GRANADOS CHAPA EN EL REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Culpas en Pasta de Conchos.

Mañana podrían quedar en libertad los ejecutivos de la Industrial Minera México (filial del consorcio encabezado por la familia Larrea) a quienes se responsabiliza de la tragedia del 19 de febrero de 2006; y ni siquiera se ha consignado a personal de la Secretaría del Trabajo.

Mañana por la mañana se resolverá en un juzgado penal del fuero común en Sabinas, Coahuila, la suerte jurídica de cinco ejecutivos de Industrial Minera México (IMMSA) acusados de homicidio culposo, el de los 65 trabajadores que perdieron la vida en la mina número ocho de la unidad Pasta de Conchos, perteneciente a esa empresa, que a su vez forma parte del consorcio Grupo México, de la familia Larrea.

El 19 de marzo, al cumplirse 13 meses de la tragedia, el Ministerio Público concluyó su averiguación previa y consignó ante la justicia local a Rubén Armando Escudero Chávez, gerente general de IMMSA; Sergio Rico Pérez, superintendente de la mina; Fermín Carlos González, superintendente de operaciones; Antonio Campos González, supervisor de seguridad, y Emilio Rodríguez Díaz, ingeniero de seguridad.

Con el apoyo de la empresa, que ha confiado su defensa legal a poderosos despachos de penalistas, las cinco personas implicadas solicitaron amparo y obtuvieron de inmediato la suspensión provisional. Con esa garantía acudieron el jueves pasado ante el juez que eventualmente los procesará. Se les acusa de incumplir la norma oficial mexicana 023, sobre medidas de seguridad e higiene en industrias extractivas y de causar, por su negligencia, la muerte de 65 personas que laboraban en la mina en las primeras horas del domingo 19 de febrero de 2006.

Los cinco implicados negaron haber actuado irresponsablemente y pidieron la ampliación del plazo constitucional para aportar pruebas sobre su inocencia. El término vence mañana a las 10:30 horas. Pueden quedar en libertad plenamente, o bajo fianza si se resuelve iniciar proceso en su contra. Difícilmente se les negaría la libertad procesal, porque la ley faculta al juez para dictarla y por la potencia del equipo jurídico que Grupo México puso a su disposición.

Además de aportar actas en que se hace constar el resultado de inspecciones administrativas, los ejecutivos de IMMSA invocaron el sentido común para negar que descuidaran las condiciones de seguridad en la mina: todos ellos, unos cotidianamente, otros con frecuencia y el gerente general de vez en cuando, pero lo hacía; todos ellos bajaban al interior de la mina, y hubieran sido irresponsables consigo mismos y no sólo con el resto de los trabajadores.

Por lo tanto, aseguran que la tragedia nació de un hecho fortuito, de un lamentable azar y no por un concurso de circunstancias que parcial o totalmente les fueran atribuibles.La averiguación ministerial se realizó con extrema lentitud, y no ha concluido. Ya desde mediados de diciembre se había notificado a los ahora formalmente aprehendidos que habían pasado de ser testigos, en calidad de lo cual fueron llamados a declarar durante los primeros meses posteriores a la tragedia, a ser indiciados.

De modo que la Procuraduría estatal demoró tres meses en elaborar los pliegos de consignación, cuya contundencia quedará clara mañana. Un grupo de familiares de las víctimas ha reclamado conocer dichos pliegos y hasta la tarde del lunes no habían podido obtenerlos, lo que les causa preocupación porque sugiere que la actuación del Ministerio Público favorezca deliberadamente a los indiciados.

El Equipo nacional de Pastoral Laboral, que actúa en la diócesis de Saltillo, cuyo obispo don Raúl Vera ha estado muy próximo a lo deudos de las víctimas, reaccionó con escepticismo ante la consignación penal, la semana pasada. Consideró, por un lado, que "los verdaderos responsables de la explosión en la que 65 mineros perdieron la vida" son "los dueños de la empresa Industrial Minera México, titulares obligados de la concesión".

Sorprendió a ese equipo, igualmente, "el que se haya excluido de la consignación a los representantes del sindicato minero, que tenían la obligación de exigir que se cumplieran las medidas de prevención", y el que tampoco se pidieran "órdenes de aprehensión contra los directivos de la empresa contratista General de Hulla, la cual tenía bajo su responsabilidad a 35 mineros que quedaron atrapados".

Según este mismo grupo de trabajo, que se ocupó del caso muy poco después de ocurrido, "han quedado evidencias de que la empresa (se refiere a IMMSA) no cumplió con las normas mínimas de seguridad, entre ellas la Nom-023-Stps-2003 en los incisos C (contar con planos actualizados), 12-F (programas de revisión, prueba y mantenimiento de los sistemas de ventilación), pero sobre todo... el apéndice N, inciso N.11, letra C: el equipo eléctrico que se instala en lugares expuestos a atmósferas explosivas debe ser a prueba de explosión... a lo que hay que agregar que desde el año 1999 la mina no era polveada sistemáticamente por lo que es evidente que no fue responsabilidad de los empleados de esa empresa, sino de quienes obtienen los beneficios de la concesión".

Independientemente del curso que siga el procedimiento relativo a los empleados de IMMSA, está por ser determinada la suerte de funcionarios de la Secretaría del Trabajo a quienes se implica también en la gestación de las causas que produjeron el estallido en Pasta de Conchos. La Procuraduría local remitió copia del expediente a la General de la República para que allí se realice la consignación, trámite que ya ha tardado de modo inexplicable. O muy explicable, quizá, ya que en ese ámbito podría caber responsabilidad al propio titular de esa dependencia en el momento de los hechos, Francisco Javier Salazar, que es ahora integrante del Comité Nacional del PAN.

Cajón de Sastre .
A partir de ayer, y hasta el viernes, se reúne en la UNAM el Congreso Internacional Hacia la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Es la primera actividad organizada por la comisión universitaria que se encargará de recordar aquellos fastos, y que coordina la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, doctora Alicia Mayer.

Lo hubiera hecho de todos modos la UNAM, pero fue imperioso que actuara cuando falló la pretensión del gobierno federal de delinear dichas celebraciones. Al designar coordinador de la comisión gubernamental al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, más con un afán electoral que con otra motivación, y tras la declinación del designado, pareció quedar abierto un hueco que las funciones propias de la principal institución universitaria del país estaban llamadas a colmar, entre otras razones porque el trabajo cotidiano en sus escuelas, facultades, centros e institutos de investigación social y humanística procesa ésos y otros fenómenos nacionales.