Preparense Macuarritos de Fox,ya les llegar la hora,a esos LAVA-DOLARES que metieron dinero a la campañita de Chente el BRUTO.
Amigos de Fox: viene el salpicadero
Jesusa Cervantes y Antonio Jáquez
Parecía más que suficiente: el conflicto en Oaxaca, la evidente reaparición de la guerrilla, los desaires del Congreso, los gazapos de un día sí y otro también… Pero al presidente Fox le faltaba algo para llegar a un perfecto final infeliz en su sexenio: ser demandado –junto a Lino Korrodi– por los abogados que los defendieron en el caso Amigos de Fox, a quienes no les pagaron sus honorarios. Será un proceso judicial –ya comenzó a serlo– que manchará a muchos de los integrantes del llamado “gobierno del cambio”… y también del que lo va a suceder.
La demanda de los abogados particulares de Vicente Fox y Lino Korrodi, interpuesta porque no les fue pagada la defensa del presidente en el caso Amigos de Fox, reavivó las dudas que no resolvió en su momento el Instituto Federal Electoral (IFE).
La Presidencia de la República pretendió minimizar el caso a través de su vocero Rubén Aguilar, quien dijo que “es un asunto entre particulares que se deberá resolver en los tribunales”.
Pero según Korrodi, recaudador de los fondos de la campaña de Fox en 2000, el problema se manejó desde la cúspide del poder como un operativo de Estado, con la participación directa del primer círculo del gobierno federal.
“El propósito del operativo –dice Korrodi en entrevista con Proceso– fue mantenerse en el poder, además de intentar lavarle la cara a Vicente Fox y al propio PAN, ya que se acercaban las elecciones intermedias de 2003.”
Revela que Amigos de Fox fue un tema político que el presidente “abordaba cada lunes a las 7 de la tarde con los miembros de su gabinete”. En la entrevista describe, además, parte del complejo operativo financiero para recibir los millonarios recursos, confirma las investigaciones que a lo largo de tres años publicó Proceso y da la pauta para reabrir el caso y sancionar a quienes cometieron irregularidades, incluido Fox.
Tanto Lino Korrodi como el exconsejero electoral Jaime Cárdenas (quien participó en la investigación y denunció lo que hoy revela el operador financiero) también consideran necesario llamar a cuentas a Alonso Lujambio, expresidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral y quien elaboró, junto al entonces secretario técnico de la comisión y actual consejero electoral, Arturo Sánchez, el dictamen que exoneró a Fox y a actuales funcionarios del gobierno federal.
Por las declaraciones de Korrodi, dice Jaime Cárdenas, es posible reabrir el caso, ya que hay nuevas evidencias –“que aunque las tuvimos, nunca fuimos a fondo en la indagación”– y se le pueden fincar responsabilidades penales y administrativas.
Operativo de Estado
En la veintena de cartas que Lino Korrodi le envió al presidente entre 2003 y 2006 para que se finiquitara el asunto de la asociación civil, el operador financiero hace importantes revelaciones.
Una de esas misivas dice: “Por último te informo que he recibido amenazas veladas, una de ellas de Daniel Cabeza de Vaca, independientemente que el Cisen tiene intervenidos tres teléfonos de mi oficina y el de mi casa, lo cual me parece criminal de parte del gobierno”.
Korrodi cuenta que Fox en algún momento le dijo: “No, tú quieres seguir, si yo quiero te chingo”. Y que él le contestó: “Bueno Fox, si tú decides y esa es amenaza, pues adelante, ya la han hecho. ¿Qué más quieres hacer?”.
Ante la pregunta de si se realizó un operativo de Estado para deslindar a Vicente Fox de las investigaciones y culparlo sólo a él y a las hermanas Robinson Kawachi, responde el empresario:
–Ahí está. ¿Quién fue por informes a las oficinas de los abogados, quién uso un micrófono en mi carro, investigó mis pasos, quién dio línea a un periódico para decir que estuve en la cárcel? ¿Eso de quién viene? Del exconsejero Jaime Cárdenas, del PRD o del PRI, no”.
–¿Entonces sí fue todo un operativo de Estado para salvar a Vicente Fox? –se le insiste.
–Ahí están los hechos. Que me diga la gente responsable, el mugroso de Santiago Creel, el mismo Diego Fernández de Cevallos, que estuvieron involucrados en todo esto. El mismo presidente de la República. Yo les pedí que investigaran eso y nunca hubo respuesta. Santiago se hizo güey.
–¿Amigos de Fox se convirtió en un asunto de Estado?
–En los hechos, si tú ves el escándalo que se hizo de Amigos de Fox, aquí era necesario por las elecciones de 2003, pues de alguna manera se quería limpiar la cara al gobierno, al PAN. ¿Y qué había que hacer? Pues meter en la hoguera a los Amigos de Fox, por eso se hace todo eso en contra mía y yo pierdo credibilidad. Era atacado salvajemente por todo mundo.
–¿Entonces sí se convierte en asunto de Estado?
–Ahí que sean los políticos los que digan si era un asunto de Estado. Pero los hechos ahí están, que así se manejó y así fue.
–¿Vicente Fox violó la ley?
– No soy político ni soy abogado, ni estoy enterado de qué tanto violó o no la ley. Son las instancias las que deben trabajar para ver si eso ocurrió.
–Pero usted reconoce que en la campaña ingresó dinero que no está permitido por la ley electoral. Incluso comentó en el noticiero de Carmen Aristegui que le dijo en algún momento a Fox: “No daba un paso si no era con la anuencia tuya; estabas consciente de mis empresas que íbamos a usar...”, y también dijo que hubo dinero no lícito, por las aportaciones de empresarios...
–En ese caso (aportaciones de empresarios) las autoridades determinaron que hubo excesos de gasto de campaña y que, por lo tanto, se violó la ley y algo del IFE, por eso se tuvo que pagar la multa.
El papel de Lujambio
Las nuevas revelaciones de Lino Korrodi involucran directamente a quien fue el encargado de realizar las indagaciones en el IFE, Alonso Lujambio, pues él habría estado enterado de que 15 millones de pesos salieron del Senado de la República para apoyar la campaña presidencial de Fox.
