FECAL NO CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE BANOBRAS

Nos llegó este e-mail con una nota al parecer de la gaceta de la fracción perredista del congreso, en donde se muestra que no sólo fecal no cumplía con los requisitos para ser director de BANOBRAS (banco del cual no dudó en meter la uña para chingarse 3 millones de pesos) sino que además el PRD va a poner una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública por este desaguisado de Fox de nombrar a alguien que no debió estar en Banobras de director:

DEMANDA PRD AL TITULAR DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE EL NOMBRAMIENTO DE CALDERÓN HINOJOSA EN BANOBRAS

Incumplía el requisito de haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio

Los diputados del PRD Inti Muñoz Santini y Juan José García Ochoa, en voz de la diputada Beatriz Mojica Morga, exhortaron al titular de la Secretaría de la función Pública inicie una investigación por la designación de Felipe calderón Hinojosa como director General de Banobras, y en su caso proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda, así como a que informe a esta soberanía los resultados de la investigación.



Los legisladores perredistas fundaron su exhorto al considerar que el nombramiento de Calderón Hinojosa incumplía el requisito de "haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimiento y experiencia en materia financiera y administrativa" para ocupar ese cargo público, ya que se desempeñó como ejecutivo de cuenta en un banco ahora extinto.



Aseguraron que tanto el presidente Vicente fox y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, al nombrarlo, y Calderón Hinojosa al aceptar la designación de director general de Banobras, mostraron el desconocimiento de las leyes correspondientes (22 y 23 de la Ley Orgánica de ese banco y 24 de la Ley General de Instituciones de Crédito) y las violaron flagrantemente.



El ahora candidato de "las manos limpias", afirmaron, no sólo asumió un cargo público para el cual no reunía los requisitos, sino que un mes después de su nombramiento solicitó a través del Consejo Directivo de Banobras, que se le otorgara un préstamo para adquirir una casa por 3.5 millones de pesos.



Sin embargo, explicaron, Calderón Hinojosa necesitaba cinco años de servicio ininterrumpido para poder acceder a ese tipo de créditos, requisito que no cumplía, toda vez que sólo tenía un mes en el puesto.



Finalmente, los legisladores del PRD afirmaron que no existe congruencia en el discurso del Ejecutivo federal ni del candidato que pretende gobernar este país por tener un mejor gobierno, ya que ambos solapan actitudes irresponsables de los servidores públicos de este gobierno, que se caracterizan por la ineficiencia, la ilegalidad y la corrupción.

De pasada, los diputados del PRD pidieron que se investigue a los involucrados en el FOBAPROA--que desde luego no serán investigados si fecal o Madrazo estuvieran en la presidencia:


EXIGE RAMÍREZ CUÉLLAR SE INVESTIGUE A FUNCIONARIOS DE LOS DOS ÚLTIMOS SEXENIOS INVOLUCRADOS EN RESCATE BANCARIO

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Las responsabilidades deben ser deslindadas y castigar a los culpables
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El Fobaproa, expediente abierto; Fox y el PAN, cómplices de la impunidad

Lic. Eduardo Romero Ramos
Secretario de la Función Pública
PRESENTE

Durante los últimos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha difundido profusamente un desplegado donde pretende hacer creer a la población que los asuntos relacionados con el rescate bancario iniciado con el tristemente famoso FOBAPROA y los resultantes pasivos a cargo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), son un caso ya concluido y cerrado para todos los términos legales.

Lo anterior es totalmente falso. Aunque muchas de las consecuencias judiciales que serían de esperarse, ante el mayor desfalco provocado al pueblo mexicano, han sido anuladas con las cuestionables resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedan algunas medidas aún pendientes, y el responsable de agotar esos procedimientos, en todos los términos legales, es precisamente usted.

El pasado 30 de marzo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó a la Cámara de Diputados el "Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004". En dicho Informe se incluye una "Separata" de 351 páginas titulada "Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004". Las medidas pendientes que le comento, derivan de la información que se incluye en las secciones "7.1 Opiniones de Delito (CNBV)" y "7.2 Denuncias Penales" (pág. 163-169).

La ASF señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó la comisión de diversas conductas delictivas, "las cuales consistieron principalmente en que los acreditados de los bancos obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos y pasivos de una entidad o persona física o moral y con ello provocaron un quebranto o perjuicio patrimonial para el banco; así mismo, los consejeros, funcionarios y/o empleados de las instituciones de banca múltiple, a sabiendas de que dichas operaciones traerían como consecuencia el quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución, autorizaron los créditos".

