DEL PROCESO SEMANAL

El presidente militarizado
Daniel Lizárraga y Francisco Castellanos

Felipe Calderón pudo conocer los protocolos militares a los 43 años, a partir de que ganó las elecciones internas de su partido y se convirtió en aspirante a la Presidencia de la República y le asignaron al teniente coronel Mario Castro como su jefe de escoltas.

Por eso causó sorpresa a los reporteros que Calderón apareciera públicamente vistiendo un uniforme de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas –en el campo militar de Apatzingán, Michoacán– y que hablara como si fuera militar.

“Ustedes trabajan sin descanso para que todos los mexicanos puedan, precisamente, tener oportunidades de trabajo y sacar adelante su familia –le dijo a la tropa el miércoles 3–. Por eso he querido comenzar con las actividades de este 2007 con ustedes, compartiendo el pan y la sal, compartiendo el rancho, como se dice en la jerga militar, expresándoles en nombre de todos los hombres y mujeres de México un merecido reconocimiento a su labor.”

Ese día, los organizadores colocaron en la mesa de honor al general de arma blindada, Audomaro Martínez Zapata, quien durante 2006 pidió licencia para encargarse de la seguridad del excandidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. Y aunque el presidente Calderón no mencionó al general cuando agradeció los resultados en su lucha contra el narcotráfico, el nombre y el rostro de Audomaro Martínez aparecieron en las páginas de los diarios de circulación nacional.

A este militar de alto rango no se le veía desde el pasado 5 de agosto, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo de Calderón en las urnas. A partir de esa fecha, el Ejército envió a Martínez Zapata a un cuartel de Oaxaca.

El jueves 4 –un día después del saludo militar en Apatzingán–, la Presidencia de la República escaneó en su página de internet la constancia de mayoría a favor de Felipe Calderón otorgada por el TEPJF, en otro hecho insólito. Se trata de tres imágenes, en una de las cuales se distingue el nombre del excandidato panista, acompañado de la frase: “Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos”.

Desde que asumió el poder, el pasado 1 de diciembre, Felipe Calderón se ha refugiado en la logística del Estado Mayor Presidencial (EMP). Gracias a un exitoso operativo del Estado Mayor Presidencial, el panista pudo rendir protesta en la Cámara de Diputados. Además, los anuncios oficiales sobre los operativos contra la delincuencia en Michoacán y Tijuana, así como los informes de los despliegues militares se realizan en el salón Adolfo López Mateos, de Los Pinos.



Vocación tardía



Desde que los civiles tomaron el poder, Felipe Calderón es el primer jefe del Ejecutivo en usar el uniforme militar y, sobre todo las cinco estrellas, a pesar de que apenas lleva un mes en Los Pinos.

El expresidente José López Portillo, quien era muy dado a utilizar las insignias militares y a pasearse por los campos de entrenamiento saludando a lo soldados, lo hacía siempre en fechas históricas o durante las prácticas.

El último militar de carrera que gobernó México fue el general Lázaro Cárdenas. A diferencia de éste, Calderón estudió derecho en la Escuela Libre de Derecho y obtuvo una maestría en Economía en el Instituto Autónomo de México (ITAM), así como otro título en Administración Pública en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Nunca tuvo una relación con el Ejército o la Marina en su carrera política.

Antes de que el Partido Acción Nacional (PAN) lo lanzara como candidato a la Presidencia de la República, fue presidente nacional de su partido, representante ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado federal en dos ocasiones, así como secretario de Economía, entre otros cargos.

Durante la campaña electoral aparecieron dos perfiles del entonces candidato panista, primero el de Salvador Camarena, en el libro Los suspirantes, y luego el de Rodrigo Vera, en la edición especial de Proceso número 19 titulada Historias sin retoque, en las que se mencionaba que el único contacto que Calderón tuvo con la milicia fue cuando hizo el servicio militar en su tierra, Michoacán, mientras cursaba la preparatoria en el Instituto Valladolid. Nada más.

Esta escuela, de acuerdo con las mismas fuentes, está dirigida por la orden religiosa de los maristas, no por militares. Su padre, Felipe Luis Calderón Vega, fue un civil, fundador del PAN. En su familia no hay un sólo militar de carrera, ni siquiera un amigo cercano dentro del Ejército que le hubiera podido inspirar una vocación por las armas.

A partir de que rindió protesta ante la Cámara de Diputados, la agenda presidencial la han ocupado centralmente las Fuerzas Armadas. Entre el 1 de diciembre pasado y el 4 de enero, Calderón ha presidido 18 encuentros o eventos relacionados con el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública.

Además, en su promocional televisivo más difundido aparece Calderón enviando un mensaje a las Fuerzas Armadas. En 28 segundos, una solemne voz en off comenta: “En México prevalecerán el orden, la legalidad y las instituciones. Es nuestro compromiso. Para que vivamos mejor el gobierno actúa. Presidencia de la República”.

Estas palabras van acompañadas con imágenes de militares tocando tambores, del nuevo mandatario caminando a paso marcial y, finalmente, rindiendo protesta ante la Cámara de Diputados, arropado por los aplausos de eufóricos diputados panistas.

El miércoles 3 de enero, apenas dos horas después de haberse colocado la casaca verde olivo y el quepí con las cinco estrellas, el presidente Calderón se puso la playera de las Chivas del Guadalajara, el campeón del futbol mexicano. Aunque el mandatario es seguidor de otro equipo –el Morelia–, se arropó con la prenda de uno de los dos equipos más populares de México. Al otro día, las fotografías de Calderón como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y la que mostraba al presidente con la camiseta Chiva aparecieron juntas en la prensa.

La indumentaria militar de Calderón fue criticada por analistas y expertos en temas castrenses. En sus colaboraciones para Reforma, el viernes 5, Rafael Segovia y Carmen Aristegui abordaron el asunto.

Segovia tituló su artículo Se pide silencio y escribió: “El Presidente no necesita tales disfraces, antes bien dañaría su imagen pues tras un largo periodo de generales presidentes, uno de los principios del sistema político mexicano es el dominio del poder civil. La inmensa popularidad de Miguel Alemán cuando asumió la Presidencia radicó en ser precisamente un civil. Quienes se opusieron posteriormente a los presidentes civiles fueron en algunos casos los militares, lo que fue un elemento en su contra”.

Y Aristegui, en Comandante supremo, mencionó que “el debilitamiento de las fuerzas políticas mexicanas a raíz de una disputa desordenada, intervenida y violentada por la Presidencia de México, no sólo ha dejado al país dividido, sino que ha hecho irrumpir a la estructura militar como la única garante visible de la estabilidad nacional”.

