Desaciertos mayúsculos
En el poder por 26 años, el neoporfiriato lanza ahora un paquete de “reformas estructurales” de corte energético, policial-militar y judicial-penal, que coloca en riesgo las bases de la soberanía. Es parte de un rosario de políticas que fomenta la depredación enriquecedora de una minoría y empobrece, a perpetuidad, a más de 100 millones de mexicanos, desalojados de sus empresas públicas y expulsados de su espacio nacional, a un ritmo anual de más de 600 mil, que migran a EU en busca de empleo.
No es por las fuerzas inexorables de la globalización, sino por el tipo de componendas y esquemas derivados de la torpe negociación de la crisis deudora de 1982 y de los acomodos que siguieron al estallido de 1994 que acentuaron la desnacionalización de la toma de decisiones económicas, que se extiende a Pemex-CFE y al área policial/ militar y judicial/penal. A pesar de que se retiró la polémica decisión de permitir allanamientos de morada sin orden judicial, la reforma judicial contiene regresiones que, como en EU y en Canadá, comprometen los derechos humanos, políticos y civiles de la población, como es el espionaje oficial sobre información privada. Ya el jurista Sergio García Ramírez advirtió sobre éstos y otros elementos que plantean la amenaza de intervención del Estado en las libertades de los ciudadanos porque “los procesos de consignación, orden de aprehensión y la formal prisión se han flexibilizado… Y en estos procesos están en gravísimo trance los derechos humanos; no es razonable despachar con levedad de argumentos una consignación o una orden de aprehensión”. (Proceso, 24/2/08). En su criterio esto es un “desacierto mayúsculo”, porque al aligerarse la carga probatoria previamente al Ministerio Público “significará que en adelante, los obsequios de órdenes de aprehensión y consignación serán muchos” (ibid).
En la antesala de un asalto al patrimonio petroeléctrico de la nación mexicana, estas propuestas, que inciden en la esencia misma del Estado, son auspiciadas bajo la rúbrica de una “integración profunda” de la “América del Norte” y forman parte de una construcción social orientada a la criminalización de la resistencia civil y a la rapiña antinacional. La constitucionalización del Estado policial, bajo el superficial pretexto de “agilizar los procedimientos penales”, ocurre en medio de una desestabilización que acumula más de 25 años de agresión y despojo contra la economía popular y de la clase media (Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, etcétera) y cuando está en puerta la “legalización” de la privatización en curso de Pemex-CFE, empresas vitales para la construcción de un futuro nacional viable.
El paquete de iniciativas sigue los criterios de “integración profunda” impulsados por Washington en las reuniones secretas de la ASPAN, celebradas en Waco, Texas (2005), Banff, Alberta (2006) y en Montebello (2007) con la concurrencia de Bush, Harper y Fox/Calderón, de representantes de los monopolios de EU y sus contrapartes en México y Canadá, así como de la cúpula militar y de inteligencia, todos bajo la batuta de la Casa Blanca. Fueron deliberaciones para establecer un Estado policial-militar, realizadas a espaldas de la población, de las legislaturas y del estado de derecho.
La advertencia de García Ramírez de que se está abriendo “una gran ventana de oportunidades para acomodar a la policía como le convenga a cada estado, o subordinarla a los municipios incluso”, con lo que el MP no tendría la capacidad de “supervisar y sujetar la actuación de la policía durante una investigación, incidiendo en la relación entre el MP, la policía y el ciudadano” adquiere importancia mayor porque en verdad es expresión manifiesta de un desborde del Estado de excepción de EU hacia sus dos vecinos, con auspicio del Pentágono que algunos perciben como un “golpe de Estado en cámara lenta”.
En Canadá se agudiza la pérdida de soberanía territorial. Sin enterar a la opinión pública de ese país, el pasado 14 de febrero su gobierno y el estadunidense acordaron, desde el Comando Norte, establecido por Rumsfeld en 2002, que cada nación pueda enviar tropas al territorio de la otra “durante una emergencia civil”. Tanto este esquema como la Iniciativa Mérida entre EU y México –de la que no se conocen detalles– son parte de la mencionada agenda de la “integración profunda”, cuyo plan de acción incluye (textual) “la homologación y armonización de los procedimientos policial/penales” y “un incremento en la integración militar-policial”. Para abrogar restricciones legales a la privatización en curso de Pemex y CFE se promueve “una estrategia energética común” para la “modulación y desregulación del mercado energético de la América del Norte”. También se mencionan barreras “tarifarias” comunes y la “negociación en bloque” con el “exterior”.
Es integración “profunda” en petróleo, gas, electricidad, agua, infraestructura, seguridad y política exterior. No desaparece ni el muro ni el apartheid laboral. Lo que se desvanece sería “México” y “Canadá” como entes soberanos.
México SA
El saqueo de Pemex
El cambio y la continuidad le ordeñaron 3.3 billones de pesos
Cada año que pasa la ordeña del gobierno federal es mayor y, obvio es, peor su efecto en la salud financiera de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda llega y arrasa: se lleva absolutamente todo el rendimiento de la paraestatal, y lo que no tiene también.
Al cierre de 2007, por ejemplo, los rendimientos petroleros antes de impuestos –la ganancia, pues– sumaron 660 mil 152 millones de pesos. Pero llegó la depredadora Secretaría de Hacienda y se lo llevó todo, más 16 mil 127 millones que la paraestatal sin más remedio obtuvo por medio de endeudamiento, según las cifras definitivas de la propia empresa, difundidas ayer en el informe oficial correspondiente a dicho año.
