LA ULTRADERECHA EN MORELOS UNA BASCA...COMO TODOS ELLOS.

Morelos: La ‘aristocracia’ de la corrupción (I de II partes)

agustín olais
Cuernavaca, Mor., 6 de diciembre (apro).-

Muy lejos de las promesas de campaña, el “gobierno del cambio” en la entidad potencializó la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la actividad del narcotráfico. A lo largo de seis años, el panista Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez instauró una frívola “aristocracia” que rápidamente se enriqueció frente a la precaria situación que vive cerca de la tercera parte de la población morelense.

Las “empresas del sexenio”, beneficiadas con la asignación ilegal de millonarios contratos, comienzan a conocerse en medio de rigurosas auditorías que confirman sólo una cosa: corrupción desde las más altas esferas del poder político.

Bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), Estrada Cajigal ofreció prosperidad a un pueblo de profundas raíces campesinas, pero sistemáticamente olvidado y condenado a la migración. A cambio, además de no cumplir esa promesa, le hereda a su sucesor, Marco Antonio Adame Castillo, quien el pasado 2 de julio sólo obtuvo el voto de 15% del electorado local, un gobierno cuestionado y reprobado por un amplio sector de la sociedad.

Hace unos días la Contraloría General y la Auditoría Superior Gubernamental confirmaron dos investigaciones en contra de la administración de Estrada Cajigal por la compra, sin licitación, de una red inalámbrica a la empresa Gemtel por 32 millones de pesos. Las primeras conclusiones de la auditoría señalan que la adjudicación fue ilegal y que el gobierno de manera irregular pagó anticipadamente por un servicio incompleto, incluidos 16 millones de una póliza de mantenimiento por los próximos cinco años.

El documento, que no descarta el daño patrimonial, confirma responsabilidades administrativas y penales para el entonces oficial mayor del gobierno del estado, Alfonso Eugenio Pedroza Ugarte; el director general de Recursos Materiales y Control Patrimonial, Mario Arregui Uribe, y otros diez funcionarios.

El contrato del sistema inalámbrico, que debió quedar instalado a mediados de julio pasado, prevé la instalación de diez radio-bases para la conectividad del palacio de gobierno con 92 edificios públicos, tres conmutadores para 800 líneas telefónicas y la colocación de 20 cámaras de video para monitoreo permanente de puntos estratégicos.

Cubrir las espaldas
De manera sorpresiva, la semana pasada diputados de oposición en el Congreso local acusaron a Adame Castillo de tratar de encubrir a su antecesor, al no ordenar investigar la adquisición previa de otra red inalámbrica para el Sector Salud por casi 7 millones 300 mil pesos.

Según la licitación pública 46063001/013/05, la adjudicación fue ganada por Inmobiliaria Hernández, empresa que en agosto de 2003 extrañamente aumentó su capital a un millón de pesos y cambió su objeto social en una asamblea convocada por su administrador y también diputado local suplente del PAN, Humberto Alfonso Ricardo Hernández Barbosa.

Los señalamientos de encubrimiento tomaron fuerza porque oficialmente ya se conocía que esa red era inoperante.

En un documento, fechado el 25 de septiembre pasado, el propio director de los Servicios de Salud, Humberto López González, le informa al oficial mayor que “…En la actualidad se tiene problemática con 70% de la red por diferentes causas, (equipo dañado por descargas eléctricas principalmente), es por ello que estos Servicios de Salud de Morelos pretenden contratar una póliza de mantenimiento de dicha red”, gasto adicional de soporte estimado en casi millón y medio de pesos anuales.

Los escándalos.
Mecánico de profesión hasta hace una década, Sergio Estrada entró por la puerta grande a la política a partir de 1996 cuando el PAN, necesitado de candidatos, le ofreció participar en la contienda por la presidencia municipal de Cuernavaca, la que ganó gracias al peso del apellido paterno.

Cuatro años después, con 39 años de edad y encaramado en la ola foxista de 2000, alcanzó la cúspide del poder local para dar rienda suelta a caprichos y ligerezas que lo llevaron a protagonizar escandalosos episodios de ingobernabilidad.

Apenas ocupó la silla, exhibió su debilidad a rodearse de mujeres, los autos de carreras y los reflectores. A unos días de asumir el cargo, organizó una fiesta de disfraces en Casa de Gobierno, en que apareció vestido de Drácula, en un festín en que hicieron acto de presencia hermosas edecanes, y corrieron los buenos vinos y bocadillos exóticos.

