LEGALIZA EL GOBIERNO FEDERAL LA GUERRA SUCIA

El gobierno federal ha decidido que es perfectamente legal que se usen recursos públicos, equipo y horas de trabajo de servidores públicos para hacer guerra sucia contra candidatos. Y es que, como recordarán, el PRD descubrió que desde diversas oficinas del gobierno federal se estaban mandando e-mails en contra del peje. Pues María de los Ángeles Fromow acaba de decir que no hay problema por que la ley dice que no se puede apoyar a candidatos pero no dice nada sobre ATAQUES a candidatos.

Ajá, como si desde el gobierno PANISTA eso no significara un apoyo directo a fecal.

Asquéense con esta de (más asco) Milenio:

Se sanciona el apoyo a un candidato, dice la fiscal
El envío de mails contra AMLO, legal: Fromow

Tampoco se comprobó el uso ilegal de recursos públicos, informa. El senador Ricardo Monreal critica la explicación y la califica de "absurda".


La titular de La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Foto: Sandra Perdomo

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR no ejercitará acción penal contra ningún servidor público federal que haya participado en el envío masivo de correos electrónicos, en el que se atacaba la imagen de Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.

La ley establece que sólo se puede castigar a aquellos servidores públicos que apoyen de forma directa a un candidato y no que lo ataquen.

Lo anterior lo reveló la fiscal María de los Ángeles Fromow Rangel, quien mencionó que “la fiscalía hizo toda la investigación pero al tener los peritajes y la información derivada de todas las diligencias que realizamos, lo que tuvimos es que estos correos, estas campañas en las que se estaban utilizando los correos electrónicos eran contra un candidato o de un partido político y nuestro código penal federal establece el destino de recursos públicos para apoyar a un partido o a un candidato, no en contra”.

La fiscal aseguró que su dependencia analizó el contenido de la demanda interpuesta por Ricardo Monreal, coordinador regional de las redes ciudadanas de López Obrador, y concluyó que no había delito que imputar a los presuntos responsables de haber difundido por lo menos 7 millones de correos electrónicos colocados en internet.

En la denuncia inicial Ricardo Monreal presentó pruebas que de acuerdo con la
coalición involucraban a secretarios de Estado, funcionarios de la Presidencia y servidores públicos de diversas dependencias federales.

Fromow también aclaró que otro de los puntos que se consideró en las conclusiones de las pesquisas es el hecho de que los correos electrónicos no pueden considerarse como una disposición de recursos federales.

“La conclusión habla también del destino que es poner a disposición recursos públicos y el envío de un correo tampoco es una disposición de un correo público para que un partido político lo utilice, sino que es el uso y la utilización que no están establecidos en este artículo 407 (del código de procesos penales federales). Por esas dos razones estas investigaciones fueron remitidas a la unidad especializada para servidores públicos”.

Lo cual significa que la Fepade no cuenta con elementos para fincar algún tipo de delito electoral y por ende manda para su estudio el expediente a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos a cargo de Miguel Aragón Lagunas, quien ahora deberá analizar si se cometió algún otro delito del orden penal.

Cabe recordar que la denuncia de Ricardo Monreal fue presentada el pasado 23 de mayo y en ella acusaba a Eduardo Romero Ramos, secretario de la Función Pública; Emilio Goicoechea, secretario particular de la Presidencia de la República; Francisco Javier Salazar, secretario del Trabajo y Previsión Social; Gerardo Vargas Villarreal, director jurídico de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, y Francisco Garrido Patrón, gobernador de Querétaro.

- Claves

“Risible”: Monreal

• El senador Ricardo Monreal consideró “verdaderamente absurdo, risible”, el argumento “letrístico” de la fiscal María de los Ángeles Fromow.

• “Se deja la impunidad para que en el futuro todos los servidores puedan atacar a los candidatos que quieran, sin que se constituya ningún delito.

• Dijo que esta decisión ya no se puede impugnar, pero es muestra de que “hay una crisis en la administración de justicia”.

Ah que bien. Entonces esto quiere decir que se pueden usar todos los recursos del erario para atacar a un candidato. Con esto, la barbi de rancho legaliza de facto la guerra sucia con cargo al erario.

La pregunta es: ¿Por qué CHINGADOS tenemos que permitir que se usen nuestros impuestos para que el gobierno federal haga guerra sucia contra sus contrincantes electorales?

Esa es la "legalidad" y el "estado de derecho" del PRIAN.


Una razón más para apoyar al peje en el 2006.