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viernes, marzo 23, 2007

EN YUCATÁN LA REPRESIÓN A TODO LO QUE DA.

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viernes, 23 de marzo de 2007

Familiares y amigos de los jóvenes detenidos el pasado martes 13 en la plaza principal, critican severamente la decisión de la titular del Juzgado Séptimo de Defensa Social, quien ayer dictó auto de formal prisión contra 19 de ellos/ Acuden a la CODHEY para demandar su intervención/ Solicitarán un amparo federal contra esa decisión

Doña Guadalupe, madre de Luis Fernando Rodríguez López, clama justicia.- (Gijón)

Con lágrimas a punto de escapárseles y con evidente frustración e impotencia, padres y familiares de los jóvenes ilegalmente presos desde la noche del martes 13 de marzo, cuando hubo violentas protesta contra George Walker Bush y Felipe Calderón Hinojosa, exigieron ayer a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán un pronunciamiento contra "la injusticia que se está cometiendo contra nuestros hijos".
Después de que a 19 de ellos les dictaron auto de formal prisión en el Juzgado Séptimo de Defensa Social, acompañados del abogado Villevaldo Pech Moo, acudieron a entrevistarse con el ombudsman Jorge Victoria Maldonado para exponerles las irregularidades que consideran se registraron durante el inicio del proceso.
Pech Moo anticipó que interpondrán amparos ante la justicia federal debido a que consideran que la juez que lleva el caso no estudió a fondo las pruebas y los testimonios aportados por la defensa.
Por la mañana, entrevistado en sus oficinas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Angel Prieto Méndez, confirmó que distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos entregaron un escrito en el que, con base en tratados internacionales, demandan la liberación de los presos.
El magistrado presidente del TSJ dijo que "más que quejas ha habido escritos de organismos de defensa de los derechos humanos en los que piden que haciendo uso de un tratado internacional los declaráramos en libertad".
Pero, aseguró, los jueces del fuero común necesariamente tienen que ajustarse a la legislación del Estado y todo procesado tiene los recursos que la ley les pone a su alcance para que se puedan defender; "en este caso, los que quedaren formalmente presos tienen derecho a venir a la segunda instancia mediante el recurso de apelación para que el tribunal revise la resolución de los jueces de primera instancia".
Dijo que esa revisión puede consistir en que se confirme lo de primera instancia, se modifique o de plano se revoque. "También pudieran acudir al juicio de amparo", indicó.
Prieto Méndez dijo que los jueces de primera instancia no pueden acogerse a los tratados internacionales porque esto sólo funciona con los casos federales.
Pero los familiares de los jóvenes narraron ayer ante la Codhey que los juicios que se siguen a los muchachos no se apegan a la legalidad ni mucho menos a la justicia. La madre de Luis Fernando Rodríguez López aseguró que se encuentra muy indignada por la resolución que dejó a su hijo formalmente preso.
"Cuando a mi hijo lo agarraron sólo iba a cenar; él se encontraba trabajando en Liverpool y aquí está su patrón", dijo la señora. Un hombre que aseguró ser el patrón de Luis Fernando indicó que este muchacho trabaja en las obras del centro comercial que se construye a espaldas de Liverpool y que, por lo tanto, jamás participó ni siquiera en las protestas contra el presidente de los Estados Unidos.
"Mi hijo estaba en el asta bandera hablando por teléfono con su hija cuando lo detuvieron; le quitaron el teléfono y lo acusaron de vandalismo; cuando los policías lo arrestaron comenzaron a insultarlo y a golpearlo", narró la afligida señora.
Gladys Véliz, tía de Julio Vera Véliz, dijo que a su sobrino lo detuvieron en la calle 58, frente a la tienda departamental Chapur cuando pasaba por ahí. "Lo acusan de posesión de arma pero no me la muestran, ¿dónde está con lo que quieren acusarlo?", se preguntó.
Bartolo Mejía López y María Guadalupe Cocom, padres de Roger Mejía Yam, indicaron que su hijo sólo se encontraba esperando a un compañero a las puertas del "7 eleven" de la Plaza Principal cuando lo detuvieron.
"El salió al centro a verse con sus cuates, iban a hacer una tarea, en su bulto llevaba sus libretas, su suéter, su sudadera con una capuchita, como sus compañeros se tardaron fueron a comprar refrescos al 7 eleven, pero él no entró, se quedó en la puerta cuando lo detuvieron y lo estropearon entre seis policías", indicó.
La madre aseguró que su hijo no tiene vicios, "no fuma, no se droga" e incluso enseñó una fotografía en la que el joven aparece de acólito con un sacerdote católico. "La juez sólo le está poniendo cosas que no hizo y no nos parece eso, queremos que se haga justicia porque nuestros hijos están presos sin que hubieran hecho algo", declaró.
El abogado Pech Moo aseguró que los familiares acudieron a la Codhey a plantear el hecho de que a los jóvenes les dictaron auto de formal prisión sin derecho a fianza sin que se hubieren evaluado debidamente las pruebas aportadas a favor de los acusados.
"La gente está muy indignada contra la juez porque ella resolvía a favor de los policías y señalaba a los jóvenes sólo por el hecho de cómo iban vestidos o si tenían el cabello largo", indicó el abogado defensor, quien anticipó que hoy temprano acudirá a pagar la fianza que se fijo a dos de los jóvenes y continuar con los alegatos para los amparos federales.

