13-01-2007
La tortura y el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y la impunidad oficial están entre los principales problemas de derechos humanos que padece México, reporta Human Rights Watch (HRW).
"La presidencia de Vicente Fox acabó en 2006 con su ambiciosa agenda de derechos humanos que llevó al puesto, permaneciendo en gran medida sin cumplirse", afirma HRW en la sección sobre México de su Informe mundial presentado hoy en Washington y Nueva York.
Señala que entre los problemas de derechos humanos más serios del país están los que afectan a su sistema de justicia penal. La sección aborda los temas de brutalidad policiaca, ofreciendo como ejemplo la represión policiaca de la huelga minera en Lázaro Cárdenas en abril de 2006, con el resultado de dos muertes y decenas de heridos; el caso de Atenco en mayo, donde la policía mató a dos (incluyendo un adolescente) y "arbitrariamente detuvo, golpeó y pateó a manifestantes. La policía también acosó sexualmente a mujeres mientras eran transportadas a una penitenciería".
El informe subraya que "la tortura persiste como un problema amplio en el sistema de justicia penal mexicano", lo cual es a veces nutrido por jueces que aceptan confesiones arrancadas de estas prácticas y, por otro lado, por la impunidad que gozan los que emplean la práctica.
"Más de 40 por ciento de los prisioneros en México nunca han sido condenados por un delito", informa HRW, señalando que están a veces años encarcelados en espera de su juicio.
"El sistema de justicia penal rutinariamente fracasa en ofrecer justicia a las víctimas de delitos violentos y tortura", afirma HRW. Señala sobre todo el caso del asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez en que, después de más de una década, aún continúa sin resolverse.
El informe lamenta los "resultados limitados" y "fracasos significantes" de la oficina del fiscal especial establecido por Fox para investigar abusos del pasado.
También aborda carencias en los rubros de la violencia doméstica y abuso sexual de mujeres, derechos laborales, y derecho a la educación.
En torno a la libertad de expresión, HRW señala que periodistas críticos de gobiernos estatales o los que investigan el asunto del narcotráfico han enfrentado hostigamiento y ataques. Por otro lado, subraya que las leyes de difamación continúan siendo demasiado estrictas y tienden a minar la libertad de expresión, y hace referencia al caso de Lydia Cacho.
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