Derivado de lo anterior, la CNBV emitió 62 Opiniones de Delito que correspondieron a los siguientes bancos: Banco Unión. 22 Casos; Banco Interestatal, 18 Casos; Banco Confía, 11 Casos; Banpaís, 7 Casos; Banco del Sureste, 2 Casos; Banco de Oriente, 1 Caso; y Banco Capital, 1 Caso.

Como resultado de las citadas Opiniones de Delito, "se iniciaron 65 averiguaciones previas, de las cuales 62 fueron radicadas ante el órgano jurisdiccional competente como causa penal". Ante la solicitud de información que hizo la ASF al IPAB. respecto al estado procesal que guardan las 62 denuncias señaladas, se comenta lo siguiente:

1. Hay 31 prescripciones de la acción penal debido a la falta de actuación en tiempo y forma de la Procuraduría Fiscal de la Federación, como autoridad competente;



1. Existe 8 sobreseimientos por falta de la ratificación de la querella a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación;

1. Hay 2 dictámenes de la PGR sobre el no ejercicio de la acción penal debido a falta de elementos para procesar a los indiciados;



1. Existe una abstención de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la formulación de su querella;

1. Hay 3 procesos judiciales terminados,



1. Existen 6 Casos enviados a reserva por la PGR debido a falta de elementos para procesar a los indiciados;

1. Hay 3 Casos en trámite;



1. Un Caso está en período de pruebas.

La ASF concluye señalando que "Con motivo de las 31 prescripciones de la acción penal, los 8 sobreseimientos y la abstención en la presentación de la querella; en términos de lo dispuesto en el artículo 37, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública debe conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto la colaboración que le fuere requerida".

Y agrega, "Así también la actuación de los ministerios públicos, de la CNBV, de los interventores gerenciales de los bancos, de los órganos internos de control del Ejecutivo Federal, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Procuraduría General de la República y demás actores, deberán ser evaluados para deslindar las responsabilidades, tanto en la fundamentación y motivación de las diversas denuncias y querellas, como en la responsabilidad de aquellos servidores públicos que dejaron prescribir las acciones correspondientes".

El suscrito hace suyo, sin ninguna reserva, el reclamo presentado por la ASF. La irresponsable manera como se llevó a cabo el rescate bancario impuso al pueblo mexicano una deuda de enormes proporciones. Ese quebranto no puede quedar impune. Puede ser cierto lo señalado por la Secretaría de Hacienda, en su Comunicado de Prensa del pasado 18 de abril, en el sentido de que ya no puede hacerse nada debido a que los Casos prescribieron, pero el problema que no se ha respondido es quiénes los dejaron prescribir y por qué.

Todos los funcionarios involucrados en estos casos plenamente documentados deben ser investigados. Las responsabilidades deben ser deslindadas, y los responsables sancionados. Eso es lo que señala la ley, y nada menos que eso exigimos. Y el responsable de llevar a cabo y agotar esos procedimientos es precisamente usted.

Por todo lo anterior, le solicito, de manera respetuosa, iniciar de manera inmediata los procedimientos que le exige la ley, recordándole el compromiso de respetar la Constitución y todas las leyes de ella emanadas, cuando aceptó el encargo que desempeña.

ATENTAMENTE

Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar
Secretario de la Comisión Investigadora del IPAB

Quiero informarles que hemos decidido entregar formalmente esta carta al licenciado Eduardo Romero, secretario de la Función Pública, porque es falso que haya concluido y se haya cerrado el asunto del Fobaproa. Tenemos los datos de la ASF por hechos que resultan graves para la vida política y social del país, en el sentido de que hay una serie de funcionarios de las anteriores administraciones, como del ex presidente Zedillo, muchos de los cuales ocupan cargos prominentes en las áreas financieras y hacendarias del país, que son los responsables de haber dejado prescribir los delitos.

Hasta estos momentos, no hay una sola persona, dueño de alguna institución bancaria, empleados de algún banco, presidentes de los consejos de administración, funcionario público, que esté siendo sometido a proceso y que esté siendo investigado.

Es decir, el hecho de que el pueblo de México cargue con una deuda de un billón 300 mil millones de pesos, implicaba, como se ha hecho en otros países del mundo, una investigación para deslindar responsabilidades. Aquí no hay ninguna investigación que haya deslindado responsabilidades.

Los funcionarios del gobierno anterior y que trabajan en este gobierno dejaron prescribir los delitos, no acreditaron la personalidad jurídica al momento de comparecer ante MP. Llegaron al extremo de olvidar las credenciales que los acreditaban como representantes de la Procuraduría Fiscalía de la Federación en representación de la SHyCP y del gobierno; integraron mal los expedientes, de tal manera que el MP y los jueces prácticamente desecharon el inicio del procedimiento y mandaron al archivo los casos.

