NADA DE SALIDAS POLÍTICAS. VOTO POR VOTO CASILLA POR CASILLA.

Salida política.

Mauricio Merino.
29 de julio de 2006.

A lo largo de esta semana he leído varios argumentos en torno de la posibilidad de construir una "salida política" al conflicto postelectoral. Así lo han sugerido varios de los protagonistas de esta nueva contienda, y algunos ya lo han propuesto directamente, aunque haya sido desde perspectivas muy diferentes. Me preocupa que la idea de construir una "salida política" signifique, en realidad, pasar por encima de las instituciones para negociar posiciones y pactar treguas.

Me preocupa incluso el concepto mismo de "salida política". ¿Qué es eso? ¿Un arreglo entre poderosos para bajar las armas?

Desde mi punto de vista, la única salida de este conflicto ha de estar en el más escrupuloso respeto a las reglas del juego democrático que nos hemos dado. El proceso electoral sigue en curso y, a pesar de la crispación y la polarización en la que nos han sumido los principales partidos políticos del país, los procedimientos formales están lejos de haberse agotado.

El Tribunal Electoral está revisando los juicios de inconformidad presentados en contra de la elección presidencial y cuenta con varias semanas más para resolverlos. Hasta que no lo haga, no se llevará a cabo el cómputo nacional de los votos efectivamente emitidos el 2 de julio, ni se declarará la validez oficial de esta elección, ni se otorgará constancia de presidente electo a ningún candidato.

La ruta legal no ha concluido y, en consecuencia, hablar de la construcción de una "salida política" diferente a la que establecen las leyes resulta, por lo menos, prematuro y ansioso. Antes de seguir fabricando escenarios, hay que esperar al menos a que el Tribunal Electoral diga la última palabra. Mientras eso no ocurra, todo lo demás será tan inútil como irresponsable.

Pero cuando eso suceda, tampoco debería haber sitio para imaginar una "salida política" distinta de la que ofrezcan las sentencias del tribunal. Si así fuera, significaría que ese órgano jurisdiccional estaría obligado a interpretar el derecho de una manera políticamente satisfactoria para todas las partes, lo que no sólo resulta imposible sino que además sería espeluznante.

Y equivaldría, sobre todo, a condicionar las sentencias del tribunal al gusto de los contendientes, de modo que si éstas no se correspondieran con su voluntad, habría que buscar esa "salida política" para resolver el conflicto. No sólo se trata de una tesis opuesta al estado de derecho, sino que es abiertamente mafiosa: reglas y jueces sometidos a la negociación entre las familias.

En otras ocasiones he sostenido que el Tribunal Electoral está llamado a hacer una verdadera obra maestra de aplicación del derecho y también de pedagogía pública. A unos meses de cumplir 10 años de vida, ese órgano cuenta con la experiencia y los medios para producir sentencias ejemplares, que no sólo ofrezcan certeza sobre el cumplimiento puntual de las reglas con las que se han llevado a cabo las elecciones, sino que además expliquen con claridad meridiana la forma en que se verificó la evidencia disponible para confirmar que los resultados electorales efectivamente se corresponden con esas reglas.

Podemos exigir que el tribunal actúe con total profesionalismo y que sus decisiones no dejen ninguna duda sobre su objetividad, su imparcialidad y su independencia. Pero de ninguna manera podemos pedirle que esas decisiones respondan a una "salida política". Sería lamentable que los magistrados actuaran a partir de una lectura política de las circunstancias y, sobre esa base, adecuaran su interpretación del derecho.

Así solía hacerse antes: la ley se usaba para vestir con ropajes legales lo que en realidad eran arreglos políticos. Durante muchos años, cuando esos arreglos no contaban con el respaldo de algún grupo político, se recurría a la coacción o la represión; la mayor parte del siglo XX mexicano está plagada de ese tipo de soluciones a los conflictos.

Después, cuando el régimen autoritario ya no pudo seguir reprimiendo, aprendió a buscar salidas negociadas: a establecer pactos de conveniencia, basados en el intercambio de obsecuencias por privilegios, que también se arropaban con argumentos legales. De esa época surgieron las tristemente célebres concertacesiones y una amplia variedad de "salidas políticas" de todo cuño, que no hacían sino subrayar la falta de respeto a las reglas formales establecidas en la Constitución y en las leyes.

De ahí también que, en materia electoral, lo más importante no fueran los votos sino los pactos y que, en el mejor de los casos, los comicios no fueran más que un ritual y, acaso, una especie de encuesta para medir los ánimos públicos. Pero la lógica de ambas épocas era la misma: el sometimiento de la ley a las fuerzas políticas.

Sin embargo, el régimen democrático reclama exactamente lo contrario; es decir, la obediencia de las fuerzas políticas a la ley. Y en materia de arreglos políticos, el único que puede invocarse de manera legítima es el respeto incondicional a las sentencias que emita el tribunal: el mismo órgano que fue integrado desde 1996, cuando ninguno de los partidos objetó el nuevo diseño del sistema electoral y que desde entonces ha venido funcionando sin contratiempos.

Los partidos tienen derecho a objetar los procesos electorales y a defender sus causas con todos los medios legales que el país ha puesto en sus manos. Pueden expresar sus opiniones con libertad y convocar a sus militantes y seguidores a ganar el espacio público.

Pueden exigir que las autoridades actúen con imparcialidad y responsabilidad, y enderezar recursos legales cuando consideran que sus derechos no han sido respetados cabalmente. Pueden, y aun deben, organizar e informar a la sociedad para la acción y la participación política.

Pueden incluso, a través de sus representantes parlamentarios, modificar las leyes y crear órganos para hacerlas valer. Pueden vigilar y controlar la tarea que realizan los distintos gobiernos de la República: los de sus propios partidos y los que encabezan sus adversarios.

Pueden hacer todo eso, precisamente, porque las leyes les dotan de esas facultades enormes y además les proveen de dineros y medios para realizar sus tareas sin restricciones de ninguna índole.

Pero lo único que no es aceptable bajo ninguna excusa ni pretexto, es encontrar "salidas políticas" para burlar la ley. Y la ley dice que debemos esperar el veredicto final de la única instancia facultada para decirlo. Esa será la salida.