A PROPOSITO DEL OPERATIVO MICHOACAN

Recorde una nota de proceso y el NARCO SEXENIO, aqui entenderemos porque es una JALADA mediatica este rollo del operativo:

Saldos del narcosexenio
Ricardo Ravelo

El auge del narcotráfico en el sexenio de Vicente Fox, tan evidente como su extensión a un número cada vez mayor de estados, no hubiera sido posible sin la protección de las instituciones, particularmente de la policía, asegura el académico español Carlos Resa Nestares. En un estudio sobre la evolución de los cárteles en México el especialista sostiene que entre los saldos del gobierno foxista está el hecho de que la guerra contra el narcotráfico se convirtió en una “industria” que derrama cientos de millones de dólares anuales.

Más de la mitad de los policías del país están implicados en la protección a los cárteles de la droga, lo que ha provocado un recrudecimiento de la violencia en la recta final del foxismo y en el inicio del gobierno calderonista. De esta manera, asegura el investigador español Carlos Resa Nestares, tales índices de violencia no se circunscriben sólo a los cárteles de la droga ni a la disputa por las narcorrutas, sino al núcleo de protección: los cuerpos de seguridad del país.

Como en ningún otro sexenio, en el de Vicente Fox –durante el que fueron asesinados 69 agentes de la AFI– “la protección oficial” se convirtió en el negocio más rentable, por lo que ahora es posible otorgar “mayor valor agregado a las mercancías ilegales” que transitan por el territorio nacional, puntualiza Resa Nestares, académico de la Universidad Autónoma de Madrid y de El Colegio de México que dedicó los últimos 10 años a una extensa investigación, titulada Narco-Mex, S.A: Economía y administración de empresas en la industria mexicana de las drogas.

En su trabajo, el experto en temas de seguridad y narcotráfico hace un análisis sobre la evolución del crimen organizado en América Latina y en México. Ahí expone que el auge de esa actividad no hubiera sido posible sin la protección de las instituciones, particularmente de la policía.

Resa asegura que en México la guerra del gobierno contra el tráfico de drogas se ha convertido en una “industria” que derrama cientos de millones de dólares anuales, pues, indica, entre “más grande es el enemigo”, más dinero y recursos se invierten para combatirlo.

A los narcos, explica, “poco les interesan” las luchas por los territorios, puesto que nadie tiene mejor control de las regiones y de las zonas de paso más importantes que las corporaciones policiacas.

Y aclara: La venta de protección no debe entenderse como la extorsión. “Las empresas mafiosas no sólo es que tengan un interés egoísta en el mantenimiento de los flujos comerciales, tanto en mercados legales como ilegales. Es que facilitan las relaciones comerciales al insuflar garantías a los actores acerca de que se respetarán los derechos de propiedad y se cumplirán los contratos.

“No sólo eso, sino que la existencia del protector beneficia a los actores establecidos al elevar los costos de entrada y así inhibir la competencia. Por lo tanto, la relación entre productores y compradores de protección tiene mucho de consensuada y bastante menos de imposición unilateral por parte de los vendedores. La protección de los mercados legales e ilegales es el corazón del crimen organizado, aunque sus actividades se pueden extender a la participación de otros mercados. Pero en algunos casos, como (en el de) los mercados de drogas, la participación de empresas mafiosas es contradictoria con el mantenimiento de su base de rentas al inducir una competencia violenta entre empresas de protección.”



El gran negocio policiaco



El investigador español, quien afirma que declinó la oferta del Fondo de Cultura Económica de publicar su libro en dos tomos debido a su extensión –tiene mil 208 páginas–, continúa:

“El crimen organizado es un componente más de un ambiente concreto de relaciones personales y familiares en el que las actividades delictivas eran (y son) rutinarias, pero el hilo conductor es la vida social. El mafioso es un notable de la comunidad en tanto acumula favores de cualquier naturaleza con respecto de otros miembros, que de ese modo se prestan a cooperar de manera voluntaria, aunque limitada, en sus actividades empresariales.

“Las fiestas de los narcos no son para divertirse: se organizan para hacer negocios. Y el que tiene más invitados poderosos (policías, funcionarios o altos mandos militares) está enviando un claro mensaje a otros competidores; les hace sentir quién tiene todo el apoyo y la protección. Entonces, quienes se disputan las rutas no son los narcos. A los mafiosos lo que menos les conviene es la violencia. La gran disputa está en los cuerpos de seguridad, porque son los que en realidad están bien organizados: por zonas, por regiones, por estados, por distritos y municipios.”

Resa Nestares asegura, incluso, que el principal negocio de la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instituciones, como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) –de donde surgieron las figuras más notables del narcotráfico–, siempre ha sido la protección. Los casos de Amado Carrillo y Rafael Aguilar Guajardo, quienes comenzaron como agentes federales, son dos ejemplos representativos. Ambos tenían información estratégica privilegiada y luego pasaron a formar parte de los grupos operativos. Lo mismo ocurrió con Guillermo González Calderoni, conocido como El narcopolicía, quien tuvo una etapa de esplendor en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari al detener a algunos de los delincuentes más buscados, al tiempo que se hizo multimillonario protegiendo a narcotraficantes.

