Al amparo castrense
Jorge Carrasco Araizaga
Ante su cuestionada legitimidad, los primeros actos y discursos de Felipe Calderón al asumir la Presidencia de la República se concentraron en las Fuerzas Armadas, a las que, en contra de su política de “austeridad”, les anunció considerables aumentos de sueldo y mejorías en prestaciones. Se rodeó, además, de jefes castrenses que, entrenados en la Escuela de las Américas y en la lucha contra el narcotráfico, respalden sus acciones de fuerza a pesar del “costo de vidas humanas”. E inclusive su secretario de Marina dio claras muestras de haber recibido el mensaje: “Estamos convencidos –dijo al presidente constitucional– de que el ejercicio de la autoridad obtenida debe imponerse”.
Débil en su legitimidad, el presidente Felipe Calderón se abraza a las Fuerzas Armadas. Con su decisión de aumentar los ingresos del Ejército y la Marina, hizo más que responder a una vieja demanda desoída: empezó a construir una base real de apoyo entre los militares ante las acciones de fuerza de su gobierno.
Pero a cambio de aumento en su presupuesto, los involucrará cada vez más en labores de seguridad pública, reforzando la tendencia de los últimos dos sexenios de transferir soldados y marinos a ese tipo de labores.
Al igual que sus antecesores Ernesto Zedillo y Vicente Fox, Calderón recurrió al Ejército y la Marina para incrementar la fuerza de la Policía Federal Preventiva. Y el pasado 13 de diciembre anunció la transferencia a la PFP de 10 mil soldados y marinos –7 mil 500 miembros de la Policía Militar y 2 mil 500 de la Marina–. Un paso más a la militarización de la seguridad y aun de la procuración de justicia lo dio la noche del viernes 15, cuando la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública anunciaron en forma conjunta la unificación del mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la PFP.
El nuevo responsable será Ardelio Vargas Fosado, hasta entonces jefe del Estado Mayor de la PFP en donde coincidió con Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública y director de la AFI en el pasado gobierno. Vargas Fosado, que tiene escasa experiencia de mando policial, también formó parte en el Cisen del grupo de su entonces director Eduardo Medina Mora, quien después fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública hasta que Calderón lo designó titular de la PGR.
La unificación de mando significa que una sola persona será la responsable de las acciones de seguridad pública a cargo de los militares de la Federal Preventiva y de la investigación ministerial y ejecución de órdenes de aprehensión a cargo de civiles.
A menos de dos semanas de haber iniciado su sexenio, dejó en claro que no fue gratuito que dedicara su primer acto de gobierno a las Fuerzas Armadas.
Y es que, al retomar una vieja costumbre del México posrevolucionario en la que los presidentes dedicaban un discurso a los militares, les anunció un aumento de sueldo en medio de los recortes a la administración pública, desayunó con ellos y les prometió ayuda en vivienda y reconstrucción de sus colonias en el país.
Pero al mismo tiempo se rodeó de jefes castrenses dispuestos a “imponer el ejercicio de la autoridad”, entre ellos generales formados en la Escuela de las Américas que el Ejército de Estados Unidos tenía en Panamá y que los instruyó en conflictos de baja intensidad y guerra irregular.
Además, junto con el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, integró el mando operativo del Ejército con militares que en su hoja de servicios cuentan con una amplia experiencia en actividades contra el narcotráfico, como jefes uniformados y en la Procuraduría General de la República (PGR).
A cambio de la mejoría en sus haberes, Calderón pidió a los militares involucrarse de lleno en tareas de seguridad pública, más allá de sus labores en seguridad nacional, y les advirtió que hará uso de la fuerza “a pesar del costo de vidas humanas”. Su propósito fue presentarse desde el principio como un gobernante fuerte.
“Lo primero que hizo fue dejar en claro que está decidido a ser un presidente activo en su relación con las Fuerzas Armadas, y que si es necesario activar la fuerza durante su gobierno, lo hará. Pero en su afán de mostrarse como un presidente fuerte, corre el riesgo de convertirse en un gobernante autoritario”, advierte Guillermo Garduño Valero, académico del Ejército y la Marina mexicanos.
Desde los primeros minutos del 1 de diciembre, en la ceremonia realizada en Los Pinos para que su antecesor, Vicente Fox, se despojara de la banda presidencial, Calderón mandó su primer mensaje sobre el uso de la fuerza al tomar protesta a su gabinete de seguridad.
Con excepción de Eduardo Medina Mora –quien no sería ratificado por el Senado como titular de la PGR sino hasta el pasado jueves 7–, Calderón tomó juramento constitucional a sus secretarios de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña; de la Defensa, general Guillermo Galván Galván; de Marina, almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Horas más tarde, en su primer discurso a la nación después de su caótica toma de posesión en el Congreso, habló de “un programa de seguridad” que deberán poner en marcha esos secretarios, y de la pérdida de vidas cuando se ejecute.
“Con esos actos, Calderón quiere demostrar que está dispuesto a usar la fuerza. Y si es necesario activarla, lo va a hacer”, considera Garduño, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor en el Colegio de Defensa de la Sedena y en el Centro de Estudios Navales de la Marina.
El inusitado lenguaje de Calderón en materia de seguridad confirma que está desplegando una estrategia para convertirse en un líder fuerte. Y por eso Garduño, historiador de las Fuerzas Armadas mexicanas, subraya que, al dedicar sus primeros actos de gobierno a los militares, más allá de las ceremonias de cambio de gobierno, Calderón se visualiza ya como un dirigente que “debe ser activo”. Así actuó para ganar la candidatura del PAN y luego la elección presidencial. Ahora reafirma esa conducta con el propósito de afianzar su respaldo. Y para ello –asegura– cuenta con la fuerza.
Pero Garduño previene que en su ánimo de anticipar situaciones, ampliar su legitimidad y superar a la izquierda, Calderón puede acabar en el autoritarismo: “Hay muchas experiencias en América Latina de hombres que llegaron muy débiles a la presidencia y después fueron gobernantes tremendamente fuertes, pero profundamente autoritarios. Es el caso del general Juan Domingo Perón en Argentina y más recientemente el de Alberto Fujimori en Perú”.
El Ejército y la Marina, añade, serán dos de sus principales soportes. Por eso su acercamiento desde el primer momento en que asumió la Presidencia. “No hay que olvidar que el Ejército tuvo la custodia de la banda presidencial desde los primeros minutos del 1 de diciembre”, anota.
Horas después, en el Campo Marte, Calderón retomó una tradición de los presidentes Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas –todos ellos generales– al arengar a la tropa el día de su toma de posesión. Garduño explica que luego del general Cárdenas, el discurso fue sustituido por la parada militar que se realizaba en el Zócalo de la Ciudad de México. Así se hizo hasta el último presidente del PRI, Ernesto Zedillo.
Fox cambió esa tradición y sólo hizo revisión de tropas en el Campo Marte, pero sin ofrecer un discurso. Calderón, en cambio, aprovechó para anunciar el aumento de sueldo a los soldados y marinos y mejorar sus condiciones de vida:
“Sé que cumplen con el deber de servir a la patria a pesar de las difíciles condiciones que tienen para sacar adelante a su familia. Sé bien que con el ingreso que tienen es difícil proporcionarle a los suyos una vida digna.
“Por eso les digo que seré un presidente que se ocupe de sus soldados y sus marinos, que trabajaré junto con el Congreso para atender sus condiciones de vida, porque sé muy bien que es la hora de velar por la tropa.”