Según Korrodi, el entonces senador y actual secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, operó la salida de los recursos, que autorizó el entonces coordinador de la bancada, Gabriel Jiménez Remus. Los cheques llevarían la firma de Juan de Dios Castro, entonces senador y actual director jurídico de la Presidencia de la República.
En entrevista, Korrodi explica que Diego Fernández, coordinador de los senadores panistas de 2000 a 2006, y Santiago Creel, primer secretario de Gobernación de Fox, saben cómo se dio el acuerdo con Alonso Lujambio para culpar de la desviación de dinero del Senado únicamente a Laura Robinson –hermana de Carlota Robinson Kawachi– y al Instituto Internacional de Finanzas de León, que encabezaba el actual secretario de Relaciones Extreriores, Luis Ernesto Derbez.
Pero el IFE no consideró que hubieran entrado 15 millones de pesos a la campaña foxista, sino únicamente 2 millones, y lo que finalmente comprobó fueron aproximadamente 700 mil pesos.
“Muy monos, estos imbéciles le dicen: oye Lujambio, pues mira, que toda la bronca caiga sobre Laura y caiga sobre el IIF de león, vamos a acusarlos... De que hubo acuerdo, hubo acuerdo, un arreglo. Eso es un hecho por cómo se dieron las cosas. El que autoriza y está de acuerdo es Gabriel Jiménez Remus y Luis Felipe Bravo Mena, y los cheques están firmados por Juan de Dios Castro”, truena Korrodi.
–¿Alonso Lujambio negoció alguna posición futura en la administración federal?
–Ahí están los hechos. ¿A cambio de qué? Lo cierto es que algo hubo… Pero si el asunto sale del Senado y hay un anónimo que sale del Senado, porque como recordarás en el año 2000 el Senado tenía inmunidad para cualquier tipo de investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, por eso podían hacer lo que quisieran. ¿Y quién tiene ahora los registros contables y todos los movimientos y pólizas del Senado? Pues Diego Fernández de Cevallos.
–Si se reabre el caso en el IFE, ¿usted estaría dispuesto a proporcionar toda la información que faltó?
–Habría que verlo, si hay consejeros confiables y no coludidos ni en complicidad con otro tipo de intereses, lo evaluaremos. Pero hoy por hoy le concedo poca credibilidad al IFE.
–¿Lujambio fue un consejero poco confiable?
–Creo que sí. Lujambio lo demostró con una serie de hechos, de cosas que resultaron no poco claras en este manejo. Y yo le pregunto (porque él decía tener autoridad para decir a quién sí y a quién no demandaba ante la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Electorales y determinó que los únicos culpables fueron Laura Robinson Kawachi y el IIF de León), que explique a qué intereses obedeció. Si cuando la cosa de Amigos de Fox era tan delicada no era para que hubiera hecho una auditoría para determinar quiénes realmente eran los responsables. Ahí estaban Gabriel Jiménez Remus, Juan de Dios Castro, Rodolfo Elizondo, Luis Felipe Bravo Mena.
–¿Lujambio tuvo pruebas para involucrar a otras personas?
–Pues ahí está quien autorizó los cheques.
–¿Fox intervino para que así se dieran las cosas, incluso en el IFE?
–Creo que, si no intervino, por lo menos estuvo anuente en una serie de reuniones que se daban en Los Pinos a las 7 de la noche para ver el tema Amigos de Fox.
Además de calificar a Fox como “desleal, irresponsable, con poco sentido de humanidad, soberbio y que lastimó a muchas familias” para mantenerse en la Presidencia de la República, Korrodi dice que actuó como un mandatario de los viejos tiempos, “omnipotente y quién sabe si hasta más”.
Pacto de silencio
En cuanto a la demanda que el miércoles 8 interpusieron los abogados Arturo Quintero Treviño y el despacho Robledo y Asociados contra Fox porque no pagó los 3 millones de dólares acordados por la defensa en el caso, Korrodi considera que no se trata de “un asunto entre particulares, sino de fondo”.
Es más cauto al referirse a Marta Sahagún: primero acepta que ella manejó recursos de Amigos de Fox. Momentos después reconsidera: “Yo no podría decir si manejó, cómo y cuándo los manejó, en su tiempo que ella lo hizo, pues no sé, no lo podría definir, eso no me consta”.
Pero sostiene sus acusaciones contra Jiménez Remus, Rodolfo Elizondo, Juan de Dios Castro y Luis Felipe Bravo Mena, quienes según él desviaron el dinero del Senado a la campaña presidencial. También reitera sus señalamientos hacia Santiago Creel y Diego Fernández para que el entonces consejero electoral Alonso Lujambio no los incluyera en la denuncia.
Ya con Fox instalado en la Presidencia, pretendieron resolver el lío Rafael Macedo de la Concha –cuando era procurador–, Daniel Cabeza de Vaca, Creel, Carlos Abascal, Francisco Gil, el exsecretario de Energía y ahora senador Fernando Elizondo, así como Ramón Muñoz, exencargado de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y actualmente senador de la República.
Korrodi agrega que otros panistas estaban perfectamente enterados de los problemas que aún tenía el caso Amigos de Fox e incluso participaron en reuniones con él: Germán Martínez, representante de Fox ante el IFE en las elecciones de 2000; Gabriela Ruiz del Rincón, extesorera del PAN por esa época, y Agustín Carstens, quien fue subsecretario de Hacienda en los primeros años del gobierno foxista. Los tres, hoy cercanos colaboradores de Felipe Calderón Hinojosa.
De igual forma, Juan Molinar Horcasitas, quien fue consejero electoral y subsecretario de Gobernación, y actualmente es cercano colaborador de Felipe Calderón, conoció las dudosas aportaciones de Amigos de Fox a la campaña. Lo mismo dice Korrodi de Javier Molinar Horcasitas, hermano de Juan y quien fue director general del banco IXE, la principal institución de crédito utilizada para triangular los recursos, según puede constatarse en el expediente de Amigos de Fox en poder de Proceso.
Finalmente, también Diódoro Carrasco, el último secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, se entero de cómo se realizó la operación financiera y formó parte de la estrategia priista para darlo a conocer y abrir la investigación correspondiente. Hoy Carrasco es diputado federal por el PAN. En el expediente del IFE sobre Amigos de Fox hay una carta de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados dirigida al entonces funcionario.
