PURO CIRCO.

Operativo teatral

domingo, 17 de diciembre de 2006

Sin precedente como acción inicial de un sexenio, el despliegue policiaco y militar en Michoacán... Reportaje Tan espectacular como probablemente ineficaz, la Operación Conjunta Michoacán, ordenada por Felipe Calderón para contener la ola de violencia en su estado natal y desarticular las bandas de narcotraficantes que operan ahí, constituye también una medida propagandística. Según expertos consultados, el macro operativo antinarco busca conferirle "legitimidad" al nuevo presidente de la república ante una sociedad que todavía ve con incredulidad su desempeño La Operación Conjunta Michoacán -anunciada el lunes 11 para exterminar a los cárteles de la droga afincados en esa entidad y detener la ola de violencia asociada a esas organizaciones delictivas- no busca en los hechos acabar con el narcotráfico, ni mucho menos frenar el suministro de droga que entra al país por el Océano Pacífico, en particular por las costas michoacanas; "es una medida mediática y bastante espectacular" con la que Felipe Calderón sólo persigue un objetivo: legitimarse como presidente de la República, afirman José Luis Piñeyro y Luis Astorga, especialistas en temas de seguridad nacional y narcotráfico, respectivamente. Sin precedente como acción inicial de un sexenio, el despliegue policiaco y militar en Michoacán -que movilizó a 6 mil 954 elementos, entre policías, marinos y militares- es también una medida política que, según los expertos consultados, contiene varios mensajes dirigidos al narcotráfico y a los adversarios de Calderón: que este gobierno sí instrumentará una política antidrogas y que habrá coordinación entre las distintas fuerzas responsables de combatir el narcotráfico, lo que no logró Fox durante su gobierno. De paso, Calderón persigue "alcanzar legitimidad" ante una sociedad que aún lo ve con incredulidad al menos en el terreno del combate frontal al tráfico de drogas, pues durante su campaña el tema no fue una prioridad. Durante el gobierno foxista, los miembros del cártel de Sinaloa, quizá los más viejos en el negocio, reforzaron sus posiciones en casi toda la República, lo mismo que el cártel de Juárez, cuyos miembros son ex socios y viejos conocidos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se convirtió en el capo más buscado durante el llamado gobierno del cambio. Ante el fracaso gubernamental para capturarlo, brotaron signos de que las fallas del gobierno en realidad se traducían en una bien organizada protección, por lo que Guzmán Loera fue llamado "El Capo del Sexenio". Vicente Fox arrancó su gobierno, en diciembre de 2000, con las redes del cártel de Juárez infiltradas en la PGR y en el Ejército, pues habían penetrado sus estructuras a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando desde la Secretaría de la Defensa Nacional se pretendió negociar con ese cártel para que el capo Amado Carrillo pudiera operar con libertad el negocio de las drogas. A diferencia de los gobiernos de Zedillo y de Vicente Fox -que recibieron un país con el narco más o menos controlado-, Calderón inició su gestión como presidente cargando a cuestas una herencia sangrienta: existen unas 3 mil ejecuciones sin investigar -más de 500 de esas muertes se registraron tan sólo en Michoacán- y frecuentes choques entre sicarios, signo de la abierta disputa por los territorios. Un ejemplo: Hace poco menos de un mes, en esa entidad -tierra natal de Felipe Calderón- hizo su aparición, mediante la publicación de sendos desplegados en los diarios La Voz de Michoacán y El Sol de Morelia, una organización autodenominada La Familia, identificada por la Procuraduría General de la República (PGR) como una extensión de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo. Afincados en Michoacán desde tiempo atrás, tanto el cártel de Sinaloa como el del Golfo se empezaron a disputar el control del estado. Ambos grupos criminales tendieron sus redes en los 113 municipios de la entidad. Los enfrentamientos fueron mayores en Lázaro Cárdenas. La razón: el control de esa terminal portuaria -puerta de entrada hacia el Pacífico-, por donde arriba la mayor parte de la droga proveniente de Venezuela y Colombia. Un dato: tres días antes del despliegue militar en Michoacán -que en realidad inició el viernes 8- en esa terminal portuaria se descubrió un cuantioso cargamento de pseudoefedrina: 19.7 toneladas procedentes de China, lo cual aceleró la puesta en marcha de la operación, dijo el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora. Michoacán, Guerrero y Jalisco conforman un triángulo en permanente disputa por parte de los cárteles de Juárez, Sinaloa, Milenio y del Golfo, los cuales han tendido amplias redes con el apoyo de un buen número de policías, tanto federales como locales, que les sirven de escudo no sólo para sus grandes operaciones de trasiego, sino para vigilar sus centros de venta de droga al menudeo. De acuerdo con un informe del grupo GIZ (Grupo de Inteligencia de Zona), al que este semanario tuvo acceso, esos cárteles son responsables de la guerra en Michoacán, la cual ha cobrado visos de espectacularidad y horror por la degollación de varios rivales de La Familia y de