A UNA SEMANA EL ESPURIO HA UNIDO AL PUEBLO PERO EN SU CONTRA.

Luis Hernández Navarro

Oaxaca: terrorismo de Estado.

"Haz patria. Mata un maestro", puede leerse en una de las carreteras que atraviesan la región Cañada en Oaxaca. La pinta, que recrea uno de los eslóganes favoritos de los grupos antichilangos activos hace unos años en la frontera norte, describe el ánimo que se respira en el priísmo local hacia el movimiento en contra de Ulises Ruiz. Explica inequívocamente lo que los grupos de poder local entienden por paz.

Las amenazas no sólo aparecen en muros. El sacerdote Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, párroco de San Pablo Huixtepec y coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, ha recibido llamadas telefónicas a su celular en las que le dicen: "Te vamos a matar, te vamos a partir tu madre, te va a llevar la chingada..."

La consigna y la amenaza están lejos de ser retóricas. Paramilitares, sicarios y policías vestidos de civiles y gendarmes federales han hecho patria, tal como reclamó la mano anónima que pintó el camino de la Cañada. En los últimos tres meses han sido asesinados en Oaxaca, al menos, 20 personas. La cifra podría ser mucho mayor. Organismos de defensores de derechos humanos han documentado cerca de 60 desaparecidos.

Las muertes, las persecuciones políticas, las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones de Oaxaca tienen un objetivo: crear un clima de miedo, utilizando métodos ilegítimos para acabar con la sublevación popular en el estado. Se trata, simple y llanamente, de terrorismo de Estado.

El recuento completo de las atrocidades gubernamentales no ha podido hacerse aún. El mismo ambiente de pavor que se vive en la entidad ha impedido hacerlo. Durante días, quienes estaban capacitados para documentarlo no pudieron salir a las calles, pues corrían el riesgo de ser aprehendidos. Defensores de derechos humanos y periodistas fueron detenidos arbitrariamente. En las calles, policías con listas y fotos organizaron una cacería de dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Muchos activistas tuvieron que guardarse en lugares seguros para conservar su libertad.

Los testimonios recabados son estremecedores. Son trozos que recuerdan una historia de ignominia ya vivida en México: Canoa, Tlaltelolco, el Jueves de Corpus, la guerra sucia. El recuento de los hechos es macabro. Incluye el robo de cadáveres mientras estaban siendo velados por sus familiares, con el pretexto de que requerían autopsia. Entierros en fosas clandestinas. Cuerpos apilados en la morgue. Presos amenazados de muerte e incomunicados. Presidentes municipales que convocan a la población para perseguir con machetes a maestros. Abusos sexuales contra mujeres. Golpizas que provocaron pómulos, dedos y cabezas rotas. Negociadores apresados traicioneramente. Menores de edad detenidos. Presos torturados.

El gobierno se ha empeñado en fabricar culpables. Un funcionario municipal fue presionado para que declarara que el movimiento era financiado por Gabino Cue, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Lo mismo sucedió con el defensor de derechos humanos Alberto Cilia, a quien obligaron a declarar que el legislador le pagaba 500 pesos por estar en las barricadas y fabricar cócteles molotov y cohetes. Un balance provisional evidencia la barbarie: 500 personas detenidas, 200 de las cuales continúan presas. De ellas, 80 por ciento no tiene relación alguna con la APPO.

Mientras tanto, los misteriosos incendios que devoraron edificios públicos y documentos oficiales el 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Oaxaca borraron las pruebas de los malos manejos administrativos de Ulises Ruiz. El fuego en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) borró todo evidencia incriminatoria de las compañías que crecieron de manera irregular en los últimos años y las que adeudaban impuestos. Los defraudadores pueden descansar tranquilos.

Curiosamente, entre los detenidos por la Policía Federal Preventiva el 25 de noviembre por encontrarse cerca de los incendios se encuentran nueve operadores políticos poco conocidos de Ulises Ruiz en las regiones.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que tratan con los rebeldes oaxaqueños han exhibido una mezcla de estulticia, autoritarismo e ignorancia. Exigen que en el diálogo no haya rollos, es decir, que un movimiento desbordado por los agravios que ha sufrido no hable de ellos. Demandan que los insumisos, que no son ni un movimiento gremial ni un partido político, tengan personalidad jurídica, o sea, que se apresten a convertirse en una asociación política. Exigen que contengan a los radicales o, lo que es lo mismo, que se conviertan en gendarmes de sus propios compañeros. Se escudan en el estado de derecho para violar las leyes.

El nuevo gobierno ha convertido a Oaxaca en el laboratorio para diseñar la política hacia los movimientos sociales. Su objetivo es limitarlos. Según Abraham González, ganadero lechero apodado El Nazi por su talante democrático, reconvertido hoy en subsecretario de Gobernación, se trata de que "el país tenga el menos volumen o el menos número de movimientos que alteren la paz social."

En su primera semana de funciones, el gobierno de Felipe Calderón ha provocado una verdadera crisis de derechos humanos. Todo un récord. ¿Piensa así que el turismo llegará a México? ¿Cree de verdad que ésa es la vía para que el capital extranjero invierta? El terrorismo de Estado puesto en práctica en Oaxaca es hoy, no el camino para el despegue económico, sino la apuesta más consistente por descarrilar al país.