Resa apunta en su investigación: “El monopolio de base territorial no implica por sí mismo la inexistencia de relaciones entre empresas de protección. Sus vínculos, en su mayoría, no son orgánicos: consisten en el mantenimiento de algunos elementos que le son comunes a todas las empresas, como la conservación de la reputación o imagen de marca asociada con la mafia, y de cuya representación simbólica derivan sus oportunidades de negocio. En principio, la reputación sobre la utilización eficaz de la violencia es divisible y, por lo tanto, susceptible de ser franquiciada siempre que sea capaz de visualizar las relaciones entre franquicia y el franquiciado”.

En Narco-Mex, Resa Nestares menciona que en Tamaulipas, Baja California, Nuevo León, Guerrero y Michoacán –los estados con mayor índice de violencia asociada con el narcotráfico– los principales protagonistas son agentes federales y locales que se han sumado a la protección de los cárteles.

El periodista Jesús Blancornelas –quien falleció el 23 de noviembre último– coincide con el investigador español. Entrevistado por este reportero a principios de octubre, el autor de El cártel, una radiografía de los hermanos Arellano Félix desde sus orígenes, declaró que la protección policiaca siempre les ha dejado buenos dividendos a los narcos (Proceso 1564).

Y como ejemplo de lo anterior Blancornelas explicó que los hermanos Arellano Félix se iniciaron en el negocio del narcotráfico en el período en que Xicoténcatl Leyva Mortera fue gobernador de Baja California (1983-1989), luego de pactar con Edgardo Leyva, hermano del mandatario estatal.

Esa fórmula se repitió –según Blancornelas– en el gobierno de Ernesto Ruffo, en cuya administración toda la policía terminó ligada a la familia Arellano Félix, cuyos integrantes no sólo tuvieron protección, sino también acceso a información estratégica.



Territorios críticos

En el estado de Guerrero, el cártel de Sinaloa ha sido uno de los principales beneficiarios de la protección policiaca. Apenas en enero pasado una docena agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) del puerto de Acapulco resultaron implicados en una ola de secuestros “por encargo del narco”, según consta en las averiguaciones previas SIEDO/CSA/DGACA/1728/2005 y PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005.

Se trataba de los agentes José Luis Sánchez Báez, Daniel Zúñiga Oloño y Víctor Rolando García, entre otros, quienes, de acuerdo con la indagatoria, obedecían órdenes de los hermanos Beltrán Leyva y de Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, para utilizar su poder y “levantar” a miembros de Los Zetas que pretendían penetrar en el estado de Guerrero por órdenes de Ezequiel Cárdenas, El Tony Tormenta, hermano de Osiel (Proceso 1527).

La investigación de la SIEDO, que fue desmentida por el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca –“por desconocimiento del tema”, se supo después– también mencionaba que La Barbie había reclutado policías y taxistas para conformar un cuerpo de seguridad del cártel de Sinaloa en Guerrero, conocido como Los Halcones.

En Tamaulipas, el cártel del Golfo puso en práctica un esquema similar, a la cabeza del cual se colocó a Gregorio Sauceda, recién relevado de la estructura de esa organización. Cientos de agentes ministeriales, estatales y federales fueron reclutados para formar un “cerco de protección” para los capos. Así surgió el llamado Comando Negro, que se caracterizó por los “levantones” de los rivales del cártel del Golfo.

De todos los estados de la República, sobresale Michoacán por la incidencia de asesinatos vinculados con el narcotráfico: 3 mil 500 en lo que va del sexenio foxista, según la PGR y la procuraduría del estado. En buena medida, los “blancos” han sido policías locales, alcaldes, regidores y empresarios. Ningún crimen ha sido atraído por la PGR, a pesar de que en esos crímenes se han usado armas de alto poder, como AK-47. La razón: la PGR no cuenta con recursos para investigar todos los casos, aseguró el procurador Daniel Cabeza de Vaca.

El martes 14 de noviembre Michoacán volvió a sacudirse por la violencia del narco: un comandante y cuatro policías, todos asignados a la Procuraduría de Justicia, fueron ejecutados en el municipio de Aguililla, demarcación famosa por los ajustes de cuentas entre familias ligadas con el negocio de las drogas. Los cinco cuerpos recibieron más de 600 tiros de rifles AR-15 y fusiles HK-2.

Los ejecutados fueron José Joaquín Cardona Adame, comandante y jefe de grupo; el policía Roberto González Anaya y los agentes ministeriales Miguel Ángel López Ortiz, Luis Porfirio Pacheco González y Alejandro Rico Morales. En lo que va del año, las muertes por violencia se elevaron a 472.

De acuerdo con el mapa criminal de la SIEDO, Michoacán es asiento de todos los cárteles de la droga debido a su situación estratégica. Y es que ese estado es “la puerta de entrada” hacia el Pacífico, ruta por la que se introduce la droga a territorio estadunidense.

La década pasada el cártel del Milenio, de los hermanos Valencia Cornelio, comenzó a trabajar en Michoacán de manera independiente, pero perdió fuerza tras el arresto de Armando Valencia, el 18 de agosto de 2003. Después, Carlos Rosales, Carlitos, representante del cártel del Golfo, intentó tomar el control del estado, pero los miembros del cártel de Sinaloa se lo impidieron. El Carlitos fue arrestado el 21 de noviembre de 2004.

NOTA: ¿Que pasara luego del operativo? .....NADA.