El Sendero del Peje: ALGUNAS DE PROCESO SEMANAL

Fovissste, un Fobaproa para Gordillo
Jesusa Cervantes

Elba Esther Gordillo tiene más motivos para celebrar la nueva Ley del ISSSTE que el PAN, el PRI o el presidente Calderón: ningún candado legal le impedirá manejar los instrumentos clave del instituto: el Pensionissste y el nuevo Fondo de Vivienda. En este último, incluso, se fincan sus mayores expectativas de ganancia económica, pues la cartera de créditos del Fovissste podría ocultar millonarios recursos de los que el sindicato magisterial dispuso ilegalmente hace años.

Si los senadores priistas creyeron encontrar la forma jurídica de “coartar” el poder económico y político que la nueva Ley del ISSSTE le otorga a Elba Esther Gordillo al crear el Pensionissste, se equivocan: mediante otra nueva figura, el Fondo de Vivienda, la maestra podrá incidir sobre el destino de más de 154 mil millones de pesos.

Con muy pocos cambios, aunque con dos días de retraso respecto de la fecha prevista, se aprobó la iniciativa que el pasado 16 de marzo presentó a la Cámara de Diputados el priista Samuel Aguilar y que fue elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la líder magisterial Elba Esther Gordillo y el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala.

Cuando la fracción del PRI en el Senado se percató de que mediante el Pensionissste la maestra podría disponer del manejo de 160 mil millones de pesos correspondientes a las pensiones que se acumularán durante tres años en el nuevo organismo, el coordinador Manlio Fabio Beltrones condicionó la aprobación de la reforma a que el gobierno federal y los senadores panistas respaldaran la modificación de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro con el fin de colocar un candado para que la maestra no pueda manejar tales recursos.

Sin embargo, en esa nueva ley existe otro apartado que los priistas ignoran o han querido pasar por alto: la conformación del Fondo de Vivienda, que de entrada podrá disponer de 154 mil 344 millones de pesos.

Dicho fondo contará con una “comisión ejecutiva” integrada por 18 miembros, siete de los cuales serán colocados por Gordillo, siete por el gobierno y sólo cuatro por la FSTSE de Joel Ayala. El llamado voto de calidad lo tendrá el presidente de la comisión, Miguel Ángel Yunes, director del ISSSTE y muy cercano a la maestra.

En el artículo 174, sección II (“Del crédito para vivienda”) de la propia ley, la comisión ejecutiva tendrá entre sus atribuciones “resolver sobre las operaciones del fondo” y “aprobar... los planes de labores y financiamiento” del mismo. Al sumar el mayor número de posiciones en la comisión, Elba Esther Gordillo podrá imponer decisiones acerca de en qué se invertirán los millonarios recursos.

Inversión incierta

El diputado Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados y quien se opuso junto con los legisladores del PRD, Convergencia y PT a la nueva Ley del ISSSTE, advirtió el peligro de “bursatilizar la cartera actual del Fovissste” (el actual fondo de vivienda del instituto).

Su preocupación es que al abrirse la posibilidad de “vender” la cartera vencida de los trabajadores que han solicitado créditos al Fovissste y tienen adeudos, sus familias podrán ser desalojadas por quien “compre” dicha cartera.

Pero tanto el presidente de la Asociación Ciudadana del Magisterio, Noé Rivera (exoperador político de Gordillo), como el secretario de Hacienda del llamado gobierno legítimo, Mario di Costanzo, coinciden en advertir de otro peligro: la posibilidad de que todos los recursos del Fondo de Vivienda –las aportaciones mensuales de los trabajadores para tener derecho a adquirir una vivienda, la cartera vencida y el valor de los créditos de vivienda que ya ha otorgado el ISSSTE– se destinen a comprar inversiones en papel de gobierno o se vendan.

Actualmente el Fovissste asume esas funciones y cuenta para ello con una “comisión ejecutiva” de nueve miembros. Desde que Gordillo asumió en 1989 la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ha mantenido el mayor número de posiciones en el organismo que decide a quiénes se entregan los créditos.

La nueva ley no establece la desaparición del Fovissste, pero menciona un nuevo Fondo de la Vivienda, que contará con su comisión ejecutiva: nueve representantes de gobierno (el director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, un vocal ejecutivo propuesto por él, tres vocales de la SHCP, otro de la Comisión Nacional de Vivienda y uno por cada una de las siguientes secretarías: Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública), así como nueve representantes sindicales. De éstos, cinco le corresponderían a Gordillo y cuatro a Ayala, los dirigentes de burócratas reconocidos como los más importantes por el gobierno.

De esa forma, el nuevo fondo tiene los mismos vicios que el Pensionissste. El artículo 189 de la nueva ley establece que las aportaciones de los trabajadores y sus créditos de vivienda, “así como los descuentos para cubrir los créditos que otorgue el instituto... deberán ser transferidos a la cuenta que el Banco de México le lleve al instituto por lo que respecta al Fondo de Vivienda”.

Y agrega: “Dichos recursos deberán invertirse en tanto se aplican los créditos a favor de los trabajadores a que se refiere esta sección, en valores a cargo del gobierno federal, a través del Banco de México e instrumentos de la Banca de Desarrollo”.

También autoriza a la SHCP para que los recursos se inviertan “en valores diversos a los señalados”, siempre que sean de alta calidad crediticia “o se bursatilice la cartera del Fondo de Vivienda”.

Según Di Costanzo, esto significa que con la autorización de la comisión ejecutiva controlada por Gordillo, el Banco de México podrá echar mano del dinero aportado por los trabajadores al Fovissste para adquirir bonos de gobierno, ya sean Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), bonos de desarrollo (Bondes) o bonos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

A su vez, Hacienda puede autorizar que los créditos ya entregados a trabajadores que no han podido liquidarlos, se vendan en el mercado financiero, incluyendo a las administradoras de cartera, y éstas podrán revender los derechos de cobro de esos créditos. El problema, señala Di Costanzo, es que esta reventa puede hacerse muy por debajo del valor del crédito original y de esa forma se abriría la puerta a que se vendieran casas a precios ínfimos, como lo hizo el IPAB con los créditos del Fobaproa.

Pero también Hacienda puede determinar discrecionalmente cuáles instrumentos financieros son “de alta calidad crediticia” –cuyo cobro sea seguro–, por lo cual esos fondos podrían invertirse en infraestructura carretera, exploración de gas y petróleo o en acciones del Grupo Alfa, por ejemplo.

Bursatilización a ciegas

Antes de aprobar la ley en el recinto legislativo de San Lázaro, los diputados ignoraban a cuánto ascenderá la bolsa inicial del nuevo Fondo de Vivienda.

Según el libro blanco del ISSSTE, publicado en su página de internet y que incluye la situación financiera del Fovissste, éste ha otorgado créditos por 83 mil 215 millones de pesos y las aportaciones de los trabajadores suman 71 mil 129 millones. La suma –de 154 mil 344 millones de pesos– estará a disposición de la nueva comisión ejecutiva, dominada por Elba Esther Gordillo. Cabe aclarar que las cifras mencionadas se reportaron hasta el 31 de agosto de 2006 y no se han actualizado.

Así, se podrán comprar bonos de gobierno con las aportaciones de los afiliados y se decidirá si se bursatilizan los créditos, es decir, si se ponen a la venta para que una administradora de cartera los revenda. Aquí el problema es que el Fovissste no aclara qué monto, de esos 83 mil 215 millones, está en cartera irrecuperable.

Una forma de saberlo, sostiene Di Costanzo, es que antes de aprobar la nueva Ley del ISSSTE los senadores exijan el estado financiero del instituto hasta fin de febrero pasado, “para revisar a cuánto asciende el dinero fresco que se descuenta a los trabajadores y cuánto a la cartera de créditos, pero también especificando la calidad de la cartera o bien diciendo cuánto de esa cartera es irrecuperable, de media recuperabilidad y cuánto es incobrable”.

La tarde del viernes 23, José Antonio González, funcionario de Hacienda, se reunió con senadores del PRI para explicarles las bondades de la nueva ley. Dijo ahí que el fondo de vivienda “tiene una cartera vencida sumamente baja, los préstamos son perfectamente homogéneos, se podrían bursatilizar y potenciar los recursos del fondo para que se atendiera la demanda completa (de vivienda) en un período relativamente corto”.

Sin embargo nunca dijo a cuánto asciende la citada cartera ni mucho menos cuánta es irrecuperable, y cuando el senador Beltrones le preguntó qué va a pasar con el Fovissste y sus recursos, quién los manejará y cómo se invertirán, el funcionario no dio una respuesta clara.

Según las cifras del Fovissste que están en internet, existe una “reserva de incobrabilidades y provisiones” por 4 mil 867 millones 447 mil pesos. De ahí se puede deducir, explica Di Costanzo, que hay 4 mil millones de pesos de cartera que no se podrán recuperar jamás y por lo tanto Hacienda podría enviarlos al Sistema de Administración de Enajenación de Bienes (SAE) para que los remate. “Lo malo es que nadie conoce cuáles son los criterios del SAE”, comenta.

Desfondados

Para Noé Rivera, Elba Esther Gordillo busca beneficiarse sobre todo con la bursatilización de la cartera de vivienda.

Detalla que el Fovissste le ha entregado sumas millonarias a la líder magisterial a través del Fondo de Vivienda del SNTE conocido como VIMA, y denuncia que en diversas ocasiones el dinero de esos créditos no llegó a los trabajadores o bien fue canalizado a constructoras que entregaron viviendas en pésimas condiciones.