El investigador Javier Oliva, experto en temas castrenses que busca la dirección nacional del Partido Revolucionario Institucional, considera que el mandatario “abusó del protocolo castrense” en aras de proyectar una imagen de autoridad y legitimidad.

Dice que se sorprendió al ver a un presidente de la República vestido de militar, ya que el uso del uniforme y las insignias militares es característico de naciones como Venezuela y Cuba.

Señala además que los presidentes nunca usan las cinco estrellas para visitar a la tropa, mucho menos lo hacen rodeados por decenas de reporteros y fotógrafos; sólo se usan en las prácticas de gran envergadura.



El descaro
Carlos Acosta Córdova y Jesusa Cervantes

Francisco Gil Díaz consiguió chamba de lujo tan pronto dejó su puesto como secretario de Hacienda. No tendrá que hacer un gran esfuerzo para adaptarse al ambiente del banco HSBC, pues precisamente se dedicó a servir a los banqueros desde sus diversos cargos gubernamentales.

Primero lo hizo con Roberto Hernández, cuando éste era el principal accionista del Grupo Financiero Banamex, de quien se hizo empleado apenas dejó su trabajo como subgobernador en el Banco de México, al que había llegado luego de ser subsecretario de Ingresos en Hacienda. Ahora, Francisco Gil Díaz, sin el menor rastro de pudor y apenas a 33 días de haber dejado el cargo de secretario de Hacienda, se incorpora al Consejo de Administración del Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC), el gigante financiero con sede en Londres.

En el primer caso, llegó a dirigir Avan-tel, la empresa telefónica del polémico banquero –amigo, desde la juventud, de Vicente Fox, a quien apoyó financieramente en su campaña por la Presidencia–, aunque en realidad Gil fungió como asesor económico, financiero y fiscal del empresario, a quien le organizó, ya siendo secretario de Hacienda de Fox, la venta de Banamex a Citigroup, mediante un cruce de acciones en la bolsa para evitar el pago de impuestos.

En el segundo caso, Gil Díaz no tiene empacho en ponerse al servicio de una entidad financiera trasnacional, a cuya subsidiaria en México –HSBC México, el cuarto grupo financiero más importante del país, después de Citigroup-Banamex, BBVA-Bancomer y Santander-Serfin– le tocó supervisar en su condición de titular de Hacienda y responsable, por tanto, del sistema financiero nacional.

Así, tan sólo a un mes de dejar el cargo –hecho que la ley le prohíbe–, como “consejero independiente” del HSBC Holdings pondrá el caudal de conocimientos y de información de primera mano que le ha dejado su carrera en el sector público, en manos del sector privado.

El hecho ha causado tal malestar social que ya hubo, la semana pasada, un acuerdo entre legisladores de todos los partidos, incluido el PAN, para llevar al pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo a fin de investigar el caso, ya que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos estipula que debe transcurrir cuando menos un año para que un exfuncionario pueda emplearse en actividades privadas relacionadas con su cargo público.

Además, argumentaron, bastante caro cuesta a los contribuyentes mantener a funcionarios de alto rango, como para que se vayan a servir a quienes, por definición, sólo velan por sus intereses particulares.

Sin embargo, la nueva chamba de Gil Díaz no le generó mayor inquietud a la Secretaría de la Función Pública. Su titular, Germán Martínez Cázares, no dio la cara ante las múltiples solicitudes de la prensa. Apenas en un escueto comunicado, emitido tres días después de conocerse la incorporación de Gil al HSBC, “descubrió” que la dependencia “tiene facultades para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o exservidores cuando sus conductas concretas pudieran significar conflictos de intereses”.

Sin mencionar en sus cinco breves párrafos a Francisco Gil Díaz, el comunicado de Martínez Cázares dice que la SFP ejercerá sus atribuciones en el momento que cuente con elementos probatorios suficientes. Pero igual deja entrever que sólo lo hará en cuanto algún ciudadano presente la denuncia o queja correspondiente. Es decir, que por sí misma –de oficio, pues– no hará nada contra el exfuncionario, a quien, en suma, deja a salvo.



Paladín de banqueros



La llegada de Gil Díaz al HSBC Holdings, el segundo grupo financiero del mundo, como se publicita, no es gratuita. Es la culminación de todo un proceso de años: El exfuncionario participó decididamente para que aquel grupo, a finales de 2002, se hiciera finalmente de 99.76% de lo que antes fue el grupo financiero Bital, hoy HSBC.

Parte de las “conductas concretas” que busca la Secretaría de la Función Pública para determinar los “elementos probatorios” que pudieran indiciar a Gil Díaz, se remontan a 1997. En octubre de ese año –encendida la discusión pública por el rescate bancario y al descubierto las tropelías de casi todos los bancos, que le endilgaron al gobierno cuanto crédito chatarra pudieron–, Gil Díaz autorizó, como integrante del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en su calidad de representante del Banco de México, la venta de 19.9% de las acciones del banco Serfin al HSBC.

Desde 1996, quebrado el sistema bancario por efecto de la crisis devaluatoria de diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo encontró como fórmula para recapitalizar a los bancos la entrada de capital extranjero, pero Gil Díaz la exacerbó al grado de que ahora son bancos extranjeros los que dominan el sistema bancario nacional.

Y desde siempre mostró favoritismo para con el conglomerado financiero con sede en Londres, aun en perjuicio de los accionistas mexicanos. Se vio claro con el caso de Serfin. Con el propósito de salvar a este banco, aceptó que HSBC comprara casi 20% de sus acciones a un precio de mil 370 millones de pesos, pero les firmó una claúsula de “protecciones dilutorias”, mediante la cual se le regresaría a los ingleses esa cantidad en caso de que Serfin quebrara. (Por supuesto, los accionistas mexicanos que le inyectaron capital a Serfin no tuvieron ese beneficio.)

Y así sucedió. Para 1999 –cuando Gil ya no estaba en el gobierno ni en el Banco de México, pues era empleado de Roberto Hernández–, Serfin no se pudo levantar por más dinero que le inyectaron. El gobierno, que lo había rescatado vía el Fobaproa, lo intervino al 100% a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pero los inversionistas mexicanos perdieron sus capitales, mientras que HSBC, en virtud de aquella cláusula, recuperó sus mil 370 millones de pesos, así haya tenido que esperar un año.

