se refiere al edificio del IFE?, la R. científica); nosotros vimos una tremenda crispación. Entre nosotros también había tensión. Es una cuestión muy humana, cada uno de nosotros votamos por un candidato, y al interior del grupo estaba ocurriendo igual; unos de un lado y otros de otro, pero todos hacíamos la chamba que nos correspondía, y nadie protestó así de ‘oye, vamos a quitarle o a ponerle’. (Si hablando así se entendieron, son telépatas. El Sic con turbante.) Sentí cómo una decisión estrictamente técnica (Sic que se irá en nave con cruz de olvido) puede tener repercusiones, aun cuando no estás defendiendo ninguna bandera política –aunque eso no quiere decir que yo no tuviera mi candidato–, pero sale uno raspado”. (Nomás raspado.)

Rubén Hernández Cid, investigador del ITAM, integrante del equipazo de cinco científicos contratados por el IFE para el conteo rápido, al defender la tesis del empate entre Calderón y López Obrador. Entrevista con Miguel Zacarías, Reforma, 31 diciembre de 2006.

11

DE LA ÉPOCA DE ORO (DE UNA DE ÉLLAS) (2002)

a) La blasfemia es una campaña de anónimos

“No le conviene a nadie pegarle a Fox... Es como si tú eres cristiano y yo insulto a Dios.”

Publicista de la Presidencia Francisco Ortiz, 12 de junio de 2002.

b) Es que la verdad siempre ha sido eso

“Si los partidos dijeran la verdad, serían puras mamadas.”

Mercadólogo Carlos Alazraki, 5 de junio de 2002.

Blanqueo de sepulcros a domicilio: CM. Selección de textos: JV. La R: la Redacción.