El documento está fechado el 14 de junio, seis días antes de que los priistas presentaran la denuncia en la tribuna, dice: “Nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente se aprobó el siguiente punto de acuerdo: se exhorta a las autoridades competentes a efectos de que… se realicen a la brevedad las investigaciones correspondientes a las quejas sobre irregularidades en el financiamiento de la campaña del candidato de la coalición (Fox), y se determinen acciones conducentes”.
Por el caso Amigos de Fox, el IFE multó al PAN con poco más de 300 millones de pesos debido al rebase de topes de campaña, pero no investigó la presunta recepción de dinero desde el extranjero, las aportaciones de empresas como Cemex, Nadro, Comercial América, Frugosa, Agrobios, Grupo Flexi de León, El Cerrito y Fox Brothers.
Además, el IFE conoció un cheque por 5 millones 890 mil pesos a nombre de Édgar Cruz López, el cual tenía al calce la leyenda “lavado de dinero”. En julio de 2004, la encargada de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero, María de la Luz Núñez Camacho, reveló que sí existían pruebas de que en la campaña foxista se recibieron recursos del exterior.
En su dictamen, el IFE estableció que “esta autoridad llega a la convicción, inequívoca, de que el presidente Vicente Fox Quesada se encontró en aptitud de hacerle sabe al PAN desde el 12 de septiembre de 1999… que, amigos-simpatizantes de su persona realizaban aportaciones a una asociación civil que llevaba su nombre… Esta autoridad llega a la convicción de que el C. Vicente Fox se encontró en aptitud de hacerle saber al PAN y al PVEM que personas físicas y morales simpatizantes de su persona, realizaban aportaciones a un fideicomiso…”
A pesar de todo, Alonso Lujambio y Lorenzo Córdova –entonces asesor de José Woldenberg– se negaron a que Fox declarara y se le fincaran responsabilidades, como lo permite el artículo 272 de la ley electoral. El exconsejero Jaime Cárdenas, promotor de dicha medida, opina que las recientes declaraciones de Lino Korrodi pueden ayudar a reabrir el caso, para lo cual sólo haría falta que un partido o un ciudadano lo soliciten ante el IFE.
Fox Brothers, solapada por el IFE
En vísperas de las elecciones federales de 2000, el senador Enrique Jackson reveló una pista sobre la ruta de los fondos de la campaña de Vicente Fox, candidato presidencial de la Alianza por el Cambio: Fox Brothers, “que no es el nombre de un circo, es el nombre de una empresa”, ironizó el priista al destapar esa caja de Pandora.
A través de una cuenta en Citibank de Nueva York se canalizaron fondos a la campaña de Fox, afirmó Jackson, y se refirió a un traspaso por 33 mil dólares. El dato fue verificado por la comisión del Instituto Federal Electoral que investigó el caso Amigos de Fox, junto con otros relativos a esa empresa nebulosa.
Fox Brothers se constituyó en agosto de 1996 en San Francisco del Rincón, Guanajuato, bajo la modalidad de “sociedad de producción rural de responsabilidad limitada”. Se trata de una empresa eminentemente agrícola, según los fines establecidos en su acta constitutiva –levantada por el notario Marcelo Gay Guerra.
El capital social inicial de la sociedad se fijó en 50 mil pesos, “dividido en 100 acciones con valor nominal de 500 pesos cada una de ellas, suscrito y pagado de la siguiente manera: Ing. Cristóbal Fox Quesada (26 acciones), Lic. Vicente Fox Quesada (26 acciones). Sr. José Luis Fox Quesada (33 acciones), Sr. Juan Pablo Fox Quesada (10 acciones) e Ing. Carlos Garza Álvarez (cinco acciones)”.
En el expediente integrado por el IFE sobre Fox Brothers, parte del cual fue obtenido por Proceso, se documenta el traspaso revelado por Jackson: el 9 de mayo de 2000 salieron 33 mil 696 dólares de su cuenta en Citibank de Wall Street a otra en una sucursal de Banamex en León, Guanajuato, según la solicitud formulada el día previo por el representante de la empresa, Gerardo López Cruz –presumiblemente emparentado con el recaudador de Fox, Lino Korrodi Cruz.
Además, según copia de estado de cuenta entregado por Banamex al IFE, entre el 1 y el 31 de mayo de 2000 en la cuenta de Fox Brothers hubo más movimientos: otros cuatro depósitos y nueve retiros, cuyo origen y destino no pudo establecerse, pues el IFE encubrió los datos con tachones, como suelen hacerlo los organismos oficiales con la información “reservada”.
Pero se sabe que, el mes siguiente, de esa cuenta de Banamex se giró un cheque de 5 mil dólares para El Cerrito, otra sociedad de producción rural de los emprendedores hermanos Fox. El Cerrito recibió también fondos de otras empresas canalizadoras de fondos a la campaña de Fox, lo que sugiere que las aportaciones se usaron para fines particulares –es de suponerse que bajo la lógica de lo caido, caido.
Igualmente, el IFE ocultó las operaciones de Fox Brothers en Bancomer y Banorte y sólo consta que en el primero la empresa de los hermanos Fox abrió una cuenta en dólares (No.01047651-9) y en la otra una cuenta de cheques en una sucursal en León (AJ). ?
El espejismo
J. Jesús Esquivel
El rubro migratorio no es prioridad para los demócratas que retomaron el control del Congreso de Estados Unidos en las recientes elecciones legislativas. La razón: los electores moderados que abandonaron a los republicanos, como la mayoría de los 30 distritos conservadores que ganaron los demócratas, se oponen a una reforma migratoria integral. El próximo gobierno de Felipe Calderón no debe hacerse ilusiones, pues los demócratas le exigirán “concesiones” antes de avanzar en dicha reforma, advierten expertos estadunidenses.
ASHINGTON.– Felipe Calderón no debe pecar de optimismo. El triunfo del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos –que limita los márgenes de maniobra del presidente George W. Bush— no garantiza la aprobación de una reforma migratoria tal como la desean los mexicanos.
Esta es la advertencia que –en entrevistas por separado con Proceso– hacen dos expertos en el tema de las relaciones entre México y Estados Unidos.
Ellos son:
María Echaveste, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, subjefa del Gabinete del gobierno de Bill Clinton y actual asesora de los líderes demócratas en el Congreso.