Un adelanto del anuncio lo había hecho poco antes en el Auditorio Nacional, en su discurso de toma de posesión: “Ordeno a los secretarios de Marina y Defensa… velar para que se mejoren cuanto antes, y en la medida en que el Congreso lo disponga, la condición humana y familiar de los soldados y marinos de México”.
En un hecho inédito al arranque de las administraciones recientes, Calderón acudió el sábado 2 de diciembre al Colegio Militar a un desayuno con la alta oficialidad del Ejército y la Marina. Allí anunció que, a partir del próximo año, sus elementos tendrán un incremento salarial y mejores prestaciones para la adquisición de viviendas.
Y, en forma contraria a la austeridad que anunció para la mayor parte de las dependencias de la administración pública federal, dijo que ese aumento forma parte del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que entregó a la Cámara de Diputados. “Así mismo, tomaremos decisiones para mejorar las condiciones de las colonias y unidades habitacionales militares”.
En su propuesta de presupuesto, Calderón prevé un incremento de 16.1% a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de 13.9% a la Secretaría de Marina. En caso de que la Cámara de Diputados lo apruebe, la Sedena pasará de 26 mil millones a 32 mil millones de pesos, mientras que la Marina irá de casi 10 mil millones a poco más de 11 mil millones de pesos.
“Firmeza” en la “transición”
“El presidente Calderón pudo haber hecho los aumentos sin anunciarlo, pero el propósito era enviarle un mensaje a la tropa, que ya está harta porque gana menos que la policía judicial o la de seguridad pública, pero también porque muchos militares de las más bajas graduaciones votaron por el otro”, dice a Proceso un coronel en activo en alusión a López Obrador.
Garduño pondera el peso del voto militar porque no todos los 200 mil miembros de las Fuerzas Armadas acuden a las urnas, además de que se trata de un sufragio fragmentado; aunque reconoce que en 1988 sí hubo una marcada preferencia electoral hacia Cuauhtémoc Cárdenas. La principal molestia entre la tropa, dice, tiene más que ver con sus bajos ingresos, porque es demasiado el riesgo que corren para tan poca paga. El resultado es un ejército de desertores: más de 90 mil en los últimos años, según Garduño.
Hasta el comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid, el incremento salarial de los militares se anunciaba cada 1 de septiembre, en el informe presidencial. Y prácticamente durante todo el cuarto de siglo pasado, asegura el investigador, los aumentos no se anunciaron.
Pero ahora, a cambio de los incrementos –que no abarcan a los altos mandos–, Calderón pidió a los militares respaldo para las eventuales acciones de fuerza que decida emprender: “Ante la compleja transición por la que atraviesa el país”, les dijo, es necesario actuar con “firmeza y determinación”.
En su intensa labor de acercamiento con los militares, el martes 5 Calderón pidió a los presidentes de las comisiones de Defensa y Marina de la Cámara de Diputados reunirse con él en Los Pinos.
En el encuentro estuvo el diputado por Veracruz José Manuel del Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina y militante de Convergencia por la Democracia, uno de los tres partidos que integran el Frente Amplio Progresista que desconoce a Calderón como jefe de Estado.
Como presidente de la Comisión de Defensa participó el diputado del PAN por Campeche, el general retirado Jorge Justiniano González Betancourt. También estuvieron el general Galván Galván y el almirante Saynez Mendoza, lo mismo que el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero.
En la reunión, Calderón les informó que, en promedio, el aumento para la tropa del Ejército significará que, de poco más de dos salarios mínimos que recibe, pase a tener casi 3.5 salarios mínimos. La propuesta es que la percepción se eleve de 3 mil 865 a 4 mil 600 pesos. Y en el caso de los marineros, la intención es que su sueldo –que hoy es de 3 mil 897 pesos– crezca en una proporción similar, dijeron los diputados a este semanario.
Según Del Río Virgen, Calderón se propone que en los próximos tres años sean homologados los salarios, nombramientos, categorías y mandos de la Sedena y la Marina.
De ser aprobada la propuesta presupuestaria de defensa, Calderón se ganará el apoyo de soldados y marineros, pero al mismo tiempo facilitará la adhesión al PAN de militares retirados. De acuerdo con González Betancourt, un grupo de ellos pretende crear una organización adherente a ese partido, como lo hizo el PRI con la asociación Leandro Valle.
La mejoría de los ingresos de las Fuerzas Armadas servirá también a Calderón para granjearse otros apoyos políticos, pues a su opositor de Convergencia le prometió recursos para el gobierno de su estado. Le ofreció devolver al gobierno de Veracruz –en poder del PRI– los 160 millones de pesos que gastó para la construcción de la base de mantenimiento de helicópteros de la Marina.
Pero, sobre todo, Calderón ampliará su margen de acción frente a las Fuerzas Armadas, caracterizadas por su institucionalidad. El 30 de noviembre, cuando aún como presidente electo dio a conocer sus nombramientos, los nuevos comandantes de la Marina y el Ejército no sólo expresaron la tradicional lealtad militar al poder civil, sino en particular su respaldo a las decisiones de fuerza que adopte.
El general Gaytán refrendó la “absoluta lealtad” del Ejército y la Fuerza Aérea al presidente; anunció que, además del combate al narcotráfico y a otras manifestaciones de la delincuencia organizada, la Sedena se dedicará en esta administración al “acotamiento de los grupos armados”. Y, de salida, le dijo que esa fuerza ejecutará las acciones en materia militar “que usted determine”.
El almirante Saynez Mendoza, en su expresión de lealtad por parte de la Armada, aseguró que “está en juego la seguridad nacional”. Y mostró lo que desde la Marina será el sello de este gobierno: “Estamos convencidos de que el ejercicio de la autoridad obtenida debe imponerse”.
Encabezados por el general Galván, los hombres fuertes en el Ejército para “contener a la guerrilla” y enfrentar al narcotráfico serán el general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), y el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, subjefe operativo del EMDN.
Gaytán, quien fue uno de los cuatro generales ascendidos a divisionarios el pasado 20 de noviembre por el saliente Vicente Fox, es ahora el segundo hombre más importante en la Sedena. Una de sus tareas será la contención de la guerrilla en el país, para lo cual fue instruido en Panamá, en la ya desaparecida Escuela de las Américas, donde el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos lo capacitó en conflictos de baja intensidad.
En 1994 fue comandante en Monte Líbano del agrupamiento “Gaytán”, uno de los 12 grupos creados especialmente por el Ejército para enfrentar el conflicto armado en Chiapas y que se congregaron en lo que se llamó la Fuerza de Tarea Arcoiris.
Otra de sus labores relevantes será el combate al narcotráfico. Desde la década pasada ha sido uno de los principales encargados de esa tarea, tanto en el Ejército como en la PGR. En la PGR fue el encargado de las operaciones de intercepción en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) cuando el procurador era Jorge Madrazo. La FEADS desapareció en el sexenio pasado, infiltrada por el narcotráfico.
Su brazo derecho en esta área será el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, quien a lo largo de más de una década ha estado involucrado en acciones contra el narcotráfico. Trabajó al lado de Herrán Salvati en el Instituto de Combate a las Drogas, desparecido también por infiltración del narcotráfico.
Hasta su nombramiento como subjefe operativo del EMDN, era el comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, Sinaloa, adonde había llegado apenas en octubre en sustitución del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien tuvo que salir de la zona al ser amenazado de muerte por narcotraficantes.