En efecto, el 23 de mayo de 2000 el español Santander adquirió el total de las acciones de Serfin. Un día antes a los ingleses se les regresó el dinero que habían invertido, pero no se fueron del país, pues el negocio de la compra de bancos saneados por el gobierno era jugoso. Compraron 20% de Bital, también rescatado por el gobierno federal y con la participación de Gil Díaz cuando trabajaba en el Banco de México.

En octubre de 2002, Bital adquirió Banco del Atlántico, que había sido previamente saneado por el IPAB, también con Gil Díaz a la cabeza. Al absorberlo, el valor de sus “pagarés fobaproa” o “notas IPAB” se había incrementado notablemente. Pero aun así, Bital no lograba salvarse de la quiebra, al grado de que sus principales accionistas –las familias Del Valle, Berrondo y Estévez– fueron presionados por Gil Díaz para venderle a HSBC casi la totalidad de sus acciones, hecho que se concretó al mes siguiente.

No fue fácil esa decisión para los ingleses, pues después de los procesos de rescate y saneamiento, los bancos mexicanos valían más por los pagarés que el gobierno debía liquidarles a partir de septiembre de 2005 que por sus propios activos. Cuando se vendió definitivamente el grupo financiero Bital, los pagarés que tenía en su poder valían 63 mil 200 millones de pesos, que generaban intereses anuales por 4 mil 940 millones de pesos, según datos del propio IPAB.

HSBC pagó por la totalidad de las acciones mil 140 millones de dólares, pero a cambio recibiría del gobierno federal la liquidación de los “pagarés Fobaproa”, cuyo valor alcanzó tan sólo en 2003 los 68 mil 646 millones de pesos. Es decir, seis veces más de lo que HSBC pagó.

Pero la liquidación de los pagarés era aún incierta, pues la Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones de las cuentas públicas 2000, 2001 y 2002, consideró que el Fobaproa había adquirido ilegalmente créditos de los bancos, por lo que demandó al gobierno federal descontar de los “pagarés Fobaproa” ciertas cantidades y éstos empezaban a vencer a partir de septiembre de 2005.

Pero no sólo eso. El auditor canadiense Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados para revisar las operaciones del Fobaproa, consideró en 1999 que se habían absorbido por lo menos 72 mil millones de pesos de manera irregular por parte del gobierno. Luego la ley del IPAB, en vigor desde 1999, ordenaba nuevas auditorías a los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, y determinar así la legalidad o ilegalidad de dichos créditos. Todo esto ponía en duda la total liquidación de los “pagarés Fobaproa”.

En 2003, Gil Díaz y su entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens –hoy titular de la dependencia–, intentaron sorprender a la Cámara de Diputados para que autorizara nuevos criterios (distintos a los ya establecidos en el IPAB cuando aún había vocales independientes del gobierno) de la auditoría para favorecer a los bancos, pero Adalberto Palma, vocal independiente, logró frenar la maniobra (Proceso 1383).

Tuvo que pasar un año, ya sin Palma en el IPAB, para que Gil Díaz lograra un convenio con los bancos, con los nuevos criterios, gracias a los cuales éstos no salieron perdiendo, pero sí el gobierno federal. Estas auditorías eran necesarias para que el gobierno pagara estos millonarios documentos a las instituciones de crédito, entre ellas a HSBC.

Quebranto gigantesco



La Secretaría de la Función Pública también tendría elementos para actuar contra Gil Díaz por haber incumplido la Ley del IPAB y ocasionarle un quebranto a la nación por, cuando menos, 72 mil 700 millones de pesos, según consta en la denuncia que ante esa secretaría interpuso el 7 de junio de 2006 un grupo de senadores: los panistas Luis Alberto Rico Samaniego y Javier Corral, los perredistas Miguel Ángel Navarro Quintero y Serafín Ríos Álvarez, y el priista Jorge Abel López Sánchez.

La denuncia es contra todos los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, que encabezaban Gil Díaz y el secretario ejecutivo del instituto, Mario Bouregard. Los cargos que se les imputan son: violar el artículo 5 transitorio del IPAB, que establecía la realización de una auditoría; haber cambiado los términos de referencia con beneficio para los dueños de los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital o HSBC, y haberle generado a la nación un quebranto de 72 mil 700 millones de pesos a valor histórico de 1999.

Los entonces senadores consideraron que Gil y la gente del IPAB actuaron “en franca oposición a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad y eficiencia que rigen en el servicio público... al haber convertido en deuda pública, en contravención de la ley, la cantidad de $72’700,000,000.00... generando un quebranto ilícito y sin justificación al erario público, en beneficio de terceros”.

Concluye la demanda contra Gil Díaz: el funcionario “se aventuró a ordenar otro tipo de revisión, con la intención y mala fe, de salvar a los terceros de asumir la responsabilidad económica de esa cantidad”.

Antes de realizarse las auditorías cuestionadas por los senadores, Gil Díaz frenó la exigencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que a los bancos se les descontara, de la liquidación de sus “pagarés Fobaproa”, cantidades millonarias que no debieron de haberse incluido en el rescate bancario. Y lo hizo a través de la controversia constitucional que interpuso el 25 de mayo de 2004 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde cuestionó las facultades de la ASF, recurso que ganó con beneficio para los bancos.

Proceso intentó entrevistar al secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, para hablar sobre el caso Gil Díaz, pero se negó.



Que me prueben algo...
Ricardo Ravelo

TIJUANA, B.C.- Dueño de una fortuna estimada en más de 3 mil 500 millones de dólares, una red de casas de apuestas que opera en 22 estados de la República y que extendió sus dominios a 12 países, a Jorge Hank Rhon, alcalde de Tijuana, parece no incomodarle que lo relacionen con crímenes, excesos y hasta con el tráfico de drogas o de animales exóticos en peligro de extinción y lavado de dinero.

“No me han probado nada. Nada más falta que me investiguen el tipo de sangre”, suelta con tono seco.

Vestido con pantalón negro, camisa blanca, su habitual chaleco de piel rojo y un reloj Piaget en la mano derecha (todos los días usa uno diferente), Hank Rhon reconoce que esas acusaciones son producto de su “forma de ser” y de su gusto por los animales.

A punto de cumplir 22 años de radicar en Tijuana, Hank Rhon dice que sigue un consejo de su padre, el profesor Carlos Hank González: “Todo lo que esté a tu alcance hacer, hazlo”.