Y George Grayson, profesor de la materia de gobierno en la Universidad de William and Mary del Estado de Virginia y experto en asuntos políticos de México.
Ambos señalan que incluso el gobierno de Calderón estará obligado a hacer las “concesiones” que demandan tanto la Casa Blanca como el Capitolio. Entre ellas: generar empleos para frenar la ola de inmigrantes mexicanos, garantizar seguridad en la región de la frontera común, en donde impera la violencia provocada por los cárteles del narcotráfico y otros grupos de la delincuencia organizada; erradicar la corrupción de las agencias policiacas y controlar los flujos migratorios de ciudadanos de terceros países que utilizan a México como puente para llegar a Estados Unidos.
Adicción migratoria
“Algunos analistas y políticos, incluso de México, piensan que el dominio de los demócratas en el Congreso federal tendrá como uno de sus beneficiarios naturales al próximo presidente de México, sobre todo por lo que se refiere al tema migratorio. Yo creo que no será así”, dice Echaveste.
Agrega: “El hecho de que los demócratas sean más abiertos y moderados para mejorar la relación con México y para resolver la inmigración indocumentada, no significa para nada que esto vaya a ser beneficioso para Calderón”.
Y es que, explica, desde el Congreso los demócratas exigirán al gobierno de Calderón medidas concretas, como las anteriormente citadas, antes de avanzar en el aspecto migratorio.
“Tenemos que ponerle presión a México. Calderón tiene la gran oportunidad de cambiar la forma como se mira a México desde Washington. Pero (el presidente electo) está muy verde. Debe sin embargo entender que México no es África, que gobernará a un país rico que tiene mucho que ofrecer a sus ciudadanos si se acaba con la corrupción y el mal manejo de su economía”, sostiene Echaveste
Y subraya: “El gobierno de México se ha hecho adicto a que los mexicanos vengan a Estados Unidos a buscar lo que no tienen en su tierra. Calderón está obligado a acabar con esta adicción”.
Grayson sostiene que Calderón podría desaprovechar la derrota de los republicanos si no actúa con tacto y mesura. Afirma que el próximo presidente de México debe crear una buena relación con los demócratas pero sin desdeñar a los republicanos.
“Con la derrota electoral del pasado martes 7, el poder de Bush se deteriora día con día, pero los republicanos en el Congreso se mantienen como una fuerza política necesaria para la reforma migratoria integral que desea el gobierno de México”, dice.
Precisa que los demócratas son mayoría en el Senado por apenas una curul. Controlan 51 de 100 escaños. Para eludir el eventual poder de veto del presidente Bush, los demócratas necesitan que sus proyectos de ley obtengan un mínimo de 76 votos. Para lograrlo, dice, requieren de un consenso bipartidista. Por ello, en una eventual reforma migratoria los republicanos siguen siendo importantes.
Grayson opina que Calderón inició con el pie derecho la relación con el gobierno de Estados Unidos. La razón: se deslindó de la política migratoria del gobierno de Vicente Fox.
Durante su visita a Washington –realizada la semana pasada–, Calderón aclaró que la reforma migratoria no ocupará un lugar prioritario en la agenda binacional y que evitará que este tema bloquee otros relacionados con México y Estados Unidos.
Grayson explica este deslinde: Calderón “desea hacer más competitiva a la economía mexicana para disminuir el flujo de la inmigración indocumentada”. Si no lo logra, su mero intento puede bastar “para no ser visto como un mandatario interesado en que los trabajadores de su país se vayan a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas, tal como en este momento algunos miran a Fox”, dice.
“Trampa política”
La reforma a las leyes de inmigración en el Congreso de Estados Unidos es una asignatura pendiente, pero que no es prioridad ni para la entrante mayoría demócrata ni para la republicana saliente. Y mucho menos para Bush, quien –según Grayson– debe dedicar los dos años que le restan como presidente a reconciliar sus posiciones con los demócratas, sobre todo en lo referente a la guerra en Irak. “Si no lo hace –advierte–, Bush estaría asegurando la derrota republicana en las elecciones presidenciales de 2008”.
Echaveste ha fijado en varias ocasiones su posición sobre la cuestión migratoria. Criticó duramente la ley Sensenbrenner que criminaliza la inmigración indocumentada, así como la ley que autoriza construir más de mil 120 kilómetros de un cerco doble de acero en la frontera con México.
En entrevista con Proceso, señala que la victoria electoral de los demócratas “aumentó las esperanzas” sobre una eventual reforma migratoria integral, pero advierte que “recuperar la mayoría (de curules) en la Cámara de Representantes no es garantía de nada”.
La razón: el tema migratorio puede ser una “trampa política”, con efectos letales para el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2008.
Echaveste subraya otro hecho: Nancy Pelosi, líder demócrata en la Cámara de Representantes y futura presidenta del Congreso, no mencionó el tema migratorio como una de las prioridades de la agenda legislativa del próximo Congreso. La razón: sabe que el sector moderado de la sociedad estadunidense –el cual votó en 2004 por la reelección de Bush y por los candidatos republicanos al Capitolio– no apoya una reforma integral en la materia. Según Echaveste, se trata de 20% de los electores. Este sector, afirma, “abandonó a los republicanos” en las elecciones del martes 7.
Pobres entre los pobres
Pedro Matías, José Gil Olmos y Rosalía Vergara
Mientras el municipio mixteco de Santiago Amoltepec sucumbe por falta de recursos federales y estatales, por asesinatos agrarios interminables y problemas de salud, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, solicita a la federación más de 575 millones de pesos para la compra de vehículos antimotines, camiones blindados y armamento. En este municipio, mucha gente muere “como animales”...
SANTIAGO AMOLTEPEC, OAX.- Ubicado en la parte sur de la entidad, a 350 kilómetros de la capital, este municipio mixteco es el quinto más pobre del país. Y está tan aislado que su gente no conoce a Ulises Ruiz ni sus obras de gobierno. Al presidente Fox únicamente lo han visto en caricaturas.
Aquí las cosas han cambiado muy poco desde tiempos de la Revolución. Los mixtecos, zapotecos y chatinos de esta región de la Sierra Sur permanecen en la pobreza. Los hombres no dejan de emigrar a Estados Unidos, y las mujeres enviudan porque los problemas por tierras se dirimen a balazos, con armas de todos calibres que nadie sabe de dónde salen.