Operativo teatral
Ricardo Ravelo
La Operación Conjunta Michoa-cán –anunciada el lunes 11 para exterminar a los cárteles de la droga afincados en esa entidad y detener la ola de violencia asociada a esas organizaciones delictivas– no busca en los hechos acabar con el narcotráfico, ni mucho menos frenar el suministro de droga que entra al país por el Océano Pacífico, en particular por las costas michoacanas; “es una medida mediática y bastante espectacular” con la que Felipe Calderón sólo persigue un objetivo: legitimarse como presidente de la República, afirman José Luis Piñeyro y Luis Astorga, especialistas en temas de seguridad nacional y narcotráfico, respectivamente.
Sin precedente como acción inicial de un sexenio, el despliegue policíaco y militar en Michoacán –que movilizó a 6 mil 954 elementos, entre policías, marinos y militares– es también una medida política que, según los expertos consultados por Proceso, contiene varios mensajes dirigidos al narcotráfico y a los adversarios de Calderón: que este gobierno sí instrumentará una política antidrogas y que habrá coordinación entre las distintas fuerzas responsables de combatir el narcotráfico, lo que no logró Fox durante su gobierno. De paso, Calderón persigue “alcanzar legitimidad” ante una sociedad que aún lo ve con incredulidad al menos en el terreno del combate frontal al tráfico de drogas, pues durante su campaña el tema no fue una prioridad.
Durante el gobierno foxista, los miembros del cártel de Sinaloa, quizá los más viejos en el negocio, reforzaron sus posiciones en casi toda la República, lo mismo que el cártel de Juárez, cuyos miembros son exsocios y viejos conocidos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en el capo más buscado durante el llamado gobierno del cambio. Ante el fracaso gubernamental para capturarlo, brotaron signos de que las fallas del gobierno en realidad se traducían en una bien organizada protección, por lo que Guzmán Loera fue llamado El Capo del Sexenio.
Vicente Fox arrancó su gobierno, en diciembre de 2000, con las redes del cártel de Juárez infiltradas en la PGR y en el Ejército, pues habían penetrado sus estructuras a partir del sexenio de Ernesto Zedillo (Proceso 1564) cuando desde la Secretaría de la Defensa Nacional se pretendió negociar con ese cártel para que el capo Amado Carrillo pudiera operar con libertad el negocio de las drogas.
A diferencia de los gobiernos de Zedillo y de Vicente Fox –que recibieron un país con el narco más o menos controlado–, Calderón inició su gestión como presidente cargando a cuestas una herencia sangrienta: existen unas 3 mil ejecuciones sin investigar –más de 500 de esas muertes se registraron tan sólo en Michoacán– y frecuentes choques entre sicarios, signo de la abierta disputa por los territorios.
Un ejemplo: Hace poco menos de un mes, en esa entidad –tierra natal del presidente Felipe Calderón –hizo su aparición, mediante la publicación de sendos desplegados en los diarios La Voz de Michoacán y El Sol de Morelia, una organización autodenominada La Familia, identificada por la Procuraduría General de la República (PGR) como una extensión de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
Afincados en Michoacán desde tiempo atrás, tanto el cártel de Sinaloa como el del Golfo se empezaron a disputar el control del estado. Ambos grupos criminales tendieron sus redes en los 113 municipios de la entidad. Los enfrentamientos fueron mayores en Lázaro Cárdenas. La razón: el control de esa terminal portuaria –puerta de entrada hacia el Pacífico– por donde arriba la mayor parte de la droga proveniente de Venezuela y Colombia.
Un dato: tres días antes del despliegue militar en Michoacán –que en realidad inició el viernes 8– en esa terminal portuaria se descubrió un cuantioso cargamento de pseudoefedrina: 19.7 toneladas procedentes de China, lo cual aceleró la puesta en marcha de la operación, dijo el procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.
Michoacán, Guerrero y Jalisco conforman un triángulo en permanente disputa por parte de los cárteles de Juárez, Sinaloa, Milenio y del Golfo, los cuales han tendido amplias redes con el apoyo de un buen número de policías, tanto federales como locales, que les sirven de escudo no sólo para sus grandes operaciones de trasiego, sino para vigilar sus centros de venta de droga al menudeo.
De acuerdo con un informe del grupo GIZ (Grupo de Inteligencia de Zona), al que este semanario tuvo acceso, esos cárteles son responsables de la guerra en Michoacán, la cual ha cobrado visos de espectacularidad y horror por la degollación de varios rivales de La Familia y de Los Zetas. La lucha entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo, por ejemplo, arreció en la recta final del gobierno de Fox –según el GIZ– presuntamente para “forzar una negociación” con el nuevo presidente de la República, Felipe Calderón, quien es oriundo de ese estado (Proceso 1569).
La respuesta gubernamental fue casi inmediata: once días después de haber tomado posesión como presidente de México, Felipe Calderón instrumentó la Operación Conjunta Michoacán para frenar la violencia, desarticular a los cárteles de la droga y ejercitar unas 300 órdenes de aprehensión contra igual número de presuntos narcos; entre otros, los hermanos Valencia, cabezas del llamado cártel del Milenio; Joaquín El Chapo Guzmán –socio de Los Valencia– Los Zetas, y varios miembros de La Familia, enclave del cártel del Golfo.
Desde el lunes 11 llegaron a Michoacán cerca de 7 mil efectivos, entre policías, marinos y agentes federales; desde ese día, en el estado sobrevuelan 19 aviones, 38 helicópteros y tres patrullas de intercepción aérea; al mismo tiempo, cerca de 200 kilómetros de costas son vigiladas por una patrulla océanica apoyada por un helicóptero; las carreteras del estado son vigiladas con 246 vehículos; se colocaron 27 puntos de revisión carreteros y se pusieron en operación tres detectores de rayos gamma. Un total de 131 bases de operaciones militares fueron desplegadas para erradicar plantíos de droga, el segundo problema más grave del estado después de la violencia.
Al justificar el operativo, el general Alonso Garrido, comandante de la 43 Zona Militar, dijo que a esta región le corresponden 16 municipios, y en todos –reconoció –hay enervantes. Se trata de las demarcaciones más socorridas por los narcotraficantes para el cultivo de mariguana y amapola; entre ellas Apatzingán, Aguililla, Lázaro Cárdenas, Aquila, Tubiscatío, Coalcomán y Arteaga.
El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, conoce bien la radiografía del narco en la entidad, pues fue jefe de la Zona Militar estatal durante el gobierno de José Tinoco Rubí.
Aunque la PGR supuestamente mantuvo en forma permanente la erradicación de cultivos ilícitos en el país –sobre todo en Michoacán –durante el operativo elementos del Ejército descubrieron mil 100 hectáreas sembradas de mariguana, las cuales eran protegidas por un grupo de gente armada.
–Si se descubrió este sembradío de mariguana tan extenso, ¿cómo se explica su existencia? ¿Por qué no se destruyó antes si la PGR mantenía una campaña permanente de erradicación? –se le pregunta al investigador Luis Astorga, quien responde:
–Creo que la administración de Fox le dio prioridad a la captura de las cabezas importantes de las organizaciones. A la captura de Osiel Cárdenas, de Benjamín Arellano…Cumplió con una de las exigencias del gobierno de Estados Unidos. La apuesta fue detener a esos cabecillas con la esperanza infundada de que así se iban a desarticular las bandas que dirigían.
“En el resto de la tarea contra el narcotráfico, en la administración de Fox hubo falta de voluntad para atacar el problema y fue evidente la desarticulación en el gabinete, lo cual fue tan grave que daba la apariencia de que cada quien hacía lo que se le daba la gana. Creo que este operativo en Michoacán en parte busca marcar las diferencias con el anterior gobierno”.
Además del rastreo de droga y el sellamiento de las costas michoacanas, otro objetivo anunciado por el gabinete de seguridad es ejecutar unas 300 órdenes de aprehensión contra grupos de narcotraficantes, entre ellos los hermanos Valencia Cornelio, cabezas del cártel del Milenio.