Juez no tomó en cuenta pruebas a favor PDF Imprimir E-Mail
viernes, 23 de marzo de 2007

Basada exclusivamente en las afirmaciones de la policía, la Licda. Rubí Guadalupe González Alpuche, titular del Juzgado Séptimo de Defensa Social del Estado, decretó auto de formal prisión en contra de 19 de los 21 detenidos la noche del 13 de marzo en el centro histórico, durante las protestas por la presencia de Bush y Calderón/ Sospechan que acató consigna de Pedro Rivas Gutiérrez/ Defensores anuncian que arreciarán las protestas por esta arbitraria decisión

Familiares y amigos que estaban en los pasillos del Juzgado Séptimo manifestaron su repudio a la resolución de la juez Rubí González Alpuche.- (Gamboa)

Con rostros que reflejaban rabia e indignación, y algunos con lágrimas en los ojos, varios jóvenes escucharon el veredicto de la Juez Séptimo de Defensa Social del Estado, Licda. Rubí Guadalupe González Alpuche, quien decretó auto de formal prisión en contra de 19 de los manifestantes detenidos el pasado 13 de marzo, cuando protestaban por la visita a Yucatán del presidente de Estados Unidos George W Bush y de Felipe Calderón Hinojosa.
Sólo a dos de los presos les concedió la libertad por falta de elementos para procesar: Guadalupe de Jesús Tobón Loría e Iván Alexander Baas Osorio, quienes fueron representados por los abogados Miguel Bargas Díaz y Fidel de Jesús Pérez Albornoz.
A todos los demás les decretó auto de formal prisión por los delitos de daño en propiedad ajena doloso y con la misma fracción cuarta que es considerado grave, portación de armas e instrumentos prohibidos y ataques peligrosos cometidos contra servidores públicos y en pandilla.
A ninguno de los 19 detenidos se les reclasificó el delito y, por lo tanto, la juez no les permitió obtener la libertad provisional bajo caución.
Algunos de los jóvenes detenidos luego de firmar la notificación que les leyó el actuario del citado Juzgado, Humberto Castro Lara, y enterados de que la juez no les permitió la libertad, soltaron en llanto y apelaron la resolución, por lo que el caso será ventilado en segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia.
La juez hizo caso omiso de todas las pruebas aportadas por los defensores de los manifestantes y ratificó la postura de la Procuraduría General de Justicia, que los consignó por delitos considerados graves en el Código Penal, para evitar que los indiciados recuperen la libertad.
Familiares y amigos opinaron que se comete una gran injusticia con los detenidos, pues juzgan increíble que a todos o casi todos la juez les haya encontrado elementos para su proceso penal basada exclusivamente en los testimonios verbales de los policías; señalaron que es claro que esa funcionaria no tomó en cuenta las pruebas que rebatieron la acusación inicial que se basó en medidas represivas contra los protestantes.
Defensores de los procesados, como Edwin Andrade Espadas y Villevaldo Pech Moo, señalaron que analizarán las constancias que obran en autos y la resolución de la juez para determinar cuáles fueron sus razonamientos para decretarles el auto de formal prisión a sus representados, pues es evidente que hizo a un lado las pruebas que aportaron; insistieron en que la gran mayoría de los que se encuentran presos fueron detenidos sin haber participado en actos vandálicos.
--Varios de ellos salían de la escuela, otros habían salido de sus centros de trabajo y otros protestaban pacíficamente e incluso ni aparecen en las fotografías ni en los videos consignados por el Ministerio Público, acotaron. Luego entonces no comprendemos por qué no se les decretó a la mayoría la libertad por falta de elementos para procesar; quizá porque había la consigna de mantenerlos encerrados en represalia por haber manifestado su libre derecho de expresión, indicaron.
Los familiares y amigos de los detenidos estuvieron presentes en el Juzgado Séptimo para enterarse se la resolución de la juez y cuando exigían que dejaran libres a los presos políticos fueron desalojados hasta los pasillos y con la orden a los policías que si continuaban con sus gritos los sacaran del edificio.
El Lic. Andrade Espadas comentó que todo hace indicar que la juez siguió consignas del Secretario General de Gobierno, Pedro Rivas Gutiérrez, al resolver en contra de los muchachos. Precisó que él representa a Isaac Mutul Guevara, quien en ningún momento participó en el movimiento de protesta ni apoyó ese evento; al respecto se ofrecieron pruebas y testimonios que rebatieron la acusación ministerial, pero a pesar de ello no se tomaron en cuenta y su cliente también fue dictado formalmente preso.
Aunque muchos de los procesados apelaron la resolución, se indicó que en cualquier momento se pueden desistir de ello y recurrir al amparo contra el citado auto y confiar en la autoridad federal para obtener la libertad de los jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios.
Las protestas contra la resolución de la juez González Alpuche no se hicieron esperar.
Quedaron presos David Tomás Espadas Dzib, Julián Campos Casanova, Isaac Mutul Guevara, Léonido Gilberto Moguel Bergmann, William Enrique Vera Véliz, Carlos Miguel López Sierra, Juan José García Ortiz, Juan Carlos Couoh Uicab, Roger Adolfo Magaña Yam, Rigoberto Moreno Mendoza, Edgar Manuel Gómez Navarro, Eduardo Ojeda García, Carlos Mejía Cocom, Luís Fernando Rodríguez López, µgata Deraí Said (o) Carolina Ruiz Puc, Claudia Cerón Vega, Yajaira Solís Carrillo, Gerardo González Miranda, Miguel Sulú Mut, Reyes Valentín Narváez Euán, Emiliano Pérez Guarneros, Pedro Pablo Coral Marfil, Noé Augusto Cabrera Garrido, Mario Alberto Tuz Molina, Lorenzo Avilés Pérez y Alfonso Ek Ojeda.
Los movimientos de protestas continuarán en distintos puntos hasta que se obtenga la libertad de los detenidos, adviertieron los defensores.




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