Como resultado de las disputas agrarias, en los últimos 20 años ha habido 800 muertos y más de mil 200 huérfanos. Por este motivo, en sólo dos años –de 2004 a 2006– se registraron 15 defunciones.
“Muchos mueren como animales”, dice el asesor jurídico del municipio, Hugo Aguilar Solís. Explica: “El Ministerio Público es una oficialía de partes. Hay varios muertos que no tienen ningún papel, que pasaron por este mundo sin acta de nacimiento ni de defunción. A quienes mueren de manera violenta no se les practica la autopsia de ley; tampoco se realiza una averiguación previa, y esto genera impunidad. La violencia es interna y externa”.
Aquí, añade Aguilar, hay una grave crisis social porque no funcionan las instituciones del estado, ni las de la comunidad. Apenas el año pasado fue creada la oficialía del Registro Civil.
Por medio de los ramos 28 y 33, durante el ejercicio fiscal 2006 el gobierno federal dio al municipio de Santiago Amoltepec 22 millones de pesos. Esta cifra contrasta con la Propuesta de Inversión 2007 en materia de seguridad pública, mediante la cual Ulises Ruiz solicitó 575.25 millones de pesos para comprar tanquetas antimotines, vehículos blindados para el traslado de reos, así como armas cortas y largas.
Un estudio sobre los municipios más pobres de México, cuyos resultados se dieron a conocer el 31 de agosto de 2005, señala que en Oaxaca se encuentran 21 de los 50 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el país. Se trata de localidades sin una estructura productiva sólida que garantice fuentes de ingreso estables para la población. Otras dificultades que viven son la incomunicación, la dispersión, la emigración y la alta conflictividad agraria y política que con frecuencia ha dado lugar a estallidos violentos y al desplazamiento interno de poblaciones.
Aislamiento
El viaje de la ciudad de Oaxaca a este municipio lleva 12 horas en una carretera llena de curvas y despeñaderos. Al poblado se llega por un camino de terracería desfigurado por los deslaves que provoca la lluvia. También es posible llegar en la avioneta de Alas de Socorro, una asociación cristiana que brinda ayuda a comunidades marginadas: les envía víveres y ropa, o traslada a los enfermos al hospital de Tlaxiaco, localizado a seis horas en vehículo.
El jueves 9 la avioneta aterrizó sobre una improvisada pista en lo alto de la Sierra Sur. El viaje a la tierra de los olvidados por los gobiernos local y federal sólo duró media hora.
El poblado está cuesta arriba y el palacio municipal se ubica en un pequeño y desgastado edificio que también hace las veces de cuartel de la policía preventiva. El escenario es desolador: la gente habita en pequeñas casas hechas con lodo y lámina, sin ventanas. Deambula por calles sin pavimento, practica el trueque y siembra maíz y frijol para el autoconsumo. Come quelites y otras plantas silvestres.
Estos mixtecos viven muy cerca de la punta del cerro Amole, desde cuyas faldas no se alcanza a ver la cima. El peregrinaje forma parte de su vida, pues si no emigran a Estados Unidos se marchan a otros lugares para ganarse unos pesos, que gastan en las fiestas decembrinas cuando vuelven a su tierra.
“Recibimos apoyo, pero se les murió el espíritu de lucha a quienes lo administraban; por eso quieren quedarse con el recurso”, denuncia el presidente municipal interino, Floriberto Alavés Mata, quien sustituyó en el cargo a Vicente Hernández Palacio, edil que renunció porque la asamblea comunitaria destituyó a su tesorero por su gestión deficiente. Los partidos políticos no tienen presencia en el pueblo, que se rige por usos y costumbres. “La gente es muy fanática. Si entraran los partidos, de seguro habría balazos”, señala Alavés Mata.
Rezagos
Las condiciones del municipio encajan en las características descritas en el estudio mencionado: por ejemplo, fallas en materia de procuración e impartición de justicia debidas a la inexistencia de recursos e infraestructura, a violaciones procesales y a la falta de garantías para las víctimas de los delitos.
En Oaxaca –señala a su vez el Informe sobre Desarrollo Humano 2004, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– se localizan siete de los 15 municipio más pobres de la República, algunos equiparados a países africanos.
En Santiago Amoltepec, que cuenta con 15 mil habitantes, los servicios de salud prácticamente no existen. Por ejemplo, los mixtecos no conocen el programa federal Arranque Parejo en la Vida, ni mucho menos las clínicas Sí Mujer promovidas por Marta Sahagún. El centro de salud del pueblo sólo tiene un médico, que es pasante, y está provisto únicamente de medicamentos para padecimientos como diarrea y cólera.
Pobladores de la zona denuncian que con frecuencia los funcionarios municipales se apropian de los recursos de los programas Oportunidades y Procampo. En el trienio pasado, el tesorero del municipio no pudo justificar 3 millones de pesos de recursos federales, por lo que fue encarcelado.
La iglesia sólo tiene un cura, que de lunes a viernes visita a las comunidades aledañas o rancherías, las cuales son todavía más pobres que la cabecera municipal.
Lucha por la tierra
En la presidencia municipal de Santiago Amoltepec se reúnen varias mujeres de vestimenta humilde. Cuentan que a sus esposos los mataron por disputas relacionadas con la tierra. Se dedicaban, dicen, a sembrar y cosechar para vender sus productos, lo que despertó la envidia de gente de pueblos aledaños.
Se les dificulta hablar el español y con palabras entrecortadas refieren que aquí la pobreza es cruda. Les gustaría que sus problemas, sobre todo los agrarios, tuvieran solución.
Los 125 hombres de la ranchería Piedra del Tambor no saben si regresarán con vida cuando salen a trabajar las tierras donde siembran maíz y frijol para el sustento de sus familias, formadas por más de 700 personas.
El sábado 4, Juan Bautista Díaz Carreño y Venancio Hernández Maldonado fueron asesinados a balazos. Esta violencia es fomentada por muchas personas: no quieren mostrarse débiles, pues consideran que si no responden a las agresiones de las que son objeto, sus enemigos les quitarán los terrenos donde siembran.