Según datos confirmados en la PGR, desde abril de 1999, la Sedena cuenta con informes sobre las operaciones del cártel del Milenio en Michoacán. En 1999, agentes federales detuvieron a Gilberto Garza García, El Güero Gil, pieza clave del cártel de Juárez en el sureste del país.
Este personaje, según los informes de la PGR, fue el primero que aportó información sobre el cártel del Milenio y de los hermanos Valencia cuando en los expedientes criminales tanto de la PGR como de la Sedena no tenían registros de su existencia. Garza García declaró cómo operaban los Valencia estando internado en el Hospital Militar.
En ese tiempo, los Valencia ya eran importantes en el tráfico de drogas: introducían 150 toneladas de cocaína mensuales en barcos atuneros. Después, el colombiano Gino Brunetti confirmaría lo dicho por Garza García ante la PGR. Pero hasta ahora sólo Armando Valencia, El Maradona, está preso en La Palma.
Sin modificaciones mayores en su estructura, el cártel del Milenio sobrevivió a las acometidas de otros cárteles: estuvo relacionado, tiempo atrás, con el cártel de Tijuana, pues sus cargamentos cruzaban por Baja California Sur; luego se ligaron al cártel de Sinaloa, grupo que les permitió sobrevivir, mas no extender sus dominios a otros estados.
Preocupaciones
A pesar de que el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que la lucha contra el narco será larga, operativos como el actual sólo tienen efectos disuasivos: no van al fondo del combate al narcotráfico; en cambio, buscan el impacto político y marcar las diferencias con el gobierno de Fox, caracterizado por su falta de voluntad para combatir al crimen organizado, sostiene el investigador Luis Astorga.
Según el autor del libro El siglo de las drogas, con el macro operativo, el presidente Calderón pretende demostrar a los grupos dedicados al narcotráfico que sí hay un árbitro, y que es el Estado el que tiene el poder para imponer las reglas del juego, puesto que parecía que eran los narcos los que estaban retando al Estado.
Otro mensaje que Astorga observa es que, a diferencia del desastre de la política criminal del régimen anterior, esta vez Calderón manda la señal de que en su gobierno sí habrá coordinación en la política antidrogas y que la Secretaría de Gobernación será la que marque las pautas, tal como ocurrió con el anuncio de la Operación Conjunta Michoacán.
Pero lo que más preocupa al investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM es que, sin el soporte de un marco legal regulatorio, Calderón echa mano del Ejército y de su extensión, la Policía Federal Preventiva, sin aclarar por cuánto tiempo estarán los militares fuera de sus cuarteles. El gobierno de Calderón, sostiene, comete el error de entregarle la coordinación de la política criminal a Gobernación y la parte operativa al Ejército, a pesar de que la ley establece que es la Procuraduría General de la República (PGR) la única institución responsable para perseguir los delitos y que, en el engranaje de la Operación Michoacán, se le observa como mera formalizadora de las acciones, no como la cabeza de todo el proyecto.
Experto en el tema de las fuerzas armadas y la seguridad nacional en América Latina y profesor de la UAM Azcapotzalco, José Luis Piñeyro observa otras necesidades del presidente con la Operación Conjunta Michoacán:
“Calderón trata de hacer efectiva una promesa de campaña: garantizar la seguridad pública”, pero en opinión del analista “tal medida tiene una alta dosis mediática y de espectacularidad” que indica que el presidente sólo busca la legitimidad que sabe que no logró en las elecciones del 2 de julio y que se refuerza, dice, con la campaña de spots publicitarios (inusual en el arranque de un sexenio) en el que se anuncia una obviedad: que hay un nuevo gobierno “y que yo –Felipe Calderón– soy el presidente”.
Según Piñeyro, si el objetivo presidencial es la búsqueda de la legitimidad ante la gente que no votó por él, entonces la Operación Conjunta Michoacán se convierte en una medida necesaria, pero insuficiente: “Necesaria porque de los 2021 asesinatos ocurridos durante el sexenio anterior, en Michoacán se cometieron 524. Así se justifica una acción de esta naturaleza, aunque no arroje los resultados esperados”.
–¿Usted considera que con este despliegue militar y policiaco se puede combatir el narcotráfico?
–... El presidente Felipe Calderón dijo que el combate al narco será una guerra larga en el tiempo, pero no ha expuesto cuál será el espectro de las acciones para detener el problema.
Anunciado el lunes 11 –hecho que se considera una falla grave en virtud de que alerta a los delincuentes perseguidos– el Operativo Conjunto Michoacán, según los expertos, es un remedo de las medidas emergentes Cruzada Nacional contra la Delincuencia y el Crimen y México Seguro, puestas en marcha al final de los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox y que, en su momento, fueron vistas como “acciones desesperadas” contra el narcotráfico.
Para Luis Astorga, este operativo es comparable a la Operación Cóndor –puesta en marcha al final del sexenio de Luis Echeverría y en los primeros tres años del gobierno de José López Portillo–; y es que la operación actual, sostiene, carece de trabajo de inteligencia, lo que caracterizó a la otra.
Señala que las acciones desarrolladas en aquel tiempo, ejecutadas sólo por la PGR y la Sedena, provocaron brotes de violencia: los capos de Sinaloa partieron a Jalisco y, en su opinión, ese efecto puede manifestarse con la aplicación del operativo en Michoacán.
Dice: “El balance de la Operación Cóndor, en términos sociales, fue negativa. Hubo muchos casos de violaciones a los derechos humanos: gente detenida sin orden de aprehensión. Por las persecuciones, pueblos enteros de Durango, Sinaloa y Chihuahua se quedaron sin pobladores”.
–¿Usted confía en que la Operación Conjunta Milenio es la mejor forma de abatir el narcotráfico?
–No. Es un mensaje político fuerte y creo que va más en ese sentido que en la destrucción inmediata o desarticulación definitiva de las organizaciones. Es un primer paso en este esquema que, como las propias autoridades han dicho, hay que estarlo evaluando.
Tanto Astorga como José Luis Piñeyro coinciden en que el operativo en Michoacán traerá consecuencias difíciles para otros estados, por el llamado “efecto cucaracha”, pues muchos narcos y sus gatilleros tendrán que recalar en otras entidades para refugiarse y seguir ajustando allá sus cuentas.
Piñeyro concluye: “El operativo sólo cumple con dos objetivos: cerco y contención. Los narcos tienen tres opciones: la retirada táctica, bajar la guardia y esperar a que la operación termine o bien enfrentar a las Fuerzas Armadas. La tercera es la menos probable. El operativo no terminará con el narco: falta una campaña sistemática contra el consumo de drogas y el gobierno carece de mecanismos de apoyo social”.
Premios sin mérito
Ricardo Ravelo
A menudo señalado como “un abogado corporativo”, Medina Mora llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) arrastrando una cauda de yerros por el fracaso del programa México Seguro, adoptado por el presidente Fox para frenar la violencia del narcotráfico. A pesar de la movilización de agentes federales y militares en varias regiones del país, el número de ejecuciones aumentó, sobre todo en los estados más disputados por las redes del narcotráfico: Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Michoacán y Guerrero.
Con más dotes de “espía político” que de investigador, Medina Mora abandonó sus sombrías oficinas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en septiembre de 2005. Saltó a la palestra en un momento crucial: cuando el secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta y ocho personas más murieron en un extraño accidente a bordo de un helicóptero. La información sobre el caso fue cerrada por un período de 10 años, a pesar de que circularon versiones en el sentido de que ese hecho fue obra del narcotráfico.
