EL GABINETE LEGÍTIMO EN ACCIÓN.

NO más privilegios

martes, 27 de marzo de 2007

* El Gobierno Legítimo de Andrés Manuel López Obrador presentó su propuesta de reforma fiscal que pretende que los que más ganen paguen lo justo / Se pueden tener ingresos extras por 300 mil millones de pesos * Incluye diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y deroga el Régimen de Consolidación Fiscal para que los grandes grupos financieros no eludan sus responsabilidades fiscales * “Resulta absurdo que se pretenda gravar con el 15% de IVA a los alimentos y medicinas en vez de derogar o desaparecer el Régimen de Consolidación Fiscal”, asevera Mario di Costanzo, titular de la Hacienda Pública MEXICO, D.F., 26 de marzo (APRO/LA JORNADA).- Tal como se anunció ayer al término de la Convención Nacional Democrática (CND), el Gobierno Legítimo presentó su propuesta de reforma fiscal a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP) de la Cámara de Diputados, con la que pretende que el fisco recaude alrededor de 300 mil millones de pesos anuales. El secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, Mario Di Costanzo, afirmó que la propuesta incluye una reforma a diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y deroga el Régimen de Consolidación Fiscal para que los grandes grupos financieros no eludan sus responsabilidades fiscales. También, dijo, elimina la posibilidad de que las empresas utilicen el régimen de depreciación acelerada, sobre todo en terrenos y activos, pues actualmente este régimen genera una elusión de entre 45 y 50 mil millones de pesos anuales. Además, señaló, buscará que se graven las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Al respecto, Di Costanzo afirmó: “Con estas modificaciones estimamos que el fisco podría recaudar entre 180 y 200 mil millones de pesos anuales que, acompañados del programa de reducción importante del gasto de austeridad republicana, que también ha enfatizado nuestro Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador, permitiría al fisco contar con aproximadamente 300 mil millones de pesos”. Estas modificaciones, explicó, harán innecesario gravar alimentos y medicinas para obtener recursos. “Con esto se puede destinar mayor inversión al sector educativo y a PEMEX; es decir, complementaría las posibilidades del Estado mexicano para disponer de una política económica que nos permitiera volver a crecer”, añadió. Por su parte, el asesor del Gobierno Legítimo, Rogelio Ramírez de la O., destacó que la disyuntiva de la reforma fiscal es gravar el consumo o el ingreso. La primera opción, dijo, es la federal, que pretende imponer impuestos a medicinas y alimentos; la segunda es la que están proponiendo. “La que se está presentando es una iniciativa que toma una línea definitiva. Se intenta gravar donde más hay. Gravar el consumo, pensamos, es muy delicado porque hay gente que no tiene dinero”, añadió. A su vez, el secretario de Relaciones Política del Gobierno Legítimo, José Agustín Ortiz Pinchetti, informó que la iniciativa sería presentada este martes o miércoles en San Lázaro. Así, la debilidad financiera a la que la hacienda pública podría estar expuesta, generaría múltiples presiones para ceder al capital privado sectores de la exploración, producción, refinación y transporte de energéticos, entre otros, advierte en su exposición de motivos una iniciativa de Ley para una Reforma Fiscal que el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, envió hoy a los coordinadores parlamentarios de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP). La iniciativa menciona que fue dada a conocer por el secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, Mario Di Costanzo, que no puede olvidarse que la recaudación del ingreso tributario ha sido baja y ha fluctuado en los últimos 20 años entre el 10 y el 11 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); mientras que en otros países, incluso aquellos que se clasifican como en vías en desarrollo, la recaudación en algunos casos llega hasta el 20 por ciento. Dicha debilidad de recaudación de ingreso tributario -calculada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un cinco por ciento del PIB- ha obedecido, entre otros factores, a múltiples beneficios fiscales otorgados a sectores económicos mediante exenciones o autorizaciones para diferir el pago de impuestos. Acompañado por Andrés Manuel López Obrador, el funcionario sostiene que en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) se establecen regímenes de privilegio para determinados sectores empresariales que los benefician de manera indebida en detrimento de una mejor recaudación federal y del principio constitucional de justicia fiscal. Esa gama de privilegios, instituidos en diferentes tiempos por el Congreso Federal, han impedido que las finanzas públicas tengan un verdadero sentido redistributivo de la riqueza en perjuicio de los sectores de mayor rezago social de México. En la actualidad, se da la paradoja que el sistema tributario mexicano, en la vertiente del ISR, está sustentado estructuralmente en las retenciones que de ese impuesto recae sobre la nómina y prestaciones sociales de los trabajadores, y no en los ingresos efectivos de las empresas para las cuales ellos laboran. Bajo esa óptica, sostiene el texto, es como se han arraigado diferentes prerrogativas impositivas en favor de los contribuyentes con mayor capacidad económica en nuestro país, sin beneficio material alguno para el país ni para