Alud de torpezas
Jesús Cantú
El gobierno federal, empecinado en terminar con el conflicto en Oaxaca, lanzó el martes 7, a través del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, un ultimátum a Ulises Ruiz: “El gobernador tiene dos caminos: o recibe un voto de confianza y demuestra que hay gobernabilidad en el estado o pide licencia”.
Durante los cinco meses y medio de crisis en aquella entidad, las autoridades federales han incurrido en múltiples equivocaciones que sólo la han empeorado. Hay que esperar a que transcurran los últimos días del sexenio para presenciar nuevos traspiés, deslices y declaraciones desafortunadas o contradictorias por parte de los funcionarios involucrados.
Cuando comenzó el problema, el pasado 22 de mayo el gobierno federal repitió hasta el cansancio que la solución de ese malestar en Oaxaca no era de su responsabilidad, sino del gobierno estatal. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamez, y el vocero presidencial, Rubén Aguilar, manifestaron que la demanda de rezonificación exigida por los maestros la debían atender las autoridades estatales. Ambos no querían saber nada acerca de los mil 400 millones de pesos anuales que costaría la solución magisterial.
El pasado 14 de junio, la policía estatal intentó desalojar a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) del Zócalo de la capital oaxaqueña. En esa ocasión, el gobierno federal no envió a sus fuerzas policiacas quizá porque estaban muy recientes los acontecimientos de Sicartsa y de San Salvador Atenco, y se mantuvo ajeno. El hecho de que no interviniera fue determinante para que el conflicto social oaxaqueño se desbordara.
Después de las elecciones presidenciales del 2 de julio, los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) impidieron la realización de la Guelaguetza y, posteriormente, organizaron su propia celebración.
Mientras tanto, el número de muertos crecía. El gobernador Ulises Ruiz despachaba desde el Distrito Federal, ante la imposibilidad de hacerlo desde el palacio de Gobierno de Oaxaca. Los integrantes de la APPO tomaron las sedes del Congreso del estado y las del Tribunal Superior de Justicia local, extendieron los bloqueos por el centro de la ciudad de Oaxaca e, incluso, empezaron a castigar por cuenta propia a quienes consideraban como delincuentes.
Negociaciones fallidas
Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró presidente electo a Felipe Calderón, éste le pidió al presidente Vicente Fox que no le heredara la crisis de Oaxaca. A partir de entonces la Secretaría de Gobernación se ocupó del caso y manifestó que lo resolvería antes de que concluyera el sexenio; además, prometió que privilegiaría la vía del diálogo.
La dependencia convocó a que se instalaran mesas de negociación en Bucareli; sin embargo, no pudo reunir a las partes interesadas y algunos de los invitados se retiraron al percatarse de la ausencia de actores políticos cuya participación consideraban indispensable.
Mientras Abascal conducía paralelamente dos mesas de negociaciones, una con el gobierno estatal y con actores políticos y sociales, y otra con los opositores a Ulises Ruiz, el gobierno federal –al igual que Felipe Calderón– negociaba con Elba Esther Gordillo, quien terciaba en el conflicto y amenazaba con desconocer a la dirigencia de la Sección 22. La dirigente del magisterio anunció que antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia, le otorgaría al SNTE 41 mil 670 millones de pesos.
Al mismo tiempo, en la Comisión de Gobernación del Senado de la República se elaboraba el dictamen sobre la desaparición de poderes en entidad, el cual finalmente resolvió que aunque había ingobernabilidad, sí existían los poderes en el estado.
A partir de esta determinación del Senado se exacerbó la violencia en Oaxaca, y en los siguientes 10 días el número de muertos se elevó de 12 a 18, entre éstos un periodista estadunidense. Este hecho bastó para que el embajador Tony Garza recriminara al gobierno de México por la violencia en el estado.
En este contexto, las autoridades se prepararon para enviar elementos de la Policía Federal Preventiva en un intento por recuperar la capital. El anunciado operativo –se dio a conocer por lo menos con dos semanas de anticipación, lo cual permitió que los integrantes de la APPO se pertrecharan– estuvo mal organizado. Pese a ello, las fuerzas policiacas lograron recuperar el centro de la ciudad, pero la APPO conservó varios bastiones en los que el jueves 2, policías y manifestantes libraron una batalla callejera que duró ocho horas.
Un día antes de la ocupación de Oaxaca por la Policía Federal Preventiva, Abascal negoció con la Sección 22 del SNTE un acuerdo en el que el gobierno federal aceptó la rezonificación, de tal forma que los maestros de Oaxaca ganarían lo mismo que los del Distrito Federal. Además, les otorgó a las escuelas un subsidio de 140.1 millones de pesos.
El funcionario se comprometió a entregar el hotel Marlin en Huatulco; ofreció la concesión de una radiodifusora; basificar a todos los trabajadores que laboran por honorarios; establecer de inmediato un fideicomiso para resarcir a los familiares de quienes murieron en el movimiento, y pagar 25 millones de pesos al sindicato por los daños ocasionados en el operativo de represión del 14 de junio pasado. Además, prometió que se liberaría a los presos políticos, se cancelarían definitivamente todas las órdenes de aprehensión y se profundizarían las investigaciones en torno al homicidio del profesor Serafín García, del Frente Único Huautleco.
Por su parte, los maestros de la Sección 22 se comprometían a reanudar las clases el 30 de octubre; sin embargo, debido a la ocupación policiaca el regreso a las aulas ha sido irregular y, hasta el momento todavía no se normaliza en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores.
Descalificaciones
Ante la falta de solución definitiva a la crisis en Oaxaca, el pasado martes 7 de noviembre, Abascal instó al gobernador a lograr un pacto que demostrara la gobernabilidad en la entidad o pedir licencia. Ruiz respondió de inmediato en los medios de comunicación, y exigió la renuncia de Abascal, pues dijo que a este funcionario le faltaba decisión para aplicar la ley.
El intercambio mediático motivó un encuentro en Gobernación, en donde Ruiz propuso un programa de seis puntos: reconciliación, reforma del Estado, reactivación económica, seguridad, rediseño de estructuras de gobierno y avance en el cumplimiento de los acuerdos adoptados con la Sección 22. Con esta estrategia, Ulises Ruiz también obtuvo un plazo de gracia que le asegura su permanencia en el gobierno hasta el 1 de diciembre, justo cuando se da el cambio de gobierno federal.