Según datos confirmados por Proceso, Medina Mora se convirtió en el poderoso secretario de Seguridad Pública gracias en buena medida a su cercanía con María Amparo Casar, quien fungió como jefa de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel –exjefe de Medina Mora–, quien lo acogió y lo nombró director del Cisen pese a su nula experiencia en tareas de inteligencia, pues buena parte de su carrera la desarrolló como abogado corporativo de la empresa Desc, especializada en perfiles de acreedores y clientes (Proceso 1472).
Considerado también como un empleado gubernamental de poca experiencia –siempre se ha movido con bajo perfil en el ámbito político–, Eduardo Medina Mora se hizo rodear de personajes más avezados en las tareas de espionaje. Dos de sus más cercanos colaboradores fueron Gerardo Ríos García y Ardelio Vargas Fosado. El primero tiene una trayectoria de poco más de 25 años en el área de inteligencia y llegó a ser director de análisis del Cisen, cargo en el que se desempeñó poco antes de ser designado subsecretario de Política Criminal de la SSP por Martín Huerta. Por su parte, Vargas fue, hasta septiembre de 2005, director de investigación del Cisen, y luego fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Ambos funcionarios están estrechamente relacionados, según sus antecedentes, con Emilio Chuayffet Chemor –excoordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados– y con Jorge Tello Peón, protagonista del escándalo desatado, a principios del sexenio foxista, por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Fue precisamente Tello Peón, quien también llegó a dirigir el Cisen, el que ordenó que Guzmán Loera, El Güero Palma y El Texas fueran cambiados de celda el día en que Guzmán Loera se fugó: 19 de enero de 2001.
Junto con Fox, fracasos
Como funcionario, Medina Mora no pudo darle cuerpo a la política criminal del sexenio foxista, a menudo cuestionada por su parcialidad en el combate al narcotráfico. En realidad, Fox declaró la guerra al cártel de Tijuana –acérrimo enemigo del cártel de Juárez, considerada la organización más protegida del régimen, como ahora lo es el cártel de Sinaloa, escisión del juarense– y también persiguió a la organización del Golfo, encabezada por Osiel Cárdenas, actualmente preso en La Palma.
Aunque puso en marcha el programa México Seguro, el gobierno de Vicente Fox falló en su política criminal.
Como secretario de Seguridad Pública, Medina Mora visitó varias entidades azotadas por el narcotráfico, como Tamaulipas, Baja California y Nuevo León. En cada una de sus intervenciones públicas se comprometió a frenar la violencia, pero fracasó en sus intentos debido a obstáculos como falta de entendimiento, choques en el interior del gabinete de seguridad y desacuerdos sobre política criminal, entre otros.
Los bonos de Medina Mora subieron en el gabinete foxista luego de la puesta en operación de acciones contra el terrorismo, que entre otros objetivos buscaban preservar la seguridad fronteriza, una de las principales exigencias del gobierno de Estados Unidos. Tras su salida del Cisen, Medina Mora arrastró serios cuestionamientos por el despilfarro de dinero en esa dependencia: se le atribuye un gasto de más de 17 millones de pesos en la compra de boletos de avión que fueron utilizados por sus colaboradores, sin que se conozcan los detalles de las actividades oficiales que realizaron (Proceso 1509).
Medina Mora participó en varios acuerdos de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Fue así como se convirtió en el responsable del Secretariado Técnico de la Alianza para la Frontera México-Estados Unidos y de los Grupos de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Guatemala y México-Belice.
Nacido en el Distrito Federal en enero de 1957, Medina Mora llega a la PGR en uno de los períodos más críticos de esa dependencia, pues no sólo continúa infiltrada por el narcotráfico, sino que los dos últimos procuradores –Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca, quien buscó ser ratificado en la PGR– no pudieron erradicar uno de los vicios más añejos: la fuga de información.
También encontrará una PGR prácticamente militarizada, pues el exprocurador Macedo de la Concha llevó a la institución por lo menos a una veintena de militares, quienes actualmente ocupan cargos estratégicos.
La ficha de Medina Mora señala que es licenciado en derecho, egresado de la UNAM, y que fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Pesca; jefe del Departamento de Promoción y Mercadotecnia de Conasupo; asesor del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio; asesor jurídico del Consejo Nacional Agropecuario y consejero nacional del Consejo Coordinador Empresarial.
Medina Mora tiene participación en varios negocios: es accionista del Grupo Crea TV –compañía “pantalla” de Televisa– dedicado a la producción y desarrollo de espectáculos y eventos artísticos de toda índole. Proceso 1525 informó que Medina Mora aparece en un acta del 14 de enero de 2004 como vocal del Consejo de Administración de esa empresa, constituida el 18 de marzo de 1999. En el acta correspondiente del registro público (folio 249801), figura como apoderado junto con otros socios, entre ellos el escritor Héctor Aguilar Camín y Carlos Ignacio Martín del Campo.
Como procurador general de la República, Medina Mora hará mancuerna, en la lucha antidrogas, con Genaro García Luna, quien fungió como director de la AFI y desde el 1 de diciembre se desempeña como secretario de Seguridad Pública, dependencia de la que salió, al inicio del sexenio de Vicente Fox, por una investigación de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública que lo implicaba en dispendio de recursos públicos por la compra, aparentemente sin justificación, de 11 aeronaves para la PFP.
García Luna, señalado como un “espía” que maneja muy bien el arte de las escuchas telefónicas, rompió su discreción como funcionario público precisamente con el respaldo de Televisa, la televisora a la que el propio funcionario solía “filtrarle” algunos cortometrajes de sus travesías como director de la AFI: persecuciones de delincuentes, secuestros –como el del exdirector técnico del Cruz Azul, Rubén Omar Romano– y otras acciones policiacas que García Luna utilizó para autopromoverse.
Quería salir de este infierno”
Anne Marie Mergier
Una joven francesa conoció la dura realidad mexicana en apenas unos días: fue detenida en Oaxaca por la policía estatal, que le fincó un proceso con testimonios y cargos inventados, y después la entregó a la autoridad migratoria para que la deportara. En entrevista, Sarah relata la tortura psicológica a la que fue sometida por la policía y denuncia la falta de interés que mostró por su caso el consulado de su país en el Distrito Federal.
PARÍS.- El pasado 27 de noviembre a las 4 de la tarde, la vida de Sarah Ilitch Weldon se convirtió en una pesadilla.
Junto con dos mexicanos se dirigía a la colonia Rosario, en la ciudad de Oaxaca, para después regresar al Distrito Federal. “De repente vimos varios vehículos de la Policía Preventiva Estatal –cuenta–; recuerdo a una pick up y una cuatro por cuatro. Los policías se nos quedaron mirando y el convoy se paró.
“Había gente en la calle. Las tiendas estaban abiertas. No hacíamos nada sino caminar. En pocos segundos unos 15 policías nos rodearon. Un hombre vestido de civil surgió de no sé dónde y me señaló con el dedo: ‘A ella la reconozco, la vi en una barricada’, gritó. Repliqué: ‘Soy francesa, pero no tengo el pasaporte conmigo’. Los policías examinaron las credenciales de mis cuates y nos subieron a los tres a la pick up.”
Según su relato, a partir de ese instante y hasta el día de su expulsión de México, el 1 de diciembre, Sarah Ilitch Weldon fue llevada de un lugar de detención a otro, primero en Oaxaca y luego en el Distrito Federal. No fue maltratada físicamente, pero sufrió fuerte presión psicológica. No se le permitió llamar por teléfono a la embajada de Francia ni a su familia. Tampoco tuvo contacto con un abogado. A lo largo de tres días no supo nunca cuál iba a ser su destino.
