CRISPACIÓN ELECTORAL, ENTORNO VIOLENTO.

Miguel Angel Granados Chapa en Proceso:

Crispación electoral, entorno violento.
Miguel Ángel Granados Chapa.

Es comprensible la aguda tensión electoral que vivimos. Es la primera vez en que la renovación del Congreso y del Poder Ejecutivo se realiza en ausencia de un presidente de la República que era a su vez cabeza del partido que ejercía la mayor cuota de poder y era el contendiente principal en los comicios y, por lo tanto, estaba en posición de asumir una posición de arbitraje que, por más sesgado que fuera, suponía un último recurso, una instancia extrema.

Hoy el presidente Fox se redujo al papel de propagandista de sí mismo y de su candidato (a quien apoya porque no le quedó más remedio después de la derrota de su favorito), y abandonó la posibilidad de ejercer la autoridad moral que en momentos críticos puede requerir un proceso electoral, sobre todo cuando ya no dispone del poder formal en esa materia.

El órgano en que se depositó esa autoridad, el Instituto Federal Electoral, renunció a su capacidad regulatoria del tono de las campañas, infringiendo no sólo la legislación sino el sentido último de su tarea, que consiste en asegurar a la sociedad que los comicios sirven no sólo para la integración de los poderes a través del voto libre en una contienda equitativa, sino como factor y espacio de concordia. Con esa abdicación, el IFE permite y aun propicia que el proceso se convierta en su contrario y desemboque en la discordia.Un mal signo que, además de la permisividad del IFE respecto del color de las campañas, acaso nos aproxima a divisiones profundas más allá de las diferencias partidarias, es que uno de los saldos del debate entre candidatos sea la traslación de la contienda a instancias penales.

El ya añejo pleito entre Roberto Madrazo y Elba Ester Gordillo tuvo un nuevo episodio el martes 25, cuando la discusión política de propuestas cedió su lugar a una denuncia o delación tan sonora que se convirtió en el momento principal de un encuentro que sólo a ratos dejó de ser la emisión de cuatro monólogos por actores que pasaron el fin de semana previo ensayando sus parlamentos.

Roberto Campa, un político digno de mejor suerte, que con su negativa explícita no consiguió diluir la sospecha de que se le tiene por candidato desechable, dispuesto a renunciar a su postulación para fortalecer la candidatura de Felipe Calderón, sirvió esta vez de mensajero de la hostilidad gordillista contra Madrazo.

Presentó documentación oficial sobre la situación tributaria del candidato priista, que habría evadido al fisco durante varios años, no obstante la evidencia de sus ingresos como dirigente nacional de su partido. Al día siguiente, Roberto denunció a Roberto ante el Ministerio Público federal. El asunto es, ciertamente, propio de la justicia.

Si es verdad que Madrazo defrauda también al fisco, cuando concluya la contienda deberá responder judicialmente de sus omisiones. Pero también tendrá que hacerlo Campa, ya que se ha hecho partícipe de un acto ilícito, que es obtener y usar información confidencial de carácter tributario.

Con todo, la crispación electoral es, como digo, comprensible, particularmente en una democracia electoral como la que vivimos, que se halla aún en la infancia o acaso en una temprana pubertad (no hace todavía nueve años que en ese campo contamos con una autoridad despojada de la presencia del gobierno). Y aunque los órganos respectivos pueden ser omisos en sus actos, hay un andamiaje institucional capaz de contener las pasiones en el límite, antes de que se desborden.

La gobernabilidad del país, sin embargo, estará en claro riesgo si a la crispación electoral se agregan irreversiblemente, como ya comienza a ocurrir, violencias incontroladas en otros ámbitos de la sociedad. La cauda agresiva del narcotráfico, su creciente implantación en puntos neurálgicos de la República, su creciente arrogancia, que lo lleva a lanzar desafíos explícitos, hace que todos los días se derrame sangre sin que nadie ponga remedio a su efusión.

La aterradora lección: “para que aprendan a respetar”, lanzada junto a las cabezas de agentes policiacos degollados en represalia por el asesinato de un delincuente (al tirador le cercenaron además el brazo usado en la ejecución) es la medida del poder delincuencial, cuyos jefes dan muestra de una mente con capacidad táctica: sin abandonar Nuevo Laredo, han concentrado su ataque en Guerrero, y en Acapulco particularmente, aprovechando las debilidades estructurales y a sabiendas del daño colateral que el temor ante la violencia puede causar en el turismo, fuente nutricia de la vida porteña.

Ante tal fragilidad asombra de más en más que a un año del comienzo de su administración el gobernador Zeferino Torreblanca, llegado al poder desde la oposición, mantenga en el mando de la Policía Ministerial al jefe que la dirigió durante el gobierno anterior.

En una comarca social tan delicada como la seguridad pública guerrerense, estrechamente asociada a la represión antipopular, un cambio radical, evidente, tajante en la procuraduría hubiera debido servir de enseña de los nuevos tiempos. No hubo ese gesto porque no hay nuevos tiempos.

A su turno, el gobierno federal abrió los cauces para la violencia antisindical y la intrasindical, contenida provisionalmente en estos días pero que puede cobrar nuevas víctimas en cualquier momento. Ahora vemos que el iluso y torpe diseño de un nuevo corporativismo, teñido de azul, que tuvo su culminación esta semana, en el lanzamiento de una coalición de sindicatos blancos, la Alianza Sindical Mexicana, era el marco en el que se buscaba (hablo en pasado porque el intento abortó ya) uncir a ese propósito al sindicato minero, ganado para la simulación sindical, como la practicada por ese honesto abogado que es Ramón Gámez (prototipo de los dirigentes de la nueva alianza) a través de Elías Morales, impuesto a la cabeza de un sindicato del que hace años fue expulsado.

El ataque a los paristas que sin derecho pero con razón (defienden la autonomía de su gremio) suspendieron el trabajo en empresas siderúrgicas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no derivó de un mandamiento judicial cuya ejecución requiriera el apoyo de la fuerza pública.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no emitió laudo alguno, ni siquiera una declaración a ese respecto. A pedido de las empresas se limitó a certificar que no se había emplazado a huelga a los grupos industriales que ordenaron al gobierno federal echar a Napoleón Gómez Urrutia.

Es falso, en consecuencia, que calificara como paros ilegales, y aun locos, a los practicados por varias secciones del sindicato minero.

La movilización de las fuerzas federales de apoyo de la Policía Federal Preventiva, y el pedido de refuerzo al gobierno de Michoacán, carecieron de fundamento legal, y con mayor razón faltó ese sustento a la embestida contra los paristas, que frustraron su propósito con resistencia igualmente agresiva pero que no produjo el saldo mortal causado por los atacantes.
Cuando faltan dos meses para la elección federal, si el oleaje de violencia no es frenado y une sus efectos a la crispación electoral, nadie nos arrienda las ganancias.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.