En febrero de 2004 Proceso reportó en su edición 1422, con base en documentos internos del Fovissste y de VIMA, que a través de este fondo magisterial se hicieron negocios fraudulentos. Por ejemplo, se reveló que VIMA recibió dinero del Fovissste, lo entregó a dudosas asociaciones de maestros a las que nunca les cobró y luego reportó los adeudos como “ilocalizables”. Así mismo, otros fideicomisos, a los cuales se transfirió dinero, fueron “cerrados”; se registraron contratos con constructoras ya “desaparecidas”, y algunos cobros se perdieron porque prescribió el plazo legal.

En el reporte que está en poder de Proceso, fechado en el año 2000, Benjamín González Roaro figuraba como director de VIMA. Y a pesar de que el Fovissste, en un reporte de investigación de junio de 2003 asienta que de 14 mil 856 casas autorizadas para su construcción, 13 mil 206 tienen problemas de edificación –y de las cuales 7 mil 487 pertenecen al SNTE–, en la administración pasada Gordillo logró colocar a González Roaro como director del ISSSTE.

Noé Rivera y otra persona que en aquel tiempo era operador de Gordillo coincidieron en que la maestra ordenó practicarle una auditoría a VIMA para saber a cuánto ascendía el desfalco. De acuerdo con Rivera, se desviaron del Fovissste 60 mil millones de pesos; la segunda fuente es más conservadora y dice que para 2003 el faltante llegaba a 25 mil millones de pesos.

Según ambos, Gordillo pidió al entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que mandara el adeudo a “fondo perdido”, pero el funcionario se negó cuando la maestra reveló la estrategia para aprobar la reforma fiscal de Fox, que no pudo ser concluida por su indiscreción.

“Hay que recordar cuando se dieron a conocer las reuniones que sostuvieron Carlos Salinas de Gortari, Gil Díaz y Gordillo para confeccionar la reforma fiscal. Eso bloqueó la reforma, y cuando la maestra le pidió a Gil Díaz que declarara la quiebra del Fovissste y que sus pasivos se vendieran como deuda, éste se negó”, relata Noé Rivera. El motivo: “Significaba quitarle los grilletes a Elba Eshter, borrándole todos sus ilícitos”.

Noe Rivera, quien formaba parte del equipo de Gordillo, dice que desde entonces la reforma del ISSSTE se preveía como una manera de tapar los desvíos de recursos. Se pretendía bursatilizar los pasivos del Fovissste y comprar baratos los pasivos para revenderlos a mayor precio, algo similar a lo que hicieron los hermanos Bribiesca con el Fobaproa.

Incluso, revela, “el proyecto de quiebra y conversión de deuda fue diseñado en 2001 por Francisco Yáñez y Fernando González –el primero es el actual director de Lotería Nacional y el segundo subsecretario de Educación Pública, ambos operadores de Gordillo–. Buscaban tapar el hoyo financiero y así lo dijeron en varias reuniones con Gordillo, pero lo único que alcanzaron hacer fue darle el grave diagnóstico de VIMA y le recomendaron cerrarlo”.

“En vivienda, tanto Gordillo como Joel Ayala utilizan el mismo sistema y obtienen ingresos ilegales del Fovissste. Incluso, al revisar los listados de los beneficiados de vivienda que envía la FSTSE de Joel Ayala, vemos que no son de esa agrupación sino del SNTE, porque sus agremiados no alcanzan a cotizar para una vivienda. Eso es capacidad de negociación o cinismo”, concluye.

Por lo pronto, en el Senado de la República se pretende aprobar el jueves 29 la nueva ley del ISSSTE y las reformas al SAR. En éstas, Beltrones aplicó un candado para que su enemiga política no maneje los recursos de las pensiones: quien dirija el Pensionissste no podrá haber sido dirigente de partido o de sindicato alguno.

Pero el problema principal no es el Pensionissste, sino el Fondo de Vivienda –establecen Di Costanzo y Rivera–, pues entre los 83 mil 215 millones de pesos que reporta el Fovissste como cartera de créditos, podrían incluirse los 60 mil millones de Gordillo o de cualquier otro líder sindical.

La Corte de los privilegios
Ricardo Ravelo

Lejos de la imagen de institución transparente y garante de la justicia que se afana en proyectar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúa como un poder absoluto, y como tal se aferra a sus monumentales presupuestos, de cuyos remanentes no devuelve ni un peso a la Tesorería. Documentos internos del organismo dan cuenta detallada de estos excesos y, también, de cómo privilegia a proveedores mediante una red de influencias que se evidencia igualmente en la contratación de parientes de altos funcionarios de esa instancia del Poder Judicial.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no todo se apega a la legalidad: el máximo tribunal del país está convertido en un coto de poder que beneficia por igual a ministros y a funcionarios del Poder Judicial, quienes a discreción derrochan el presupuesto asignado por la Federación en viajes, compra de inmuebles mediante operaciones dudosas y pagos a empresas de amigos y familiares, como consta en documentos internos del máximo tribunal cuyas copias están en poder de Proceso.

En detrimento de la imagen de transparencia que promueve, en la Corte ya es práctica frecuente el tráfico de influencias y los negocios al amparo de contratos otorgados por asignación directa –según se desprende de los datos contenidos en los mencionados documentos administrativos–, de tal manera que altos funcionarios, empleados de confianza y hasta familiares del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, obtienen millonarias ganancias por recomendación de amigos y presuntos socios que al mismo tiempo son (o fueron) funcionarios de la Suprema Corte.

Un caso: Con el apoyo de Arely Gómez (hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa), exoficial mayor de la Corte y exsecretaria particular de Mariano Azuela, expresidente de la SCJN, la empresa Visión Holding México, S. de R. L. de C. V. acaparó importantes negocios en la institución. La compañía es propiedad de Raúl Medina Mora Icaza –según la escritura 45744, folio 283867– y fue constituida en octubre de 2001 ante el notario número 1, Roberto Núñez y Bandera.

De acuerdo con el documento Contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública de la SCJN, dicha compañía –una de las más beneficiadas durante la gestión de Mariano Azuela– celebró en 2005 el contrato 4505004092 para prestar servicios de informática. Por un solo día de trabajo obtuvo un pago por 2 millones 967 mil pesos. Y en 2006, por concepto de “Consultoría para la implementación del plan de ejecución de tecnología de información”, la empresa de Medina Mora recibió un pago por 418 mil 883 pesos. Ninguno de los dos contratos fue sometido a licitación pública, a pesar de que un acuerdo interno de la Corte establece que deben licitarse los contratos a partir de 100 mil pesos.

A pesar de su influyentismo, Arely Gómez dejó su cargo en la SCJN en enero de este año. Pronto encontró trabajo: fue invitada a la PGR por su titular Eduardo Medina Mora. Actualmente funge como subprocuradora general de Delitos Electorales.

No es todo: Otras empresas beneficiadas en la Corte –estuvieron exentas de la licitación de ley– obtuvieron importantes contratos durante 2005 y 2006. Sicontrol, S.A., por ejemplo, cobró 665 mil 850 pesos por dos meses de asesorías para la operación de programas.

También sobresale Comunicación Corporativa Sinergis, que en un sólo día ganó 344 mil 712 pesos por la “difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales”. Y el Palacio de Hierro no se quedó atrás: le pagaron 14 millones de pesos en cinco días hábiles por la adquisición de “vestuario, uniformes y blancos”.

Aferrados al presupuesto

Según los documentos internos de la SCJN, altos funcionarios administrativos de la Corte rinden cuentas irregulares a la Tesorería de la Federación sobre el gasto del presupuesto. Además, realizan triangulaciones poco transparentes con un objetivo: no devolver el dinero sobrante.

Lo anterior tiene una explicación. Hasta 1998, el Decr eto de Egresos no estipulaba el retorno del dinero sobrante de los presupuestos asignados a las dependencias del Poder Judicial. Tal medida entró en vigencia en 1999. Sin embargo, de acuerdo con los datos obtenidos por este semanario, de 1999 a 2005 la SCJN empezó a incurrir en prácticas ilegales: se hizo común que, a pesar de existir remanentes, el ejercicio anual se declarara en ceros. El dinero sobrante tenía otro destino: la partida 1000 (salarios) u otros rubros. Luego, mediante triangulaciones financieras, se enviaba al fideicomiso 143489, conocido como Remanentes Presupuestales y anteriores, donde el uso del dinero era discrecional, según establecen los documentos internos de la Corte, pues buena parte de esos recursos se utilizaban para comprar inmuebles, así como para pago de viajes a empleados jubilados y retirados.

En los documentos internos de la SCJN se registra, por ejemplo, que en 2005 el máximo tribunal del país manejó un presupuesto de 2 mil 929 millones de pesos. Según el rubro “Saldos al 31 de diciembre de 2005”, la Corte se declaró en ceros pese a que le sobraron 258 millones de pesos que, en lugar de ser devueltos a la Tesorería de la Federación, ilegalmente fueron asignados a otras partidas –entre ellas a los sueldos– para después ser depositados en el citado fideicomiso.

Lo mismo ocurrió en 2006. En este período la Corte manejó 2 mil 939 millones. Al finalizar el año sus arcas registraban un sobrante de 190 millones 354 mil pesos. Con ese dinero, y sin que ello estuviera autorizado en el presupuesto, el entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela, ordenó la compra de un edificio ubicado en República del Salvador 16, en el Distrito Federal, cuyo costo fue de 27 millones. Los vendedores fueron “Renee Schoenfield Negrin, Victoria Schoenfield Negrin, José Choenfield Negrin (y) Susana Motola Maya”. La propiedad quedó registrada en la escritura 6059, libro 124.