los trabajadores. “El abuso empresarial ha sido la nota característica en la aplicación de esos privilegios”, apunta. Por ello propone en lo que hace al régimen del ISR, una supresión en los beneficios de los que tienen un mayor impacto en las finanzas públicas, como es el caso de la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, del régimen de consolidación fiscal, y de la opción para constructores y desarrolladores inmobiliarios de deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en el que los adquieran. En este mismo curso se ubica la propuesta para modificar la exención sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas. Por cuanto a las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en Bolsas de Valores reconocidas, apunta que la propuesta es la acotación de la exención en el ISR. Una propuesta más es el cambio a la deducción del costo de adquisición de los terrenos, que tuvo como fin el fomentar la inversión y el desarrollo del sector inmobiliario, quienes realmente se han beneficiado del mismo han sido los grandes desarrolladores inmobiliarios, al financiar su crecimiento con cargo al fisco. Asimismo se sugieren cambios a la deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, que nació con la finalidad de fomentar la inversión y, como consecuencia de esto, la generación de mayores empleos, sin embargo, a la fecha dicho estímulo no ha dado como resultado directo y visible los propósitos por los que fue adoptado. Así, el éxito en los negocios de nueve empresarios mexicanos, que lograron ubicarse en los primeros sitios entre los más destacados millonarios del mundo con una riqueza acumulada pasó de 48 mil 900 millones de dólares a 72 mil 400 millones en 2007, lo que no se corresponde con la cantidad de impuestos que debieron pagar a la Secretaría de Hacienda por sus ingresos, aseveró el secretario de Hacienda del Gobierno Legítimo, Mario Di Costanzo. Advierte que escapa a la lógica el hecho de que hayan podido registrar incrementos de 48 por ciento en conjunto en sus utilidades, mientras que la economía mexicana apenas creció en 4 por ciento. Más aún, menciona, de acuerdo a las cifras más recientes publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el año pasado la recaudación total por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) fue de 439 mil 264 millones de pesos. De ese total, 171 mil 437.1 millones correspondieron a la recaudación proveniente de las “personas morales”, empresas o grupos de empresas, por lo que “sería lógico pensar” que de los 23 mil 500 millones de dólares que corresponden al incremento de las utilidades o fortuna de estos mexicanos en sólo un año, el 28 por ciento lo debieron de haber pagado por concepto de ISR. En otras palabras, el incremento de 23 mil 500 millones de dólares en la riqueza de estos individuos -265 mil 550 millones de pesos- debió significar una recaudación de aproximadamente 74 mil 354 millones de pesos, es decir, estos nueve mexicanos debieron aportado durante el 2006, aproximadamente el 43.3% de la recaudación del ISR proveniente de las “personas morales” dado el éxito de sus empresas, De tal suerte que el resto de contribuyentes o “personas morales”, que de acuerdo a las cifras de Agustín Carstens se estiman en 421 mil 888 empresas, tuvieron que haber aportado el 56.7% restante, es decir casi 95 mil millones de pesos entre todos. “Si este fuera el caso, estas 9 personas estarían manteniendo a las finanzas de este país y deberían ser considerados, después de PEMEX, como héroes nacionales, aunque debe considerarse que la ineficiencia de la SHCP para cobrarle impuestos a las más de 421 mil empresas restantes, dio como resultado una recaudación de apenas 95 mil millones de pesos, entre todas”, apuntó Di Costanzo. El funcionario del Gobierno Legítimo sostuvo que en buena medida los empresarios se han beneficiado de la figura conocida como consolidación fiscal, que les permite eludir el pago de impuestos. Mencionó el ejemplo del Grupo Bimbo, que de acuerdo con sus cifras en el 2006 y a pesar de haber obtenido ventas en México por 44 mil 704 millones de pesos, su previsión para pago de impuestos y participación de utilidades fue de sólo dos mil 106 millones, lo que significó una relación de previsión para el pago de impuestos como porcentaje de las ventas totales de sólo 0.04%. En este mismo sentido, añadió, y de acuerdo con datos publicados por el Grupo ALFA, se observa que durante el 2005 reportaron ventas netas por 69 mil 335 millones de pesos, y una utilidad neta consolidada de 9 mil 721 millones de pesos, sin embargo, ese grupo reportó que el ISR pagado, así como la participación de utilidades fue de mil 750 millones de pesos, cifra que representó sólo el 0.025 por ciento de sus ventas totales y el 18 por ciento de sus utilidades, porcentaje inferior en diez puntos porcentuales al 28 por ciento que marca la Ley del ISR. Lo anterior significa, que de no haber existido el régimen de Consolidación Fiscal, Grupo ALFA debió de haber pagado cuándo menos dos mil 721 millones de pesos de impuestos, es decir, con este esquema pudo “eludir” aproximadamente mil millones de pesos en impuestos. “De esta manera se estima que los grupos que utilizan este régimen fiscal cuando menos dejan de pagar entre 60 y 70 mil millones de pesos cada año, por lo que resulta absurdo que se pretenda gravar con el 15% de IVA a los alimentos y medicinas en vez de derogar o desaparecer el Régimen de Consolidación Fiscal”, aseveró Di Costanzo.