Así, Jorge Hank presume, con voz engolada, que tiene 300 pares de botas y procura mandarse a hacer un par cada mes; que tiene el sistema de apuestas “más sofisticado del mundo”, que sus negocios –principalmente el de las casas de apuestas– se han multiplicado en 12 países, que tiene 22 hijos y que piensa tener más.

Ya se prepara para contender como candidato del PRI a la gubernatura del estado, carrera en la que, dice, no tiene obstáculos: “Yo siempre he dicho que el día que me comprueben algo, yo estoy a sus órdenes, pero no se vale hablar sin bases”, comenta mientras conduce una camioneta rumbo a dos actos en sendas colonias populares.

Por eso el jueves 4 fue determinante para sus aspiraciones. Ese día, los militares que encabezan el operativo contra el narco en la ciudad decidieron concentrar, desarmar e investigar a todos los policías municipales por sus presuntos vínculos con el cártel de Tijuana y con los asesinatos de jefes en 2006.

Pero el mismo día, y después de un largo litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le allanó el camino a Hank Rhon hacia la gubernatura de Baja California, al anular la reforma electoral local promovida por el PAN, que impedía a los servidores públicos en funciones abandonar su cargo para contender por otro. Con la determinación de la corte, Hank sorteó ese obstáculo.

De inmediato, el alcalde de Tijuana retomó sus giras semanales por las colonias populares, en abierta campaña política: inauguró obras y prometió más beneficios para las clases necesitadas. En Divina Providencia –una demarcación paupérrima– comió birria con frijoles, se tomó dos tequilas y se fumó dos cigarrillos. Y entre besos y abrazos se despidió de niños, mujeres y ancianos.

Las envidias



Hank refiere que varias de sus casas de apuestas en Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, han sufrido ataques. Un comando armado amagó a los empleados y cerró los negocios. “Me ofrecieron apoyo, pero siguen cerrados”.

–¿Quién fue?

–El narco.

–¿No le pesa cargar con tantos señalamientos? –se le pregunta mientras maneja.

–No comprueban nada. Dicen que mandé a matar al Gato Félix, a Luis Donaldo Colosio, a (José Francisco) Ruiz Massieu, al cardenal Posadas… En algún momento dijeron que lavaba yo dinero y que traficaba. Ninguna acusación tiene bases ni fundamento. Cuando tengan bases, pues yo estoy a sus órdenes. Pero como ves, yo circulo, y circulo por toda la ciudad y por todas partes porque tengo la conciencia totalmente tranquila.

–¿A qué atribuye que usted atraiga tanto los reflectores?

–Obviamente a mi manera de ser…

Y se define: “Soy como me ves, trato de no lastimar a la gente y sí ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Me gustan los animales, tengo un zoológico privado totalmente legalizado, que es el Parque Zoológico Internacional de Tijuana. Me gustan las botas y tengo más de 300 porque me hago una al mes desde hace muchos años. Me gustan los niños; Dios me ha hecho el favor de favorecerme y espero que me dé más. Lo que me gusta, me gusta mucho... A diferencia de muchos otros, yo no trato de esconder lo que tengo. Lo que me produce lo gasto, y lo hago con muchísimo gusto, y por consiguiente eso crea suspicacias y envidias entre la gente.

–¿Así ejerce usted su libertad?

–Es una forma de vida, nunca lo he visto como ejercer o no ejercer. Tengo un librito que me enseñaron mis padres, el cual establece que lo que se puede hacer lo hago, y lo que no se puede hacer trato de evitarlo al máximo. Y lo que me gusta lo gozo verdaderamente… Disfruto la compañía, estoy con quien me gusta estar. Y si no me gusta estar, pues no me voy a meter a ese lugar. A lo mejor esa falta del estereotipo del mexicano les molesta a los demás…

–¿Esa es su forma de vivir intensamente?

–Siempre he dicho que lo que puedes hacer para repartir es tener. Entonces reparto lo que me sobra dentro de la fundación Cuauhtémoc Hank y reparto la felicidad, porque soy feliz y vivo intensamente, gozo intensamente a mi familia, a mis hijos y a mis animales.



El cártel



A menudo se le han señalado ligas con el cártel de Tijuana, pero cuando se le pregunta a Hank Rohn si ha convivido con ellos, responde:

–Con ninguno, que yo sepa. En algún momento dijeron que alguien tenía una fotografía mía con alguno de los Arellano, y les dije que, indiscutiblemente si hay una fiesta de mil personas, a lo mejor ahí me los encontré y a la mejor hasta me sacaron fotos sin yo conocerlo.

–¿Conoce a algún miembro de esa familia?

–A ninguno.

Informes del Centro Binacional de Derechos Humanos establecen que existe una complicidad de dos décadas entre la policía local y el cártel de Tijuana.

–¿Es real ese vínculo? –se le pregunta.

–No te puedo decir si lo tenían o no. Yo no estaba en ese entonces. Lo que sí te puedo decir es que aquí se solapó durante muchísimos años a estas personas y eso hizo que se metieran en la sociedad impresionantemente. Es una generación completa de todos aquellos jóvenes que ahorita son testigos protegidos o están detenidos o en la cárcel. Una gran mayoría de ellos eran jóvenes de la sociedad que los involucraron, que los metieron, que los marearon con el hecho del dinero fácil.

–Con los golpes asestados al cártel de Tijuana, ¿usted opina que ese grupo criminal está exterminado?

–No, para nada. Se llevaban a las cabezas, pero no a todos los demás. A cualquiera de los capos los protegen 10, 20 o 30 gentes y 100 gentes. Y a sus lugartenientes, la misma cantidad. Ésos siguen aquí. A El Tigrillo se lo llevaron porque andaba fuera, pero si hubiera estado aquí (no lo detienen) porque ellos siempre andan rodeados de mucha gente.

Hank explica que en algún momento mucha gente contratada por el cártel de Tijuana tuvo que buscar otro negocio y se dedicaron al secuestro. Y sobre el boom del narcotráfico, lo explica con una frase del expresidente Díaz Ordaz –“que descanse en paz”–: mientras haya alberca habrá trampolín. Se refería a los consumidores de droga de Estados Unidos.

También explica a su modo la violencia contra la Policía Municipal tijuanense: “Hemos pisado muchos callos, son represalias en contra de la gente que hace su trabajo, aunque la SIEDO tiene otra postura y, con base en sus investigaciones, sostiene que la policía local está infiltrada por el narco”.

–En un informe de la PGR se afirma que una parte de la iniciativa privada de Tijuana está relacionada con el lavado de dinero.