Por eso queremos demandar al licenciado Eduardo Romero Ramos que inicie la investigación para castigar a los funcionarios públicos que fueron los responsables de que prácticamente todas las irregularidades cometidas en la crisis bancaria en la crisis del 94-95 quedaran sin castigo.

No podemos permitir que este asunto, totalmente documentado por una autoridad que ha tenido reconocimientos importantes, como es la ASF, y que nos lo entrega en la Cuenta Pública 2004, no tenga ningún seguimiento por parte del gobierno del presidente Fox.

Cuando era candidato, Fox entregó una llave falsa en el debate con la cual hizo suponer a la opinión pública que con esa llave se abrían las listas de los que estaban en el Fobaproa. Era una llave falsa. Se comprometió a que iba a hacer todas las investigaciones y castigar a los responsables. No hay absolutamente nada. Si el presidente de la república y el PAN no quieren continuar de tapaderas de este enorme desfalco bancario, ahora tienen la oportunidad de iniciar las investigaciones a cargo de la titular de la Función Pública para que se someta a juicio a todos los funcionarios de la anterior y de la actual administración que dejaron prescribir, que no acreditaron su personalidad y que provocaron que prácticamente ningún funcionario prominente ni tampoco un accionista destacado de los bancos rescatados esté cumpliendo alguna condena o haya sido sancionado penalmente, como debe ser, por las irregularidades que cometieron y que fueron motivo de la investigación de la CNByV y de la propia ASF.

Esta lucha debe seguir porque necesitamos acabar con la impunidad que está protegiendo el presidente Fox, el SFP y el propio Procurador General de la República. Es una protección a crímenes financieros, en los que no ha hecho absolutamente nada el presidente Fox.

A finales del año antepasado, en la discusión del Presupuesto 2005, decidimos sacar una carta con la mayoría de los diputados en la que nos negábamos a pagar la totalidad del costo que tenía que ver con el Programa de Capitalización y denunciábamos el canje de pagarés.

Quiero decirles que gracias a esta acción que hicimos en la Cámara de Diputados, logramos ahorrar unos 11 mil millones de pesos, pero aún está pendiente la revisión de los resultados de la Cuenta Pública 2004, porque nuestros cálculos es que podemos tener, del costo de casi dos mil millones de pesos que tiene el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, un ahorro de 6º mil millones de pesos adicionales a los 11 mil que en eso momento se le rebajó como producto de los créditos irregulares que detectamos y que denunciamos aquí adecuadamente.

Hemos tenido un obstáculo, que es la SCJN.

Le voy a dar la palabra al compañero Juan Moreno para que hagamos una evaluación de la actuación de la SCJN, que se ha convertido en cómplice, en tapadera. Aunque respetamos sus resoluciones, la SCJN ha sido un obstáculo para llevar a cabo todas las investigaciones y reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Juan Moreno, asesor (JM): Buenas tardes. Sobre lo que decía el diputado Ramírez Cuellar, sólo quisiera agregar algunos puntos. Cuando se aprobó la Ley del IPAB en diciembre de 1999, en el artículo quinto transitorio se le encomendó a la Auditoría Superior de la Federación que auditara todo el proceso. Entonces, en los informes anuales de revisión de cuentas públicas, la Auditoría Superior se puso a revisar toda la historia del rescate bancario.

Y empezó a acumular una serie de observaciones de cosas que habían sido irregulares, ilegales; particularmente fue en el caso que señalaba el diputado, de los pagarés de capitalización, donde llegó a la conclusión de que se debían deducir más o menos como 60 mil millones adicionales a los que se redujeron, de créditos que se metieron a la panza del Fobaproa, claramente ilegales y que no tenían por qué estar ahí, y según las reglas que se habían pactado con los bancos, esos se deberían deducir y que los bancos se hicieran responsables de ello.

Cuando al Auditoría Superior solicitó al IPAB y a la SHCP que hiciera esa deducción, el presidente Fox llevó a controversia constitucional y pidió a la SCJN que revisara el caso e hiciera una resolución. Se llevaron discutiendo meses, y finalmente la Suprema Corte resolvió anular esas auditorías que había hecho la Auditoría Superior, aduciendo el principio de anualidad, que la Auditoría Superior sólo podía revisar el último año del ejercicio del gasto y no los años anteriores, olvidando que en la Ley Superior de Fiscalización se incluye esa posibilidad de revisar años anteriores siempre y cuando lo que se ejerció en esos años anteriores esté repercutiendo en el año que se revisa, como es en este caso.