También adquirió un centro deportivo para los empleados de la SCJN, valuado en 82 millones de pesos, según se acredita en el rubro “Contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, período diciembre 2006”. El inmueble fue vendido a la Corte por la empresa Idet Sociedad Civil. En su último informe como presidente de la SCJN, rendido el 15 de diciembre de 2006, el ministro Mariano Azuela resaltó en estos términos la compra:

“El 13 de diciembre se adquirió el inmueble ubicado en Chimalpopoca no. 1112 esquina con 5 de Febrero, colonia Obrera, con 6 mil 635 metros de terreno y 10 mil 500 metros de construcción aprovechable, en gran parte sin tener que pagar el costo de oportunidades para establecer el Club Social y Deportivo de bajo mantenimiento para trabajadores del Poder Judicial de la Federación...”.

Dicho deportivo, como tal, no existe. El inmueble al que se refiere Azuela en su informe es en realidad una zona de edificios y oficinas, en su mayoría antiguas. Para construir el deportivo se tendrían que derrumbar edificios y oficinas, muchas de las cuales están ocupadas por la Secretaría de Educación Pública.

Paraíso de influyentes

Estrechamente ligada al ministro Mariano Azuela, Arely Gómez –quien buscó ser consejera del Consejo de la Judicatura Federal–, actual subprocuradora de Delitos Electorales de la PGR, dejó una bien organizada estructura familiar en la Corte que sigue gozando de privilegios, mientras que varias demandas laborales, interpuestas por empleados de la SCJN, han sido resueltas con desapego a la ley e incluso bajo presiones por parte de altos funcionarios de la Dirección General de Personal.

Arely Gómez tuvo bajo su mando a Paola Pineda Córdoba, directora de Proyectos Artísticos de la Suprema Corte, responsable de los murales que se colocaron sobre bastidores en los cuatro cubos de las escaleras del edificio principal de la institución. La directora artística es cuñada de Arely Freyssinier Gómez, hija de Arely Gómez, quien también trabaja en la Corte como jefa del departamento de la Dirección General de Personal, instancia que dependía, por cierto, de Arely Gómez.

Las redes familiares dentro de la SCJN son más amplias: los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero tienen a sus respectivos hijos, Fernando Silva y María Paula García Villegas Sánchez Cordero, como secretarios de estudio y cuenta de la ministra Margarita Luna Ramos, quien a su vez es hermana del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Alejandro Luna Ramos (Proceso 1574).

Un caso de injusticia laboral que se resolvió con presiones para obligarla a firmar su renuncia fue el que sufrió la psicóloga Teresa del Rocio Márquez Pineda, entonces directora de Reclutamiento y Selección de Personal de la SCJN.

El 11 de diciembre de 2003, mientras giraba instrucciones a tres colaboradores suyos en su oficina –entre ellos a Arely Freyssinier Gómez–,

sufrió una caída de consecuencias mayores: resultó con lesiones severas en tres vértebras de la columna vertebral. La operación no se pudo evitar y lo que siguió fue un largo período de rehabilitación mediante fisioterapia. Su precario estado de salud la obligaba a salir de su trabajo a las 17:00 horas y no a las 22:00, como era habitual.

En entrevista Márquez Pineda dice que trató su caso con José Luis Revilla de la Torre, director general de Personal de la SCJN. “Me autorizó a retirarme a la hora mencionada. Antes de hacerlo le avisaba y le preguntaba si se le ofrecía algo. En cuatro ocasiones no hubo problema. Al quinto día, molesto, me dijo que cuántas consultas me faltaban. Le expliqué que necesitaba sesiones de fisioterapia, que duraban una hora, aproximadamente, y que aún me faltaban veinte sesiones. Pese a mi explicación seguía molesto”.

Lo que siguió para Márquez Pineda fue un largo suplicio. Juez y parte en este caso, la SCJN la puso contra la pared: “Renuncias o te cesamos”, le dijeron. Ante lo que ella misma llama “una injusticia”, presentó una demanda laboral contra la SCJN, que se constituyó en “juez y parte” de este caso y ninguna otra instancia quiso meterse con el máximo tribunal.

En noviembre de 2005, poco después de que Pineda entablara la demanda laboral, Carlos Gutiérrez Sánchez, su abogado, recurrió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para quejarse de las injusticias de la Corte. La respuesta que le dieron –dice el defensor– es que el artículo tercero de la Ley de la CNDH establece que ésta “tendrá competencia en todo el territorio nacional... con excepción de los (ámbitos) del Poder Judicial de la Federación...”.

–¿Qué se hace ante un caso de injusticia cometido por cualquier organismo del Poder Judicial o de la Suprema Corte? –se le pregunta al defensor.

–Nada. La Suprema Corte es un poder absoluto. Es juez y parte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, única puerta que tenía para resolver el caso de mi cliente, está cerrada y creo que es ilegal e inhumano. ¿Acaso los miembros del Poder Judicial no cometen injusticias o violaciones a la ley? Esto es para frustrarse o morirse de impotencia.

El conflicto de trabajo 6/2005-C llegó a la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación. En esa instancia nada se pudo hacer, según relata la afectada, ya que el secretario jurídico de la SCJN, el abogado Rafael Coello Zetina –hijo de Javier Coello Trejo, el exfuncionario de la PGR conocido como “el fiscal de hierro”– elaboró el proyecto para acelerar el despido de Márquez Pineda, con el argumento de que ella había renunciado por su propia voluntad. La demanda de la afectada contiene mayores detalles sobre la forma en que fue echada:

La renuncia que firmé el 23 de agosto de 2005 lo hice bajo la presión moral que ejercieron sobre mi persona la Lic. Arely Gómez González, entonces oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Lic. José Luis Revilla de la Torre, director general de Personal, ya que de otra forma me cesarían sin derecho alguno, de dejarme sin servicio y sin derecho al servicio médico, a pesar de que, como lo acredité, en el conflicto de trabajo correspondiente, en la Dirección General de Personal tuvieron perfecto conocimiento del accidente de trabajo ya citado.

Sólo después de firmar la renuncia, dice, me otorgaron, tanto el Comité de Gobierno y Administración como el Comité de Desarrollo Humano, Salud y Atención Social de la SCJN, comités integrados por los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano Azuela Huitrón, la plaza número 2486 de Director de Área adscrita a la Dirección General de Difusión, rango “B” de Confianza, por el término de 3 meses (tiempo que no le alcanzaba para operarse y rehabilitarse de la lesión lumbar), con un salario bruto de $59, 363.33, cargo totalmente ficticio, toda vez que en la misma fecha se me otorgó una licencia con goce de sueldo por el mismo término de 3 meses a que se refería el nombramiento antes citado.

–¿Cuál fue el meollo del conflicto laboral entre su cliente y la Suprema Corte? –se le pregunta al defensor Gutiérrez Sánchez.

–La presión que ejercieron para que firmara la renuncia a pesar de que no estaba sana, debido a las lesiones y secuelas que tenía y sigue teniendo debido al accidente de trabajo ocurrido el 11 de diciembre de 2003.

En su demanda, Teresa del Rocío Márquez detalla las operaciones a las que fue sometida y cómo la SCJN trató de minimizar su caso:

Fui intervenida quirúrgicamente, como lo acredito en el expediente del conflicto laboral, por primera vez el 23 de septiembre de 2004, utilizando el Seguro de Gastos Médicos Mayores que nos concede la SCJN; por segunda vez fui intervenida (de la columna) el 23 de septiembre de 2005 para el efecto del retiro del transductor y nuevamente fui intervenida quirúrgicamente el día 8 de noviembre de 2005, a pesar de que, como se acreditó en el expediente 6/2005-C, la renuncia carecía de valor, como lo ha señalado en diversas jurisprudencias emitidas por la propia Suprema Corte...El 23 de agosto de 2005 la suscrita padecía una enfermedad ocasionada por un accidente de trabajo y el 15 de enero de este año (2007) todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia hicieron caso omiso a los mismos criterios de jurisprudencias que han citado, de que en tratándose de un trabajador que padezca una enfermedad, máxime proveniente de un accidente de trabajo, no surte efecto ninguna renuncia a sus derechos laborales.

La defensa de la afectada peleó con la SCJN para que su cliente fuera reinstalada en el puesto que ocupaba antes del accidente. Para ello presentó pruebas del percance, de todos los gastos médicos (al inicio apoyados por la Corte) y las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida Márquez Pineda. La Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación no las tomó en cuenta.

El 15 de enero de este año, los ministros de la SCJN en pleno resolvieron el conflicto con una conclusión que sepultó las esperanzas de Márquez Pineda de regresar a su puesto:

Que no tenía yo derecho alguno a que se me reinstalara en el puesto que venía desempeñando de directora de Reclutamiento y Selección de Personal, toda vez que había presentado mi renuncia en forma voluntaria, ello a pesar de que, en todo el conflicto laboral, acredité la enfermedad que tenía debido al accidente de trabajo y aun cuando la ministra Margarita Luna Ramos tenía conocimiento de que me estaban amenazando con cesarme si no presentaba mi renuncia voluntaria.

Según el abogado Gutiérrez Sánchez, ante esta determinación ya no hay ningún recurso legal al que se pueda recurrir. Y explica la razón: “La Suprema Corte actúa como juez y parte, toda vez que la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano donde se ventilan todos los casos del Poder Judicial, es un tribunal especial totalmente prohibido por el artículo 13 Constitucional, toda vez que las resoluciones que emite ya no tienen recurso alguno y se deja en absoluto estado de indefensión al trabajador”

La extraña ejecución
Jorge Carrasco Araizaga

Los cada vez más frecuentes atentados contra militares y sus familias, en particular el más reciente –y el más extraño–, el de Mireya López Portillo, hija del general retirado Luis Humberto López Portillo Leal, comienza a amargar la luna de miel entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Felipe Calderón. Integrantes del Ejército consideran que el presidente no ha sido solidario con ellos, al mostrar indiferencia ante las afrentas de las que han sido víctimas...

Apesar de que el presidente Felipe Calderón ha hecho de las Fuerzas Armadas el pilar de su gobierno, su relación con el Ejército se vio ensombrecida por la ejecución de Mireya López Portillo Guedea, hija del general de división retirado Luis Humberto López Portillo Leal, la madrugada del sábado 17 de marzo.