La APPO insiste en que Ruiz debe renunciar y agrega a sus exigencias para la reanudación del diálogo el cese de las agresiones a sus miembros; el restablecimiento de la señal de Radio Universidad; la liberación de más de 60 presos políticos, y la presentación con vida de 30 personas que están desaparecidas. El jueves 9 la APPO manifestó que aceptaba la propuesta de Ulises, pero sin él en la gubernatura.
El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, anunció que el lunes 13 se reanudarían las clases, aunque aceptó que la APPO mantendría las barricadas y el control de Radio Universidad.
Así, entre negaciones, vacilaciones, negociaciones paralelas, declaraciones contradictorias, acciones bajo demanda y un fallido operativo policiaco, el gobierno foxista mantiene vivo el conflicto, Ulises Ruiz reitera una y otra vez que no renunciará y la APPO permanece en sus reductos y se niega a negociar con el gobierno del estado.
Milagreria con cargo al erario
Raúl Ochoa
SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS.- Sin límites para la imaginación, la leyenda del Cristo Roto creció con la misma rapidez con la que fue construido su santuario, donde una colosal escultura del nazareno, de 25 metros y 20 toneladas de peso, se erige entre los semiáridos campos y las aguas de la presa Plutarco Elías Calles.
La efigie de tono cobrizo no está crucificada, pero le faltan la pierna y el brazo derechos; fue colocada en un islote cuya superficie es de 15 hectáreas y se encuentra en medio del antiguo San José, que hace 78 años tuvo que ser inundado para construir la presa y cuyas tierras se encuentran en litigio entre el gobierno federal y los 252 comuneros del lugar.
Desde su inauguración, efectuada el pasado 16 de abril, el santuario cobra vida cada fin de semana: los domingos, a las 16:00 horas, los sacerdotes Jesús Olvera y Miguel Esquivel Miramontes, de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, ofician misas en una capilla con capacidad para 400 personas. La escultura se encuentra rodeada por los oratorios que contienen las 24 imágenes de los santos patronos del estado, con igual número de alcancías para que los fieles depositen ahí sus limosnas.
El secretario del ayuntamiento, Martín Rodríguez, comenta que los fines de semana el pueblo es visitado por unas seis personas. Alberto Romero Montoya, secretario particular del gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, es el responsable del santuario, al que se accede en lanchas en un recorrido de 2 mil 600 metros; cada persona debe pagar 20 pesos por el viaje de ida y vuelta.
Este lugar de culto ya fue visitado por el presidente Vicente Fox el pasado 6 de octubre, cuando asistió a una comida con ganaderos.
Según la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, el municipio recibía un presupuesto de 9 millones de pesos anuales. Sin embargo, desde que se concibió el megaproyecto del santuario, el gobierno del panista Reynoso Femat le triplicó los recursos, al destinarle este año una partida extraordinaria de 25 millones de pesos. Esta cifra corresponde al monto inicial estimado del proyecto, aunque en la ejecución de la obra ya se han gastado más de 35 millones de pesos. La infraestructura incluye la remodelación de un restaurante, la construcción de un comedor, de estacionamientos y de locales comerciales.
Cuadro deplorable
Sin embargo, en este poblado de 73 mil 960 hectáreas –de las cuales poco más de 5 mil se destinan a la agricultura–, la vida no resulta fácil, pues afronta un grave problema de desempleo cuya tasa durante 2005 fue de 60%. De acuerdo con el secretario del ayuntamiento, Martín Rodríguez, el 20% de los desempleados se marcha a otras ciudades y otro 20% emigra a Estados Unidos. En el municipio, 40% de las calles carece de pavimento y 60% de las aceras no tienen banquetas ni guarniciones.
Según datos del Censo General de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los 7 mil 631 habitantes de San José de Gracia representan el 7.6% de la población total de Aguascalientes. En los años recientes, su economía experimentó un fuerte descenso; de los 11 municipios que conforman el estado, San José se halla entre los tres más pobres, superado por El Llano y Tepezalá.
Los datos son crudos: El INEGI señala que del total de la población de San José de Gracia, 1 mil 386 personas carecen de acceso a servicios médicos gratuitos; 614 son analfabetas; 1 mil 962 dejaron inconclusa la primaria; 468 tienen la secundaria incompleta; a 381 les falta servicio de agua potable; 1 mil 223 no disponen de drenaje; 1 mil 432 no cuentan con sanitarios, y a 242 no les llega la energía eléctrica.
A esta situación adversa se añaden las malas condiciones en que se encuentra un vertedero que podría ocasionar una catástrofe ecológica. El diputado local perredista Abel Sánchez advierte: “Junto a la presa Plutarco Elías Calles, a 60 metros, se encuentra la laguna de oxidación, que no tarda en desbordarse y que va a contaminar a la presa”. Añade que las autoridades no han informado de este riesgo y tampoco han tomado medidas para deshacerse de las aguas negras.
No obstante las cuentas del secretario del ayuntamiento, Martín Rodríguez, quien presume la creación de 300 empleos en torno al Cristo Roto, para Abel Sánchez la situación no es lo que parece: “En San José de Gracia no hay empleo. Y el que no se ocupa en el campo se va a Estados Unidos”.
El legislador perredista critica la manera en que se manejó la partida presupuestal extraordinaria que, de repente, cambió de rumbo: “Nos informaron que estaba presupuestada, pero para generar una megaobra en la antigua zona de locomotoras del taller de ferrocarril de Aguascalientes, en la que vendrían a invertir europeos para desarrollar centros comerciales y un centro turístico. Sin embargo, de repente nos cambiaron los 25 millones de pesos al municipio de San José de Gracia”.
Pese a ello, desde hace más de siete meses, y de acuerdo con la iglesia, el santuario del Cristo Roto ya ha justificado la millonaria inversión del gobierno encabezado por Reynoso Femat.
El miércoles 8 de agosto, 116 días después de la inauguración de la megaobra, ocurrió un accidente: el helicóptero Eurocopter AS350 B3, propiedad del gobierno del estado, se desplomó a escasa distancia del islote donde se erige el Cristo Roto, cuando realizaba filmaciones aéreas para la promoción del lugar.
El titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Agropecuario (Codagea), Luis Arteaga, había descendido del aparato minutos antes del percance. El funcionario, uno de los principales promotores del proyecto, celebró el hecho de que los cuatro ocupantes de la aeronave resultaran ilesos y atribuyó el hecho “al primer milagro del Cristo Roto”.