Esa joven de 22 años, oriunda de Niza, sur de Francia, llevaba un poco más de dos meses en México. Explica que estudiaba ciencias políticas en la Universidad de Valencia, España, en el marco del programa Erasmus de la Unión Europea. A mediados de año decidió dar otro rumbo a su vida y cumplir un sueño: conocer América Latina. Trabajó como mesera en una taberna de Barcelona, ahorró dinero y salió para México junto con una amiga.
Más de dos semanas después de los hechos, su voz sigue siendo febril cuando cuenta lo que vivió. En el prolongado relato de su experiencia, casi hora por hora, destacan denuncias graves:
“Primero nos llevaron al centro de la Policía Preventiva en las afueras de Oaxaca. Nos quitaron todos nuestros efectos personales y nos encerraron en una celda. Un policía no dejaba de preguntarnos: ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuánto les pagaron?
“Nos separaron. Metieron a mis dos compañeros en una celda y me dejaron sola en otra. Pasé una visita médica superficial. Luego me encerraron de nuevo. De vez en cuando llegaban policías que me decían: ‘Tus amigos confesaron que tiraste cocteles molotov contra varios coches’, o ‘ahora dicen que también incendiaste una casa’”.
Sarah Ilitch se preocupó más y más.
“Ya bien entrada la noche, los policías sacaron a mis compañeros para interrogarlos –subraya–. Oí cómo los golpeaban. A través de las rejas los entreví. Después me vinieron a buscar. No me golpearon, me metieron en una sala oscura. Me empujaron contra una pared; cinco policías encapuchados me rodeaban.
“Uno me cegó con una luz muy fuerte al tiempo que me grababa con una cámara de video. Una mujer me interrogaba, era la más dura. Otro policía la agarraba como para evitar que se me echara encima. Un cuarto tenía una grabadora en la mano y el quinto no hacía nada. En todas sus preguntas la mujer buscaba inducir mis respuestas. Quería que confesara que había estado en las barricadas y participado en los enfrentamientos. También me preguntaba sobre mis compañeros. Yo estaba aterrada, pero logré no dejarme intimidar.”
Según Sarah, un poco más tarde, en la madrugada del día 28, los policías llevaron a los tres jóvenes a una oficina y les pidieron firmar hojas en blanco. “Del otro lado de la hoja se veían cosas escritas a máquina, pero no tuvimos derecho a leer nada. Pregunté qué iba a firmar. ‘Tu orden de salida’, me contestaron, sin permitirme dar vuelta a la hoja. Los tres firmamos”, narra.
La joven francesa cuenta cómo fue trasladada en pick up junto con sus dos compañeros, primero a una pequeña instalación en el centro de Oaxaca y luego a otra de la policía ministerial, donde llegaron a las 6 de la mañana.
Por la tarde del 28 de noviembre Sarah Ilitch entendió que su situación iba empeorando:
“Me llevaron a una oficina que llamaban mesa cuatro, en la que alguien estaba fotografiando mis objetos personales dispuestos en una silla. De repente vi que habían colocado una resortera y dos bolsas de canicas al lado de mis pulseras y mis medicinas. Me espanté. A las 6 de la tarde me llevaron de nuevo a la mesa cuatro. Un oficial me leyó la declaración de cuatro policías que supuestamente me habían detenido a las 8 de la noche del 27 de noviembre. Lo único exacto era el nombre de la calle.”
Los testimonios de los policías la dejaron helada:
“Afirmaban que nos habían sorprendido a mis amigos y a mí quemando una motocicleta robada a un policía, que gritábamos consignas hostiles al gobernador y que incitábamos a la gente a rebelarse. Aseguraban que mis compañeros les habían tirado canicas y yo piedras, que habían logrado sujetarnos y que encontraron en mi bolsa cinco cocteles molotov, tres pasamontañas negros y tres gafetes de la APPO con nuestros nombres.
“El oficial me dijo que se me acusaba de sedición, rebelión, conspiración, daños por incendio, robo, obstrucción al orden público y agresión contra representantes del orden público.
“Protesté. Me defendí. En vano. Rehusé hacer una declaración escrita. En el formulario administrativo que me presentó el oficial me percaté de que se mencionaba la presencia de un abogado, que nunca vi.”
El laberinto migratorio
A las 9:30 de la noche hubo un nuevo traslado. Los llevaron a un centro de detención penal. “Estábamos totalmente desesperados. Sabíamos que pasaban cosas horribles en la cárcel. Se llevaron a mis compañeros. A las 11 de la noche, los policías me entregaron a agentes de migración. Éstos me condujeron primero a su oficina en Oaxaca, luego me subieron a una camioneta oficial y me llevaron al Distrito Federal, adonde llegamos a las 5 de la mañana del día 29. Acabé en el centro de detención migratoria de Iztapalapa”, relata.
En el curso de la mañana dos agentes de migración acompañaron a la joven a la Embajada de Francia.
“En el viaje que hice por Guerrero, antes de llegar a Oaxaca, me habían robado todas mis pertenencias, incluyendo mi pasaporte. A mediados de noviembre la embajada me entregó un nuevo pasaporte, que escondí en casa de una amiga en Oaxaca. Viendo los cargos que habían inventado contra mí, no quise mencionar el nombre de mi amiga para no causarle problemas. Fue por esa razón que los agentes de migración tuvieron que llevarme a la embajada. Necesitaban identificarme y pedir un salvoconducto para poder deportarme”.
Lo que narra Sarah Ilitch de su entrevista con la vicecónsul de Francia en México no es muy halagador para la diplomacia francesa:
“Los dos agentes de migración que me custodiaban se metieron en la oficina misma del consulado, donde un funcionario sacó un salvoconducto a mi nombre. No me soltaban. La vicecónsul exigió hablar a solas conmigo. Me regañó porque no me había fijado que la embajada aconsejaba a los franceses no viajar a Oaxaca. Me dijo que desde hacía tres días sabía de mi desaparición, pero que nunca había sido contactada por las autoridades mexicanas. Me pidió un relato oral y escrito de mi detención. No propuso ayudarme; por el contrario, dijo que no podía hacer nada. Y no le pedí auxilio tampoco, porque sólo a mi regreso a Francia me enteré de que la embajada tenia ciertas obligaciones.”
La vicecónsul le permitió hablar por teléfono a su madre en Niza y a unos amigos que vivían cerca de la sede diplomática. Fueron las primeras llamadas que Sarah pudo hacer a lo largo de su detención.
Sarah Ilitch siguió encerrada en el centro de detención migratoria de Iztapalapa, sin acceso al teléfono y sin que nadie le dijera qué iba a pasar con ella.
“No era difícil suponer que me iban a deportar, pero no se me informaba. Yo recordaba los cargos muy pesados que habían inventado en mi contra, pero nadie los volvía a mencionar. En una oportunidad se aludió al artículo 33, que no conocía. Entendí que era algo que tenía que ver con mi estatuto migratorio.”
Una luz de esperanza apareció en su horizonte el 30 de noviembre:
“Me llevaron a la Oficina de los Dere-chos Humanos del centro de detención. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me pidió que le contara lo que me había pasado y me propuso poner una queja ante ese organismo por la violación de mis derechos en los distintos lugares donde se me había detenido. Lo hice. Pero estaba tan perturbada por todo lo que me había pasado, que no denuncié las condiciones mismas de mi detención, que fue totalmente arbitraria”.