Los Zetas. La lucha entre los cárteles de Sinaloa y Golfo, por ejemplo, arreció en la recta final del gobierno de Fox -según el GIZ- presuntamente para "forzar una negociación" con Felipe Calderón, quien es oriundo de ese estado. La respuesta gubernamental fue casi inmediata: once días después de haber tomado posesión como presidente de México, Felipe Calderón instrumentó la Operación Conjunta Michoacán para frenar la violencia, desarticular a los cárteles de la droga y ejercitar unas 300 órdenes de aprehensión contra igual número de presuntos narcos, entre otros, los hermanos Valencia, cabezas del llamado cártel del Milenio; Joaquín El Chapo Guzmán -socio de Los Valencia- Los Zetas, y varios miembros de La Familia, enclave del cártel del Golfo. Desde el lunes 11 llegaron a Michoacán cerca de 7 mil efectivos, entre policías, marinos y agentes federales; desde ese día, en el estado sobrevuelan 19 aviones, 38 helicópteros y tres patrullas de intercepción aérea; al mismo tiempo, cerca de 200 kilómetros de costas son vigiladas por una patrulla oceánica apoyada por un helicóptero; las carreteras del estado son vigiladas con 246 vehículos; se colocaron 27 puntos de revisión carreteros y se pusieron en operación tres detectores de rayos gamma. Un total de 131 bases de operaciones militares fueron desplegadas para erradicar plantíos de droga, el segundo problema más grave del estado después de la violencia. Al justificar el operativo, el general Alonso Garrido, comandante de la 43 Zona Militar, dijo que a esta región le corresponden 16 municipios, y en todos -reconoció- hay enervantes. Se trata de las demarcaciones más socorridas por los narcotraficantes para el cultivo de mariguana y amapola; entre ellas Apatzingán, Aguililla, Lázaro Cárdenas, Aquila, Tubiscatío, Coalcomán y Arteaga. El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, conoce bien la radiografía del narco en la entidad, pues fue jefe de la Zona Militar estatal durante el gobierno de José Tinoco Rubí. Aunque la PGR supuestamente mantuvo en forma permanente la erradicación de cultivos ilícitos en el país -sobre todo en Michoacán- durante el operativo elementos del Ejército descubrieron mil 100 hectáreas sembradas de mariguana, las cuales eran protegidas por un grupo de gente armada. -Si se descubrió este sembradío de mariguana tan extenso, ¿cómo se explica su existencia? ¿Por qué no se destruyó antes si la PGR mantenía una campaña permanente de erradicación? -se le pregunta al investigador Luis Astorga, quien responde: -Creo que la administración de Fox le dio prioridad a la captura de las cabezas importantes de las organizaciones. A la captura de Osiel Cárdenas, de Benjamín Arellano... Cumplió con una de las exigencias del gobierno de Estados Unidos. La apuesta fue detener a esos cabecillas con la esperanza infundada de que así se iban a desarticular las bandas que dirigían. "En el resto de la tarea contra el narcotráfico, en la administración de Fox hubo falta de voluntad para atacar el problema y fue evidente la desarticulación en el gabinete, lo cual fue tan grave que daba la apariencia de que cada quien hacía lo que se le daba la gana. Creo que este operativo en Michoacán en parte busca marcar las diferencias con el anterior gobierno". Además del rastreo de droga y el sellamiento de las costas michoacanas, otro objetivo anunciado por el gabinete de seguridad es ejecutar unas 300 órdenes de aprehensión contra grupos de narcotraficantes, entre ellos los hermanos Valencia Cornelio, cabezas del cártel del Milenio. Según datos confirmados en la PGR, desde abril de 1999 la Sedena cuenta con informes sobre las operaciones del cártel del Milenio en Michoacán. En 1999, agentes federales detuvieron a Gilberto Garza García, "El Güero Gil", pieza clave del cártel de Juárez en el sureste del país. Este personaje, según los informes de la PGR, fue el primero que aportó información sobre el cártel del Milenio y de los hermanos Valencia cuando en los expedientes criminales tanto de la PGR como de la Sedena no tenían registros de su existencia. Garza García declaró cómo operaban los Valencia estando internado en el Hospital Militar. En ese tiempo, los Valencia ya eran importantes en el tráfico de drogas: introducían 150 toneladas de cocaína mensuales en barcos atuneros. Después, el colombiano Gino Brunetti confirmaría lo dicho por Garza García ante la PGR. Pero hasta ahora sólo Armando Valencia, "El Maradona", está preso en La Palma. Sin modificaciones mayores en su estructura, el cártel del Milenio sobrevivió a las acometidas de otros cárteles: estuvo relacionado, tiempo atrás, con el cártel de Tijuana, pues sus cargamentos cruzaban por Baja California Sur; luego se ligaron al cártel de Sinaloa, grupo que les permitió sobrevivir, mas no extender sus dominios a otros estados. Preocupaciones A pesar de que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que la lucha contra el narco será larga, operativos como el actual sólo tienen efectos disuasivos: no van al fondo del combate al narcotráfico; en cambio, buscan el impacto político y marcar las diferencias con el gobierno de Fox, caracterizado por su falta de voluntad para combatir al crimen organizado, sostiene el