El saqueo es indiscutible, pero a pesar de lo anterior Pemex asegura que tuvo pérdidas por 16 mil 127 millones de pesos en el ejercicio (2007) que “se explican principalmente por mayores compras de productos de importación”, y no como resultado de la rapiña del gobierno federal.
A lo largo de la última década (1998-2007), el gobierno federal y su cobradora, la Secretaría de Hacienda, ordeñaron absolutamente hasta el último centavo obtenido por rendimientos petroleros (alrededor de 3.7 billones de pesos en el periodo), más una “sobre cuota”, por darle nombre, no menor a 100 mil millones (que Pemex cubrió con endeudamiento), hasta totalizar poco más de 3.8 billones de pesos.
En esa década, los rendimientos petroleros oficialmente reconocidos como tales se multiplicaron casi por cinco tantos, al pasar de 140 mil millones en 1998 (el peor de los años en lo que se refiere a precio de la mezcla mexicana de exportación) a poco más de 660 mil millones en 2007, y todo se lo llevó la Secretaría de Hacienda, sin dejar así fuera un tanquecito de oxígeno para las finanzas de la paraestatal.
En diez años se obtuvieron 3.7 billones de pesos en rendimientos petroleros, de los que poco más de 80 por ciento (3.1 billones) se registraron en el sexenio foxista y en el primer año del calderonista, una mancuerna que en esos siete años le ordeñó a Pemex, vía la Secretaría de Hacienda, más de 3.3 billones de pesos. La diferencia, se llama endeudamiento de la paraestatal.
Lo peor del caso es que esos 3.3 billones de pesos ordeñados por el “cambio” con “continuidad” no se reflejaron en lo que normalmente debe aplicarse el dinero de los mexicanos: empleo, bienestar social, crecimiento económico, desarrollo, pues.
Así, la tan cacareada “inversión” en Pemex (Fox y Calderón dixit) en realidad se llama endeudamiento de la paraestatal, al que recurre para satisfacer la voracidad del gobierno federal y cubrir la incapacidad de la Secretaría de Hacienda como cobradora de impuestos en otros renglones de la economía nacional, en especial los controlados y usufructuados por la siempre participativa y socialmente preocupada oligarquía.Leer más...
Pide Mouriño indagar lo que señaló AMLO en su contra
Dijo que expondrá a las autoridades la información que se le requiera para que sean éstas las que emitan una opinión legal sobre si se benefició de cargos públicos.
La Jornada On Line
Publicado: 28/02/2008 14:43
Los Cabos, BCS. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo que pondrá a disposición de las autoridades toda la información que se le requiera para que sean éstas quienes emitan una opinión legal en torno a lo expuesto por Andrés Manuel Lòpez Obrador, quien lo señaló de haberse beneficiado desde la Secretaría de Energìa de convenios con Pemex que benefician a su familia.
El funcionario leyó un comunicado en el que califica de "inmorales, dolosos y mezquinos" los señalamientos en su contra pues “jamás me he beneficiado, ni he beneficiado indebidamente a nadie desde los cargos públicos que he ocupado”.
En el marco del encuentro Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que tiene lugar en esta ciudad, también expuso que es el principal interesado en que se aclare esa acusación dolosa y señaló que pondrá a disposición de las autoridades toda la información requerida.
El responsable de la política interior dijo que resulta “mezquino” decir que se benefició económicamente de la política, cuando fue justamente por ésta que renunció a ser socio de su padre y al patrimonio producto del esfuerzo personal y familiar.
El secretario de Gobernación puntualizó que no perderá el tiempo debatiendo públicamente con sus detractores.
El mensaje de Fidel
Apenas en enero de 1959, Fidel Castro proclama: “hemos hecho una revolución más grande que nosotros mismos”. Y llama a evitar divisionismos, pero al instante tropieza con la protesta airada de la antigua clase política vuelta del exilio y con las pequeñas ambiciones de los seudorradicales que buscan un nuevo reparto del pastel. El 16 de febrero, a mes y medio de la victoria, Castro entra al gobierno en sustitución del primer ministro Rafael Miró Cardona y declara: “lo que me interesa es hacer la revolución, lo que me interesa es que la revolución vaya adelante, lo que me interesa es que el pueblo no resulte defraudado y reciba de nosotros todo lo que espera de nosotros”. No hay engaño posible.
Para las oposiciones “politiqueras” tradicionales, en cambio, la única cuestión pendiente es la convocatoria inmediata a elecciones. Ésa era la normalidad exigida por los firmantes del Pacto de Caracas, presentes en el gabinete encabezado por Manuel Urrutia. Dicho en breve: Estados Unidos y la oposición reclaman elecciones como un recurso a plazo fijo para legitimar la lucha contra el liderazgo revolucionario. Quieren un cambio político sin tocar la estructura social, pero Fidel y los suyos prefieren profundizar la revolución en lugar de frenarla. Ya entonces algunos se preguntan por qué Fidel no acepta las elecciones si, como admiten propios y extraños, habría arrasado en las urnas. La respuesta es sencilla, pero contiene una visión estratégica: los comicios no añadirían nada al amplio consenso a favor de la revolución. (“Elecciones para qué, ya votamos por Fidel”, corean las multitudes reunidas en las plazas públicas.) En cambio, crearían divisiones innecesarias que paralizarían las reformas y, en definitiva –y eso es lo importante– favorecerían la restauración del viejo Estado, construido bajo la fachada constitucional democrática, pero oligárquico y corrupto, semicolonial, contra el cual, más o menos conscientemente, se habían alzado los rebeldes.Leer más...
Click aquí para ir a la audioteca
Click aquí para ver el documental de El Sendero del Peje
Click en la imagen para ir al almacén de archivos.
Click en la imagen para leer
www.elchamucovirtual.blogspot.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario