ALGO DE LA REVISTA PROCESO

La impunidad azul

josé gil olmos

México, D.F., 9 de mayo (apro).- En los últimos días se han dado varios hechos que dejan la sensación de que la impunidad es lo que reinará en este sexenio.

El dictamen negociado sobre las causas de la muerte de Ernestina Ascencio, la sentencia de 67 años de cárcel a los líderes de Atenco --mientras a uno de los capos del narco, Ismael Higuera “El Mayel”, sólo le aplican 18--, la negativa a la petición ciudadana de acceso a las boletas de la elección del 2 de julio del 2006, y las declaraciones de Carlos Ahumada y Elba Esther Gordillo, en el sentido de que pusieron su “granito de arena” para la victoria de Felipe Calderón, son parte de las acciones que conforman la nueva cara de la impunidad.

La impunidad con que los priistas gobernaron el país por más de siete décadas fue uno de los vicios que provocaron un hartazgo en la sociedad que decidió dar el cambio en la elección del 2000. El otro gran vicio fue la corrupción.

Lamentablemente estas dos lacras han permanecido con los gobiernos panistas y todo parece indicar que nada cambiará, pues forma parte de la “cultura política” que comparten todos los partidos.

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Fox encabezó la campaña contra AMLO: Estefan Chidiac

jesusa cervantes

México, D.F., 9 de mayo (apro).- Después de que Carlos Ahumada reconociera públicamente su participación en la trama desde el gobierno para que Andrés Manuel López Obrador perdiera la Presidencia de la República, el diputado del PRI, Jorge Estefan, acusó al expresidente Vicente Fox de encabezar campañas sucias contra los candidatos PRD y el PRI.

Este día el diputado priista Jorge Estefan Chidiac afirmó que desde la Presidencia que encabezó Vicente Fox se hizo toda una campaña en contra del perredista.

“El presidente Fox encabezó incluso la campaña del propio PAN para hacer perder a López Obrador… está a la vista la actitud de Fox”, afirmó.

El priista comentó lo anterior luego de recordar que “el gobierno federal filtró” la información en contra de Arturo Montiel --previo a las elecciones internas priistas--, “para pegarle al PRI”. Y lo mismo hizo con las elecciones de Jalisco, donde, según el legislador, el gobierno federal encabezó toda una campaña para desacreditar al candidato Arturo Zamora y acusarlo de vínculos con el narcotráfico.

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Y DEL SEMANAL, ALGUNOS APORTES:

Minera San Xavier: Contubernio con la Semarnat
Judith Amador Tello

A la destrucción del patrimonio cultural afectado en el Cerro de San Pedro siguen las violaciones ecológicas y jurídicas de la empresa minera, amparada en una autorización de la secretaría que ha sido nulificada por el Poder Judicial, según denuncia el grupo Pro San Luis Ecológico, A.C. Pero la filial mexicana de la compañía canadiense está dispuesta a defender su inversión a como dé lugar, al grado de que esta semana se produjeron varias detenciones de miembros del Frente Amplio Opositor (FAO), uno de ellos menor de edad.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Con una sentencia por parte del máximo tribunal judicial del país, que resolvió la nulidad de la autorización dada inicialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a su proyecto, la Minera San Xavier (MSX) no sólo no ha detenido los trabajos de explotación de oro y plata en Cerro de San Pedro, sino que van en aumento. Integrante del grupo Pro San Luis Ecológico, A.C., el abogado Héctor Barri González afirma categórico que la minera –filial en México de la empresa canadiense Metallica Resources Inc.– trabaja con una autorización “que violó las resoluciones del Poder Judicial”, ante la mirada indulgente del gobierno estatal, más preocupado por obtener una alta “calificación” en materia de inversiones que por el cumplimiento de la normatividad. El también director del bufete jurídico Barri & Asociados y abogado del Frente Amplio Opositor (FAO) a la MSX, detalla cómo en un largo proceso jurídico lograron anular las autorizaciones a la MSX y sin embargo se encuentran hoy en un impasse, luego de haberse visto obligados a interponer un recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debió resolverse en un mes y está a punto de cumplir un año. En su oficina de la colonia Jardín, Barri González relata a Proceso que en noviembre de 1999 se autorizó a MSX el cambio de uso de suelo en una superficie de 373.39 hectáreas, que era forestal, así como el proyecto para la explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación con cianuro de sodio en el Cerro de San Pedro. Tras la autorización, los integrantes de Pro San Luis determinaron emprender una batalla legal, pero tuvieron que ir paso a paso agotando los recursos marcados por la ley. Interpusieron primero un recurso administrativo ante la misma Semarnat, conscientes de que sólo era para agotar ese camino, pues “las autoridades normalmente ratifican sus actos”. Tal como ocurrió. Una vez ratificada la autorización por la Semarnat, en 2000 se optó por una demanda solicitando la nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación (TFF), ahora llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya sala regional se encuentra en Querétaro. Pero por tratarse de un asunto “novedoso, sin antecedentes de jurisprudencia”, se envió el caso al pleno del Tribunal Fiscal en la Ciudad de México. Conformada por 11 magistrados, “que se supone de la más alta capacidad técnica jurídica”, el TFF resolvió contra Pro San Luis y confirmó la autorización impugnada. El organismo civil interpuso un recurso de amparo ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con sede en el Distrito Federal. Esta instancia, destaca el abogado, hace las veces de SCJN, la cual de un tiempo a la fecha se ha dedicado más a resolver controversias constitucionales y, por tanto, otros asuntos como el de la MSX pasan al Tribunal Colegiado. Este tribunal resolvió otorgar a Pro San Luis el amparo y la “protección de la justicia” considerando que se había violado “indiscutiblemente” la Ley General de Equilibrio Ecológico, al autorizar un proyecto que no presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) específica, sino genérica. Segundo, continúa el abogado, violaba la Norma Oficial Mexicana –establecida por la federación– que protege a un sinnúmero de especies de flora y fauna en peligro de extinción. Tercero, se violaba el decreto de Desarrollo Urbano del municipio de San Luis Potosí y zonas conurbadas (incluyendo Cerro de San Pedro y otros municipios). Aunque no se mencionan en la sentencia, Barri González refiere que están vigentes también dos decretos emitidos por el entonces presidente Adolfo López Mateos al inicio de los años sesenta, para establecer la veda para la extracción de agua en la ciudad de San Luis y zonas aledañas. La sentencia indicaba además que no debía haberse dado la autorización ni siquiera “en forma condicionada”, aludiendo a las 99 condicionantes establecidas por la Semarnat. Con un ejemplo llano, el abogado indica que si la autorización violaba las leyes, era absurdo añadirle condicionantes: si alguien va a robar un banco, no violenta menos la ley por tener “condicionantes”. Al ganar Pro San Luis el amparo, el Tribunal Colegiado ordenó al Tribunal Fiscal declarar la nulidad de la autorización, que “con la cola entre las patas tuvo que aceptar que se había equivocado”; sin embargo, lamenta el defensor, “fue endeble en sus resolutivos finales, pues al señalar que se nulificaba la autorización debió destacar que no podría darse de ninguna otra forma definitivamente”. Círculo vicioso Ya sin autorización, dice, MSX, “con todas las argucias jurídicas”, solicitó un amparo contra la sentencia, argumentando que se violaba su derecho de audiencia, pues no tenía por qué resolver un tribunal cuando ellos habían presentado su solicitud ante la Semarnat, la cual debía dar la respuesta. Ante ello el Noveno Tribunal Colegiado les dio el amparo, pero –puntualiza enfático el abogado– sólo en lo relativo al derecho de audiencia, con lo cual la sentencia de nulidad de la autorización quedó intocada, por ser “cosa juzgada”. La Semarnat, por tanto, tenía facultad para dar respuesta al MSX, pero “en los términos de la resolución” ya dictada. Sin embargo, como si el caso se reabriera y pudiera seguir presentando pruebas, la dependencia argumentó en su respuesta que no se violaban las reglamentaciones ambientales, aseguró que no había especies en extinción en la zona y determinó que no era necesaria la MIA específica, que bastaba la genérica, pues tenía los elementos suficientes para resolver. Así, a lo que era “un contundente” no a la minera “se le dieron vueltas y vueltas” para concluir en una autorización en la cual además se eliminaron las condicionantes. Barri González menciona como ejemplo que una de ellas era que todos los habitantes de Cerro de San Pedro debían estar de acuerdo, 100% de la población: “Es decir, no solamente le dieron a la MSX la autorización evadiendo todas las respuestas de los tribunales, sino que al mismo tiempo le pusieron un tapete para caminar por él hasta lograr sus cometidos. ¡Quieren acabar con el Cerro de San Pedro!” En tanto, dice, la minera no ha parado de trabajar un sólo día. En una información emitida por el historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado martes 1 de mayo, se indica que se ha incrementado el número de detonaciones diarias, afectando la flora y fauna del lugar y cimbrando las estructuras de los inmuebles históricos del poblado, y se ha comenzado a lixiviar con cianuro “mediante la aspersión de millones de litros de agua”. A decir de Barri González, el gobernador de SLP, Marcelo de los Santos, no ha querido detener a la empresa minera y en sus medios cercanos se dice que es porque bajaría la calificación de la entidad en inversión. De hecho, añade, los gobiernos estatal y municipal también dieron autorizaciones a la minera y Pro San Luis interpuso 11 demandas al respecto que están sin juzgarse. Aunque lo más grave para el abogado es que la Semarnat, incumpliendo la sentencia del Tribunal Colegiado, haya dado una nueva autorización, con otra fecha y número de oficio, la cual es, en su opinión, “leonina, corrupta, equivocada, ilegal y además inconstitucional”. Ante ello, el pasado 3 de julio Pro San Luis interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Aclara Barri González que no se trata de un nuevo proceso, sino de que la autoridad judicial determine si la Semarnat cumplió o no con su sentencia. Esto debió resolverse en un plazo no mayor a un mes, pero cumplirá un año de interpuesta la queja. Al Tribunal Federal, subraya el litigante, no le queda sino decir que no se cumplió, pues si dijera lo contrario “estaría violando su propia sentencia”. Sin embargo, el asunto, que parece tan sencillo, sigue sin resolverse. Hace un par de semanas el abogado y miembros de Pro San Luis se reunieron con el presidente del Tribunal Federal, Luis Malpica y De Lamadrid, quien les dijo que los escuchaba porque tenían derecho a hablar, pero que el asunto será resuelto por el pleno, y “no sabemos por qué la última vez que se reunió hubo un empate: de 11 miembros votaron 10, cinco en favor y cinco en contra”. Mundo al revés Reitera el abogado entonces que el Tribunal Federal no podrá ir contra la resolución de un asunto ya juzgado, ante la cual la Semarnat está cometiendo un desacato: “Ya no estamos en juicio, no es otro procedimiento, sólo pedimos un análisis que diga si se violó o no lo determinado, lo que es cosa juzgada. Y fue a nuestro favor, está ejecutoriada por un Tribunal Co- legiado de Circuito, un tribunal máximo del país. Y una autoridad administrativa, del Poder Ejecutivo, no puede cambiar lo del Poder Judicial.” Denuncia además que el responsable de la autorización en la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, tiene varios procesos de responsabilidad como servidor público. Basta poner su nombre en un buscador de internet para ver que hay quejas contra él por autorizaciones dadas en Islas Coronado en Baja California; Marina Careyes, en Jalisco, y en Cancún, Quintana Roo, entre otros. Según el diario local Novedades del 26 de noviembre pasado, el funcionario reconoce en un libro que “se equivocó al haber autorizado algunos desarrollos en Quintana Roo”. Respecto de la MSX, Barri González advierte: “Mientras no se resuelva nuestra queja, los tipos de la MSX, que son canadienses, van a seguir terminando con parte de nuestro patrimonio y dejando un precedente de lo más triste y nefasto en la historia industrial de nuestro país.” En su informe al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre la MSX (Proceso 1591), la historiadora Marta Terán señala: “Es cínico que los funcionarios públicos pronuncien al tomar un cargo: ‘y si no, que la nación me lo demande’. ¿Cómo, si la moda es despreciar a los frentes ciudadanos que sus abusos procrean, que la impotencia radicaliza, cuyos dirigentes forman ya un contingente reconocible en las cárceles? Atenco, Oaxaca, ¿San Luis?” Esta semana, ciertamente, hubo nuevos detenidos que protestaban públicamente contra la MSX (ver recuadro). Lo reseña así el escritor potosino Ignacio Betancourt: “Cinco jóvenes que dignifican a la juventud manifestando su rechazo a la flagrante violación a la ley que comete el gobernador y sus socios de Minera San Xavier han sido encarcelados por oponerse al ecocidio que realiza en Cerro de San Pedro la empresa canadiense y sus sirvientes locales, la heroica actitud de oponerse a los agresores de la salud de cientos de miles ahora es considerada un delito, y de esta manera los delincuentes que hoy gobiernan intentan silenciar el legítimo derecho ciudadano de exigir el cumplimiento de la ley. El mundo se ha vuelto al revés

"El violín" inquietante
Javier Betancourt

La imagen más inquietante en El violín es una ausencia, la omisión deliberada del director Francisco Vargas de no explicar cómo don Plutarco (don Ángel Tavira) perdió la mano. La fisura atraviesa la película de principio a fin; como las notas discordantes que acompañan las violentas escenas de los interrogatorios de campesinos amarrados al principio de la cinta para luego componer una fascinante y melancólica melodía.

Claro, leemos en entrevistas y comentarios que don Ángel Tavira perdió la mano a los 13 años (Columba Vertiz, Proceso 1591), que es un violinista de verdad y que debuta en esta cinta premiada en Cannes en la sección “Una cierta mirada”; pero la negación de sentimentalismo barato en esta historia de opresión dictatorial y heroísmo campesino impuesta por la dirección de Francisco Vargas excluye la explotación de los amputados virtuosos (del síndrome Mi pie izquierdo). De haber esclarecido el cómo de la pérdida, curiosamente, la metáfora de padecimiento y mutilación en esta historia de un pueblo saqueado y torturado por los militares durante los años setenta (ocurre en algún lugar de México, pero podría tratarse de cualquier otro lugar en el continente latinoamericano), hubiera perdido mucho de su fuerza. Al ruido y al caos de los militares, se sobrepone la armonía; a la castración impuesta por la represión, se oponen la creatividad y la poesía, al precio que sea, en el ritmo del juego del gato y del ratón entre don Plutarco y el capitán (Dagoberto Gama) del pueblo ocupado, relación cómoda a pesar de lo siniestro, y como lo promete el homenaje a Chaplin presente en el último plan de la cinta (Tiempos modernos). Así, la lesión física de don Plutarco –relativamente pequeña en sí misma, enorme para un violinista– se desvanece a medida que se hace evidente la mutilación impuesta por el gobierno al pueblo devastado por el Ejército y abandonado por sus pobladores que huyeron a las montañas. Si tres generaciones que representan estos músicos itinerantes, don Plutarco, su hijo Genaro (Gerardo Taracena) y su nieto Lucio (Mario Garibaldi) abarcan todo el espectro de la paternidad lastimada del pueblo mexicano, también incluyen el arrojo y el desafío que tanto enfurece al poder. Son el derecho y el envés, músicos en el día y guerrilleros por la noche que guardan armas en los maizales, algo esconde la mano mutilada. Este sobrio relato, escrito por Francisco Vargas, se emplaza perfectamente en la estupenda fotografía en blanco y negro de Martín Boege Pare. Ahí se acomodan los opuestos, el violín como arma, la música que pretende domar a los depredadores, las armas y municiones que intentan derrocar a un gobierno dictatorial, la dignidad del rostro de don Ángel Tavira. En El violín, las disonancias se organizan estéticamente, sonidos e imágenes encuentran acordes encantadores, pero bajo el estoicismo del rostro de Don Plutarco, que tan bien sabe explotar la cámara de Vargas, se esconden la angustia y el desasosiego; y estos permanecen por largo tiempo en el alma del espectador. Belleza y fragilidad contra brutalidad, extraña fórmula la de El violín. Las 20 copias con las que logró salir en cartelera suenan poco comparadas con las centenas que manejan Blockbusters, como El hombre araña, por ejemplo (750); pero en un país donde un prestigiadísimo premio en Cannes se escucha insignificante junto al despliegue publicitario de los Oscar, 20 son, afortunadamente, muchas para una cinta independiente de material incendiario, justo en estos momentos tan peligrosos de reacción e hipocresía. Unas cuantas salas serán suficientes para que El violín se afine poco a poco y entone una melodía que seguramente durará mucho tiempo en cartelera y se irá transmitiendo de boca en boca

El gobernador se dobla
Regina Martínez

XALAPA, VER.- La noche del 30 de abril, en una conferencia de prensa casi clandestina, el caso de Ernestina Ascencio dio un vuelco sorpresivo: El fiscal especial designado por la procuraduría estatal, Juan Alatriste Gómez, afirmó que la muerte de la anciana indígena “no es imputable a factores externos y ajenos a la fisiología de su organismo, ya sea que la causa se clasifique como mecánica o patológica, aspectos que quedan en segundo plano y como materia de homologación de criterios”.

En su dictamen de sólo dos hojas, Alatriste reconoció la existencia de desgarres anales en el cuerpo de la señora, “pero pueden deberse a diversos factores, razón por la que no hay mayores indicios criminalísticos que hagan presumir la introducción de un miembro viril o instrumento por la vía no idónea”. Tal y como lo “anticipó” el presidente Felipe Calderón y como lo secundó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) concluyó que Ernestina Ascencio “murió por causas naturales”, ya que los análisis de laboratorio reportaron “una parasitosis y la existencia de heces intestinales pétreas o impactación fecal enmascarada en sangrado melénico”... Con ese dictamen el gobierno veracruzano se desdijo de su versión inicial, según la cual médicos forenses de la PGJE acreditaron que la anciana de 73 años “murió de manera violenta”, ya que habrían encontrado evidencias de violación sexual, fractura craneoencefálica, golpes y fractura de costillas. La decisión de cerrar el caso sorprendió a las autoridades de las casi 40 comunidades del municipio de Soledad Atzompa. “No esperábamos esa respuesta”, admitió el alcalde Javier Pérez Pascuala. Y la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Rocver), conformada por cerca de 40 agrupaciones, advirtió que junto con las autoridades municipales de Soledad Atzompa acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional para exigir que se reabra la investigación. En el caso de esta anciana indígena, manifestó la Rocver en un comunicado, “se utilizó el poder del Estado para cercar a la familia y crear una visión oficial que exculpe al Ejército. Y el gobierno estatal prefirió darle una salida política y negociada inaceptable, que lo muestra como un mero apéndice de la Presidencia de la República”. Soldados en la escena ”Fue un proditorio asesinato, horrible, de una indígena veracruzana, doña Ernestina Ascencio, que fue brutalmente ultrajada y su cuerpo arrojado a una ladera, ahí, en un hoyo”, decía el gobernador Fidel Herrera el 9 de marzo, días después de la muerte de la anciana de 73 años. Todo el regimiento de Orizaba fue acuartelado, dijo, “para que tanto personal militar de alta calidad como del fuero común de Veracruz puedan desarrollar la más profunda investigación de todos los instrumentos científicos a su alcance para determinar responsabilidades en el terrible homicidio de una indígena veracruzana”. Herrera Beltrán sostuvo la hipótesis del asesinato proditorio (traicionero), hasta antes de reunirse el 26 de abril con el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, para conocer la información técnica y científica recabada por el organismo sobre el caso. Un día después del fallecimiento de la indígena en el hospital de Río Blanco, el 27 de febrero, y ante los reclamos de justicia, el gobierno estatal informó en un comunicado de prensa que mientras se realizaban las investigaciones “cuatro elementos del Ejército, señalados como presuntos responsables de este crimen, están a disposición del Ministerio Público. “Los militares se encontraban destacados en esa comunidad y pertenecen al cuartel militar de San Antonio, del 63 Batallón de Infantería con base en Orizaba”, precisaba el boletín difundido después de que Herrera Beltrán visitó Tetlatzinga para darle sus condolencias a la familia Ascencio Inés. A esos mismos soldados, el alcalde Pérez Pascuala y otras 300 personas los vieron pasar a bordo de dos vehículos militares, provenientes de la parte alta del municipio. Eran alrededor de las 21 horas del 26 de febrero. Recuerda la autoridad municipal: “Esa noche, tras expandirse la noticia de la muerte de Ernestina Ascencio, unas 300 personas llegaron hasta mi domicilio, en la congregación de Atzompa, para preguntarme si era cierto que los militares habían agredido a la señora” “Yo ya había hablado con el gobernador para comentarle el lamentable hecho y el se comprometió a que al otro día estaría muy temprano en nuestro municipio para informarse personalmente de lo que había pasado. Eso le estaba explicando a la gente cuando vimos los vehículos militares. “Eran dos vehículos tipo pick up donde iban varios soldados y que por la multitud que había en ese momento frente a mi casa no podían avanzar, ya que la gente estaba tapando el camino. “Luego de acreditarme como presidente municipal, le pregunté al militar que iba al mando a dónde se dirigían. Respondió que se marchaban de Tetlatzinga rumbo a Ciudad Mendoza y que tenía órdenes superiores de llevarse a unos soldados. “Mire, señor presidente, entendemos la inquietud de la gente, pero acá atrás vienen cuatro sospechosos que podrían ser los culpables, ya no vestidos de militar, sino de civil, me dijo, y vi que otros seis militares los venían custodiando. Pero la gente no le creyó y empezó a gritar.” El comandante del grupo, cuyo nombre no recuerda Pérez Pascuala, se comunicó con el procurador del estado, Emeterio López Márquez. “Me pasó el teléfono y el procurador dijo que esperaba a los militares en Orizaba, donde iban a interrogarlos para ver si ellos eran los responsables; y que si no los dejaba pasar, yo sería el responsable”, relata el alcalde. La gente dejó que los militares continuaran su camino a Orizaba. Pero nunca se supo en qué pararon esas investigaciones ni cuál era la situación jurídica de los soldados detenidos por el propio Ejército. Todavía el 11 de abril, cuando tenía encima las acusaciones de la CNDH en el sentido de que la PGJE hizo de la investigación “un cochinero”, el procurador López Márquez reiteró: “Hay evidencias de que sí hubo violación, aunque será el Ministerio Público el que habrá de determinar el delito”. También cuestionó a José Luis Soberanes “por haberse adelantado a emitir opiniones cuando nosotros todavía estamos integrando una investigación ministerial y hay que esperar a que el fiscal la concluya”. Y de pronto... no hubo crimen Incluso la opinión de los hijos de Ernestina Ascencio cambió radicalmente. Ocurrió después de que se entrevistaron con los visitadores de la CNDH, que llegaron en los primeros días de marzo para exhumar el cuerpo. El 11 de abril, los deudos se reunieron en privado con el subsecretario de Gobernación Abraham González, en Boca del Río. En opinión del perredista Julio Atenco, fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se aprovechó de la pobreza de la familia de la indígena ultrajada y la “controló por el estómago” para cambiar el rumbo de la indagatoria iniciada el 25 de febrero, cuando Ascensio Rosario les reveló a sus hijos que los soldados “se le habían echado encima”. Lo mismo hizo Calderón, según Atenco, con el gobierno del estado: “presionó al gobernador Fidel Herrera Beltrán para cambiar la verdad histórica”. En este “trabajo sucio” –como lo califica– destacó la intervención del actual dirigente en la zona de la CROISZ, René Huerta, “quien gestionó beneficios por ambos lados”. Según Atenco Vidal, las autoridades comunales se dieron cuenta de las maniobras de Huerta y en una asamblea a mediados de abril acordaron desconocerlo como dirigente de la CROISZ, “pues ya había manipulado a la familia para que no hablara con nadie si él no estaba presente”. En este caso, señala, ni la Presidencia de la República ni el Ejército como instituciones estaban en duda: “Nosotros nunca las atacamos, pues altos mandos habían fijado su postura de dejar en libertad la investigación y sancionar a los responsables de los hechos”. Pero al encubrirlos, afirma, “estas instituciones terminaron ensuciándose”, politizaron el conflicto y ocultaron la verdad que incluso el gobierno estatal demostró el 16 de abril ante una comisión plural de diputados federales: que “hubo violencia y violación”. En esa ocasión, junto con los diputados federales y locales estuvieron presentes el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el propio Atenco. Ahí, la PGJE y la Fiscalía Especial mostraron cómo “en el cuerpo de la señora se encontró fosfata ácida y proteína B-30”, sustancias que, dice, “sólo las produce la próstata y se incrementan cuando el hombre tiene actividad sexual”.

DOS NOTAS DE MINERA SAN XAVIER:


Minera San Xavier: Contubernio con la Semarnat
Judith Amador Tello

A la destrucción del patrimonio cultural afectado en el Cerro de San Pedro siguen las violaciones ecológicas y jurídicas de la empresa minera, amparada en una autorización de la secretaría que ha sido nulificada por el Poder Judicial, según denuncia el grupo Pro San Luis Ecológico, A.C. Pero la filial mexicana de la compañía canadiense está dispuesta a defender su inversión a como dé lugar, al grado de que esta semana se produjeron varias detenciones de miembros del Frente Amplio Opositor (FAO), uno de ellos menor de edad.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.- Con una sentencia por parte del máximo tribunal judicial del país, que resolvió la nulidad de la autorización dada inicialmente por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a su proyecto, la Minera San Xavier (MSX) no sólo no ha detenido los trabajos de explotación de oro y plata en Cerro de San Pedro, sino que van en aumento. Integrante del grupo Pro San Luis Ecológico, A.C., el abogado Héctor Barri González afirma categórico que la minera –filial en México de la empresa canadiense Metallica Resources Inc.– trabaja con una autorización “que violó las resoluciones del Poder Judicial”, ante la mirada indulgente del gobierno estatal, más preocupado por obtener una alta “calificación” en materia de inversiones que por el cumplimiento de la normatividad. El también director del bufete jurídico Barri & Asociados y abogado del Frente Amplio Opositor (FAO) a la MSX, detalla cómo en un largo proceso jurídico lograron anular las autorizaciones a la MSX y sin embargo se encuentran hoy en un impasse, luego de haberse visto obligados a interponer un recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debió resolverse en un mes y está a punto de cumplir un año. En su oficina de la colonia Jardín, Barri González relata a Proceso que en noviembre de 1999 se autorizó a MSX el cambio de uso de suelo en una superficie de 373.39 hectáreas, que era forestal, así como el proyecto para la explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación con cianuro de sodio en el Cerro de San Pedro. Tras la autorización, los integrantes de Pro San Luis determinaron emprender una batalla legal, pero tuvieron que ir paso a paso agotando los recursos marcados por la ley. Interpusieron primero un recurso administrativo ante la misma Semarnat, conscientes de que sólo era para agotar ese camino, pues “las autoridades normalmente ratifican sus actos”. Tal como ocurrió. Una vez ratificada la autorización por la Semarnat, en 2000 se optó por una demanda solicitando la nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación (TFF), ahora llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya sala regional se encuentra en Querétaro. Pero por tratarse de un asunto “novedoso, sin antecedentes de jurisprudencia”, se envió el caso al pleno del Tribunal Fiscal en la Ciudad de México. Conformada por 11 magistrados, “que se supone de la más alta capacidad técnica jurídica”, el TFF resolvió contra Pro San Luis y confirmó la autorización impugnada. El organismo civil interpuso un recurso de amparo ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con sede en el Distrito Federal. Esta instancia, destaca el abogado, hace las veces de SCJN, la cual de un tiempo a la fecha se ha dedicado más a resolver controversias constitucionales y, por tanto, otros asuntos como el de la MSX pasan al Tribunal Colegiado. Este tribunal resolvió otorgar a Pro San Luis el amparo y la “protección de la justicia” considerando que se había violado “indiscutiblemente” la Ley General de Equilibrio Ecológico, al autorizar un proyecto que no presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) específica, sino genérica. Segundo, continúa el abogado, violaba la Norma Oficial Mexicana –establecida por la federación– que protege a un sinnúmero de especies de flora y fauna en peligro de extinción. Tercero, se violaba el decreto de Desarrollo Urbano del municipio de San Luis Potosí y zonas conurbadas (incluyendo Cerro de San Pedro y otros municipios). Aunque no se mencionan en la sentencia, Barri González refiere que están vigentes también dos decretos emitidos por el entonces presidente Adolfo López Mateos al inicio de los años sesenta, para establecer la veda para la extracción de agua en la ciudad de San Luis y zonas aledañas. La sentencia indicaba además que no debía haberse dado la autorización ni siquiera “en forma condicionada”, aludiendo a las 99 condicionantes establecidas por la Semarnat. Con un ejemplo llano, el abogado indica que si la autorización violaba las leyes, era absurdo añadirle condicionantes: si alguien va a robar un banco, no violenta menos la ley por tener “condicionantes”. Al ganar Pro San Luis el amparo, el Tribunal Colegiado ordenó al Tribunal Fiscal declarar la nulidad de la autorización, que “con la cola entre las patas tuvo que aceptar que se había equivocado”; sin embargo, lamenta el defensor, “fue endeble en sus resolutivos finales, pues al señalar que se nulificaba la autorización debió destacar que no podría darse de ninguna otra forma definitivamente”. Círculo vicioso Ya sin autorización, dice, MSX, “con todas las argucias jurídicas”, solicitó un amparo contra la sentencia, argumentando que se violaba su derecho de audiencia, pues no tenía por qué resolver un tribunal cuando ellos habían presentado su solicitud ante la Semarnat, la cual debía dar la respuesta. Ante ello el Noveno Tribunal Colegiado les dio el amparo, pero –puntualiza enfático el abogado– sólo en lo relativo al derecho de audiencia, con lo cual la sentencia de nulidad de la autorización quedó intocada, por ser “cosa juzgada”. La Semarnat, por tanto, tenía facultad para dar respuesta al MSX, pero “en los términos de la resolución” ya dictada. Sin embargo, como si el caso se reabriera y pudiera seguir presentando pruebas, la dependencia argumentó en su respuesta que no se violaban las reglamentaciones ambientales, aseguró que no había especies en extinción en la zona y determinó que no era necesaria la MIA específica, que bastaba la genérica, pues tenía los elementos suficientes para resolver. Así, a lo que era “un contundente” no a la minera “se le dieron vueltas y vueltas” para concluir en una autorización en la cual además se eliminaron las condicionantes. Barri González menciona como ejemplo que una de ellas era que todos los habitantes de Cerro de San Pedro debían estar de acuerdo, 100% de la población: “Es decir, no solamente le dieron a la MSX la autorización evadiendo todas las respuestas de los tribunales, sino que al mismo tiempo le pusieron un tapete para caminar por él hasta lograr sus cometidos. ¡Quieren acabar con el Cerro de San Pedro!” En tanto, dice, la minera no ha parado de trabajar un sólo día. En una información emitida por el historiador Juan Carlos Ruiz Guadalajara el pasado martes 1 de mayo, se indica que se ha incrementado el número de detonaciones diarias, afectando la flora y fauna del lugar y cimbrando las estructuras de los inmuebles históricos del poblado, y se ha comenzado a lixiviar con cianuro “mediante la aspersión de millones de litros de agua”. A decir de Barri González, el gobernador de SLP, Marcelo de los Santos, no ha querido detener a la empresa minera y en sus medios cercanos se dice que es porque bajaría la calificación de la entidad en inversión. De hecho, añade, los gobiernos estatal y municipal también dieron autorizaciones a la minera y Pro San Luis interpuso 11 demandas al respecto que están sin juzgarse. Aunque lo más grave para el abogado es que la Semarnat, incumpliendo la sentencia del Tribunal Colegiado, haya dado una nueva autorización, con otra fecha y número de oficio, la cual es, en su opinión, “leonina, corrupta, equivocada, ilegal y además inconstitucional”. Ante ello, el pasado 3 de julio Pro San Luis interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal. Aclara Barri González que no se trata de un nuevo proceso, sino de que la autoridad judicial determine si la Semarnat cumplió o no con su sentencia. Esto debió resolverse en un plazo no mayor a un mes, pero cumplirá un año de interpuesta la queja. Al Tribunal Federal, subraya el litigante, no le queda sino decir que no se cumplió, pues si dijera lo contrario “estaría violando su propia sentencia”. Sin embargo, el asunto, que parece tan sencillo, sigue sin resolverse. Hace un par de semanas el abogado y miembros de Pro San Luis se reunieron con el presidente del Tribunal Federal, Luis Malpica y De Lamadrid, quien les dijo que los escuchaba porque tenían derecho a hablar, pero que el asunto será resuelto por el pleno, y “no sabemos por qué la última vez que se reunió hubo un empate: de 11 miembros votaron 10, cinco en favor y cinco en contra”. Mundo al revés Reitera el abogado entonces que el Tribunal Federal no podrá ir contra la resolución de un asunto ya juzgado, ante la cual la Semarnat está cometiendo un desacato: “Ya no estamos en juicio, no es otro procedimiento, sólo pedimos un análisis que diga si se violó o no lo determinado, lo que es cosa juzgada. Y fue a nuestro favor, está ejecutoriada por un Tribunal Co- legiado de Circuito, un tribunal máximo del país. Y una autoridad administrativa, del Poder Ejecutivo, no puede cambiar lo del Poder Judicial.” Denuncia además que el responsable de la autorización en la Semarnat, Ricardo Juárez Palacios, director general de Impacto y Riesgo Ambiental, tiene varios procesos de responsabilidad como servidor público. Basta poner su nombre en un buscador de internet para ver que hay quejas contra él por autorizaciones dadas en Islas Coronado en Baja California; Marina Careyes, en Jalisco, y en Cancún, Quintana Roo, entre otros. Según el diario local Novedades del 26 de noviembre pasado, el funcionario reconoce en un libro que “se equivocó al haber autorizado algunos desarrollos en Quintana Roo”. Respecto de la MSX, Barri González advierte: “Mientras no se resuelva nuestra queja, los tipos de la MSX, que son canadienses, van a seguir terminando con parte de nuestro patrimonio y dejando un precedente de lo más triste y nefasto en la historia industrial de nuestro país.” En su informe al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre la MSX (Proceso 1591), la historiadora Marta Terán señala: “Es cínico que los funcionarios públicos pronuncien al tomar un cargo: ‘y si no, que la nación me lo demande’. ¿Cómo, si la moda es despreciar a los frentes ciudadanos que sus abusos procrean, que la impotencia radicaliza, cuyos dirigentes forman ya un contingente reconocible en las cárceles? Atenco, Oaxaca, ¿San Luis?” Esta semana, ciertamente, hubo nuevos detenidos que protestaban públicamente contra la MSX (ver recuadro). Lo reseña así el escritor potosino Ignacio Betancourt: “Cinco jóvenes que dignifican a la juventud manifestando su rechazo a la flagrante violación a la ley que comete el gobernador y sus socios de Minera San Xavier han sido encarcelados por oponerse al ecocidio que realiza en Cerro de San Pedro la empresa canadiense y sus sirvientes locales, la heroica actitud de oponerse a los agresores de la salud de cientos de miles ahora es considerada un delito, y de esta manera los delincuentes que hoy gobiernan intentan silenciar el legítimo derecho ciudadano de exigir el cumplimiento de la ley. El mundo se ha vuelto al revés

Surgió ya la represión: 5 estudiantes, "criminales peligrosos"
Patricia Dávila

La Minera San Xavier (MSX) reclamará el pago hasta por 24 mil millones de dólares si el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa falla en su contra. En tanto el gobierno de San Luis Potosí recluye en el penal de La Pila a cuatro estudiantes que se pronuncian públicamente por el retiro de la minera y a uno más en el Consejo Tutelar para Menores.

Los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Azcapotzalco) José Juan González Márquez, doctor en derecho ambiental, e Ivett Montelongo Buenavista, candidata a doctora en la misma materia, fueron llevados por la MSX para exponer el resultado de un estudio sobre la serie de “vicisitudes” atravesadas por la minera. –¿Por qué en la UAM nos interesamos en este caso?– pregunta González Márquez. Primero, responde, porque la UAM, su departamento de derecho, es una institución pionera en México en el estudio de derecho ambiental. Durante un curso encontramos que el caso (de la MSX) se presentaba insistentemente en los medios y decidimos investigar. La investigación arrojó que el de la MSX es el proyecto de explotación industrial más regulado del país: “Nunca habíamos visto uno tan regulado ni en el presente ni en el pasado. Incluso, la minera aceptó 100 condicionantes y 13 recomendaciones que ha cumplido al 100%.” Encontró un problema: que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió en contra de MSX. “El tribunal que dictó esa sentencia ha sostenido que la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) permite a la autoridad ambiental negar la autorización de impacto ambiental y eso no es así, este es un error elemental. En realidad, el procedimiento de impacto ambiental sólo tiene por objetivo imponer condicionantes a un proyecto, pero no puede ni permitir ni impedir su desarrollo.” El tribunal –advierte– tiene que ser muy cuidadoso; si se equivoca, que puede equivocarse, el gobierno de México enfrentará dos consecuencias: la primera, una demanda desde la perspectiva comercial del TLC, “y va a perder porque no acreditará que tiene razón”; la segunda, que San Luis se estigmatizará como un estado en el que no se puede invertir”. Asegura que una demanda anterior, la del proyecto de la empresa Metalclad en Guadalcázar, fue de 6 mil millones de dólares, que México perdió; en este caso (de la MSX) sería tres o cuatro veces mayor (hasta 24 mil millones de dólares). En este punto, Luis Rodolfo Rodríguez, abogado de MSX, acota que realmente han invertido entre 80 y 85 millones de dólares. El abogado ambiental recuerda que en 1996, cuando se modifica por primera vez la Ley Ambiental, la reforma no preveía la posibilidad de participación ciudadana: “Fuimos los académicos los que dimos esa posibilidad, nunca pensamos –se lamenta– que íbamos a llegar a un nivel como éste, donde en forma muy irresponsable y aprovechando una serie de errores de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y de los tribunales, Pro San Luis Ecológico, entorpeciendo sin razón y sin información un proyecto como éste, nos tenga en este dilema…” José Juan González Márquez e Ivett Montelongo son socios de la empresa González & Asociados, Consultoría Especializada en Derecho Ambiental, Corporativo y del Comercio Exterior, firma jurídico-administrativa constituida en septiembre de 1995, afirma María Colín, asesora legal de Greenpeace-México. Asegura que cuando González Márquez hace sus declaraciones en pro de MSX, se vale de su título como investigador de la UAM, pero en realidad está cobrando como despacho. Aparecen “amenazando” con que van a demandar al gobierno mexicano por el capítulo XI de inversiones del TLC si el proyecto de MSX se pierde, y cita el caso de la Metalclad, donde el gobierno fue multado. Para Colín es muy raro que los investigadores asesoren a empresas para ver cómo van a demandar a un gobierno. Explica que el 30 de agosto de 2000 el panel de controversia del TLC emitió el fallo acusando al gobierno de San Luis Potosí de parar los trabajos del confinamiento de residuos tóxicos peligrosos de la empresa Metalclad, aplicando una multa por 16 millones 685 mil dólares y no de 6 mil millones de dólares, como afirma el investigador de la UAM-Azcapotzalco. “Al decir que se multó al gobierno con 6 mil millones de dólares y que la minera obtendrá tres o cuatro veces más, el investigador de la UAM demuestra que no tiene idea del proceso que se siguió en Guadalcázar y que lo que busca es intimidar, amenazar”, afirma Colín. Según su página web, González & Asociados ha asesorado a dependencias de gobierno y a 11 estados en cuestiones de leyes y reglamentación ambiental, incluyendo al de San Luis Potosí, que lo contrató para elaborar el dictamen sobre el proyecto de Ley Ambiental. Además, tiene la representación legal de nueve empresas. Entrevistado acerca de si la UAM-Azcapotzalco financió este proyecto sobre MSX, el secretario de la Rectoría, Antonio Rodríguez, responde molesto: “No sé si usted alcanza a diagramar que esta información la tienen los investigadores.” –¿No cuenta Rectoría con una lista de los proyectos de investigación? Sólo quiero saber si lo tienen previsto. –Tenemos la lista, pero hay un respeto por la información y pedimos autorización de los investigadores. Yo se los enlazo –prometió. Juan Carlos Ruiz Guadalajara, de Pro San Luis Ecológico, considera que es totalmente entendible la postura del abogado González: “Recordemos que por motivos de ética y profesionalismo, los abogados se ven obligados a defender con argumentos que van más allá de la razón.” Asegura: “Los directivos de MSX no imaginaron la capacidad de rechazo de los pobladores de Cerro de San Pedro al proyecto minero, le apostaron a las amenazas y a la represión.” La última muestra de esa represión, denuncia, se dio el pasado martes, durante el desfile del 1 de mayo: Por manifestarse contra la MSX durante el desfile, cuatro estudiantes fueron golpeados y remitidos al penal de La Pila, acusados de daños al patrimonio, asociación delictuosa y motín. Uno más fue enviado al Consejo Tutelar para Menores. Los jóvenes marcharon con el contingente integrado por 45 miembros del Frente Amplio Opositor (FAO). Durante el recorrido sacaron banderas y pancartas de protesta contra la Minera San Xavier e hicieron tres pintas con la leyenda: “Fuera MSX”. Al descubrirlos la policía, el contingente del FAO fue seguido y acosado durante casi todo el trayecto por cerca de 250 uniformados. Conforme avanzaban, el cerco policiaco se incrementó. Al llegar a la alameda Juan Sarabia, la policía acorraló a los estudiantes y los replegó hasta la calle Lanzagorta. Ahí los dispersaron a golpes. Detuvieron a Francisco Octavio López, de 16 años; Helios Barragán, de 19; Óscar David Reyes Medrano, de 20; José Emilio Grimaldo y Adrián Mireles Alonso, de 21. Los llevaron al edificio de Seguridad Pública, donde quedaron incomunicados. Según Ruiz Guadalajara, los jóvenes detenidos fueron golpeados y permanecieron incomunicados hasta que el dirigente del FAO, Enrique Rivera Sierra, interpuso un amparo para hablar con ellos. Cuando los familiares establecieron contacto, se percataron de que presentaban golpes en diversas partes del cuerpo. Francisco Octavio López dijo a sus familiares que los policías lo torturaron, le hicieron la “licuadora”, una vieja práctica policiaca que consiste en tomar del cabello a la persona y darle vueltas en un sentido y otro. Cuando los estudiantes llegaron a la Agencia del Ministerio Público fueron recibidos a escupitajos e insultos por agentes de Gobernación. La prensa local se limitó a reproducir el comunicado oficial difundido por el gobierno de Marcelo de los Santos. El boletín de la procuraduría local acusa a los jóvenes de “daño a inmuebles” y los tacha de “vándalos” y “criminales peligrosos”. Ruiz Guadalajara comenta: “Hacia la medianoche se confirmó nuestro temor sobre la posible fabricación de cargos, cuando se les notificó a los familiares que el procurador Guillermo Salazar Trejo, en calidad de querellante, decidió levantar dos cargos más: el de motín para los cinco detenidos (incluido el menor), y el de asociación delictuosa para los cuatro mayores de 18 años.” Para los integrantes del FAO, la intención fue clara, pues la asociación delictuosa que se les imputa está basada en la supuesta complicidad para “corromper” al menor. Con estos nuevos cargos no alcanzan fianza y los mayores de 18 años fueron remitidos al penal de La Pila, donde hace un mes se consignó a Pedro Rebolloso, otro opositor a la Minera San Xavier, quien desde entonces permanece en huelga de hambre. A su detención, llevaba más de 10 mil firmas reunidas contra la minera. Los estudiantes son alumnos destacados en sus escuelas: Francisco Octavio López, quien cursa el primero de bachillerato en el colegio Minerva, es primer lugar interestatal en matemáticas y redacción, y primero en el certamen de debate sobre derechos humanos. Óscar David Reyes presidió en 2005 la Organización Universitaria Ponciano Arriaga, dedicada al apoyo de estudiantes. Trabaja con otros universitarios en servicio al asilo de ancianos de la comunidad de Tierra Blanca. José Emilio Grimaldo es mesero en un restaurante para continuar sus estudios del sexto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Adrián Mireles Alonso es estudiante de ingeniería de la misma universidad, además de músico. Helios Barragán es estudiante de administración en la universidad e hijo del director del Colegio de Bachilleres en la entidad. Los cinco son adherentes de La Otra Campaña y miembros del Colectivo Soya, organizado por grupos de estudiantes para iniciar proyectos de desarrollo social y cultural. “En algunos medios –explica Ruiz Guadalajara– los han manejado como ‘narcopunks’, pero yo me pregunto: ¿Desde cuándo acá un ‘narcopunk’ se sujeta a las normas de un sistema educativo oficial?” Para él, lo sucedido con Rebolloso y la detención de los estudiantes es un mensaje muy claro a todos los opositores, ahora que la minera ha aumentado el número de detonaciones diarias y comenzó a emplear el cianuro para lixiviar: “Estamos en espera de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dé una respuesta a nuestro favor, a pesar de las acciones intimidatorias de la MSX.”

Y POR SU ACTUALIDAD, VA EL ARTICULO DONDE FECAL ENTREGA LAS NALGAS A TELEVISA, a cambio de tener a lopez choriga y cofrades a su servicio, como lo hemos visto, incluso anal Mamones le reconoce el titulito para que no se le vaya a olvidar a alguien, este articulo ya lo habían subido el domingo, ero es muy importante seguirle dando nota a las traiciones de este PELELE farsante:

Calderón, detrás del pacto
Álvaro Delgado

Subterráneamente, como lo hizo en muchos de los arreglos durante su campaña, Felipe Calderón instruyó a los senadores y a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para que respaldaran la Ley Televisa, aprobada en pleno proceso electoral de 2006, a cambio de apoyo en encuestas y abundante propaganda en la pantalla del consorcio televisivo.

Calderón evitó siempre exponer públicamente su postura sobre las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, diseñadas por Televisa, pero pactó con Emilio Azcárraga Jean a través de dos prominentes personajes: Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la campaña, y Manuel Espino, presidente del PAN. Incluso, poco antes de las elecciones del 2 de julio, justificó su ambigüedad porque habría abonado a su derrota, como reconoció en la entrevista con Carmen Aristegui publicada en el libro Uno de dos. México en la encrucijada. “Implica (sic) costos para mí; en cualquier sentido los hubiera implicado. Una intervención mía, por ejemplo, en el otro sentido, si me hubiera metido a frenarla, hubiera tenido costos para mí”. –Que pusiera en riesgo tu posibilidad de ser presidente –le hizo ver Aristegui. –Pues habría que preguntarte eso –evadió Calderón. –Te lo pregunto a ti –insistió la periodista. –Yo creo que sí. Y aunque en esa misma entrevista culpó al presidente nacional del PAN, Manuel Espino, de haber emitido una “declaración desafortunada” cuando se reunió con senadores panistas para advertirles que la aprobación “favorecería a nuestro candidato” y permitiría “transitar mejor en los tiempos electorales”, Calderón operó directamente el pacto con Televisa. En su edición del 2 de abril de 2006, apenas tres días después de la aprobación de la Ley Televisa, Proceso dio cuenta de una reunión de Vázquez Mota con Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio, para acordar la aprobación de las reformas sin cambiar “ni una coma” de la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Con la intermediación de Eduardo Medina Mora, entonces secretario de Seguridad Pública y actual procurador general de la República, Vázquez Mota convino que Televisa apoyaría mediante estrategias el aumento del puntaje del candidato panista en las encuestas, diferir los pagos del PAN por concepto de spots y presionar al Instituto Federal Electoral (IFE) para la celebración de dos debates (Proceso 1535). El 29 de marzo, en vísperas de la sesión del Senado, Espino se reunió con Bernardo Gómez, en el domicilio de Medina Mora, para ratificar el pacto establecido con Vázquez Mota por instrucciones de Calderón, quien mantuvo la ambigüedad incluso después de haber sido promulgada la ley, cuando estaba en marcha la integración de senadores panistas y priistas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). “Me parece importante escuchar las opiniones que hay al respecto de la ley y sobre todo cuidar la integración de sus organismos para, precisamente, poder plantear con toda claridad si lo que se requiere es en sí mismo una reforma legislativa o no”, expuso. El pacto de Calderón con Televisa implicó censurar a Javier Lozano Alarcón, el expriista que se sumó a su campaña y que fue funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo, para emitir sus puntos de vista contra la Ley Televisa, como se afirma en el libro El presidente electo, de Salvador Camarena y Jorge Zepeda Patterson: “Había enojo con Javier, no entendía que sus opiniones públicas no eran suyas, porque él era integrante del equipo de Felipe y cuando tú hablas tienes que entender que hablas a nombre del equipo de Felipe o del propio Felipe; entonces mandaba una serie de señales que nadie entendía”, reconoce un miembro del cuarto de guerra. “Fuimos muy claros con él sobre el tema Televisa. Todos le respetaban su posición, pero se le dejó claro que la coyuntura no le permitía estarla expresando tan abiertamente…” Incluso en el libro de ambos periodistas se detalla cómo Calderón y Espino habían acordado –en una reunión a principios de marzo de 2006– no apoyar la ley, porque “era contraria a los principios democráticos del PAN”: “Pero la casa de campaña cambió de parecer. Josefina Vázquez Mota buscó a Espino para comunicarle que Calderón sí tenía interés en que la ley fuera aprobada en los términos en que se encontraba en el Senado, es decir, sin modificación alguna. El líder nacional del PAN solicitó entrevistarse de nueva cuenta con el candidato. “En la reunión, según testigos, Calderón ratificó que preferiría que la ley pasara. Acordaron entonces que fuera el PAN, a través de Manuel Espino, el que operara la aprobación. ‘Aquí no se mete la campaña, esto lo tiene que sacar el partido’. Buscaban, en la medida de lo posible, salvaguardar la candidatura de los costos de la impopular aprobación”. Lo que siguió fue trámite.

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