–Indiscutiblemente debe de haber alguien que les limpie el dinero, sí, pero que sea tijuanense o que se haga aquí, no tengo ningún conocimiento. Se me hace una afirmación muy a la ligera el hecho de catalogar así a los empresarios. Eso incluye a todos y eso se me hace una falta de respeto. Estoy convencido de que si hay algunos, es un porcentaje muy menor”.

En Tijuana, Jorge Hank sigue siendo noticia por sus prolongadas ausencias de la alcaldía, aparentemente injustificadas, por los excesos de su vocabulario y hasta por darse el lujo de contratar a Luis Miguel para que cantara en la boda de su hija, hace un mes. “Así me gusta vivir”, comenta en el estacionamiento del Palacio Municipal y se enfila hacia el elevador. ?


Washington aplaude, pero...
J. Jesús Esquivel

Agentes de la DEA aseguran que el gobierno de Felipe Calderón tiene una carta fuerte para combatir con eficacia al narcotráfico: los militares, quienes están táctica y logísticamente mejor capacitados que las corporaciones de justicia civiles. Sin embargo, reconocen que los recientes operativos, aunque necesarios, tienen sus peligros porque, dicen, los militares son vulnerables a la corrupción de los cárteles.



WASHINGTON.- La participación del Ejército mexi-cano en el combate al narcotráfico es “necesaria pero demasiado riesgosa”, asegura el especialista de la agencia antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) Larry Leon.

Y explica que, a pesar de que el gobierno de Felipe Calderón considera a los militares como su carta más fuerte para combatir a los cárteles, podría haber más muertes, dada la peligrosidad de los sicarios de los grupos que controlan varias localidades en el estado de Michoacán y en Tijuana.

Leon, quien trabaja como agente de la DEA en la supervisión del problema del narcotráfico en México y Centroamérica, explica también que los militares no están exentos de la corrupción de los cárteles, que en los últimos años han infiltrado a los cuerpos policiacos del país.

Steven M. Robertson, compañero de Leon en la DEA, dice a Proceso: “Hemos escuchado que algunos agentes de la policía y altos mandos de las Fuerzas Armadas de México trabajan para el narcotráfico”.

Y hace una comparación. “En Estados Unidos –dice– hay corrupción dentro de la agencia aduanal y en la misma DEA; algo similar sucede en México con las Fuerzas Armadas, que son como cualquier otra entidad gubernamental y corren el riesgo de caer en la corrupción. La gran diferencia es que cuando ésta se descubre, las autoridades actúan de inmediato”.

“Eso le da confianza (a la DEA) para ampliar incluso su nivel de cooperación. Trabajamos de manera muy cercana con el Ejército mexicano e intercambiamos información de inteligencia con ellos”, destaca Robertson.

Al igual que Leon, Robertson rechaza que el aumento de la violencia en México se deba a que los cárteles se hayan vuelto más poderosos, pero considera que los operativos militares en Michoacán y Tijuana sí son necesarios.

Ambos agentes lamentan que, por cuestiones constitucionales, en Estados Unidos sea más complicado utilizar al Pentágono para contener al narcotráfico. “Nosotros no podemos hacer una cosa similar porque nos lo impide el sistema legal, pero en México sí se hace y creemos que este tipo de operaciones tienen un gran impacto en la lucha contra el narcotráfico”, subraya Robertson.

Y es que en la DEA se recuerda uno de los casos más sonados de corrupción de militares, como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, arrestado en 1996, quien colaboraba con el entonces jefe del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.

El agente estadunidense asegura que la DEA se alarmó cuando, al llegar a Los Pinos, Vicente Fox nombró como procurador General de la República (PGR) a un militar: el general Rafael Macedo de la Concha, pero ahora aplaude la intervención de las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra el narcotráfico.

Dice que la agencia estadunidense considera que el Ejército Mexicano está “táctica y logísticamente” mejor capacitado que las corporaciones de justicia civiles para contrarrestar los problemas de violencia por narco en Michoacán, Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua y otros estados del país.



Contradicciones



Steven M. Robertson asegura que las grotescas ejecuciones y decapitaciones de personas en Michoacán, Guerrero y otras entidades del país a manos de sicarios del narcotráfico que se disputan el control de las rutas de tráfico y producción de enervantes, no le sorprenden a la DEA. Desde los ochenta, dice, “hemos visto crímenes de ese tipo tanto en México como en Estados Unidos.

Quizá lo novedoso sea que en México “la prensa tiene más libertad y está haciendo un recuento más preciso de las actividades y los crímenes violentos de los capos de la droga”, apunta.

Respecto del operativo militar que se está realizando en Tijuana, la DEA destaca que es un “paso positivo” que el Ejército haya instalado retenes para confiscar armamento y controlar el crimen organizado en esa ciudad. El contrabando de armas, que en su mayoría proceden de Estados Unidos, es una de las principales causas de la violencia en esa región.

La DEA señala que la organización de los hermanos Arellano Félix es la principal responsable de la violencia en Tijuana, pese a que este argumento se contrapone al que dicha agencia estadunidense difundió el 14 de agosto del año pasado, cuando la Guardia Costera arrestó a Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo, supuestamente en aguas internacionales frente a las costas de Baja California.

Karen P. Tandy, administradora de la DEA, declaró en esa ocasión que con la detención de El Tigrillo “se derrocaba a una dinastía construida con base en la violencia y al tráfico de drogas que favorece la destrucción de esta brutal organización que tanto daño ha causado a México y Estados Unidos”.

Sin embargo, el agente Larry Leon no ve ninguna contradicción y aclara que tras el arresto de El Tigrillo, “Enedina Arellano Félix se hizo cargo de esta organización. El asesinato de su hermano Ramón (febrero de 2002), así como los arrestos de sus otros hermanos: Francisco Rafael (1993), Benjamín (marzo de 2002) y Francisco Javier (agosto de 2006) fueron un golpe duro para la organización, pero los reemplazaron rápidamente. Esa organización no ha sido desmantelada. ¿Qué tan poderosa es actualmente? No lo sabemos todavía”, anota.

Y Robertson lo secunda: “Tal vez los arrestos de algunos de los integrantes de esa organización hayan afectado su eficiencia, pero como ésta sigue ganando dinero quizá ya se haya recuperado”.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de la PGR de México consideran que Enedina Arellano Félix, así como sus hermanas Isabel y Alicia María y sus hermanos Javier y Carlos, heredaron un imperio de poder dentro del crimen organizado que los obliga a seguir operando al más alto nivel de violencia. Además, por sobrevivencia, se han visto obligados a aliarse con otros cárteles de México y de Sudamérica.