La conmoción que provocó este asesinato, con el tiro de gracia al estilo de una vendetta, fue seguida por manifestaciones de malestar e indignación por parte de militares en activo, así como retirados. El motivo: la molestia se debió a que la Presidencia de la República no envió a ningún representante a las ceremonias fúnebres. Tampoco fue bien vista la decisión del gobierno federal de dejar en manos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la investigación de un hecho que tiene el sello de la delincuencia organizada.

Lo que hasta ahora había sido una luna de miel entre las Fuerzas Armadas y la Presidencia empezó a convertirse en una relación complicada. Si algunos integrantes del Ejército esperaban el respaldo presidencial luego de la más reciente agresión a la milicia, lo que escucharon de Calderón fue que también él está amenazado.

El asesinato de Mireya, hija y sobrina de generales, es considerado por ESOS integrantes de Ejército como parte de las agresiones contra elementos de la milicia y los ataques que han sufrido las instalaciones militares durante las últimas semanas.

El presidente Calderón no envió ni siquiera una corona floral al velatorio en el que se congregaron militares que acompañaron al general López Portillo Leal, quien fue uno de los mandos superiores de la Defensa durante los dos últimos sexenios. En 1998 el padre de Mireya combatió en el estado de Guerrero al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y fue acusado de cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Más aún, el gobierno federal dejó que la PGJDF se hiciera cargo de las investigaciones, a pesar de la desconfianza que el Ejército le tiene a esta dependencia. Por ello, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) realiza su propia averiguación.

Una muestra de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desconfía del trabajo de la procuraduría capitalina se dio apenas a finales de febrero, cuando peritos militares desacreditaron la averiguación que ésta realizó en torno al asesinato del empresario Luis Alfonso Belmar.

“¿Cómo es posible que la investigación del asesinato de la hija del general se le deje a la Procuraduría del Distrito Federal, si ha demostrado su incompetencia?”, dijo a Proceso un jefe del Ejército.

Debido a que la ejecución ocurrió en Bosques de las Lomas, en la delegación Cuajimalpa, la procuraduría de la capital del país inició las pesquisas del hecho ocurrido alrededor de la una de la mañana del sábado 17. Mireya López Portillo Guedea y su esposo Jordi Peralta Samper, un alto ejecutivo de ventas de TV Azteca, fueron atacados después de cenar en un restaurante de la zona comercial de Santa Fe, al poniente de la ciudad.

La pareja iba en una camioneta Grand Cherokee Limited blanca, sin placas y –de acuerdo con los primeros reportes– sin permiso de circulación. Cuando transitaba sobre Paseo de Tamarindos, a la altura del número 1258, fue alcanzada por desconocidos que se desplazaban en un auto Nissan Máxima color arena, que había sido robado en enero pasado.

Los agresores dispararon contra Peralta Samper, quien conducía la camioneta, que se salió del camino y se detuvo en una cuneta. Allí, les dispararon a ambos de frente al parabrisas con armas largas. En el lugar quedaron 50 casquillos percutidos.

La acción fue presenciada por un amigo del matrimonio, quien había cenado con ellos y conducía un vehículo aproximadamente 200 metros detrás de la pareja. Esta persona rindió de inmediato su declaración ante el Ministerio Público de la agencia 26 de la PGJDF, en Cuajimalpa, y se encuentra en calidad de testigo protegido.

Los primeros reportes de la investigación señalaron que la hija del general era el principal blanco del ataque. La autopsia mostró no sólo más disparos sobre ella, sino el tiro de gracia. Jordi Peralta recibió cinco tiros en el pecho, dos menos que ella.

Varias calles adelante de donde ocurrió el crimen, en la calle Bosque de Radiatas, los asesinos abandonaron el Máxima con dos armas de grueso calibre –sin cartuchos– en su interior: un AK-47 y un rifle calibre .223, marca Galil, de fabricación israelí.

Al parecer, el arma que mató a Mireya López Portillo pertenece a la Dirección de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Su número de asignación es el 93117 y a pesar de haberse reportado recientemente como “desaparecida”, el hecho sólo ameritó que se levantara un acta administrativa.

Los cuerpos de las víctimas fueron reconocidos la mañana del domingo por el propio general López Portillo en la agencia del Ministerio Pública de Cuajimalpa. Abandonó el lugar hasta la tarde, después de que una carroza de los servicios funerarios del Ejército recogió el cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde le practicaron la autopsia.

De allí trasladaron los restos al velatorio de la Sedena, en Lomas de Sotelo. Al lugar llegaron militares en activo y en retiro, sobre todo compañeros de generación de López Portillo Leal. Ahí fue cuando se comenzaron a sentir las ausencias, entre ellas la del exsecretario de la Defensa Gerardo Clemente Ricardo Vega García, su excompañero de estudios. Más significativa fue la falta del pésame de la Presidencia de la República, que ha hecho de su alianza con las Fuerzas Armadas el signo del actual gobierno.

Quien se hizo cargo de los arreglos en el velatorio y acompañó al padre de la víctima fue el general Jaime Antonio López Portillo Robles, quien fue procurador de Justicia Militar con Vega García en el sexenio pasado y actualmente es director de Justicia Militar, cargo en el que es responsable de los trámites de baja y alta de los miembros del Ejército y la Fuerza Aérea.

También estuvieron ahí excompañeros de López Portillo en el Colegio Militar, de donde egresó en 1960, entre ellos el general retirado Rodrigo Alcaraz Leyva, quien en el sexenio pasado estuvo al frente del Instituto de Formación Policial de la Policía Federal Preventiva (PFP), el cuerpo militarizado al que Calderón pretende unificar con la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Así mismo, acudió el general en retiro Guillermo Martínez Nolasco, quien entre 1999 y 2003 fue presidente del Supremo Tribunal Militar y diputado federal por el PRI en la pasada legislatura, donde presidió la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados.

Su sucesor en esa comisión, el general retirado Jorge González Betancourt, diputado por el PAN, también presente en las ceremonias fúnebres, aseguró que el atentado del 6 de marzo contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, el general retirado Francisco Fernández Solís, del que resultó sólo con heridas, “son reacciones del crimen organizado”.

Esos ataques no son los únicos que ha sufrido el Ejército. En junio pasado fue acribillado en Cancún el coronel retirado Wilfrido Flores Saucedo, jefe de estado mayor de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Cancún, Quintana Roo. Cuando se iniciaron los operativos contra el narcotráfico ordenados por el presidente Calderón, dos soldados de intendencia desarmados fueron asesinados en Culiacán el 3 de febrero.

También hay un hecho que algunos elementos del Ejército recuerdan, a pesar de que no se hizo público: el ataque con ráfagas de AK-47 contra las instalaciones del Hospital Militar en Acapulco, en diciembre pasado, en el que murieron dos soldados. La agresión no trascendió a la prensa, porque horas después del tiroteo los muros del hospital fueron reparados.

El agravio en contra de las Fuerzas Armadas creció con la ejecución de López Portillo Guedea. De acuerdo con información publicada por el diario El Universal el lunes 19, en un principio la PGJDF estableció que el objetivo del ataque era asesinar a la hija del militar. Según esta hipótesis, el móvil habría sido la venganza y el tiro de gracia fue un mensaje.

Ese mismo día, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, dijo que el atentado tiene la sombra de la delincuencia organizada, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) tendría que atraer las investigaciones. Además, mencionó el decomiso de 205 millones de dólares y 17 millones de pesos en una residencia de la calle Sierra Madre, en las Lomas de Chapultepec, cerca del lugar de la doble ejecución, pero unas 36 horas antes de ésta.

Al día siguiente, las autoridades del Distrito Federal fueron más cautas. El titular de la PGJDF, Rodolfo Félix Cárdenas, evitó precisar sobre el tipo de armas utilizadas y si son de uso exclusivo del Ejército. Añadió que podrían pasar dos semanas para saber si el expediente se turna completo a la PGR. Oficialmente, esta dependencia sólo investiga la parte relacionada con una de las armas usadas en el crimen, la que al parecer se le perdió a la AFI.

“Actualmente la averiguación la tiene la PGJDF. He escuchado y leído algunas notas (periodísticas) en las que se maneja que ambas instituciones, la federal y la de la Ciudad de México, se la disputan. No existe nada de eso. Nosotros tomamos la investigación porque nos correspondía de inicio”, declaró Félix Cárdenas a la prensa.

El funcionario descartó que la doble ejecución esté relacionada con la trayectoria de López Portillo Leal o con el millonario aseguramiento realizado por la PGR en las Lomas de Chapultepec.

Las primeras hipótesis acerca de las dos ejecuciones relacionaron el crimen con el pasado del general López Portillo Leal, cuando fue comandante de la IX Región Militar, con sede en Guerrero, a finales de la década pasada. Entonces fue acusado de las ejecuciones de algunos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR). La relación del general con ese estado es incluso más antigua, pero siempre estuvo vinculada con la represión de los movimientos armados en la zona.

López Portillo Leal es egresado de la promoción 1960 del Colegio Militar, al que ingresó en 1957 y donde, además de estudiar con el anterior titular de la Defensa, fue compañero de algunos militares que con el tiempo pasarían a ser parte del personal castrense formado en la Escuela de las Américas, que el comando sur del Ejército de Estados Unidos tuvo en Panamá.

Entre sus compañeros estuvieron el general Carmelo Teherán Montero y Gastón Menchaca Arias. El primero fue capacitado por los estadunidenses en inteligencia militar y el segundo se especializó en operaciones de guerra irregular. Ambos actuaron contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al inicio del conflicto armado en Chiapas.

