GIL DÍAZ Y SUS TRANZAS.

Más corruptelas

sábado, 13 de enero de 2007

ISOSA, la empresa fundada por Francisco Gil Díaz que por más de diez años obtuvo sus ingresos del cobro de un impuesto no enterado a Hacienda, recibió del sector público no solo personal, bienes e instalaciones sin costo alguno sino, "inclusive, el Registro Federal de Automóviles" MEXICO, D.F., 12 de enero (LA JORNADA).- Integradora de Servicios Operativos (ISOSA), la empresa fundada por Francisco Gil Díaz que por más de diez años obtuvo sus ingresos del cobro de un impuesto no enterado a la Hacienda Pública, recibió del sector público no solo personal, bienes e instalaciones sin costo alguno sino, "inclusive, el Registro Federal de Automóviles", reveló el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón. Al comentar los pormenores que llevaron a este órgano a fiscalizar por cuatro años consecutivos al fideicomiso Aduanas I, al amparo del cual operó ISOSA, González de Aragón afirmó que la ASF encontró contratos que prueban que el Registro Federal de Automóviles se dio en uso a esa empresa, y adelantó que los trabajos de fiscalización continuaron sobre la Cuenta Pública 2005, cuyos resultados se conocerán el 31 de marzo próximo Varias son las madejas tejidas con una misma hebra, que conduce constantemente a la actuación de Francisco Gil Díaz como funcionario de la Secretaría de Hacienda desde que fue subsecretario de Ingresos, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta que se desempeñó como titular de esta dependencia en el sexenio de Vicente Fox Quesada. Todo dentro de una trama que dejó en la opacidad el uso y destino de casi diez mil millones de pesos que, cobrados como Derecho de Trámite Aduanero, no fueron ingresados a la Tesorería de la Federación. El auditor superior recordó: "Nosotros partíamos de varias consideraciones. La primera era que se le habían transferido a ISOSA personal, bienes e instalaciones, inclusive el Registro Federal de Automóviles se le dio en uso a ISOSA como una empresa. Hay contratos que lo prueban. Todo sin costo. "Segundo, el fideicomiso (Aduanas I) que se dice privado, es constituido con un comité técnico donde todos son servidores públicos. De manera que todos estos elementos hacen obviamente tener grandes dudas sobre la naturaleza del fideicomiso y sobre la calidad de los recursos que se están recaudando. La Ley de Tesorería establece con toda claridad que cualquier impuesto, derecho, producto o aprovechamiento tiene que ser depositado en la Tesorería de la Federación. De ahí vino nuestro cuestionamiento." Los reportes de la Auditoría Superior de la Federación machacaron durante tres años la opacidad existente en la situación descrita, hasta que en agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que intervino a petición de la Secretaría de Hacienda en 2004, emitió una resolución en la que declaró que los ingresos obtenidos por ISOSA a través del cobro por la aplicación del Derecho de Trámite Aduanero son de naturaleza privada. Pero la resolución dejó un resquicio y ahora los trabajos de la ASF sobre la Cuenta Pública 2005 se centran en el análisis del mecanismo que se utilizó para distribuir cada peso recaudado por la aplicación de ese gravamen. La Auditoría Superior ya había detectado que severas fluctuaciones en el porcentaje del Derecho de Trámite Aduanero depositado en la Tesorería de la Federación. González de Aragón detalló que la proporción depositada varía de 50 por ciento en 1993, cuando fue creada ISOSA, a 87.72 por ciento en 1988, 34.68 por ciento en 2003, ya con Gil Díaz como secretario de Hacienda- y 13.05 por ciento en 2004. "Todos esos recursos son derechos que se depositan en la Tesorería de la Federación. Entonces la primera pregunta que surge es ¿Por qué tanta discrecionalidad? explicó González de Aragón en una participación pública en la que definió la posición de la ASF sobre el caso Gil Díaz-ISOSA. "Yo creo "afirmó- que hay que evitar absolutamente la discrecionalidad de los servidores públicos porque esto hace, cuando menos, tener dudas muy serias de por qué vienen estos brincos tan importantes para favorecer recursos que se van a los fideicomisos privados", como lo fue Aduanas I. A este respecto, el periodista Miguel Badillo documenta en su libro "ISOSA Fraude Transexenal a la Nación" que todavía en el primer trimestre de 2005 el fideicomiso Aduanas I mantenía un patrimonio de 19 mil 523 millones de pesos. El auditor superior precisó que "este fideicomiso fue creado en su momento para administrar este tipo de cantidades que, como contraprestación, se le depositaban. La gran duda se observa en la actuación de Hacienda porque, si mal no recuerdo, en el año de 1994 introdujo una cláusula en el contrato del fideicomiso que obliga a que depositen todos los recursos en la Tesorería de la Federación, pero no se cumplió". Según documenta Miguel Badillo, el 19 de octubre de 1994, el subsecretario de Ingresos Ismael Gómez Gordillo, quien sustituía en el cargo a Gil Díaz desde abril de ese año, firmó un adendum modificatorio al contrato del fideicomiso Aduanas I, por el cual se introdujo una cláusula que obliga a enterar todos los recursos obtenidos a través del Derecho de Trámite Aduanero a la Tesorería de la Federación. Nunca se cumplió. Se trata de cantidades muy importantes. En sus informes a la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones multimillonarias sobre la revisión de las cuentas públicas de 2001, 2002, 2003 y 2004, hasta sumar nueve mil 985 millones de pesos ingresados a ISOSA a través del cobro del Derecho de Trámite Aduanero, que no fueron enterados a la Tesorería de la Federación. El 14 de agosto de 2006, la Corte emitió la resolución que impidió a la ASF fiscalizar a la empresa ISOSA por su naturaleza privada. Tras el fallo, la Secretaría de Hacienda accedió que el fideicomiso Aduanas I, de origen privado, se convirtiera en público y fueron restituidos dos mil 457 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, de los casi diez mil millones que no le fueron enterados. Luego inició la liquidación del fideicomiso público Aduanas I, y también de la empresa ISOSA. Pero el penúltimo capítulo de esta trama, aún no concluye. Por el resquicio abierto en la resolución de la Corte, transitan ahora los trabajos de fiscalización de la la ASF sobre este caso. "Se puede revisar el mecanismo de distribución del peso recaudado. Estamos revisando la Cuenta Pública de 2005 y estamos revisando los derechos de trámite aduanero. Vamos a presentar, dentro del informe que rindamos el 31 de marzo, un resumen de toda esta situación. Seguiremos adelante, no importa lo que pase", manifestó Arturo González de Aragón.