Robertson es tajante porque, dice, “ante organizaciones criminales tan poderosas, creemos que una fuerza efectiva para contrarrestarlas es la del Ejército mexicano”.

Un funcionario del gobierno de México, quien pidió omitir su nombre, asegura a Proceso que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, “ya solicitó oficialmente que se extienda a su estado la operación militar contra el narcotráfico”, después de que concluya en Tijuana y en el estado de Sinaloa.

El funcionario adelantó incluso que en las próximas semanas el presidente Felipe Calderón realizará una gira por Chihuahua, entidad donde tiene su sede el cártel de Juárez. “Es importante este hecho porque extrañamente durante el sexenio del presidente Fox y en la gubernatura de Patricio Martínez, el estado de Chihuahua y en especial Ciudad Juárez, no fueron tocados por el Ejército Mexicano.


Amigos, enemigos
Antonio Jáquez

Jorge Castañeda, quien enfrenta una demanda de Televisa en un juzgado civil a causa de una pauta publicitaria no pagada, dice que ese litigio parece motivado por el encono que le tiene Bernardo Gómez Martínez, ejecutivo de esa empresa y brazo derecho de su accionista principal, Emilio Azcárraga Jean.

Gómez le atribuye a Castañeda la divulgación de sus vínculos con el gobierno de Fidel Castro y su parentesco con el exguerrillero Jorge Martínez Rosillo, agente de Cuba en México y a quien incluso se liga con el levantamiento zapatista en Chiapas, historia revelada por Proceso (número 1490, de mayo de 2005).

Entrevistado el sábado 30 de diciembre en su departamento de Polanco, Castañeda cuenta que sus desencuentros con Televisa no son nuevos: “en realidad hemos tenido una relación de altas y bajas”. En 1993, por ejemplo, la televisora cortó abruptamente la transmisión de una audiencia ante el Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos, en la que participaba Castañeda junto con los otros mexicanos invitados, Amalia García y Miguel Basáñez. Denunció el hecho, y, en respuesta, el conductor Jacobo Zabludovsky despotricó contra Castañeda por 15 minutos.

Otra discrepancia ocurrió en la campaña de 1999, cuando denunció que Televisa podría dar un albazo electoral con base en encuestas de salida no autorizadas. Después hubo un período en el que las cosas funcionaron fluidamente. “Incluso, el primer año después de mi salida del gobierno, debo reconocer que los directivos de Televisa, Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, Leopoldo Gómez, se portaron bien y su empresa me trató muy bien. Todo el 2003 no hubo problema”.

La pauta fatal

A principios de 2004, Jorge Castañeda lanzó su “candidatura ciudadana” y compró tiempo en Televisa, en TV Azteca y en otros medios. “Televisa me dio buenos precios, fue una compra de 10 millones y pico de pesos, que fui pagando puntualmente. A partir de julio-agosto de 2004, cuando estaba en el punto más alto al que llegué en las encuestas, aproximadamente del 7%, desaparezco del aire sin explicación alguna. La explicación tácita que daban es: sólo pasan los asuntos que son noticia. No eres noticia, no pasas”.

Contrató otra pauta a principios de 2005, “en busca de más fondos para intentar subir en las encuestas. Pero no se pudo. Esta pauta es la que es objeto del litigio actual. Hasta finales de 2005 pagué lo que pude, pero de cualquier manera seguí sin aparecer en pantalla, e incluso los comentaristas de Televisa que colaboran en otros medios empezaron a pegarme por cualquier cosa”.

Y de repente, en marzo de 2006, Castañeda fue notificado de que Televisa interpuso una demanda en su contra en un juzgado civil de la Ciudad de México por 5 millones de pesos. Pero en su versión, “en realidad les debía 3 millones, tal y como lo reconocieron después. Si yo fuera el único deudor moroso de Televisa, entendería que me demandaran, pero Proceso y otros medios se han ocupado de la enorme deuda del PRD con Televisa por la campaña del 2000, por un monto de unos 15 millones de dólares, y no recuerdo que Televisa haya demandado al PRD. Vino pagando, pero pagó tres años después y no sabemos si pagó todo”.

–¿Entonces cree que la demanda no fue por motivos económicos, sino por la molestia de Gómez con usted?

–Es una de las explicaciones. Una demanda así se decide arriba y no tengo ninguna razón para suponer que se hizo por órdenes de Emilio Azcárraga Jean (tengo una muy buena relación personal con él), ni tampoco funa decisión de Alfonso de Angoitia, que maneja todos los aspectos jurídicos. Entonces yo supongo que, si se decidió arriba, el único que pudo hacerlo es Gómez. Pero no me consta.

Los “poderes exóticos”



A fin de llegar a un acuerdo, se reunió con Azcárraga Jean en Nueva York mediante gestiones de un amigo común . “Lo cuento ahora porque ya lo divulgó Joaquín López Dóriga, atribuyéndoselo a Emilio Azcárraga, lo cual no me consta, pero sí me consta que López Dóriga lo divulgó en su programa de radio hace dos semanas. Dijo que yo me había reunido con Emilio Azcárraga y que lo había amenazado y chantajeado. Puras mentiras”.

Las cosas, asegura, fueron más sencillas: “Me reuní con Emilio y nuestro amigo común en las oficinas de los abogados de Televisa en Nueva York. Se da este primer encuentro, tenso, pero que termina bien, en donde le planteo que se resuelva lo de la demanda y lo de ciertos vetos que pueden existir contra mí. Esto fue a finales de mayo, estaban en plenas negociaciones para la compra de Univisión. No es imposible que ese haya sido el motivo por el cual haya habido disposición a platicar, dado que se me atribuyen todo tipo de poderes exóticos en Estados Unidos”.

Unas semanas después se volvió a reunir con Azcárraga en Miami; ese “fue un encuentro mucho más cordial. Antes de la final del mundial de futbol nos vamos a un brunch al Ritz Carlton de Coconut Grove… Platicamos muy a gusto de futbol, de la televisión, de Calderón. Me dijo que no iba a ser fácil el regreso a la pantalla en el corto plazo, pero que los otros temas se podrían resolver y que la demanda se podría arreglar con la propuesta que hizo nuestro amigo, de que yo le pagara la deuda a Televisa en especie. Esa instrucción bajó hasta los abogados de Televisa y, en septiembre, se presentó un documento en el juzgado por el que se suspende el proceso mientras las partes llegan a un acuerdo”.