Luis Humberto López Portillo no fue el primero de su familia en ingresar al Ejército. Su hermano Salvador fue ayudante del secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, Marcelino García Barragán. Todavía a principios de los noventa fue director del Reclusorio Norte en el Distrito Federal. Otro de los hermanos de Luis Humberto, Antonio, también perteneció a las Fuerzas Armadas.

La primera estancia del general López Portillo Leal en Guerrero fue entre 1974 y 1976, al lado de Enrique Cervantes Aguirre, quien se convertiría en titular de la Defensa en el sexenio de Ernesto Zedillo.

En aquel entonces López Portillo Leal era mayor de infantería, Cervantes Aguirre teniente coronel, grado con el cual éste se desempeñó como comandante de la 27 Zona Militar. Años después, López Portillo Leal ocupó este mismo cargo, ya como general.

Con ellos llegó el entonces capitán Juan Alfredo Oropeza Garnica, quien también se graduaría en la Escuela de las Américas. Los tres participaron en la llamada guerra sucia en Guerrero, en tiempos de Lucio Cabañas.

En 1981, López Portillo Leal obtuvo el grado de coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor. Fue comandante de la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos. En Chiapas, durante el levantamiento del EZLN en 1994, también realizó tareas antisubversivas como jefe de la 30 Zona Militar.

Dos años después llegó a Guerrero como comandante de la IX Región Militar, que comprende la 27 zona militar, con sede en el Ticui, y la 35, en Chilpancingo. Su segundo paso por Guerrero estuvo marcado por los hechos ocurridos la madrugada del 7 de junio de 1998 en la comunidad El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres.

En ese entonces, elementos al mando del general Oropeza Garnica, quien entonces comandaba la 27 Zona Militar, ejecutaron a 11 personas e hirieron a otras cinco en un enfrentamiento con el EPR. Además, fueron acusados de torturar a varias de las 21 personas que detuvieron, entre ellas la maestra Éricka Zamora, quien pasó cuatro años detenida a pesar de que nunca le probaron los cargos de terrorismo que le imputaron.

A finales de 1998 apareció en el Distrito Federal el Comando Patriótico de Concientización del Pueblo, integrado por militares de distintos rangos, procesados por la justicia castrense y liberados bajo fianza. El comando, integrado por el médico militar Bacilio Gómez, pugnaba por una reforma de la justicia militar. López Portillo Leal fue uno de sus principales críticos.

Al salir de Guerrero, ya en el gobierno de Fox y con su excompañero de generación, Clemente Vega García, como secretario de la Defensa, López Portillo Leal pasó a la comandancia del Primer Cuerpo del Ejército, una de las agrupaciones militares más importantes del país.

En 2001, su cercanía con Vega García lo llevó a encabezar el primer desfile militar del 16 de septiembre del entonces presidente Vicente Fox. Dos años después López Portillo Leal pasó a retiro. Se le mencionó como posible candidato a diputado federal, pero Vega se decidió por otro compañero de su generación, el general retirado Guillermo Martínez Nolasco

La autocrítica del PRD
Martí Batres G.

Hay dos formas de explicar por qué Felipe Calderón despacha en Los Pinos. La primera ubica la causa en la realización de una elección fraudulenta y de Estado. Es decir, Calderón está ahí a pesar de que no ganó. La segunda señala que esto es resultado de los errores cometidos por el Partido de la Revolución Democrática durante su campaña electoral.

Quienes sostienen la segunda hipótesis han planteado desde el 3 de julio del 2006 que el PRD debe hacer su autocrítica, pues si perdió debe revisar internamente las razones de su derrota. En ello han insistido denodadamente los voceros de la derecha, sus intelectuales orgánicos y el mundo mediático que los arropa. Incluso han alimentado su estrategia con la edición de libros mandados a hacer, como el desvirtuado libelo de Carlos Tello, y con una oleada de opinión de columnistas políticos que pretenden convencer a la sociedad de que López Obrador sí perdió la elección presidencial. Su grito de batalla ha sido: “Reconozcan que perdieron por sus errores y hagan su autocrítica”. Y para ellos esa autocrítica consiste en culpar desde el PRD a López Obrador de no haber llegado a Los Pinos.

Para la derecha este es un asunto vital, pues necesita someter a la única oposición real que enfrenta. Si el perredismo perdió, entonces toda su protesta contra Calderón es injustificada, y lo que tiene que hacer es reconocer a éste y tratar con él. Tal es la apuesta. Como también lo es debilitar la única resistencia que habrá contra la pretensión de privatizar el petróleo. Paradójicamente, lo que vino a reventar esta estrategia fue una confesión de Vicente Fox, pues dejó ver de manera diáfana que el resultado oficial del 2 de julio no se debió a los errores del PRD, sino a la intervención del poder político y económico en la elección para impedir la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República.

Pese a esa confesión de Fox, algunos no han podido sortear la trampa que les ha puesto la ofensiva editorial de la derecha, y han confundido la autocrítica del PRD con la afirmación de que el PRD perdió la elección por sus propios errores. Y, peor aún, a la hora del balance no realizan la autocrítica del PRD, sino que “autocritican” al excandidato de la coalición Por el Bien de Todos a la Presidencia. Como en aquellas asambleas estudiantiles en las que alguien preguntaba: “¿Quién se autopropone para dirigir la reunión?”, y otro contestaba: “Yo autopropongo al compañero fulano”. Es algo así como “hágase la autocrítica del PRD… pero en las milpas de mi compadre López Obrador”. Y es algo así porque en esas “autocríticas” no aparece una sola observación sobre el propio partido.

Dicha actitud me parece injusta desde una perspectiva ética, y absurda desde una óptica simplemente política. Decir o sugerir que por culpa de AMLO no ganó el PRD la Presidencia o no consiguió más votos es sencillamente incoherente.

Muy por el contrario, el PRD le debe a López Obrador la votación y el porcentaje electoral más altos de toda su historia. Los datos son reveladores: En Aguascalientes, por ejemplo, el PRD tuvo 17 mil 788 votos en 2003, y pasó a 89 mil 920 en la elección presidencial del 2006; es decir, se cuadruplicó la votación. En Baja California pasó de 34 mil 734 en 2003 a 224 mil 275 en 2006; o sea que ¡se multiplicó por siete la votación anterior! En el Estado de México pasó de 699 mil 469 a 2 millones 469 mil votos. Y en el DF pasó de 1 millón 259 mil a la cifra récord de 2 millones 813 mil 112 votos en el mismo lapso. Según los datos oficiales históricos, el PRD tuvo en 1991 el 8% de la votación nacional; en 1994, el 17%; en 1997, el 25%; en el año 2000, el 18%; en el 2003, el 17%, y en el 2006, ¡el 35%! A López Obrador se le puede y se le debe criticar por muchas cosas, pero no veo cómo pudiera atribuírsele ineficacia electoral o deficiencia estratégica. No hay otra estrategia que hasta el momento haya demostrado ser mejor.

No obstante, es posible que el PRD realice una evaluación inteligente, sincera y profunda. Para empezar, tendría que evitar caer en la trampa que desde hace meses le tienden sus adversarios. La autocrítica del PRD, desde mi punto de vista, tiene que centrarse en las debilidades legendarias del partido y en su incapacidad de alcanzar como institución el voto masivo que sólo logran los liderazgos políticos carismáticos. Al hacerse una autocrítica honesta y sincera, el PRD tendría que reconocer que gracias a esa candidatura, y no tanto a su propia estructura, pudo pasar del 5% a más del 20% de los sufragios en entidades federativas donde el partido nunca había soñado con ser competitivo. Y tomar muy en cuenta que llegó a tener hasta el quinto lugar en estados como Aguascalientes, además de constatar que hay entidades, como Nuevo León y Durango, donde históricamente siempre ha estado por debajo del Partido del Trabajo.

Las alianzas con el PT y Convergencia; las candidaturas externas de dirigentes sindicales, feministas, universitarios y líderes agrarios y empresariales; el posicionamiento social a favor de los pobres; la fuerza de muchas candidaturas regionales; la construcción de las redes ciudadanas para atraer a muchos militantes no partidistas; la movilización social; la capitalización de los logros del Gobierno del Distrito Federal y de otras administraciones regionales, así como la polarización con la derecha gobernante, configuraron una estrategia que llevó a la izquierda a la votación más elevada en la historia de México.

Resulta absurdo entonces sugerir que el PRD no tuvo más votos en la elección de 2006 por culpa de López Obrador, cuando cualquier simpatizante del movimiento podría afirmar lo contrario: que López Obrador no consiguió mejores resultados debido al pobre desarrollo que presenta el PRD en más de la mitad del país.

En su autocrítica verdadera, el PRD tendría que tomar en cuenta el voto de los senadores perredistas a favor de la Ley Indígena de Diego Fernández de Cevallos, hecho que motivó en gran medida la actitud asumida por el EZLN contra López Obrador. También tendría que considerar el descontento que entre la sociedad civil generó el voto de los diputados perredistas a favor de la Ley Televisa o de la Ley Monsanto. Y de ello debería aprender que nunca las negociaciones arriba deben estar por encima de las grandes causas.

Así mismo, el PRD estaría obligado a considerar que en muchos municipios y delegaciones ha desempeñado malos gobiernos, que no pocos de sus funcionarios siguen teniendo muy altos ingresos, que en numerosos casos sus programas sociales no son universales y tienden a ser clientelares, y que sus administraciones no logran distinguirse con nitidez del estilo de gobierno de otras fuerzas políticas.