investigador Luis Astorga. Según el autor del libro "El siglo de las drogas", con el macro operativo, Calderón pretende demostrar a los grupos dedicados al narcotráfico que sí hay un árbitro, y que es el Estado el que tiene el poder para imponer las reglas del juego, puesto que parecía que eran los narcos los que estaban retando al Estado. Otro mensaje que Astorga observa es que, a diferencia del desastre de la política criminal del régimen anterior, esta vez Calderón manda la señal de que en su gobierno sí habrá coordinación en la política antidrogas y que la Secretaría de Gobernación será la que marque las pautas, tal como ocurrió con el anuncio de la Operación Conjunta Michoacán. Pero lo que más preocupa al investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es que, sin el soporte de un marco legal regulatorio, Calderón echa mano del Ejército y de su extensión, la Policía Federal Preventiva, sin aclarar por cuánto tiempo estarán los militares fuera de sus cuarteles. El gobierno de Calderón, sostiene, comete el error de entregarle la coordinación de la política criminal a Gobernación y la parte operativa al Ejército, a pesar de que la ley establece que es la Procuraduría General de la República (PGR) la única institución responsable para perseguir los delitos y que, en el engranaje de la Operación Michoacán, se le observa como mera formalizadora de las acciones, no como la cabeza de todo el proyecto. Experto en el tema de las fuerzas armadas y la seguridad nacional en América Latina y profesor de la UAM Azcapotzalco, José Luis Piñeyro observa otras necesidades de Calderón con la Operación Conjunta Michoacán: "Calderón trata de hacer efectiva una promesa de campaña: garantizar la seguridad pública", pero en opinión del analista "tal medida tiene una alta dosis mediática y de espectacularidad" que indica que el presidente sólo busca la legitimidad que sabe que no logró en las elecciones del 2 de julio y que se refuerza, dice, con la campaña de spots publicitarios (inusual en el arranque de un sexenio) en el que se anuncia una obviedad: que hay un nuevo gobierno "y que yo -Felipe Calderón- soy el presidente". Según Piñeyro, si el objetivo presidencial es la búsqueda de la legitimidad ante la gente que no votó por él, entonces la Operación Conjunta Michoacán se convierte en una medida necesaria, pero insuficiente: "Necesaria porque de los 2021 asesinatos ocurridos durante el sexenio anterior, en Michoacán se cometieron 524. Así se justifica una acción de esta naturaleza, aunque no arroje los resultados esperados". -¿Usted considera que con este despliegue militar y policiaco se puede combatir el narcotráfico? -... El presidente Felipe Calderón dijo que el combate al narco será una guerra larga en el tiempo, pero no ha expuesto cuál será el espectro de las acciones para detener el problema. Anunciado el lunes 11 -hecho que se considera una falla grave en virtud de que alerta a los delincuentes perseguidos- el Operativo Conjunto Michoacán, según los expertos, es un remedo de las medidas emergentes Cruzada Nacional contra la Delincuencia y el Crimen y México Seguro, puestas en marcha al final de los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox y que, en su momento, fueron vistas como "acciones desesperadas" contra el narcotráfico. Para Luis Astorga, este operativo es comparable a la Operación Cóndor -puesta en marcha al final del sexenio de Luis Echeverría y en los primeros tres años del gobierno de José López Portillo-; y es que la operación actual, sostiene, carece de trabajo de inteligencia, lo que caracterizó a la otra. Señala que las acciones desarrolladas en aquel tiempo, ejecutadas sólo por la PGR y la Sedena, provocaron brotes de violencia: los capos de Sinaloa partieron a Jalisco y, en su opinión, ese efecto puede manifestarse con la aplicación del operativo en Michoacán. Dice: "El balance de la Operación Cóndor, en términos sociales, fue negativo. Hubo muchos casos de violaciones a los derechos humanos: gente detenida sin orden de aprehensión. Por las persecuciones, pueblos enteros de Durango, Sinaloa y Chihuahua se quedaron sin pobladores". -¿Usted confía en que la Operación Conjunta Milenio es la mejor forma de abatir el narcotráfico? -No. Es un mensaje político fuerte y creo que va más en ese sentido que en la destrucción inmediata o desarticulación definitiva de las organizaciones. Es un primer paso en este esquema que, como las propias autoridades han dicho, hay que estarlo evaluando. Tanto Astorga como José Luis Piñeyro coinciden en que el operativo en Michoacán traerá consecuencias difíciles para otros estados, por el llamado "efecto cucaracha", pues muchos narcos y sus gatilleros tendrán que recalar en otras entidades para refugiarse y seguir ajustando allá sus cuentas. Piñeyro concluye: "El operativo sólo cumple con dos objetivos: cerco y contención. Los narcos tienen tres opciones: la retirada táctica, bajar la guardia y esperar a que la operación termine o bien enfrentar a las Fuerzas Armadas. La tercera es la menos probable. El operativo no terminará con el narco: falta una campaña sistemática contra el consumo de drogas y el gobierno carece de mecanismos de apoyo social". (Ricardo Ravelo/APRO)