Indaga la justicia militar a 16 soldados implicados en 4 homicidios en Sinaloa
Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal)
Culiacán, Sin., 30 de marzo. La Procuraduría de Justicia Militar mantiene bajo investigación a 16 militares involucrados en el homicidio de cuatro jóvenes en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, ocurrido el miércoles pasado, informaron fuentes castrenses.
Manuel Núñez Durán, el abogado de los familiares de las víctimas, señaló que la Procuraduría General de Justicia Militar emprendió la averiguación previa 9ZM/17/2008 por este caso. Agregó que la Procuraduría General de la República abrió por su cuenta la averiguación previa 208/2008 y tres enviados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre ellos un médico legista, realizan pesquisas sobre esta matanza.
Fuentes extraoficiales indicaron que son 16 los militares sujetos a investigación y detenidos mientras se deslindan responsabilidades; tres de ellos, al parecer, no dispararon sus armas, aseveraron a La Jornada.
Menos mal que no salieron con que los jóvenes murieron de gastritis crónica... ahora sólo falta que se haga justicia y castiguen a los responsables.
Pero acuérdense que vivimos en México y a lo mejor terminan por culpar a los muertos por andar en una Hummer.
Por cierto, qué jodidos están los dueños y los fabricantes de las Hummer. Por estos cabrones el planeta se está yendo al carajo y Estados Unidos libra guerras por el petróleo.
Hablando de soldados borrachos asesinos, La Jornada sacó una excelente entrevista a un funcionario de la SEDENA sobre los "impresionantes" esfuerzos de esta institución para erradicar los malos hábitos de los elementos castrences.
En tres años crecieron las denuncias contra militares por violar derechos humanos
■ “No hay intención de afectar a la población” cuando algún civil muere en acciones castrenses, dice el general Antonio López Portillo, titular del área
■ En los tres meses recientes, 122 quejas
Jesús Aranda
Las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos, tanto por operativos antidrogas como por razones administrativas, se han incrementado en los pasados tres años, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), creada el primero de enero pasado.
El general Jaime Antonio López Portillo, titular de dicha dirección, afirma en entrevista con La Jornada que la dependencia a su cargo no tiene el propósito de defender a los militares ni de hacer investigaciones judiciales, sino agilizar la entrega de información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando haya denuncias contra soldados.
Además, representa a la Sedena ante organismos internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– cuando hay acusaciones contra el Estado mexicano relacionadas con militares.
Reconoce que la labor de la dirección se ha incrementado en los años recientes debido a los operativos contra el crimen organizado impulsados en la presente administración, y sostiene que los civiles muertos en estas acciones a manos de soldados son consecuencia de que “en el momento salieron del control del soldado que participaba en los hechos, pero no con una premeditada intención de afectar a la población”.
Las denuncias más repetidas contra soldados tienen que ver con cateos y visitas domiciliarias ilegales, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función pública y lesiones. Mención aparte merece la muerte de civiles por soldados en retenes. “Hemos tenido cuatro casos de homicidios y lesiones de manera colateral con el trabajo operativo de las tropas”, afirma.
La mayor incidencia de quejas ha sido en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.
Precisa que la dependencia a su cargo no investigará denuncias contra militares, como tampoco tiene previsto establecer diálogo directo con organizaciones no gubernamentales (ONG) para tratar “casos concretos”, sino más bien, tiene la encomienda de entregar a la CNDH la información que requiera sobre los soldados que sean acusados de violar los derechos humanos.
El ex director de justicia militar y ex procurador castrense señala que en 2006 la Sedena recibió 188 denuncias contra soldados; en 2007 la cifra aumentó a 376, de las cuales 288 fueron presentadas por civiles y 88 por militares, por cuestiones relacionadas con procedimientos administrativos internos. El año pasado, la Sedena atendió siete recomendaciones de la CNDH.
En 2008, del primero de enero al 25 de marzo, recibió 122 quejas (cifra proporcionalmente mayor a la del año pasado), de las cuales 108 corresponden a civiles y 14 a militares, este año la CNDH no ha emitido ninguna recomendación relacionada con el Ejército.
Acerca de si la creación de la dirección a su cargo fue consecuencia de la muerte de la anciana Ernestina Ascensión, en Zongolica, Veracruz, quien presuntamente fue violada por soldados, o por la violación tumultuaria de mujeres en Castaños, Coahuila, el ex procurador militar asevera que ningún asunto en particular motivó la creación de la dirección, sino la necesidad de la Sedena de tener asesoría jurídica en la materia, así como para promover y difundir los derechos humanos de los soldados y la equidad de género en la milicia.
Cuando la dirección tiene conocimiento de algún delito relacionado con militares se da parte de inmediato a las autoridades castrenses o civiles correspondientes, para que éstas rindan un informe y éste se entregue a la CNDH.
Llama la atención que se ha detectado que algunas de las denuncias contra militares, especialmente por operativos antidrogas, responden a una estrategia de abogados de personas acusadas de delitos contra la salud, como maniobra de defensa de sus clientes; sin embargo, sostuvo que cada acusación es investigada de manera particular.
Una preocupación de la Sedena, indica, es que los soldados hagan uso racional de la fuerza, por lo que se imparte adiestramiento constante al personal operativo en la materia. “Se están generando a detalle las tareas que se tienen que llevar a cabo, por ejemplo, en la revisión de vehículos en un puesto de control, para evitar cualquier roce, fricción o exceso hacia la población civil”.
–¿Se trabajaría sobre casos concretos con las ONG?
–Con las ONG no serían asuntos concretos, porque para eso está la CNDH.
–Por ejemplo, si como civil me veo directamente afectado por un operativo militar, ¿puedo acudir ante ustedes o ante la CNDH?
–El camino es la CNDH, independientemente de que si a nosotros nos dan copia, adelantamos el trabajo, y requerimos o damos vista al área correspondiente; eso no impide atender un derecho de petición, pero no porque la dirección vaya a hacer trabajo de investigación, porque no estamos facultados para eso.
Debemos dejarle muy claro al gobierno usurpador nuestra postura de que estas agresiones que sufre la población civil son suficientes para suspender la fallida estrategia federal antidrogas. Los soldados están entrenados para matar, no para ser policías.
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