Sin embargo, considero que el punto central de la autocrítica del partido debe estar en el tipo de esquema político que predomina en muchas entidades federativas. Por un lado, se construyen relaciones con gobernadores del PRI o del PAN con el fin de obtener pequeños beneficios para élites locales que tienden a subordinar al partido, a disminuir su presencia pública, a minar su combatividad, a apagar su voz y a inmovilizar su acción. Por otro lado, los grupos internos cierran el partido al ingreso de fuerzas emergentes y al establecimiento de alianzas. Estos grupos suelen decidir, salvo en momentos excepcionales, candidaturas leales a ellos pero con muy baja inserción social y posicionamiento electoral. Y a lo anterior suman la ausencia de un trabajo territorial profundo, pues no pelean con fuerza las candidaturas uninominales, sino las plurinominales.

Finalmente, el PRD no presenta consistencia en la formulación de su discurso programático, y muchas veces resulta rebasado por otras fuerzas políticas en temas sociales y de avanzada. El resultado es un nivel de voto histórico muy disminuido. Este es el tema central para la autocrítica del partido. Por eso tiende a ser siempre pequeño en la mitad de los estados. Crece en ciertas coyunturas y vuelve a decrecer cuando baja la intensidad del movimiento.

De la resolución de estos males legendarios depende que, en el futuro, se mantengan e incrementen los niveles de votación obtenidos en el 2006.

Los últimos
Isaín Mandujano

Primeros en las listas de pobreza, son los últimos en recibir apoyo verdadero. Primeros en ser aludidos en discursos demagógicos, son los últimos en contar con lo básico para la sobrevivencia. Y aun siendo los primeros, es decir, los mexicanos originarios, no dejan de ser siempre los últimos, los eternos últimos... Ubicado en Chiapas, el municipio de Sitalá ofrece un crudo testimonio de lo que implica para los tzeltales “vivir” con toda suerte de carencias, si acaso con mendrugos que llevan por título nombres insultantes: Progresa, Oportunidades...

SITALÁ, CHIS.- Orillado por su extrema pobreza, el esposo de la indígena tzeltal Ana María Santiz Terate, de 40 años, se fue a Yucatán a buscar trabajo hace cinco años. Nunca volvió, y la mujer se quedó con sus cinco hijos: Manuel, de 19 años; Ana María, de 15; Francisco Fabián, de 11; Antonio, de 10, y Carlos, de cuatro años.

Hace algunos días la quinceañera, que cursaba el segundo grado de secundaria, dio a luz. Su novio, Juan Antonio Méndez Santiz, de 18 años y estudiante del Colegio de Bachilleres, evadió su responsabilidad.

Pálida y llorosa, Ana lamenta haberse embarazado porque deseaba seguir estudiando. Dice que no tuvo a su padre cerca para que presionara a la familia de su novio a fin de que éste asumiera su responsabilidad. La señora Ana María ya está resignada a cargar con un sexto hijo.

La choza familiar está en la periferia del municipio. Es una galera de madera con techo de cartón. En el cuarto donde duermen, doña Ana María y sus hijos esperan a que los frijoles terminen de cocerse en el fogón. El café ya está listo. Comen “siempre lo mismo”.

Junto al fogón está la cama, y en seguida los petates para quienes les toca dormir en el piso. Hay también cajas de cartón donde guardan la ropa. El techo y las paredes están completamente ennegrecidos; parece que alguien hubiera pintado así la casa, pero es el tizne que se respira todos los días.

Aquí no se usan zapatos ni huaraches. El piso es de tierra y, como no hay luz eléctrica, por las noches se encienden quinqués. Afortunadamente pueden abastecerse de agua en un manantial cercano. “Ya aprendí a curarla: dos gotas de cloro por cada litro de agua”, dice la señora.

Y aunque cada dos meses recibe 330 pesos del programa Oportunidades, eso no es suficiente. Por eso la señora anima a sus hijos para que vayan a la escuela y así les den la beca correspondiente.

Mientras, esa familia y sus vecinos tienen la “suerte” de vivir a no más de 500 metros del basurero, de donde en ocasiones recogen un colchón viejo o utensilios rotos que los mestizos del pueblo desechan.

Estas casas se ubican en medio de dos cerros, donde se distinguen el panteón de los “ricos” y el de los pobres. El primero está bardado y cuenta con numerosas capillas; ahí son enterrados los mestizos. En el otro cementerio, cruces de madera sobre montículos de barro marcan las tumbas indígenas.

Enclavado en las montañas del norte de Chiapas, Sitalá es el segundo municipio más pobre del país. Al comenzar este año, sus habitantes parecían inquietos por el anuncio de que el viernes 19 de enero un presidente de México pisaría esta tierra por primera vez.

Felipe Calderón nunca llegó y los lugareños siguieron esperando, como siempre, que el gobierno le prestara atención a esa comunidad.

Y es que las carencias acosan a más del 90% de los sitaltecos, quienes se reparten en al menos 118 comunidades dispersas en los 233 kilómetros cuadrados de montaña con exuberante vegetación que constituyen el municipio. Sitalá se encuentra en medio de San Juan Cancuc, Chilón y Pantelhó, que se cuentan entre los municipios más pobres del estado.

El viernes 16 de febrero amanece lluvioso y en todo el día no se verá el sol, debido a la espesa capa de niebla. Los niños se alinean a la orillas de la carretera en espera del transporte público que los lleve a sus centros escolares. La llovizna los empapa. En tanto, por la carretera circulan camionetas de redilas y con toldo, atestadas de tzeltales que van a empezar el trajín diario.

Esta cabecera municipal se despliega alrededor de una gran iglesia de estilo colonial que se alza en lo alto de un pequeño cerro y donde se venera a San Juan, el patrono. Aquí viven poco más de 2 mil personas; el resto se las arregla para subsistir en Insurgente Picoté, San Cruz La Reforma y Golonchan Viejo.

Este último poblado fue escenario de una matanza de indígenas perpetrada por el Ejército Mexicano el 15 de junio de 1980, cuando era gobernador Juan Sabines Gutiérrez y se ordenó desalojar a unos invasores de tierras afiliados al Partido Socialista de los Trabajadores.

Ahora Golonchan Viejo está de nuevo bajo vigilancia de las autoridades chiapanecas, porque más de 40 vehículos de procedencia dudosa transitan por sus caminos de terracería. El pasado 24 de noviembre policías estatales instalaron un retén para interceptar los vehículos e incautarlos, pero dos indígenas murieron en el operativo y ningún auto fue decomisado.

La mayoría de las casas de la cabecera municipal son de adobe y tienen tejado. Pero más del 90% de la población vive en las comunidades aledañas, en casas de palos y techos de cartón. Incluso la presidencia municipal luce como abandonada. Uniformados de negro, 16 policías con toletes montan guardia y hacen rondines por el pueblo.

No gozan de mejores condiciones la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 188 y el Centro Municipal de Atención a la Mujer, recién inaugurado.

El único médico de este último “centro”, José D. Celis, dice que las enfermedades más comunes en la zona son las de las vías respiratorias y las diarreicas. Agrega que mucha gente padece amibiasis, úlcera, gastritis, infecciones en vías urinarias, paludismo y escabiosis, y que a veces los pacientes se mueren porque su familia no tiene dinero para atenderlos. La clínica que él atiende se creó debido al alto índice de mortalidad materna en el parto y el puerperio, sobre todo a causa de tuberculosis, septicemia, enfermedades del corazón y neumonía.

Quien no ha llegado es el médico de la unidad del IMSS, por lo que le toca al auxiliar Mateo López Santiz atender a los pocos pacientes, sobre todo mujeres. Él explica que los médicos trabajan por contrato con el IMSS, y la institución no ha enviado sustituto para el último, que se fue hace meses.

Eso no es todo: le faltan medicamentos. Cuando les recomienda a los pacientes que los compren en la farmacia, muchos no tienen dinero para hacerlo y se resignan a los remedios caseros.

Lo que abunda en Sitalá son las cantinas. Hay 45 expendios de cerveza y posh (bebida embriagante a base de maíz fermentado), de los cuales únicamente 10 cuentan con autorización legal.

En esos establecimientos se queda gran parte del jornal de los indígenas, que no supera los 30 pesos diarios por cortar café u ordeñar vacas, a pesar de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estipula para esta región un sueldo básico de 47.60 pesos.

En este pequeño municipio se siembra maíz, pero apenas alcanza para el autoconsumo. Y se cultiva café, pero su precio es de sólo 16 pesos por kilogramo, además de que lo acapara la empresa Agroindustrias Unidas de México S.A., proveedora de la cadena estadunidense de cafeterías Starbucks.

Incluso el litro de posh cuesta más que el kilo de café: 20 pesos. Pese a tal carestía, el alcoholismo es uno de los graves problemas de Sitalá, pues la tercera parte de los varones padece la enfermedad y con ello afectan a sus familiares, por lo cual se estima que el problema aqueja al 60% de la población. Es común ver a indígenas ebrios –muchos de ellos jóvenes– ya sea caminando, sentados en las banquetas o tirados en el suelo.

Otras cifras alarmantes: al menos 60% de los sitaltecos mayores de 15 años son analfabetos; la misma proporción carece de drenaje y de sanitario particular en su vivienda; 40% no tiene energía eléctrica; 60% no tiene acceso al agua entubada; 80% vive en condiciones de hacinamiento y 80% tiene piso de tierra en su choza.

Y parece imposible, pero la marginación en el segundo municipio más pobre del país ha empeorado en los últimos años.

Escuela peligrosa

Gracias al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 se dio a conocer la enorme marginación en el estado, que sin embargo “siempre ha sido así”, admite Pedro Pérez Osorio, quien fuera presidente municipal de 1999 a 2001.

El programa estelar del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Solidaridad, nunca llegó aquí –dice el exalcalde– y apenas durante su gestión empezaron a fluir recursos del Progresa –el mismo programa, rebautizado por la administración de Ernesto Zedillo–; pero ahora el programa foxista Oportunidades está vigente en casi toda la demarcación.