Después, en otro episodio y al calor de los tragos, el gobernador irrumpió de madrugada en la pista de Go-karts en Cuernavaca para demostrar sus habilidades de piloto, escandalizando al vecindario.

Pero el símbolo de la enorme frivolidad de Sergio fue la adquisición de un helicóptero para el que autorizó un presupuesto inicial de casi 20 millones de pesos, cifra que se triplicó porque a principios de este año superaba los 60 millones.

El cártel de Tijuana en Morelos.
Los primeros indicios de la relación de Sergio con el narcotráfico fueron documentados en agosto de 2001, cuando miembros de inteligencia militar entregaron a sus superiores una ficha informativa que detallaba pormenores de los personajes, centros de distribución y el modus operandi de una presunta red delictiva en la que participaban miembros del cártel de Tijuana, comandado por los hermanos Arellano Félix, y varios funcionarios del gabinete estatal, entre ellos el entonces secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, hombre de todas las confianzas y para muchos inclusive operador del mandatario panista en distintos negocios ilícitos.

La tarjeta, clasificada como Consigna C4/A2/0297, relata lo siguiente: “…Hay elementos que permiten suponer que el gobernador no desconoce la gravedad del asunto, ya que a últimas fechas se ha visto rondar en las oficinas del Palacio de Gobierno a un sujeto, quien tiene un tic facial y al parecer fungió con Estrada Cajigal cuando fue presidente municipal, destacando que el sujeto al parecer fue agente judicial y mantiene nexos con los propietarios del Hotel Marbella (de la colonia Antonio Barona), que funciona como centro de operaciones del narcotráfico a gran escala entre los estados de Guerrero y el Distrito Federal, y en el que tiene participación el presunto narcotraficante Félix Jiménez Olivares”.

En 2002, el gobernador "del cambio" demostró de qué lado estaba. Seducido por la generosidad de las trasnacionales Cotsco y Comercial Mexicana para invertir 60 millones de dólares en la construcción de una plaza comercial de primer mundo sobre instalaciones del otrora hotel Casino de la Selva en Cuernavaca, adquirido por debajo de su precio comercial en un remate del gobierno federal, Sergio utilizó la fuerza pública para desalojar y encarcelar a los ambientalistas que, sin éxito, se opusieron al derrumbe de los murales plasmados en el interior del inmueble por los pintores Jesús Reyes Meza, Josué Renuá, Jorge Flores y Francisco Casa (1946-1969).

Cártel de Juárez, también.
El clímax de los escándalos llegó en 2003, en que el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu denunció pública y legalmente que gatilleros al servicio de la mafia pretendían asesinarlo por instrucciones del propio gobernador panista, lo que dio origen al expediente bautizado como "caso Morelos", cuya investigación derivó en la detención de José Agustín Montiel López, excomandante de la Policía Ministerial, acusado de proteger a miembros del cártel de Juárez, encabezado por el extinto Amado Carrillo Fuentes.

Desde abril de 2004, Montiel López fue encarcelado en el penal de alta seguridad de La Palma, en el Estado de México, en que apenas en octubre pasado le fue ratificado su auto de formal prisión por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.

El proceso penal reveló que Enrique Yépez Uribe, El Jarocho, uno de sus exagentes convertido en testigo protegido, confirmó que el excomandante vendía protección a los narcotraficantes Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, cuya hija Nadia sostenía "relaciones sentimentales" con el gobernador Estrada Cajigal.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/UEDO/193/03, Yépez Uribe comentó que el movimiento de droga se hacía a través del aeropuerto de Tetlama hacia el rancho "La Luz", en el municipio de Tetecala, propiedad de Amado Carrillo Fuentes, y a otro rancho de la comunidad de Juliantla, Guerrero, de Joan Sebastian, el mismo lugar a donde en helicóptero llegó el gobernador morelense para asistir al velorio de Trigo Sebastian, hijo del cantante.

Los presuntos nexos de Sergio Estrada con capos del narcotráfico propició que el Congreso local abriera un juicio político en su contra, el cual después de dos años de ser litigado en tribunales federales y estatales fue anulado por fallas técnicas de los diputados demandantes, lo que no cerró la sospecha de la posible colaboración del gobernador con la delincuencia organizada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación no llegó al fondo del asunto.