REPRESION EN OAXACA.

Ciudad policíaca

jueves, 07 de diciembre de 2006

Elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) continúan * Simpatizantes y dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se esconden para evitar ser aprehendidos / Sin embargo, siguen los preparativos de la marcha del domingo para exigir la liberación de los presos políticos enviados a La Palma, Matamoros y Tepic, Nayarit / Más casos de detenciones a inocentes que fueron brutalmente golpeados y amenazados con sus rondines en la ciudad de Oaxaca, donde simpatizantes y dirigentes de la APPO se esconden para evitar ser detenidos. OAXACA, Oaxaca, 6 de diciembre (APRO).- Luego de la detención de Flavio Sosa, simpatizantes y dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se resguardaron para evitar nuevas aprehensiones. Sin embargo, siguen los preparativos para la marcha anunciada para el próximo domingo, en demanda de la liberación de los 145 “presos políticos” que han sido enviados a los penales de alta seguridad del Altiplano (antes La Palma) y Matamoros, Tamaulipas, y el de mediana seguridad de Tepic, Nayarit. Los rondines que la Policía Federal Preventiva (PFP) venía efectuando en toda la ciudad, principalmente en colonias y barrios donde la APPO tuvo mayor presencia e instaló barricadas, disminuyeron considerablemente desde anoche y en el transcurso del día. En un recorrido realizado en algunos de estas colonias, como Brenamiel, Siete Regiones, Cinco Príncipes, Volcanes y San Felipe, entre otras, sólo se observaron algunas camionetas con elementos de las policías municipal y ministerial realizando labores de vigilancia. Una de estas fue descubierta cuando se detenía a cinco jóvenes, a los que subieron a las unidades en calidad de “sospechosos”. Mientras que en el Zócalo de la capital también se observó una disminución evidente de elementos de la PFP, en las calles aledañas se mantienen las tanquetas de agua y los campamentos donde pernoctan los policías desde hace casi un mes. En la Plaza de Santo Domingo, el segundo lugar donde la APPO instaló su campamento, también se redujo el número de elementos de la PFP. Sólo en el parque El Llano se mantuvieron los camiones y el campamento que instalaron las fuerzas especiales de la PFP, al mando del jefe de Estado de dicha institución, Ardelio Vargas. En la base militar ubicada en los terrenos de aeropuerto se pudo observar uno solo de los helicópteros que la PFP utilizó el pasado 2 de noviembre para lanzar gases lacrimógenos durante el enfrentamiento que sostuvieron con simpatizantes de la APPO en las calles aledañas a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Lo que permaneció fue un amplio número de camiones en los que son transportados los policías federales. A pesar de la disminución de operativos de vigilancia y de aprehensión por parte de los cuerpos policiacos federal y estatal, siguieron saliendo casos de detenciones a inocentes que fueron brutalmente golpeados y que están amenazados con ser trasladados al penal de Nayarit. ONU, preocupada por la serie de detenciones de los integrantes de la APPO, los motivos de éstas, los traslados de los detenidos a diferentes penales y también por los desaparecidos Un caso de estos es del arquitecto Porfirio Domínguez Muñozcano, quien fue detenido por la PFP la semana pasada y golpeado brutalmente, que se encuentra en un hospital con fracturas en el cráneo. Resulta que, el pasado miércoles, el arquitecto fue a sacar copias de unos planos y llevaba el tubo de plástico donde se guardan. Al ver que un grupo de agentes de la PFP y de la Policía Ministerial perseguían a varios jóvenes, el arquitecto buscó refugio en el quicio de una puerta. Al verlo con el tubo donde llevaba los planos, los policías lo detuvieron y comenzaron a golpearlo, quizá creyendo que era una bazuka casera la que traía en sus manos. Producto de los golpes, el arquitecto fue hospitalizado para ser intervenido de la fractura que tiene en el pómulo. Sus familiares presentaron una queja y demandaron que lo dejen en libertad. En respuesta, las autoridades del gobierno estatal les anunciaron que posiblemente sea trasladado al penal de Nayarit. Por su parte, en una entrevista radiofónica, el secretario de Gobierno del Estado, Heliodoro Díaz Escárraga, aseguró que el Gobierno de la Entidad no tiene ninguna investigación en su contra por casos de violación a los derechos humanos. Se deslindó, además, de toda responsabilidad en las detenciones de los miembros de la APPO, al manifestar que las órdenes de aprehensión contra sus líderes son responsabilidad del gobierno federal y no del estatal, ya que hubo una petición de colaboración para que se ejecutaran dichas detenciones. Por ello, adelantó que todas las acusaciones en materia de detenciones, desaparecidos y casos de tortura, deben ser atendidas por las autoridades federales. Por otro lado, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Amerigo Incalcaterra, afirmó que existe una gran preocupación de ese organismo por la serie de detenciones de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), los motivos de éstas, los traslados de los detenidos a diferentes penales y los desaparecidos. En este sentido, advirtió que no es a través de la violencia como se solucionarán las protestas de los inconformes. Las acciones del Estado deben darse dentro de un marco de respeto a las legislaciones nacionales, internaciones y, principalmente, a los derechos humanos: “Hay que respetar el derecho a la defensa, el debido proceso, y dar todas las garantías judiciales a las personas” que en momento determinado pudieran haber realizado un delito, si es que lo cometieron, puntualizó. En entrevista con este diario, Amerigo Incalcaterra expresó que la oficina que representa observa una “problemática a nivel nacional” de fenómenos que crean un contexto de violación a los derechos humanos como lo son la pobreza, la discriminación y la impunidad. De tal manera que de no atenderse dichas problemáticas, “lo que se produce son situaciones de violencia como hemos visto en Oaxaca y en otras regiones del país. Atender estos fenómenos debidamente a través de políticas públicas son y deben ser la prioridad de todo Estado y de todo gobierno”. Insistió en que la solución al caso Oaxaca debe ser mediante la vía negociada y dialogada: “Es a través del diálogo como se van a encontrar las principales respuestas a los problemas que tienen las sociedades y el tema de Oaxaca se va a solucionar con un diálogo franco, abierto, de todos los sectores”. El funcionario destacó que con el uso de la violencia no se solucionarán las protestas y tampoco puede ser el camino para reclamar los derechos que corresponden porque ésta no se justifica de ninguna manera. En el marco del encuentro El derecho de niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo a participar en la vida cultural, Incalcaterra señaló a este diario que es entendible que el Estado actúe para restablecer un orden público. “Pero siempre hemos pedido, sin embargo, que esas acciones sean respetuosas de los derechos humanos. Estamos preocupados por una serie de detenciones, los motivos de esas detenciones, traslados de detenidos y, principalmente, por un número de personas que todavía no sabemos su paradero”, estableció. Expresó que uno de los temas que más llama la atención de México a la oficina del alto comisionado es el de la pobreza. Por lo que señaló que este 10 de diciembre será un tema de reflexión que impulsarán porque la pobreza discrimina, divide y separa. Es importante que el Estado y su conjunto redoblen su esfuerzo para asumir la responsabilidad que le corresponde, lo que implica acciones concretas, apuntó. En materia de responsabilidad social, Naciones Unidas sugiere articular programas con un enfoque de derechos humanos y no de tipo asistencialista. Se trata de implementar un proyecto donde se empodere a la persona “en sus propios derechos y pueda en igualdad de condiciones participar de todos los beneficios que signifique vivir en un estado democrático y social”, concluyó. (APPO / LA JORNADA)