En efecto, según las cifras oficiales, el programa Oportunidades apoya a más de 90% de la población: mil 663 mujeres de 98 comunidades reciben 330 pesos bimestrales –aunque se estipula que deberían recibir 360–; mil 101 niños de escuelas primarias tienen beca, lo mismo que 345 del nivel secundaria y 118 del nivel medio superior. Además, se entregan ayudas a 126 personas de la tercera edad (250 pesos cada dos meses).

En este lugar las mujeres indígenas no suelen hablar castellano (“castilla”, le dicen); nada más lo hablan los hombres y, recientemente, algunos niños que lo aprenden en la escuela.

Hay dos jardines de niños y dos escuelas primarias, en ambos niveles, un plantel es bilingüe y el otro monolingüe en castellano. Éste fue abierta originalmente para los mestizos que viven en la cabecera municipal y la otra para los niños indígenas, que todos los días acuden desde sus comunidades tras caminatas de horas. Pero ahora no se hace distinción oficial entre esos grupos étnicos.

Existen así mismo una escuela secundaria y el Colegio de Bachilleres.

A decir de Sergio Édgar Cortázar Villafuerte, titular del programa Oportunidades en Chiapas, tan sólo durante 2006 se invirtieron en Sitalá 6 millones 603 mil 720 pesos en apoyos. Luego se vuela la barda y asegura que, al paso que van, el municipio saldrá de la pobreza y la marginación en dos años.

Sin duda las becas de Oportunidades han ayudado a que los niños asistan con asiduidad a clases, señala Rubén Fidencio Méndez Monterrosa, director de la primaria Emiliano Zapata. Sin embargo, lamenta que muchos sólo llegan como parte del trámite para cobrar la beca y no para aprender. Por si fuera poco, los padres de algunos niños consideran suficiente logro que aprendan a hablar castellano y los sacan de la escuela para que les ayuden en las faenas del campo.

Al menos mientras están estudiando, los 242 niños de la primaria reciben desayunos escolares, pero es el único alimento que algunos consumen en todo el día. Entonces, cuenta, algunos alumnos se empiezan a dormir en plena clase, ya sea por su alto grado de desnutrición o bien debido al cansancio, pues deben madrugar para cortar leña o acompañar a sus padres a la milpa antes de ir a la escuela.

Un maestro de esta escuela, Wilbert Hernández, le roba la palabra al director. Indignado, habla de Armando, un niño de quinto año que desde hace tres años camina tres horas cada mañana para llegar a su salón. Además, dice, ahí todos trabajan bajo riesgo, porque el piso está hundido y el techo de concreto presenta humedad. “Ojalá y caiga cuando nadie esté dentro” de la escuela, comenta.

Regresión

Cada año la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal le entrega al ayuntamiento de Sitalá las partidas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Sólo por el primer rubro se le han inyectado a Sitalá en los últimos seis años 58 millones 353 mil 687 pesos, mas 11 millones 963 mil 714 pesos del segundo fondo: un monto global de 70 millones 317 mil 401 pesos, recursos que han sido ejercidos por el ayuntamiento.

Pero ni esos recursos ni los que inyectan el gobierno estatal y la federación, se ven reflejados en avances sociales. Al contrario, el Índice Chiapaneco de Marginación, un estudio del Consejo Estatal de Población (Coespo) difundido en noviembre de 2001 reveló que en 1990 la marginación en Sitalá era muy grave (1.7677 unidades); 10 años después, el índice subió a 2.1997 unidades.

El mismo estudio, elaborado por Fernando Cortés, Israel Banegas, Tabaré Fernández y Minor Mora, señala que para entonces en Sitalá el 86% de la población habitaba en chozas con piso de tierra, 82% no había terminado la primaria y 80% carecía de agua entubada. Es decir, la pobreza se agudizó más en tiempos del Solidaridad y del Progresa. Los investigadores del Coespo definieron esos escenarios como regresivos, y a partir de entonces ubicaron a Sitalá como el municipio más marginado de Chiapas.

De igual forma, el informe Perfiles de la pobreza en Chiapas, fechado en mayo de 2003 y elaborado en El Colegio de México por encargo del gobierno de Chiapas, confirmó el dato. Destacaba en particular la marginación educativa: el 41.6% de los habitantes nunca había puesto un pie en la escuela. “En términos relativos, en Chiapas son más los habitantes pobres y la pobreza que viven es más lacerante que en el resto del país”, agregaba el documento.

Peor aún, el Índice de Marginación Municipal 2005 del Consejo Nacional de Población (Conapo) revela que Sitalá sigue hundido en la miseria y se ubica como el segundo municipio más pobre de México, con 3.3551 unidades en el índice de marginación.

Al preguntarle al actual alcalde, Sandro Cruz López, por qué no avanza el municipio, responde que “no hay dinero que alcance”. Sin embargo, él transita en un Ford Fiesta blanco del año y constantemente remodela su casa.

Priista, de 28 años de edad, Cruz dice que gana 200 pesos al día, pero en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado se tiene registro de que su salario es de 34 mil pesos mensuales.

“No hay dinero que les alcance porque tienen a una bola de güevones que sólo llegan a cobrar”, opina don Gilberto Díaz, miembro de una familia acaudalada y mestizo “de tendencia panista”.

También critica que los funcionarios no manden arreglar los vehículos oficiales, “y al rato anden comprando más, pudiendo reparar los que ya tienen tirados”. Añade que el alcalde y su esposa –titular del DIF municipal– no hacen nada por el pueblo, pero cobran entre los dos al menos 60 mil pesos mensuales. Según él, hay 175 servidores públicos municipales que cobran en total como 650 mil pesos, mientras que cada año se recaudan no más de 10 mil pesos al año por impuestos.

Niños-hombres
Alejandro Gutiérrez

En la sierra Tarahumara del estado de Chihuahua, donde lo único que el gobierno pasado consiguió fue verificar cómo se duplicaba la pobreza en la región, los cinco hijos de Rita comparten a veces una tortilla dura como única comida del día. Habitante del municipio de Batopilas –considerado por las Naciones Unidas como el de mayor atraso en esa entidad y el octavo a nivel nacional–, la mujer ya no tiene marido: falleció hace casi dos años, nadie sabe de qué. Y ahora los “hombres de la casa” son los niños.

BATOPILAS, CHIH.- Durante un largo lapso, Rita Nolibe cavila como si estuviera inmersa en un ritual de silencio. Sentada en el piso de tierra de su cuarto, se encuentra rodeada de sus cinco hijos, que batallan para morder un pedazo de la única tortilla dura que deben compartir.

Los hijos de Rita, una mujer tarahumara que apenas rebasa los 20 años de edad, sólo visten una playera raída y un calzoncito, pues se hallan descalzos. Tienen la cara agrietada por la mugre y por los mocos secos. Sus ojos se ven hundidos, al parecer por desnutrición. Uno de ellos hace una mueca de llanto, pero emite un sonido apenas perceptible.

Con su cara de niña avejentada por la anemia que la aqueja junto con sus hijos, Rita viste un traje tradicional de falda ampona y blusa suelta que luce sucio y desgastado. Sus manos parecen instrumentos inmóviles en su regazo. Nunca levanta la mirada. Su cabeza se dirige siempre a la tierra, como si viviera en conexión permanente con este elemento primordial de la cosmogonía tarahumara.

El cuarto donde viven Rita y sus niños está construido de carrizo, varas y tablas. Mide dos metros de largo por uno y medio de ancho y se asienta en el ejido Yoquivo, cerca de la casita de Eulogio, hermano de Rita, en la comunidad de Cordón Colorado.

Por las rendijas, silban las rachas de viento que suelen azotar esta accidentada montaña. El cielo está encapotado y persisten las temperaturas congelantes, que en invierno alcanzan hasta los 20 grados centígrados bajo cero.

Ajena a las estadísticas de “alta competitividad” que colocan al estado de Chihuahua en el quinto sitio en riqueza generada (ingreso per cápita y PIB) a nivel nacional, sobre todo por las maquiladoras, la agricultura tecnificada y la fruticultura, Rita se ubica –apunta el investigador de la Universidad de Ciudad Juárez Víctor Quintana– en “la mancha sureste del Estado, donde los caminos son limitados, en la zona de la miseria”.

Ella no habla español ni tiene ninguna actividad productiva regular, aunque de vez en cuando elabora algunos canastos que se venden como artesanía. No es beneficiaria de Oportunidades ni de algún otro programa oficial, y sólo sobrevive con sus hijos por la costumbre tarahumara de compartir lo que tienen. Es decir, a veces sus parientes ofrecen parte de su comida a ella y sus hijos, quienes, aparte de la tortilla que se repartieron, no habían comido otra cosa hasta la llegada del reportero, ya entrada la tarde…

La choza de Rita se localiza en el municipio de Batopilas, clasificado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el de mayor atraso en Chihuahua y como octavo a nivel nacional, en una situación comparable a la que afrontan las más depauperadas regiones de África.

En el año 2000, este municipio de más de 13 mil habitantes –la mayoría indígenas rarámuris, término que en tarahumara significa “pies ligeros”– ocupaba la posición 15 a nivel nacional en cuanto a atraso y marginación, pero al término del mandato de Vicente Fox, que pregonó avances en el combate a la pobreza, cayó hasta la posición octava.

Fue justamente aquí, en Batopilas, donde nació y creció Manuel Gómez Morín, fundador del Partido Acción Nacional.

Desde el origen

No muy lejos de estas condiciones de marginación y miseria están los municipios de Morelos, Uruachi, Guadalupe y Calvo, Urique, Guachochi, Carichí, Balleza, Guazapares y Maguarichi, según el propio PNUD.

De los 67 municipios de la entidad, 24 se localizan en esta sierra Tarahumara, que cuenta con unos 319 mil habitantes.

El difícil acceso a la región –para algunas poblaciones se deben realizar caminatas o viajes a caballo de hasta 12 horas– se traduce en carencia de servicios, gran dispersión poblacional y constante migración.