Sin embargo, el criterio de la SCJN fue otro, y su decisión es inapelable, es la última. Pero esto fue muy grave, porque dejó sin efecto todas estas observaciones que obligaban al IPAB y a Hacienda a deducir esos 60 mil millones de pesos. Ahora la SHCP festina: ya se acabó, ya está concluido este caso. Pero no está concluido, y no está concluido, además de estos casos que señaló el diputado en esta carta al secretario de la Función Pública por otro asunto que tiene que ver con los mismos pagarés de capitalización.

El canje final de los viejos pagarés de capitalización emitidos por el Fobaproa, por los nuevos bonos del IPAB, se dio precisamente el año pasado, en el 2005. La Cuenta Pública 2005 va a ser entregada al Congreso por la ASF el próximo 10 de junio de este año. A partir de la entrega, la ASF inicia el proceso de revisión de esa Cuenta Pública que incluye el canje de los viejos pagarés por nuevos bonos, y ahí no hay problema, porque está totalmente en el principio de anualidad, ya que va a revisar esa operación, y creemos que la ASF ahora tiene la oportunidad de revivir muchas de esas observaciones al revisar una operación que se hizo precisamente en 2005, que esperemos que pueda presentar de nuevo todo lo que había investigado en sus revisiones de años anteriores.

Y definitivamente ese caso no está concluido. Sólo concluía con una cosa: de esos 60 mil millones, aproximadamente a valor actual de que hablamos, no es algo que hayamos inventado, fue resultado de una revisión exhaustiva: pagaré por pagaré, con todas las carteras que están en los fideicomisos de cada pagaré, se determinó que eran ilegales, que no debían estar ahí. Tuvieron la oportunidad el IPAB y las demás autoridades de solventar esas observaciones, de demostrar que sí reunían los requisitos de ley, y no pudieron hacerlo. Por eso se quedaron como observaciones.

Esto sigue pendiente y nosotros seguiremos insistiendo en que se llegue al fondo y no se cargue al pueblo mexicano esta deuda tan excesiva, y sobre todo ilegal.

Pregunta: ¿Cuántas de todas las irregularidades cometidas en el Fobaproa hoy están vivas, susceptibles de ser sancionados con cárcel o de manera administrativa?

ARC: El reporte que el día de hoy entregamos se refiere a los bancos que fueron intervenidos o que fueron quebrados, donde se constituye el mayor costo fiscal del Fobaproa. La quiebra de estos bancos se debió no solamente a la crisis, sino también a una serie de irregularidades cometidas por las autoridades de regulación y de vigilancia bancaria y por los accionistas o directores o empleados de los propios bancos.

La ASF detectó los casos que vienen señalados aquí y que fueron motivo de presentación de denuncias. El problema es que cuando hablamos de todo este paquete de bancos intervenidos, resulta que no hay en lo absoluto ningún funcionario, ningún empleado o directivo bancario que haya sido sometido a proceso.

¿Por qué no han sido sometidos a proceso? Porque el procurador fiscal, el secretario de Hacienda, el presidente de la CNByV, todo este grupo que está dirigiendo ahorita las finanzas del país, presentaron las denuncias cuando los delitos ya habían prescrito.

Segundo, cuando iban al ministerio público a ratificar, no acreditaban su personalidad jurídica; llegaban al extremo burdo de olvidar su credencial para acreditarse como representantes de la Procuraduría Fiscal. No se presentaban en muchas ocasiones a la ratificación de la denuncia o integraban de manera totalmente alevosa en forma incorrecta el expediente, la denuncia, para que el ministerio público la desechara o lo mandara a reserva.

Entonces lo que le estamos demandando al señor secretario de la Función Pública es que con los datos entregados por la CNByV, y revisados y autorizados por la ASF inicie la investigación para castigar a los funcionarios públicos que dejaron prescribir los delitos, que no acreditaron la personalidad jurídica, que no ratificaron las denuncias, que de manera totalmente abusiva integraron mal los expedientes y que, por lo tanto, permitieron que hoy no haya ninguna persona siendo investigada.

El caso de Lankenau tiene que ver con otra cosa que no es la crisis bancaria. El caso de Cabal tiene que ver con otra cosa que no tiene que ver, porque incluso los jueces le otorgaban el amparo a Cabal y al Divino , debido precisamente a la forma irregular de como presentaron las denuncias los propios funcionarios de la SCHP.

Y por eso esta carta está dirigida al secretario para que se finquen responsabilidades de muchos de los empleados que hoy tiene el gobierno del presidente Fox y de muchos otros que ya no trabajan en la administración pública, pero que son del mismo grupo del secretario Gil, del mismo grupo de Guillermo Ortiz, del mismo grupito compacto que ha permitido todas las irregularidades y que tienen la bendición de Fox.

