DE ILEGALIDADES Y LEGULEYOS.

Miguel Angel Granados Chapa escribe en el Reforma:

Agresiones en Atenco.

Las indignantes atrocidades cometidas con las mujeres detenidas el 4 de mayo, que no pueden ser soslayadas ni eludidas, son indicaciones de un propósito de atropellar sin escrúpulo, como lo es también el que se acuse de secuestro a una persona impedida.

Hoy hace tres semanas que las policías federal preventiva y de seguridad pública mexiquense efectuaron una razzia en Atenco, el extranjerismo es necesario y preciso. Razzia es "incursión realizada en territorio enemigo con objeto de saquear y destruir". Eso hizo la fuerza pública desplegada en aquel lugar el 4 de mayo, amén, naturalmente de atacar a pobladores y detener a buen número de ellos.

La acción fue considerada un triunfo político por los respectivos gobiernos, a cuyos responsables se les llenó la boca proclamando la vigencia del Estado de derecho. Rechazaron, con desdén y aun con rabia, las denuncias sobre el exceso en el uso de la fuerza y la violación a la ley en que incurrió la gendarmería.

El gobernador Enrique Peña Nieto inundó los espacios electrónicos con mensajes destinados a los sectores cuya inseguridad les hace reclamar mano dura, para que se sintieran bien servidos.Pero va quedando claro que el discurso golosamente represivo no es aceptado de modo universal, y menos aun cuando se basa en mentiras.

El gobierno federal rehúsa admitir los abusos de la Policía Federal Preventiva o del servicio de migración, pero el mexiquense ha tenido que aceptar las atrocidades cometidas por personal de la Agencia de Seguridad Estatal, cuyo jefe proveyó la doctrina de la represión, incluida la infamia de criminalizar a las víctimas y denunciarlas como mentirosas.

El gobierno local insiste en negar que las atrocidades policiacas obedezcan a instrucciones superiores y persiste en encontrar justificación a la conducta de la tropa. Pero tuvo que abandonar ya la despectiva renuencia original.

El 16 de mayo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se reunió con el gobernador Peña Nieto y el procurador de justicia Abel Villicaña. Al cabo del encuentro, que duró tres horas, según se lee en el "Informe preliminar" sobre el caso, expedido por la CNDH, Peña Nieto "reconoció que ante la existencia de testimonios, dictámenes periciales y otras evidencias relacionadas con los hechos, se podrían acreditar excesos en el uso de la fuerza cometidos por algunos elementos policiacos.

Por lo anterior, instruyó en el acto al Procurador... para iniciar las averiguaciones previas sobre 23 casos relacionados con agresiones de carácter sexual a las detenidas, así como del uso excesivo de la fuerza".Los ultrajes a las detenidas son particularmente indignantes.

No causan un efecto menor golpizas como la que se asestó al trabajador telefonista Jorge Salinas, apaleado con saña por agentes federales y locales (según testimonios gráficos que la Secretaría de Seguridad Pública federal se obstina en negar).

Ni es posible dejar de estremecerse ante el caso de Alexis Benhumea, inconsciente hace 21 días tras ser golpeado en la cabeza por un proyectil que contenía gas lacrimógeno. Pero es insoportable la creciente evidencia sobre los ataques a mujeres, detenidas o dejadas en libertad precisamente después de ser agraviadas. Los rufianes uniformados que las agredieron sexualmente o a golpes o de ambos modos encarnan un brutal machismo corporativo de cuyas pautas no se sustrajeron sino que las practicaron a cabalidad, según el credo que se les insufla de que los civiles, sobre todo si son mujeres y militan en una protesta, son el enemigo, una pieza de caza con la que se puede hacer todo.

La decisión institucional represiva no se agotó durante las batidas del 3 y 4 de mayo. Continuó y continúa en el tratamiento judicial. Si bien casi todos los detenidos en esas fechas están ahora libres, a los más de ellos se les sigue proceso. Decidir quién se iba y quién permanecía en Santiaguito (o en La Palma) no derivó necesariamente de indicios aportados por la averiguación previa, sino que fue producto del azar.

Sólo así se explica la aberrante situación en que se encuentra Arnulfo Pacheco, de 55 años de edad. Fue detenido hace tres jueves, en su domicilio, junto con su esposa Floyra Sánchez y su hijo Ulises. Sus captores no portaban órdenes de aprehensión ni de cateo. Simplemente se los llevaron. Acusados los tres por ataques a las vías generales de comunicación, como decenas de sus vecinos, compañeros y amigos, su suerte judicial no fue uniforme. La señora y su hijo quedaron en libertad el sábado 13 de mayo, previo pago de la fianza de 14 mil 123 pesos establecida como tarifa única por el juez para los indiciados sólo por ese delito. Pero a Arnulfo Pacheco se le imputó también el de secuestro equiparado, ya que una mujer policía lo identificó como uno de los activistas que mantenían cautivos a los agentes policiacos cuyo rescate fue el móvil declarado de la razzia del 4 de mayo. Por lo tanto se le declaró preso, sin fianza.Pero es imposible que Pacheco haya obrado como afirman el Ministerio Público y el juez que lo procesa. No puede valerse por sí mismo. Padece degeneración cerebral que le impide caminar solo y la ataxia que le afecta también los brazos hace imposible que atara a los agentes retenidos, como dice la acusación. No se trata de una coartada, de una excusa como diría la suspicacia del vicealmirante Wilfrido Robledo, el jefe de la agencia policial atacante, orgulloso de haberla encabezado porque redujo a enemigos del orden. El impedimento de Pacheco consta en certificaciones médicas, expedidas en el Hospital Juárez, donde se le atiende desde julio de 2004 y en el López Mateos, a donde se le internó como detenido. Eso no obstante sigue preso.

Cajón de Sastre.
Noticias sobre procesos que buscan castigar la libertad de expresión: se excusó el juez duodécimo civil del Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez Mora, de seguir conociendo el juicio en que su sentencia favorable a Marta Sahagún y contraria a Olga Wornat y el semanario Proceso fue echada atrás por el Tribunal superior de justicia.

Es sano que, según disposiciones legales y el sentido común, se retire de un asunto quien ha mostrado tener interés en beneficiar a una parte, negándose como en este caso a admitir o desahogar pruebas.

Por otro lado, en Cancún se efectuó una diligencia en que se encararon Lydia Cacho y Kamel Nacif, dentro del proceso penal que por demanda de él se sigue contra ella. Un pueril deseo de equidad, mío, se habría visto satisfecho si Nacif hubiera sido trasladado de Puebla a Cancún en una patrulla de policía judicial flanqueado por dos agentes feroces que lo hostigaran en el recorrido de 20 horas, el mismo que a la inversa y en esas condiciones hizo la periodista el 16 de diciembre pasado.


Estas son las acciones de los gobiernos represores y corruptos del PRIAN.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.