Televisa aceptó en principio la propuesta de pago en especie, “porque problablemente creyeron que yo tendría un puesto en el equipo de Calderón, y les expusimos en un escrito que podría pagarles con conferencias, artículos, comentarios radiofónicos ¿A qué tasa? Pues a la del mercado. Pero desde entonces, no hemos tenido respuesta. Nada”.

–¿Gómez estuvo de acuerdo con su propuesta de pago en especie?

–Tengo entendido, por amigos de Estados Unidos, que Bernardo se molestó mucho por mis encuentros con Emilio y por el acuerdo al que llegamos.

Todo esto, señala, “se da en el contexto, y esto es lo más importante, del ambiente antimonopólico que hay en México, que va contra algunas empresas públicas y privadas, sindicatos, intelectuales. La comentocracia, los abajofirmantes como se les llamaba antes, también es un monopolio: son los mismos en cada medio o somos los mismos, para que no digan que me excluyo”.

Otro elemento importante “es el intento fallido de Televisa por comprar Univisión, cuando se puso a la venta en mayo del año pasado. La compró Haim Saban, un amigo muy cercano de los Clinton y del Partido Demócrata, con quien estuve el año pasado en su casa de Acapulco”.

Una tercera razón, dice Castañeda, es que “en el cambio de sexenio se empieza a dar toda una discusión, en Televisa y en círculos cercanos a Calderón, según me cuentan, sobre cómo va a hacer la relación del nuevo gobierno con esta empresa. En este contexto, surgen las dudas sobre si se va Gómez o no se va, si lo sacan a otro país o lo dejan. Tengo mis dudas: creo que en el fondo Bernardo está fintando y va a ejercer el mismo mando que ha ejercido hasta ahora y que, hay que reconocerlo, le ha rendido buenas cuentas a Televisa, que es la que finalmente le paga”.

–Su posición antimonopolios, sobre todo contra Televisa, parece un asunto personal, originado en su molestia porque lo sacaron del aire –se le plantea.

–Tan no es un asunto personal, que he insistido en la necesidad de regular los monopolios sindicales, y en particular el del SNTE, manteniendo una muy buena relación personal con mi vecina y casera, Elba Esther Gordillo. Y tengo una buena relación personal con otros líderes, con empresarios e incluso con otros ejecutivos de Televisa, incluido Azcárraga Jean. En mi caso no es nada personal, no sé si en el de Bernardo; habrá que preguntarle a él.


Autocracia Televisiva
Jenaro Villamil


No hay límites para la ambición de Televisa. No conformes con avasallar al Congreso, usar a la Presidencia y tomar por asalto los órganos de regulación de la industria, los dueños de la pantalla castigan y eliminan a quienes se atreven a desafiar sus prácticas monopólicas. Tal es el caso, por ejemplo, del Grupo Saba...

En el marco de los reacomodos en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los operadores de Bernardo Gómez se preparan para desatar la vendetta contra excomisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que argumentaron ante los ministros la anticonstitucionalidad de la Ley Televisa.

Los primeros ajustes de cuentas corren a cargo del director jurídico del consorcio y brazo operativo de Bernardo Gómez, Javier Tejado Dondé. Este directivo de la televisora aseguró que los exintegrantes de la Cofetel fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en lo que habría constituido “la primera sanción seria” del gobierno de Felipe Calderón contra la administración foxista.

Durante su participación como “especialista en telecomunicaciones” en el programa radiofónico Fórmula Financiera, el pasado 21 de diciembre, a las 21:30 horas, Tejado detalló durante 11 minutos –y sin que los conductores Maricarmen Cortés y David Páramo le solicitaran pruebas de sus afirmaciones– que el órgano de control interno de la Cofetel inhabilitó por un año al expresidente Jorge Arredondo y a los excomisionados Clara Luz Álvarez y Abel Mauro Hibert, a raíz de que concesionarios de radio y televisión de la frontera norte los acusaron de adoptar criterios lesivos para sus intereses.

Protagonista de un escándalo que se detonó el 1 de marzo de 2006, cuando el diario El Universal reveló una serie de presiones para que organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (Canieti) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) respaldaran la Ley Televisa, Tejado Dondé acusó también a los excomisionados, en particular a Jorge Arredondo, de haber sido ineficaces y de participar en presuntos casos de corrupción, como la compra de vehículos y la operación de “un programa muy costoso de archivo electrónico telefónico” en el que se gastaron 60 millones de pesos.

En tono festivo, los conductores del programa calificaron esta “primicia” como el primer “quinazo” del gobierno de Felipe Calderón o el primer germanazo, en referencia a Germán Martínez, actual titular de la Secretaría de la Función Pública.

Lo que Tejado Dondé omitió decir es que su encono contra Jorge Arredondo, Abel Mauro Hibert Sánchez, Clara Luz Álvarez González del Castillo y Salma Leticia Jalife Villalón, se debe en buen medida a que los cuatro renunciaron a sus cargos de la Cofetel el 11 de abril de 2006, en protesta por la promulgación de la Ley Televisa.

El 17 de marzo, todavía en sus puestos, los comisionados enviaron a la Cámara de Senadores, y el 5 de abril a la Presidencia de la República, al secretario de Gobernación (Carlos Abascal), al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Pedro Cerisola) y a los titulares de Innovación Gubernamental (Ramón Muñoz), de Políticas Públicas (Eduardo Sojo) y al consejero jurídico de Fox (Juan de Dios Castro), unos documentos en los que advertían que las reformas propuestas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones despojarían al Estado de su rectoría sobre los bienes de la nación; también se demostró la dominancia de los concesionarios de televisión, en especial de Televisa y TV Azteca.

Después de su renuncia, Clara Luz Álvarez y Salma Leticia Jalife presentaron el 22 de agosto un extenso estudio de 63 cuartillas ante la SCJN, en su calidad de amicus curie (amigas de la corte), en el cual critican los efectos de la Ley Televisa y señalan claramente que sus artículos 16 y 28 contravienen la Constitución.

Las excomisionadas sostuvieron dos reuniones con los ministros Salvador Aguirre Anguiano (responsable de definir si esa ley es anticonstitucional), así como con Olga Sánchez Cordero y Genaro Góngora Pimentel. La primera reunión se realizó a mediados de julio, y al mes siguiente presentaron el mencionado estudio, del cual Proceso tiene copia.