Algunos pobladores consideran que este hecho dio al proyecto el impulso definitivo que requería. “Con ese milagro, qué más queremos”, dicen los nuevos creyentes.
En cambio, los devotos del santo patrono del lugar, el Señor Original, niegan que el hecho de que los viajantes del helicóptero accidentado sobrevivieran haya sido una providencia del Cristo Roto. “Fue obra del Señor Original, quien les advirtió: ‘si vuelven a venir, los vuelvo a tumbar’”, refiere Felipe Ventura, extitular de Obras Públicas y regidor de la comunidad en la gestión anterior.
Los detractores del nuevo santuario señalan que tanto las autoridades eclesiásticas de Aguascalientes como el gobernador intentan imponerle al pueblo la devoción por el Cristo Roto. “Pero el gobierno no supo vender su cristo, porque no lo acepta el pueblo de San José de Gracia”, sentencia Ventura.
Hay quienes atribuyen al Señor Original las ráfagas de aire que obligaron al arzobispo de Mérida, Emilio Berlié Belauzarán, a suspender la ceremonia religiosa para inaugurar el recinto. El acto fue presidido por el gobernador, quien acudió acompañado de su familia. Ese día, el canal oficial de gobierno, Aguascalientes TV, difundió en vivo la señal del evento.
El sacerdote Miguel Esquivel Miramontes muestra reserva ante los milagros atribuidos al Cristo Roto: “Indudablemente que (los milagros) pueden realizarse, pero comprobarlos es una cosa muy distinta. Un acontecimiento personal que puede ser muy importante para mí y lo veo como algo prodigioso, para otros puede que no sea lo bastante grande. No podemos hablar de un milagro manifiesto”.
Y precisa: “Se podría decir que esta es una imagen original, porque tiene su origen aquí. Su creador es el escultor Jesús María, pero que digamos que esta imagen fue copiada de otra que ya existía, no es así”.
–¿La Iglesia está necesitada de un milagro? –se le pregunta.
–Lo que más necesita la Iglesia es una eucaristía. Lo demás, los elementos históricos y sociales, no son una necesidad.
–Según algunos devotos el milagro del Cristo Roto ya obró, porque vino a darle trabajo a mucha gente.
–Podemos hablar de la providencia divina, que todos los días nos está asistiendo: en la vida, la salud, el trabajo. En ese sentido, San José de Gracia como un detonante económico a través del Cristo Roto ha beneficiado a muchas familias.
El Cristo Roto es “una idea surgida de una reflexión que el padre Ramón Cué hizo hace 30 años en un poema para invitar al cristiano a tomar su compromiso con Cristo en su hermano. Ahora, se retomó como una imagen para proyectar mayor presencia, un desarrollo de crecimiento económico del municipio de San José de Gracia. Son dos estaciones distintas”, precisa Esquivel.
Entrevistado después de oficiar misa en la parroquia del pueblo, Esquivel afirma que aún está por definirse la figura jurídica del patronato del santuario del Cristo Roto, el cual estará conformado por el municipio, el gobierno del estado y la Iglesia.
–¿Cuáles son los objetivos que persigue este patronato? –pregunta el reportero.
–Lo primero es impulsar la región. San José de Gracia es de los municipios más olvidados, menos apoyados, con muchas dificultades geográficas para salir adelante en lo económico y en lo social. Segundo: a partir de este proyecto municipal se busca darle un enfoque más turístico-promocional al estado, y tercero: es preciso identificar una cultura en torno al misterio de Cristo que tiene San José de Gracia.
–Aunque el pueblo mantiene su devoción en el Señor Original.
–A nadie se le puede cambiar un patrono nomás porque sí. La devoción es aquella con la que uno va naciendo y le va inculcando a la familia. Y a partir de ahí no se trata de que esta imagen del Cristo Roto se imponga a una comunidad, y tampoco despertar una devoción que a lo mejor en un primer momento no existe.
–¿Cuántas personas asisten a misa al santuario del Cristo Roto?
–Varía mucho según el clima, como ahora en que tenemos 250 o 300 personas. Hay días que está muy soleado y hay poquita gente. Hace dos semanas se suspendió la celebración porque no hubo nadie.
Según el plan original, todo lo ingresado por concepto de turismo se manejaría a partes iguales en esas tres vertientes. “Pero como todavía no está definido el patronato, no se ha resuelto lo que ha entrado a cada parte”, dice el párroco.
En cuestión de limosnas, se respeta la disposición de que van directamente a la iglesia. “Estamos hablando de un promedio de 500 o 600 pesos a la semana, y el domingo, en la celebración, son 400 pesos más. Así que un promedio semanal sería de mil pesos. Hasta el mes de septiembre habían ingresado a la parroquia alrededor de 7 mil 500 pesos por concepto de limosna, lo cual es relativamente poco para cinco meses de estar trabajando.
“Y esto de las parroquias es un poquito más sencillo, más pobre: no hay un gran ingreso de limosnas. Estamos hablando de alrededor de 5 mil a 6 mil pesos mensuales, que se gastan en todo lo que se cubre de agua, luz, servicios. Seis mil pesos para dos sacerdotes son 3 mil pesos al mes. Comparado con lo que se nos ha ingresado y los gastos, realmente no es mucho. Y varios piensan que en cuestión de limosnas, San José de Gracia está llenando sus arcones”.
El rechazo
Ubicado en la región noroeste del estado, a 57 kilómetros de la capital del estado y con 6 mil 29 de sus habitantes que profesan la religión católica, este pueblo atrajo el interés en abril del presente año, tras la inauguración del macroproyecto. Pero durante la semana, este poblado se remite a su cruda realidad: la monotonía de un pueblo sin alma, sin estímulos.
La obra es rechazada por los diputados locales del PRD Abel Sánchez y del PRI, Martín Gerardo Arenas, quienes consideran que se trata de “un capricho personal del gobernador el querer un lugar turístico sin tener las condiciones y la infraestructura para prestar servicios. Este municipio ni siquiera cuenta con un solo hotel, ni motel”.
“No hay que negarlo: la estructura es hermosa, pero sin una ganancia directa para el pueblo”, precisa. (Con información de Gilberto Valadez).
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