EL ESPURIO DEBE ESTAR EN LA CARCEL.

Víctor M. Quintana S.

El calderonismo resucita la "disolución social"

Mientras docena y media de agentes federales escoltaba al dirigente del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh), Jesús Emiliano, esposado de pies y manos, de la prisión al edificio de los juzgados federales, el crimen organizado ejecutaba a dos agentes ministeriales en Chihuahua la semana pasada. La práctica social dice lo que muchos discursos ocultan: mientras el calderonismo aplica toda la fuerza del Estado para criminalizar a la disidencia social, la delincuencia organizada ejecuta, impone, desgobierna.

Ayer fueron los dirigentes del FDCCh y Roger del Rosal, en San Luis Potosí; hoy, los jóvenes de Mérida, Yucatán; un poco antes los seguidores de la otra campaña, los campesinos de Michoacán, los líderes de la APPO, los Atencos... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, advierte que el gobierno de Felipe Calderón está trazando muy clara su política: criminalizar la protesta social, blandiendo acusaciones muy graves que distraigan las energías de los activistas sociales y siembren el temor a disentir. Lo mismo acaba de declarar Rodolfo Stavenhagen, relator de Naciones Unidas para Derechos Humanos de los Indígenas.

Con la coartada de "salvaguardar el estado de derecho" se aplica el Código Penal pasando sobre todos los derechos. El manejo que se dio al caso de Jesús Emiliano, liberado gracias a la presión social y a la intervención del gobierno de Chihuahua, y a otros cuatro dirigentes del FDCCh, sobre quienes pesan aún órdenes de aprehensión, ejemplifica la estrategia represiva del calderonismo.

A partir de una acción de protesta del FDCCh ante la delegación de la Secretaría de Agricultura en Chihuahua -demandaban recursos emergentes para la para la siembra de maíz y la entrega inmediata de los recursos del Procampo-, la dependencia presenta una rutinaria denuncia de hechos ante la PGR. Los propios denunciantes se sorprenden de la celeridad con que se liberan las órdenes de aprehensión, en menos de tres semanas, y de la tipificación del delito que hace el Ministerio Público: "sabotaje".

El propio Ministerio Público hace economía de cualquier evidencia pericial. De ninguna manera fundamenta ni a) que se produjo un daño a los servicios públicos del país, ni b) que se hizo con la intención de "trastornar la vida económica del país", elementos que constituyen el delito de sabotaje, según el artículo 140 del Código Penal Federal. Y si sorprende que la PGR no fundamente su acusación, sorprende más todavía que la juez décima de distrito obsequie sin más requisito las órdenes de aprehensión.

En el farragoso e inconsistente alegato del agente del Ministerio Público se cita la jurisprudencia para fundamentar el delito de sabotaje. Y se acude, nada menos, que ¡al expediente integrado contra los líderes del movimiento ferrocarrilero de 1959! O sea, que el Ejecutivo, encabezado por Calderón, aliado con el Poder Judicial, ha hecho lo que parecía imposible: resucitar con otro nombre el viejo delito de "disolución social", instrumento del autoritarismo para reprimir y aplastar a disidentes, como los ferrocarrileros, los médicos de mediados de los años 60 y los activistas del movimiento del 68.

Además del contenido, de por sí muy grave de la acusación, el proceso seguido a Jesús Emiliano se distingue por el pisoteo continuo de los derechos humanos. No se le muestra nunca la orden de aprehensión, nunca se identifican los agentes que lo detienen, la defensoría de oficio tarda largas horas en comparecer, se inicia la diligencia de la declaración preparatoria casi en secreto, no en los juzgados, sino con el traslado de todo el tribunal a la penitenciaría, sin esperar que llegue su abogado defensor.

Ni el FDCCh ni las organizaciones sociales de Chihuahua se quedarán con los brazos cruzados. Interpondrán una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para exigir que no se queden impunes las violaciones a los derechos humanos en este proceso. Pero habrá que ir más allá, pues lo que ocurre con activistas sociales de todo el país estos días exige que las fuerzas democráticas y progresistas presenten un frente conjunto para no permitir que el gobierno de facto siga cerrando los espacios de protesta social y siga acusando a las organizaciones populares de graves delitos para amedrentarlas.

Si a alguien puede acusársele de "sabotaje", basándonos en el peritaje de 25 años de políticas neoliberales, es a los gobiernos federales que han pasado por este país de 1982 a la fecha. Cualquier recuento histórico nos revela, primero, los graves daños a las actividades económicas y servicios públicos generados por las políticas de ajuste neoliberal. Y la intención de "trastornar severamente la economía y la defensa del país" queda patente con la quiebra de miles de campesinos y empresas agropecuarias, y en la entrega de la soberanía alimentaria de la nación.