El análisis contiene críticas a la Ley Televisa porque otorga ventajas competitivas a Televisa y TV Azteca, establece un refrendo automático a sus concesiones, crea barreras de entrada para nuevos competidores y, por si fuera poco, genera una especie de “derechos reales” sobre el uso del espectro.

Fuentes de la SCJN señalan que los ministros pueden resolver en las próximas semanas que algunos artículos de la Ley Televisa son “parcialmente” anticonstitucionales.



Intimidación



Consultada sobre la supuesta inhabilitación, la excomisionada Clara Luz Álvarez afirma que hasta el momento no se le ha notificado de una medida semejante y que la Secretaría de la Función Pública no la ha citado.

En cuanto a la denuncia de los concesionarios de la frontera, señala que “lo importante es que Tejado Dondé revela información que es reservada porque todavía está en curso un procedimiento de investigación. Me parece más bien un ajuste de cuentas o un intento de desvirtuar la carrera de quienes estuvimos en Cofetel y no apoyamos los intereses de Televisa”.

Álvarez fue la responsable del área jurídica en Cofetel, y aclara que durante su labor en ese organismo era común que las grandes empresas de telecomunicaciones “utilizaran el instrumento de la queja para amedrentar a los funcionarios”. Incluso, recuerda que en 2005 la empresa telefónica Nortel presentó una denuncia contra el pleno de la Cofetel por supuesto daño patrimonial. “Se invirtieron 700 horas a nivel de cada comisionado para defendernos. Finalmente, la empresa se desistió y congeló la demanda”, puntualiza.

En ese entonces, uno de los asesores jurídicos de la demanda de Nortel contra la Cofetel fue Eduardo Ruiz Vega, actual comisionado del organismo y quien fue mencionado como parte de la red de “asesores independientes” presentados por Javier Tejado Dondé para apoyar la Ley Televisa.

El expediente de inhabilitación que mencionó Tejado en el programa de Radio Fórmula es, al parecer, el RE-03/ 2005; se trata de una demanda de las empresas G Tel Comunicaciones y B Tel en contra de los excomisionados de Cofetel, en virtud de que éstos las afectaron al aprobar un procedimiento interno para promover “mayor competencia en la frontera de México para la instalación de enlaces privados trasfronterizos, utilizados especialmente por empresas mexicanas exportadoras y maquiladoras”.

Las empresas acusan a los excomisionados de omisión, al no llevar a cabo el procedimiento de mejora regulatoria conforme al artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y piden como sanción que se les inhabilite por un año para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Operaciones políticas



El exsenador panista Javier Corral identificó a Javier Tejado Dondé como el autor intelectual de las reformas que se aprobaron el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados y que posteriormente se conocieron como Ley Televisa.

El dictamen, que se aprobó sin discusión alguna “tiene la huella digital de Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, y de Javier Orozco Gómez, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados y antiguo asesor del propio Tejado Dondé. La iniciativa del diputado Miguel Lucero Palma reproduce íntegramente textos de la autoría de Tejado Dondé y de Orozco Gómez”, declaró Corral en aquella ocasión.

Por su parte, la entonces diputada federal del PRD Dolores Gutiérrez, quien apoyó sin cuestionamiento alguno la Ley Televisa en su calidad de secretaria de la Comisión de Radio y Televisión, declaró que antes de que la reforma se aprobara por unanimidad el 1 de diciembre de 2005, en menos de siete minutos, Tejado les ofreció a los partidos políticos y a sus candidatos presidenciales espacios gratuitos en radio y televisión para que difundieran sus propuestas electorales.

Además de director jurídico de Televisa, Tejado Dondé es identificado como uno de los brazos operativos del vicepresidente del consorcio, Bernardo Gómez. Incluso, cuando éste presidió la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) entre 2000 y 2002, Tejado fungió como presidente de facto, debido a las múltiples ocupaciones de su jefe.

El 1 de marzo de 2006 el periódico El Universal reveló una serie de grabaciones telefónicas que se conocieron como la operación Torniquete porque en ellas Javier Tejado Dondé le sugiere a Rafael Aranda, de la telefónica Alestra, que presione a la presidenta de la Canieti, María Teresa Carrillo, para que ceda en su oposición y apoye públicamente la Ley Televisa.

En otra de las conversaciones grabadas, Javier Tejado le ordena a Claudia Romano, funcionaria de Televisa, que le remita a Eduardo Ruiz Vega el documento que elaboró el investigador Ernesto Piedras para conseguir el aval de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El organismo acabó apoyando las reformas en un desplegado que se publicó en varios periódicos nacionales.

Durante las consultas realizadas por los ministros de la SCJN para escuchar a las distintas partes sobre la Ley Televisa, Tejado ha defendido la constitucionalidad de las reformas. Argumenta que tanto Televisa como TV Azteca tienen “derechos adquiridos” sobre el espectro radioeléctrico concesionado y que, por lo tanto, pueden quedarse con el espectro sobrante de las frecuencias analógicas que les entregó el Estado.

Recientemente, Tejado Dondé ha señalado en sus colaboraciones para la radio y la prensa que la conformación de una tercera cadena televisiva es un despropósito. Al respecto, Proceso tuvo acceso a información en el sentido de que Televisa neutralizó ya la pretensión de Isaac Saba y de sus socios en Estados Unidos de obtener concesiones para una tercera cadena de televisión abierta en México.

Del Villar, junto con el especialista Jorge Martínez Pous y el director de Canal Once, Julio di Bella, formó parte de la primera terna de integrantes de la Cofetel que no fueron del gusto de Televisa ni de TV Azteca.

En este contexto, la gente de Bernardo Gómez busca nuevas posiciones en la administración federal, después de que Arely Gómez González fuera designada como titular de la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Secretaria general de Mariano Azuela cuando éste presidió la SCJN, Gómez González es hermana de Bernardo y del vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez.

La nueva funcionaria de la Procuraduría General de la República no tiene experiencia en materia electoral, pero eso no fue obstáculo para que el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora (amigo y socio de Bernardo Gómez en la empresa CreaTV) le diera esa responsabilidad.

Arely Gómez ha sido también oficial mayor de la SCJN y secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala del Tribunal Fiscal, y se inscribió en la lista de candidatos a ocupar una de las vacantes en el Consejo de la Judicatura Federal. Apenas el 5 de enero, en desplegados publicados en periódicos de circulación nacional, el Senado de la República incluyó a Gómez González en la lista de 29 aspirantes.