PARA LOS BRIBIESCA:¿JUSTICIA O CLEMENCIA?.

Opinión México.
Disyuntiva de los Bribiesca: justicia con AMLO; con Calderón ¿clemencia?.
Por: José Vilchis Guerrero.
(FORUM).
(Fecha publicación:26/08/2006).

Jesús González Schmal explicó que si cumple con su promesa de aplicar la justicia en todos los casos, Andrés Manuel se iría por ese camino. En cambio, Felipe Calderón Hinojosa está en la disyuntiva: o busca ganar para ser tapadera de la familia presidencial o decidirá que se aplique la ley en este caso, aunque tenga que pagar un alto costo político.

Mientras en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dilucidan el voto por voto y será hasta septiembre cuando se entregue la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador o a Felipe Calderón Hinojosa, según sea el fallo, los hermanos Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún enfrentan un futuro incierto, afirman los legisladores que los investigan por tráfico de influencias.

El presidente de la comisión legislativa, Jesús González Schmal, explicó a Forum que si cumple con su promesa de aplicar la justicia en todos los casos, Andrés Manuel se iría por ese camino. En cambio, Felipe Calderón Hinojosa está en la disyuntiva: o busca ganar para ser tapadera de la familia presidencial o decidirá que se aplique la ley en este caso, aunque tenga que pagar un alto costo político.

Mientras tanto, continúan las investigaciones por el tráfico de influencias que han permitido un rápido e inesperado enriquecimiento sin límite de los hijos de Martha Sahagún de Fox. Se han acumulado pruebas que aportan suficientes elementos para que la Procuraduría General de la República (PGR) proceda a la consignación e incluso penalmente en su contra, pero no lo ha hecho.

Lo anterior no ha sido motivo para detener las acciones de la comisión legislativa. En respuesta a la ratificación de la denuncia penal de los diputados por tráfico de influencias y enriquecimiento de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, el primero compareció voluntariamente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para deslindarse de las acusaciones en su contra por supuesta falsedad de declaraciones.

Días antes, diputados federales ampliaron ante la PGR su denuncia penal en contra de Jorge Alberto y Manuel Bribiesca, varios empresarios y el secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Beauregard, por el delito de tráfico de influencias.

El diputado González Schmal entregó más elementos probatorios contra los acusados.Explicó el legislador de Convergencia por la Democracia que se trata de elementos de prueba de seis créditos-IPAB del paquete “C”, otorgados a la empresa Construcciones Prácticas (de Miguel Khoury Simán) para adquirir viviendas y predios en cuatro ciudades del país, donde, dijo, “su valor en libros equivale a 330 millones de pesos”.

Por esta razón, indicó, los legisladores ampliaron ante la PGR su denuncia penal en contra de los antes mencionados, por un supuesto tráfico de influencias.

Enrique Ostos Garza, apoderado legal de Manuel Bribiesca, salió al paso de aquellos que creen que podrán ejercer acción penal en contra de estos privilegiados integrantes de la familia presidencial, al señalar que los legisladores han equivocado su estrategia y su lucha.

Explicó el litigante que esta denuncia “viola el artículo 93 constitucional y constituye una extralimitación de sus facultades (de los legisladores), atendiendo al aspecto político aún por encima de lo establecido en la Carta Magna”. Reiteró que la Constitución no los faculta para iniciar averiguaciones contra particulares y menos cuando los hechos se derivan de un juicio del orden civil entre particulares.

Ampliaron y ratificaron la denuncia.
El 12 de julio los diputados federales ampliaron su denuncia penal contra Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, varios empresarios y el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, por tráfico de influencias que están documentando ante la PGR.Ese día, González Schmal entregó pruebas de seis créditos-IPAB que fueron otorgados a la empresa de Miguel Khoury Simán que utilizaron para adquirir viviendas y predios en cuatro ciudades del país.