Según el XII Censo General de Población y Vivienda, en esos 24 municipios existen 7 mil 35 localidades, de las cuales 93% (6 mil 547) son rurales o indígenas y tienen de uno a 99 habitantes.

Casi 6 mil de esos caseríos cuentan con menos de 50 habitantes, como la comunidad de Cordón Colorado, cuyas casas están regadas en el lomerío.

Desde su choza, Rita camina con sus hijos casi todas las mañanas al menos una hora para llegar hasta la casa de Eulogio, y por las tarde vuelve a su cuartito.

Al respecto, el doctor Javier Lozano Herrera, director de los Servicios de Salud del estado –quien asegura que el gobierno de Chihuahua construye centros de recuperación nutricional y albergues maternos en la zona–, reconoce que las muertes por desnutrición o durante el alumbramiento son un problema grave.

Así, aunque el estado de Chihuahua tiene una mortalidad infantil de 23.4 menores de un año por cada mil –por debajo del índice nacional, de 24.9–, en Batopilas ese índice se dispara hasta 60, y no muy lejos se hallan los municipios de Morelos (59.1) y Uruachi (50.5).

De acuerdo con los Servicios de Salud, en 2002 se registraron en Batopilas 65 casos de desnutrición leve en niños de uno a cuatro años, 16 de desnutrición moderada y tres de desnutrición severa. Para 2007 hubo seis menores con desnutrición leve y 23 con desnutrición severa en el mismo rango de edad. Los hijos de Rita, sin duda, están en el punto más crítico.

En cuanto a educación, el 43% de los habitantes de Batopilas son analfabetos y el 66.6% no han concluido la primaria.

Además, el 82% de la gente habita viviendas con piso de tierra; siete de cada 10 casas carecen de agua entubada, y dos de cada tres ocupan espacios sin drenaje ni servicios sanitarios.

El 65% de este municipio carece de electricidad en sus moradas, a pesar de que la cabecera municipal de Batopilas fue la segunda población con electricidad en el país, después de la Ciudad de México, con el despunte de la minería.

El nacimiento de Batopilas se remonta a 1709, cuando se descubrieron yacimientos mineros en Urique. Para 1880, el estadunidense Alexander R. Shepherd, conocido como El Magnate de la plata, adquirió la mayoría de los fundos que pertenecían a la Wells Fargo & Company, y agrupó 10 empresas en la Compañía Minera de Batopilas, de reconocimiento mundial.

Sin embargo, la operación de esta firma decayó entre 1911 y 1920 con motivo de la Revolución Mexicana. Hacia la cuarta década del siglo XX, la minería resurgió con un gran proyecto en La Bufa, que perduró hasta 1958, cuando The Potosí Minning Co. adujo incosteabilidad. En años recientes, la Compañía Minera Peñoles ha desarrollado un yacimiento ubicado en Satevó.

En la cabecera municipal, localizada en la parte más baja de la serranía, donde llega a haber temperaturas tropicales, pueden encontrarse árboles frutales y cafetos.

En este poblado, donde aún se aprecian construcciones de los siglos XVII y XVIII, así como un viejo canal para generar electricidad con el efecto del flujo de agua, el hotel Riverside Lodge –edificio que perteneció a Shepherd– hospeda a turistas, sobre todo estadunidenses y europeos, por 500 dólares la noche, para hacer recorridos por la serranía.

El machismo

Para arribar a Cordón Colorado desde la ciudad de Chihuahua deben recorrerse más de 300 kilómetros, 100 de los cuales constituyen un accidentado camino de terracería en medio de pronunciadas cañadas. Hay caseríos cercanos a los que sólo se puede acceder a lomo de mula y a pie.

Aunque los rarámuris conservan ciertas prácticas nómadas –tienen una notable capacidad de adaptación y se les denomina “pies ligeros” porque pueden correr grandes distancias entre montes y cañadas–, han sido desplazados hasta concentrarse en lo más abrupto de la serranía.

En una choza de Noina –donde hay un centro escolar y la mayoría de las 60 familias reciben los 320 pesos bimestrales de Oportunidades– encontramos a Sabina Sahueachi Sahueachi sentada en el piso tejiendo una canasta para venderla a los turistas. A un lado está Guadalupe, su madre, una anciana de más de 80 años que pesa 37 kilogramos.

Ese día ya consumieron lo que seguramente será su único alimento del día: tortilla de maíz y una raquítica ración de frijoles. Y es que la última cosecha fue muy mala, aunque les queda un costal de maíz para unos días.

Los “hombres de la casa” son dos niños, hijos de Sabina. El mayor se llama Vicente y el pequeño Julián. El primero habla un poco de español a pesar de que abandonó la escuela.

Este día la comunidad celebra una reunión para elaborar un censo dirigido al aserradero, porque el fertilizante orgánico resultó de tan mala calidad que la última cosecha fue un fiasco. Servando Luna, quien encabeza la asamblea, explica que los principales productos de su dieta son maíz, frijol y Coca-Cola.

Todos los presentes, incluido Servando, sueltan la carcajada cuando se les pregunta si están conformes con que sea la mujer la que reciba los 320 pesos bimestrales de Oportunidades.

Y es que, no obstante que dicha práctica ha tratado de revalorar el papel de la mujer en esta cultura machista, activistas que trabajan en la sierra explican que “casi de inmediato los hombres le quitan el dinero a la mujer. Es un cambio que será paulatino”, advierten.

Algunos pobladores piden su respaldo a un promotor del programa Oportunidades ahí presente para que los saque de la zona hasta un camino de terracería por donde pasará ese día una ambulancia. El propósito: transportar a una mujer que lleva una semana con un intenso dolor en la zona abdominal…

El silencio femenino

De vuelta en Cordón Colorado, Rita sigue fiel a su práctica cultural de no responder aun cuando se le hagan preguntas con la ayuda de un intérprete, ya que aquí los únicos que hablan son los hombres.

“Rita no tiene marido –se le murió– ni Oportunidades ni nada. Está así nomás”, dice Manuel Cordón Colorado, un indígena de unos 60 años, de rostro amigable, piel morena y requemada por el efecto del frío. Es vecino de Eulogio y uno de los pocos que mastican algo de español.

Manuel extiende en forma amigable una jícara llena de tesgüino, la bebida ritual elaborada con maíz fermentado. El invitado debe beberlo para no desairar su arraigada tradición de compartir. Y es que, en plena Cuaresma, todos preparan tesgüino, de modo que en casi todas las chozas de adobe, tablas y techos de lámina se ven enormes ollas y tinas con la bebida.

Es Manuel quien relata la historia de Rita.

Fue en esta comunidad donde Rita conoció a su esposo Práxedis cuando ella apenas salía de la niñez, pues aquí también, como en casi todas las comunidades indígenas, apenas empiezan a menstruar las mujeres son un botín codiciado por los hombres.

Práxedis murió hace casi dos años. Nadie sabe de qué. “Sólo se le murió”, dice otro vecino, Jacobo Cordón Colorado –todos comparten como apellidos el nombre de la comunidad.

Fuera de la casa de Eulogio se encuentran Josefa y Regina Cordón Colorado, cuñada y sobrina de Rita. Mientras elabora canastas, Josefa se da tiempo para mostrar su papel de Oportunidades, y pareciera que, a su juicio, ese documento le da cierta posición.

En la casa de Eulogio –quien no se halla durante la visita–, envuelta en una manta se halla Regina, de cinco años, con los ojos hinchados por la gripe y la fiebre que padece desde hace más de un mes.

–¿Qué tiene? –se les pregunta.

–Quién sabe, ha de estar espantada

–dice uno de los hombres de la comunidad que ya visten como chabochis, es decir, como blancos, pues muy pocos recurren ahora a sus trajes tradicionales con taparrabo, camisa suelta y la kowera o tira bordada que ciñen a su frente.

Todos los habitantes de Cordón Colorado, como en el resto de las comunidades rarámuris, pimas y tepehuanes de la Tarahumara, hacen sus preparativos para las próximas fiestas de Semana Santa, celebración del yúmari en la que los bailables están dirigidos a pedirle al Padre Sol y a la Madre Luna buenas lluvias para las cosechas.

También elaborarán el tonari, la comida ritual hecha a base de cocido de res, papas y calabazas, sazonado con especies que recolectan en la zona. Esta es la única vez que comen carne en el año.

Uno de los lados oscuros de las tesgüinadas de Semana Santa está en la violencia y los abusos. Alcoholizados, los tranquilos indígenas con frecuencia tienen enfrentamientos, y también actos violentos contra las mujeres, que pueden resultar golpeadas y vejadas.

“Donde un rarámuri pone el ojo –me refiero a una mujer–, la toma como si fuese de su propiedad. Muchas veces la mujer corre por el monte, pero si es alcanzada, no hay quién se meta, ni la familia. Salvo que el padre de la mujer se sienta ofendido. Entonces todo se resuelve con un par de chivas”, explica un promotor que trabaja en la región, en tanto que el doctor Lozano Herrera dice que esas prácticas elevan los casos de enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis.

Como sea, en la casa de Manuel Cordón Colorado, su esposa Guadalupe y sus hijos Norberto, Andrea y Teresa esperan que el tesgüino esté listo, mientras en la casa de Eulogio, Rita sigue en su letargo…

martes, marzo 27, 2007

ALGUNAS DE PROCESO SEMANAL

No hay comentarios.:

EL SENDERO DEL PEJE

El Archivo del Blog (pica en los triángulos)

AUDIOTECA "JORGE SALDAÑA"

¿QUIÉN ES EL SEÑOR LÓPEZ?

LINKS

ESPECIALES

KIT DE SUPERVIVENCIA PARA RENEGADOS

CONTACTO


	/tr>