En esa misma oficina, Sarah Ilitch conoció a un representante de la organización no gubernamental Sin Fronteras, que se presentó como su abogado. Había sido comisionado por amigos de la joven.
“Me dijo que yo podía recurrir a un amparo para bloquear mi expulsión mientras se investigaba mi caso. Rechacé de inmediato esa posibilidad. Quería salir de ese infierno cuanto antes y regresar a mi tierra. Después de esa entrevista me permitieron llamar por teléfono…”.
A la mañana siguiente, la joven fue llevada a otra oficina, donde le tocó firmar muchos papeles administrativos que no tuvo tiempo de leer con calma. Volvió a ver algo relacionado con el artículo 33.
“No vi documento alguno que hiciera referencia a mis días de detención. Pregunté cuáles eran los cargos en mi contra, cuándo me iban a deportar, si se me iban a prohibir regresar a México definitivamente o sólo por un tiempo. Nadie me contestaba. Finalmente un agente de migración me dijo que una vez en Francia tendría que contactar al consulado mexicano en París para conocer mi situación jurídica.
“Justo cuando estaba acabando todos estos trámites, llegaron dos funcionarias de migración. Me anunciaron que me iban a custodiar hasta París. Tenían mi expediente. Nos fuimos al aeropuerto y tomamos el vuelo de Aeroméxico a las 3:30 de la tarde. En el viaje platicamos. No eran malas personas pero, la verdad, teníamos puntos de vista bastante divergentes sobre muchas cosas. Lo que más me sorprendió es que me pidieran ser su guía de turistas en París, donde les tocaba pasar 24 horas antes de regresar a México. Me negué rotundamente.”
El 2 de diciembre Sarah Ilitch Weldon llegó al aeropuerto de Roissy con la ropa que llevaba puesta desde el 27 de noviembre, cuando la detuvieron en Oaxaca. Sus zapatos seguían sin cordones, no tenía un centavo. Las funcionarias mexicanas de migración le pagaron su boleto de tren hasta París. Se separaron en la estación del metro más cercana a la catedral de Notre Dame.
El único documento que conserva de esos sucesos es su salvoconducto
Pasos en falso
Carlos Acosta Córdova
Felipe Calderón inició su gestión al frente de la Presidencia de la República con el fuerte rechazo de una buena parte del sector empresarial y con la protesta generalizada de la sociedad, sobre todo de los sectores vinculados a la educación y la cultura.
El paquete económico para el próximo año, que presentó el 5 de diciembre y se discute en comisiones en la Cámara de Diputados, contiene, por el lado de los ingresos, tibias modificaciones tributarias que, si bien darán un aporte magro al erario –7 mil 600 millones de pesos, poco menos de 0.8% del total de ingresos tributarios no petroleros estimados para 2007– ocasionó una enfurecida reacción de empresarios refresqueros, restauranteros, agropecuarios y automotrices que, dicen, saldrán lastimados por los cambios fiscales propuestos.
Y por el lado de los egresos, una selectiva pero afilada tijera contra instituciones y programas educativos y culturales que, si bien tampoco disminuye gran cosa el siempre abultado gasto corriente, generó una enérgica protesta social, que ya hizo recular al presidente. “Revisaremos el gasto en educación”, prometió.
Pero aun antes de que se iniciaran las reacciones contra su primer programa económico, Felipe Calderón ya mostraba poca claridad y definición en sus comienzos como presidente de la República.
Urgido de legitimidad y lejos de sacudirse el fantasma de Andrés Manuel López Obrador, Calderón camina a la sombra de aquél: orienta su discurso en favor de los más pobres, le arrebata banderas, le copia propuestas, hace suyo el ideario juarista que siempre ignoró y… a punto estuvo de realizar su primera gira de trabajo en Metlatónoc, el municipio más pobre del país, justo donde el excandidato perredista inició su campaña electoral.
La presentación del Decreto de Auste-
ridad y Disciplina del Gasto de la Adminis-tración Pública Federal, el domingo 3, así como del programa económico para 2007, el martes 5, fueron el marco no sólo para conocer el “nuevo” discurso del presidente, sino para dejar en claro que llega en extremo acotado, sin margen para hacer cambios trascendentes en la economía que sustenten su pretensión de convertirse en “el presidente del empleo”. Además, en su propuesta de gasto incurre en tempraneros tintes electoreros, con ánimo de congraciarse con quienes no sufragaron por él. En materia de ingresos, deja intocados no sólo la extremada dependencia del petróleo sino también a los grandes grupos económicos y los principales evasores del fisco.
Para justificar el decreto de austeridad, mediante el cual se reduce en 10% el salario del propio presidente y el de los siguientes cuatro niveles de mando –secretario de Estado, subsecretario, oficial mayor y jefe de Unidad, o equivalentes–, Calderón empleó con abundancia las ideas de Juárez y Morelos; del primero, que los servidores públicos deben vivir “en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala”. Del segundo, que la ley debe moderar la opulencia y la indigencia, “y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto”.
Y bajo esas consideraciones, reconoció que “durante décadas las autoridades han demandado a la ciudadanía ajustarse el cinturón y la ciudadanía lo ha hecho. Hoy, el gobierno tendrá que ser el primero en aportar este esfuerzo”.
El mismo tono de discurso empleó al presentar el programa económico del próximo año. El gasto público, dijo, se concentrará en atender tres prioridades: seguridad pública, combate a la pobreza, generación de empleos. Y anunció grandes incrementos presupuestales en programas de salud, becas, servicios públicos en zonas marginadas, vivienda para pobres, luz y gas baratos para familias de pocos recursos, entre otros.
Con ello, dijo, se cubrirá “la enorme deuda social con quienes menos tienen y de promover la generación de oportunidades de empleo para todos los mexicanos.
Impacto mediático
El decreto de austeridad –mediante el cual además de bajar 10% el salario de los cinco niveles más altos de la administración pública, se reducirán los gastos de servicios personales, gastos de representación y comisiones– atiende no sólo un reclamo permanente de López Obrador en la contienda electoral, sino una vieja demanda de legisladores del PRD, que desde 1998 sacaron a la luz los escandalosos sueldos de los mandos superiores del gobierno, las grotescas prebendas de los altos funcionarios y todos los generosos recursos de que disponen, los gastos superfluos, el derroche que se les permite.
Sin embargo, así como fue anunciado con bombo y platillo, pronto se descubrió que –si bien es loable cualquier disminución en los beneficios indebidos de los altos funcionarios– el decreto tiene un impacto más mediático que real en términos del gasto público total. Se espera que con todas las medidas que incluye, el decreto genere un ahorro global de 25 mil 500 millones de pesos. Pero de esa cantidad, apenas 105 millones de pesos –el 0.4%– serán generados por la reducción salarial, pues sólo son cinco niveles de mando los que sufrirán la merma que, para efectos prácticos, le hace poco al bolsillo de los altos funcionarios.
El caso del presidente puede servir de ejemplo. El salario bruto presidencial es de 232 mil 431.20 pesos; pero con las deducciones de ley, la percepción neta del presidente es de 167 mil 255.90 pesos. Con la aplicación de 10% menos del decreto, será de 152 mil 467.20 pesos. Con deducciones y baja de 10%, los salarios de los siguientes cuatro niveles serán así: secretario de Estado, 150 mil 18.40 pesos; subsecretario, 149 mil 771.60; oficial mayor, 146 mil 91.80 pesos, y jefe de Unidad, 145 mil 704.10 pesos.
Como el decreto no toca los siguientes tres niveles de mandos altos (director general, director general adjunto, director de área) se cae en el absurdo de que un director general, en la categoría más alta, tendrá una percepción neta de 160 mil 819.70 pesos. Mayor que la del presidente de la República, pues.
