LA HIPOCRESÍA DE LOS YUNQUISTAS.

Viernes 27 de octubre de 2006

Fernando Gálvez de Aguinaga

¿Patrimonio cultural amenazado o amenazando con el patrimonio?

Hace unos días el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, mostró su preocupación por el hecho de que el patrimonio cultural de Oaxaca se encuentre tanto tiempo "secuestrado", en clara alusión al plantón del magisterio y la APPO en el centro histórico de Oaxaca, nombrado por la UNESCO Patrimonio Universal de la Humanidad. Así también, Luciano Cedillo, director general del INAH, hizo saber que la dependencia a su cargo había entablado dos denuncias penales, contra quienes resulten responsables, por los daños que el patrimonio cultural haya sufrido durante el movimiento social.

Tanto las denuncias del INAH como las preocupaciones de Abascal resultarían legítimas si no fuera porque desde que tomó posesión Ulises Ruiz (diciembre de 2004), el gobierno a su cargo ha enderezado ataques y acciones altamente irregulares contra el patrimonio cultural de Oaxaca que no merecieron la mínima mención de Abascal, pero más preocupante aún porque el INAH no operó con prontitud ni sancionó dichos actos contra el patrimonio edificado de Oaxaca. Así, la mortificación que demuestran se convierte, pues, en una acción política coordinada para agregar motivos para desacreditar al movimiento social oaxaqueño y abultar los expedientes legales que les permitan perseguir a los luchadores sociales.

Los clavos en banquetas y muros del centro histórico, así como las pintas en las fachadas de casonas antiguas son daños menores que se solucionan con brochas y resanadas; en cambio ¿cómo es posible que el muy católico Abascal no levante la voz para preguntar adónde fueron a parar los antiguos portones de la catedral de Oaxaca, sustituidos por unas puertas de pino barato que a pocos meses ya mostraban rajaduras y en lugar de los remaches y adornos de hierro originales fueron remendadas con incrustaciones de latón chafa? Si la catedral fue muy mal restaurada en su exterior durante el sexenio de José Murat, en el periodo de Ruiz un día amaneció con las puertuchas mencionadas. ¿Con qué criterio autorizó el INAH el cambio de puertas? ¿Por qué no hay demanda contra el responsable de las obras, es decir, el Instituto de Patrimonio Cultural de Oaxaca, encabezado por Carlos Melgoza? ¿O el encargado real de las obras era el hermano del gobernador, como declaró el párroco de la catedral a la prensa?

Pero la agresión más sonada y evidente contra el patrimonio cultural fue el Plan Paisajístico del Zócalo y la Alameda. La noche del 17 de abril de 2005, maquinaria pesada como barretas neumáticas y trascabos mecánicos, prohibidos expresamente para obras en el Reglamento del Centro Histórico de Oaxaca, desmantelaron la plaza central, la misma que meses antes había sido escenario del triunfo de la sociedad civil contra McDonald's, que pretendía instalar una franquicia en sus portales. La mañana del día 18, el zócalo parecía zona bombardeada: montones de cantera se apilaban desordenadamente por toda la plaza, así como pilas de raíces y ramas que habían sido arrancadas por las maquinarias a los laureles de más de 150 años de edad. En el trajín se escuchó un estruendo: uno de los inmensos especímenes arbóreos que distinguen a dicha plaza cayó de golpe sobre Palacio de Gobierno, como señalando a los culpables de su caída. Las máquinas dañaron también las fuentes, varias bancas y arrancaron de cuajo mucha de la iluminación baja de la plaza. Un año antes, el mismo Instituto, llamado entonces Comisión para el Patrimonio Edificado de Oaxaca, había remozado y limpiado fuentes, bancas, quiosco e iluminación que, según sus propias cifras, costó varios millones de pesos, y que ahora decidía destrozar con la mayor impunidad; total, Oaxaca tiene dinero de sobra.

La obra carecía de los permisos correspondientes del INAH y el retiro de árboles históricos no estaba avalado por estudios de impacto ambiental. El INAH nunca paró la obra, nadie fue demandado ni sufrió sanciones por el acto de barbarie que originaría la caída de otros dos árboles monumentales en el transcurso de los meses que duró la polémica intervención. Días después, el presidente municipal priísta Jesús Angel Díaz Ortega dijo que el proyecto costaría 26 millones de pesos, es decir, 2 millones y medio de dólares por una obra a todas luces innecesaria. El anuncio lo hizo durante una explicación pública del proyecto, en el que él y los encargados del diseño y la propuesta original -el biólogo Alejandro de Avila, el arquitecto Saúl Alcantara y el pintor Luis Zárate- fueron abucheados por la multitud que abarrotó la Casa de la Ciudad (entre el público gritaban airadamente locatarias del mercado 20 de Noviembre, ubicado en el centro de Oaxaca, a quienes también se les había anunciado que serían desalojadas unos meses para construir ahí un estacionamiento subterráneo).

La utilización de piedras y materiales distintos a los originales tanto en el zócalo como en la Plaza de la Danza fue denunciado por el Comité de Vigilancia Ciudadana, que encabezaba las protestas contra las ocurrencias de la administración de Ulises Ruiz. Pero también se evidenció la ausencia de proyectos profesionales y estudios técnicos, de hecho, en el caso del zócalo hubo al menos seis proyectos que aparecían y desaparecían ante la visita de autoridades, prensa y políticos a lo largo del conflicto.

Semanas después, ya envalentonado, Ulises Ruiz declaró que los recursos de taquilla de Monte Albán debían ser para los oaxaqueños, es decir, quería quitarle la administración de los mismos al INAH y propuso duplicar los horarios de visita y realizar espectáculos nocturnos de luz y sonido. La arqueóloga Nelly Robles, directora del sitio, salió en defensa contra dichas pretensiones. Hasta insultos en la prensa enderezó Ulises Ruiz contra el INAH por negarse, y sin embargo Enrique Fernández Dávila, quien relevó a Eduardo Calzada al frente del INAH estatal en medio del conflicto, declaró que "si no se procedió a la clausura (de las obras del zócalo) es porque no podíamos interrumpir las relaciones que tenemos con el gobierno del estado". En cambio, sí se pueden interrumpir las relaciones con la sociedad; así pues, demándese legalmente al movimiento actual.

Queda claro, el patrimonio cultural no está siendo defendido por las autoridades federales: está siendo utilizado para satanizar al pueblo movilizado de Oaxaca.