Ante la PGR ya están presentados avalúos, escrituras públicas, datos de la subasta y cheques que fueron pagados, dijo.González Schmal indicó que para comprobar lo anterior entregaron a las autoridades del Ministerio Público de la Federación las escrituras públicas y avalúos de los inmuebles, que se localizan en Morelia, Michoacán; Tepic, Nayarit; Veracruz, Veracruz; y Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dijo que a los 330 millones de pesos en los que están valuadas las viviendas, hay que sumar 226 millones de pesos que están relacionados con cinco créditos del paquete “C” del IPAB, que se integraron a la primera denuncia el 5 de abril y que fue ratificada el 9 de mayo. Estos se utilizaron en la compra de predios en Acapulco, Guerrero; Irapuato y Guanajuato, Guanajuato.

El legislador federal dijo a Forum que sin importar los tiempos políticos, la comisión ya tiene identificados 27 créditos-IPAB del paquete “C” otorgados a Construcciones Prácticas, de los cuales se han documentado con suficientes elementos de prueba 11, con un valor de 596 millones de pesos.

No cejan en su lucha por esclarecer los hechos delictuosos de los Bribiesca Sahagún, pues “estamos reuniendo más pruebas para documentar los restantes 16 créditos con un valor de 587 millones de pesos, de tal modo que podríamos llegar a demostrar un fraude por mil 183 millones de pesos”.

A pregunta expresa sobre los difíciles tiempos que corren por los cuales no deja de estar en el aire la moneda del relevo presidencial y una nueva etapa, dijo González Schmal que tiene confianza en que la siguiente legislatura federal retomará la estafeta y continuará vigente la comisión legislativa, pues se trata de aclarar todo, de que no haya impunidad para los privilegiados que forman la familia presidencial.“No tengo ninguna duda de que los legisladores electos sabrán asumir esta responsabilidad republicana: dejar en claro cómo se enriquecieron estos muchachos afortunados con la ayuda de muchos funcionarios públicos que, en lugar de jugar su papel de servidores públicos, se aliaron con ellos para enriquecerse mediante un sucio tráfico de influencias”.

Informó que personalmente entregará a los diputados electos el acervo documental para continuar la investigación contra los Bribiesca Sahagún, con la recomendación de que se castigue también a los que favorecieron el tráfico de influencias para enriquecerse escandalosamente.

Pemex tiene que dar la cara.
El periodista Miguel Badillo exhibió en el semanario Energía y Ecología a los hijastros del presidente Vicente Fox, en una investigación en la que muestra cómo Petróleos Mexicanos (Pemex) cedió en el tráfico de influencias y estará obligada a dar a conocer los documentos que involucran a los Bribiesca Sahagún en negocios, al obligar éstos a los funcionarios de la paraestatal.

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a Pemex abrir toda la documentación que tiene en sus archivos sobre la empresa Oceanografía, señalada por varios legisladores de estar presuntamente vinculada a los hermanos Bribiesca Sahagún.

En los documentos se menciona al exprocurador Antonio Lozano Gracia y Amado Yánez Osuna, dueño de Oceanografía, asociado con los hijos de la primera dama.

En presencia de Miguel Badillo se llevó a cabo la votación unánime, en la que los cinco comisionados del IFAI decidieron revocar una reserva de 10 años con la que la paraestatal había clasificado los diversos documentos oficiales.

Los contratos adjudicados por Pemex a Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Correa y su hijo Amado Yáñez Osuna, son indagados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la comisión investigadora de la Cámara de Diputados.

Esta última ha señalado que los hijos de la primera dama presuntamente trataron de presionar a funcionarios de Pemex para que les fueran otorgados contratos millonarios a Oceanografía. La presión vino directamente de Martha Sahagún de Fox, a través de Raúl Muñoz Leos, según la investigación periodística.

Puntualizó Badillo Cruz que ordenaron abrir el contrato 411002819 otorgado a Oceanografía, el anexo de sus negociaciones sobre el mismo convenio, las supervisiones hechas por Pemex y la cuantificación de las pérdidas por incumplimiento de ese contrato. Originalmente Pemex había negado la existencia de tales documentos.

Fue en octubre de 2004 cuando se produjo el tráfico de influencias al decidirse otorgar a Oceanografía el contrato de la licitación pública número 18575108/068/04, por 154 millones de dólares para la contratación de un barco grúa para el servicio en las plataformas en la Sonda de Campeche, cuando se disputaban la licitación siete navieras y una de ellas, Servicios Marítimos de Campeche SA, ofreció mejor precio, 6 por ciento inferior al de Oceanografía.