Pregunta: Inaudible.

ARC: Esto no prescribe.

Pregunta: Inaudible.

ARC: Lo que estamos demandando, es que con base en la información de la ASF y de la CNByV se investigue a todos los funcionarios que tuvieron que ver con la integración incorrecta de los expedientes.

Ese es el primer paso que se tiene que dar. Después la propia Auditoría tiene la facultad, el propio auditor tiene la facultad de presentar la denuncia formal ante la PGR, pero tenemos que cubrir este paso.

Este es un expediente abierto, donde está concentrado el mayo costo fiscal del Fobaproa, que tiene que ver con los bancos intervenidos. Ahora viene otra cosa: los bancos que entraron al programa de capitalización, y que son los llamados bancos vivos. Aquí, como decía Juan Moreno, la ASF detectó una serie de créditos ilegales, que no tenían soporte ni garantías, que solamente estaban en el papel y que no habían sido entregados, y fueron créditos que Banamex, Bancomer, Banorte, Bital vendieron al Fobaproa.

Estamos hablando de una cantidad superior a los 70 mil millones de pesos. De esa cantidad, con la presión que hicimos aquí en la Cámara de Diputados, todavía logramos bajarle 11 mil millones de pesos de estos créditos ilegales, pero esto resultó insuficiente porque no se pudo descontar la totalidad de los más de 70 mil millones de pesos, porque la SCJN desechó una auditoría realizada por la ASF, porque el presidente Fox estaba impidiendo el ejercicio pleno de las funciones del auditor superior de la federación; llevó el caso a la Corte, y la Corte, bajo el principio supuesto de anualidad dijo que esas auditorías que se habían realizado desde 1995, 1996, 1997, no tenían validez y que, por lo tanto, las recomendaciones para que estos créditos se descontaran del canje de pagarés, no tenía ninguna validez legal y que, por lo tanto, la ASF no debería descontarlos.

Pero como ahora se hizo el canje de pagarés el año pasado, en la revisión de la Cuenta Pública 2004 y en la del 2005 estamos en posibilidades de volver a meter el tema. La Corte no va a tener pretextos y estamos en posibilidades de poder hacer una reducción sustancial de estos pasivos superiores a los 70 mil millones de pesos del Programa de Capitalización, lo cual significará una disminución de del costo fiscal.

Por lo tanto, el presidente Fox miente cuando dice que está cerrado el caso del Fobaproa. El presidente Fox y el PAN tienen que asumir la responsabilidad de que ellos fueron cómplices de toda la impunidad desarrollada a lo largo del sexenio, porque no permitieron el desarrollo de las investigaciones.

Firmen con la izquierda o firmen con la derecha, eso resulta totalmente secundario. Lo que pasa es que firmaron con las dos manos, y protegieron con las dos manos la totalidad de las irregularidades detectadas y denunciadas por el auditor superior de la federación.

Por eso nosotros el día de hoy le entregaremos formalmente esta carta al secretario de la Función Pública para que, si en verdad quieren esclarecer las cosas, inicien cuanto antes las investigaciones. Y estaremos insistiendo para que sobre la base de los resultados de las Cuentas Públicas 2004 y 2005, nosotros tengamos la posibilidad, como Congreso, no de descontar sólo los 11 mil millones de pesos que ya descontamos de los créditos ilegales, sino los más de 70 mil que conforman la totalidad de los créditos, irregularidades detectadas por la ASF. Es decir, se puede reducir mucho más el costo fiscal del rescate bancario.

Pregunta: Nombres…

ARC: Están Guillermo Ortiz, Jonhatan Davis, el propio secretario Gil Díaz. Ello eran los patrones de los empleados. Si ustedes recuerdan, metieron a uno al bote: a Eduardo Fernández, antiguo presidente de la CNByV, que estuvo totalmente involucrado en esto, pero lo metieron porque dio una información al PRI; no lo metieron por haber permitido este tipo de atropellos; lo metieron a la cárcel por otra cosa, no por esto. Sigue pendiente la denuncia y la investigación sobre Eduardo Fernández también, pero por los delitos de complicidad en el castigo de las irregularidades del Fobaproa.

Y sobre todo está el presidente Fox. Guillermo Ortiz era el secretario de Hacienda, y él era el jefe tanto del procurador fiscal, del de la CNBYV, era el titular del área… Gil estaba trabajando para Roberto Hernández. Era empleado del director de Avantel, la competencia de TV Azteca. Gracias.

Estas sí que son muy buenas razones para votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.