NO HAY DE OTRA, HAY QUE ABRIR LOS PAQUETES.

Legalidad y legitimidad.

Mauricio Rossell.
29 de julio de 2006

La comunicación epistolar sostenida a principios de semana entre los candidatos presidenciales punteros ha puesto en evidencia una cuestión de índole política y sociológica de gran importancia, de la que dependerá que el próximo presidente pueda asegurar la eficiencia y gobernabilidad durante su sexenio. Me refiero a la cuestión de legitimidad.

Me pregunto si, en caso de ser confirmado por el TEPJF el triunfo de Felipe Calderón -y contar por ello con el reconocimiento legal de su investidura como nuevo presidente-, éste contará con el apoyo suficiente por parte de los gobernados para garantizar un gobierno realmente eficiente y efectivo.

De acuerdo con la clasificación de Max Weber, la legitimidad puede derivar de tres fuentes distintas.

Primero, de la tradición o, lo que es igual, de la creencia en la corrección de las tradicionales inmemoriales de una sociedad como sucede en el caso de las monarquías.

Segundo, del carisma o de la convicción en las dotes o cualidades excepcionales de una persona, que hacen que lo mandado por él se considere digno de obediencia, tal y como ocurrió con Gandhi;

o tercero, de la legalidad y los procedimientos racionales, esto es, del convencimiento en la racionalidad del comportamiento que se ejercita conforme a las leyes o de las autoridades que han sido elevadas a esta calidad de acuerdo con las mismas, como ha sido el caso de la idea liberal del "gobierno de las leyes y no de los hombres".

Estos tres tipos de legitimidad coinciden en que sólo consideran legítimo a aquel poder sustentado, aunque suene tautológico, en criterios considerados previamente como "legítimos". Lo cual genera deficiencias insoslayables de definición en el contexto de un régimen democrático moderno.

En el caso específico de la legitimidad legal-racional provoca, por ejemplo, que el concepto de legitimidad se confunda con el de legalidad y que como consecuencia se considere que la legitimidad de una autoridad deriva únicamente de la aceptación del procedimiento (legal) con base en el cual ésta fue elegida.

Sin embargo, ello no es tan simple. Sin negar la importancia que tiene el elemento legal para considerar a una autoridad como legítima, limitar la legitimidad a sólo este aspecto es disponer de una visión muy estrecha, puramente formal. Implica partir de una perspectiva que no toma en cuenta el aspecto de la legitimidad material con la que debe contar todo orden político y que se sustenta en el hecho de que la autoridad y sus decisiones se deriven de la voluntad común, de la razón colectiva, no manipulada ni coaccionada, así como de la integración conjunta y concertada de las soluciones colectivas.

Bajo una visión como esta, que es sostenida por H. Arendt y Jurgen Habermas a través de sus teorías de la acción comunicativa o concertada, el poder es considerado no como propiedad de un individuo o de un grupo, sino como pertenencia de la colectividad.

De ahí que resulte fundamental en un régimen democrático no sólo tener en cuenta los derechos e intereses de la mayoría, sino también los de la minoría.

No hay que olvidar que en un sistema democrático la legitimidad se encuentra estrechamente vinculada con la idea de consenso (al colocarse ex parte populi) y que ésta apela a la naturaleza ideal y a la idea del progreso histórico.

Y que, precisamente por ello, esta concepción plantea el derecho a la resistencia como vía para hacer justicia a la voluntad general conculcada y exigir la integración de un nuevo contrato social, cuyas determinaciones sean producto de un proceso deliberativo regido por las reglas de la libertad y la igualdad y por los principios del mejor argumento y de la exclusión de la coacción.

Un gobierno democrático sólo puede mantenerse, legítimamente en la medida en que el grupo al cual representa permanezca unido y acepte el poder de aquél; apoyo que no es sino la continuación del consentimiento que dotó de existencia a las leyes.

En este sentido, para tener plena legitimidad es necesario abrir los paquetes; esto se antoja difícil debido al criterio reduccionista del tribunal, por lo que lo más probable es que convalide la elección de Felipe Calderón y para él será muy difícil gobernar.

Ello sólo podrá lograrlo si es capaz de integrar la voluntad común, la razón colectiva, la aceptación general en torno de su presidencia y en la elaboración conjunta y concertada de las acciones y soluciones colectivas.