FOX Y SE LLENÓ REGALANDO LA NACIÓN.

Viernes 27 de octubre de 2006

Jaime Martínez Veloz/ I

Punta Colonet y el cártel del Pacífico

El proyecto de Punta Colonet en Ensenada, Baja California, fue concebido para construir un centro marítimo multimodal, el cual sería el puerto más grande de México y el tercero o cuarto en tamaño del océano Pacífico, sólo después de Singapur, Hong Kong y Los Angeles. Se pretende construir una terminal de contenedores con capacidad inicial de un millón de contenedores anuales, que se incrementará a 6 millones en un plazo de cinco años, posteriores al inicio de su puesta en marcha. El destino final de la carga será Estados Unidos.

Además de la construcción del puerto de cabotaje y altura, y de un aeropuerto internacional de carga (el cual pretende controlar el gobernador panista y senador suplente de Baja California Ernesto Ruffo Appel) se pretende instalar una planta generadora de energía con capacidad de 600 MW, la cual demandaría una inversión de 500 millones de dólares, así como dos proyectos de regasificadoras de gas natural que implicarían mil 200 millones de dólares más, cuyos productos tendrían como destino el mercado de California. Para México la mugre y la grasa; las ganancias para las trasnacionales y los mercados extranjeros.

De concretarse estas intenciones en Punta Colonet, la carga pasará a manos del mayor operador estadunidense de trenes de carga, Union Pacific, que tiene una red instalada en 23 estados de ese país. Por su orografía, los 300 kilómetros que conectarían Colonet con la frontera de Mexicali y Caléxico, California, sólo enfrentaría complicaciones en una décima parte del camino donde hay sierra. Desde ahí se enlazaría al sistema ferroviario estadunidense. Todos los proyectos en su conjunto alcanzarían una inversión aproximada de 9 mil 200 millones de dólares.

En este rentable negocio, Ruffo invitó a asociarse al constructor y principal beneficiario de los contratos de obra de los gobiernos del PAN, Roberto Curiel Ortega, y formaron la empresa Puerto Colonet Infraestructura (PCI), que pretende competir (sic) en la licitación del puerto y después "asociarse" con navieras internacionales que financiarían la obra. Ruffo y el socio de marras adquirieron mil 315 hectáreas a un costo de 3 millones de dólares y están por adquirir 500 hectáreas más para tener mayor control sobre los materiales pétreos que pretenden suministrar para construir el puerto. Es obvio que Ruffo no tiene los recursos financieros, técnicos y humanos de las compañías contra las cuales supuestamente competiría. Con los antecedentes del puerto de Lázaro Cárdenas, el papel que jugaría sería el de sombrío patiño (prestanombres, vendepatrias o simple coyote) y, una vez que le sea adjudicada la concesión, mediante un procedimiento al estilo de los panistas, 30 días después la estaría traspasando a Hutchinson Port Holdings. Lo único en que Ruffo aventaja a los orientales es en codicia, avaricia y falta de escrúpulos.

Ruffo creó también Integradora Baja Aeropuerto con Héctor Moisés Calderón Quintero (accionista de la inmobiliaria de los terrenos donde Sempra Energy-Shell construye la regasificadora en Ensenada) y Juan Manuel Chávez García (con múltiples penurias económicas), y adquirieron un terreno de 3 mil hectáreas en la Meseta del Tigre para construir un aeropuerto internacional de carga, donde piensan conjugar esfuerzos con empresas extranjeras y ASA, para crear un consorcio capaz de movilizar millones de toneladas anuales de carga aérea con destino internacional. "La idea es que puedas mover la carga por tierra, mar y aire", declaró el ex gobernante al semanario Zeta.

El ahora director de la empresa PCI dijo que "la realidad es que las compañías privadas son las que han estado suministrando información al gobierno para que le dé forma al concurso". A confesión de parte relevo de pruebas, dicen los que saben. Es decir, el gobierno aparece sólo como gerente al servicio de las trasnacionales y como gendarme contra quienes se opongan al proyecto. Ruffo Appel se ha convertido así en el principal promotor de la especulación de los terrenos en la región.

Resulta evidente que Hutchinson Port Holdings es un consorcio de negocios, no un organismo asistencial, que hoy reclama a las autoridades mexicanas le cumplan los acuerdos comprometidos. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, y Ernesto Ruffo son ahora los más empeñados en que el proyecto de Punta Colonet se concrete lo antes posible, ya que cada día le aparecen más aristas filosas ante la desesperación de sus ambiciosos promotores.

Hay más. En forma inexplicable, mientras la SCT trabajaba en la concreción del proyecto de Punta Colonet, la Secretaría de Economía del gobierno federal entregó una concesión a Grupo Minero de Baja California el 25 de mayo de 2005 por 30 mil hectáreas para la explotación de magnetita y titanio, que incluye el derecho de 3 mil hectáreas de mar frente a Punta Colonet, en el mismo sitio donde se pretende construir el puerto. Dicha concesión tiene 50 kilómetros de costa y 15 kilómetros mar adentro, y abarca Punta Colonet, Punta San Telmo, San Antonio del Mar y Punta Eréndira. Esta metida de pata de dos secretarías de un mismo gobierno refleja la inconsistencia de las instituciones mexicanas, las cuales se han convertido en gerencias de paso al servicio de los poderosos, sin plan ni proyecto.

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