Pero en el discurso de Felipe Calderón, la reducción de su sueldo y el de los cuatro mandos altos que le siguen quedó como su primera gran hazaña. Y para que se vea que cunde el ejemplo, ya varios gobernadores, de distintos partidos, anunciaron también reducciones en su sueldo.
El paquete económico
El martes 5, Calderón presentó las líneas generales de su estrategia económica para el año próximo, y ese mismo día envió al Congreso los documentos respectivos. El jueves 7, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, compareció en comisiones de la Cámara de Diputados para defender el programa económico. Con todo y que analistas, asesores y legisladores no tuvieron mucho tiempo para hacer un análisis exhaustivo de la propuesta del Ejecutivo, coincidieron en que Calderón apostó por una estrategia inercial, sin cambios importantes en materia de gasto e ingreso, ni medidas relevantes que supongan un cambio en la conducción económica.
Lo que sí encontraron fueron contradicciones, inconsistencias, ocultamiento de información, datos sospechosos… y un muy anticipado ánimo electorero, con ganas de congraciarse con quienes en las urnas favorecieron a López Obrador: caso concreto, incrementos presupuestales importantes a programas como el del Seguro Popular (56.4%) y algunos subprogramas de Oportunidades, como el de ayuda monetaria (200 pesos) a adultos mayores de zonas rurales.
“Calderón está retomando descafeinadamente y en chiquito las propuestas de López Obrador –dice Mario di Costanzo, exasesor parlamentario y hoy secretario de la Hacienda Pública en el ‘gobierno legítimo’ de AMLO–, pero no atiende, como en el caso de salud y el Seguro Popular, factores de importancia, como el gasto en infraestructura hospitalaria y el abasto de medicamentos.”
Una primera contradicción con el discurso de presentación del programa económico, según el cual el gasto público tendría una clara orientación al combate a la pobreza, son las reducciones a rubros sensibles del gasto social. De hecho todo el gasto programable para Desarrollo Social del próximo año será menor en cerca de 19 mil millones de pesos –casi 2% real– al presupuesto ejercido este año. En términos cuantitativos, el gasto más castigado en este ámbito es el destinado a obras de agua potable y alcantarillado, que se reduce en 42.3%; los proyectos y obras de urbanización, vivienda y desarrollo regional tendrán un presupuesto 10.5% menor, y los programas de asistencia social tendrán una disminución promedio de 7.7%. Inclusive el programa Oportunidades tendrá un presupuesto menor en 1% real.
Vaya, el sector agropecuario, que se supone prioritario y estratégico, y que requiere de una fuerte inversión, sobre todo con miras a la apertura de granos básicos comprometida en el TLC para 2008, tendrá un presupuesto menor no sólo al de 2006, sino al de 2005. La propia Secretaría de Agricultura verá mermado su presupuesto en 9% real. Y programas sociales específicos también sufren recortes importantes: Alianza Para el Campo, 59%; Procampo, 30%; el Sistema Financiero Rural, 48%, y el Programa de Apoyos Directos a la Comercialización por Cosechas Exceden-tarias, 19%. Todas esas reducciones son en términos reales. De hecho, el gasto global para todas las funciones de Desarrollo Económico sufre una reducción de 11.6% real.
Sin embargo, cualitativamente el gasto más afectado será el destinado a educación, cuyo presupuesto será inferior en 1.2%. Contra todas las propuestas y promesas de campaña en materia de educación, el equipo económico de Calderón se dio gusto con las tijeras. Asesores parlamentarios del PRD que revisaron el apartado de gasto educativo dan cuenta “del desprecio del presidente por la educación y la cultura”.
Más allá de cifras y porcentajes, los datos concretos revelan el “interés” gubernamental por estos temas. La educación básica rural sufrirá una merma de 44 millones; el programa de construcción de escuelas prácticamente desaparece: se le reducen al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) 680 millones. Como nunca, la educación superior es lastimada: a la UNAM, que ocupa el lugar 74 entre las mejores del mundo, se le recortan 123.6 millones de pesos; al IPN le quitan 178.9 millones; a la UAM, 23 millones; al INAH, 154.4; a El Colegio de México, 29.6; al Cinvestav del Politécnico, 88.9, y a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 68.3 millones de pesos.
La lista es larga e incluye otros niveles educativos: al Conalep le quitan 108.2 millones; al Colegio de Bachilleres, 2.3; al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, 131.1; al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, casi 2 millones. El Consejo Nacional de Fomento Educativo tendrá un recorte de casi 23 millones.
En el ámbito de la cultura, igual. El Conaculta sufre una merma de 673.4 millones; el Instituto Nacional de Cinema-tografía, 43.3; Canal Once, 1 millón; el Centro de Capacitación Cinematográfica, 8.6; Canal 22, 12.9 millones, y los Estudios Churubusco Azteca, 4.4 millones.
Es decir, contra el discurso de Calderón, el presupuesto no privilegia el gasto social ni el productivo.
Pero así como hay reducciones arbitrarias en rubros sociales muy sensibles, el gobierno se inventa partidas de gasto para crearse bolsas de recursos que podrá usar discrecionalmente. El coordinador de asesores del grupo parlamentario del PRD, Juan Moreno Pérez –doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), especialista en programación financiera–, detectó en los anexos de información analítica del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 que Hacienda no incluyó en el paquete entregado a la Cámara una “bolsa” de casi 32 mil millones de pesos, que no se justifican y que están asignados a un rubro incluido por primera vez en un presupuesto, denominado “Recursos Asociados a Ingresos Petroleros”.
De una exhaustiva revisión de esos anexos analíticos y de las leyes que rigen el paquete económico en lo relacionado con ingreso y gasto en materia petrolera –Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Derechos, más el nuevo régimen fiscal de Pemex– Moreno llegó a la conclusión de que la Secretaría de Hacienda infló los recursos que deben destinarse al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros (FEIP). En síntesis: de acuerdo con la ley –que establece fórmulas precisas para calcular el monto que debe destinarse–, lo máximo que puede asignarse como reserva para dicho fondo son 51 mil 355 millones de pesos. Pero como 28 mil 400 millones, excedentes de 2006, ya están en la reserva del FEIP, según los Criterios Generales de Política Económica para 2007 entregados al Congreso, sólo haría falta asignar un gasto de 22 mil 955 millones. Sin embargo, en la documentación del paquete económico para 2007 la provisión para ese fondo viene de 54 mil 932 millones de pesos.
Es decir, dice Juan Moreno, hay una bolsa “escondida” –con la documentación entregada a la Cámara no se identifica– de casi 32 mil millones de pesos a los que, según la ley, sólo los legisladores –y no Hacienda– están facultados para darle destino. Con esos recursos, afirma, bien podrían compensarse o evitarse los recortes en educación, cultura y programas sociales.
Los especialistas tampoco se explican por qué el paquete económico espera en 2007 ingresos tributarios superiores en más de 100 mil millones de pesos a los que había calculado Hacienda hace meses, siendo que entonces y ahora presentan el mismo escenario de 3.6% de crecimiento del PIB, caída en producción y precios petroleros, además de desaceleración económica en Estados Unidos.
La pregunta es cómo van a recaudar más, si el crecimiento económico será menor al de este año –de 4.7%–, además de que las modificaciones fiscales presentadas –magros cambios para fiscalizar más y reducir deducibilidad– no tendrán mayor impacto recaudatorio. Pero sobre todo porque, con la reducción de un punto porcentual a la tasa del Impuesto Sobre la Renta –que pasa de 29% a 28%, y no por decisión de Felipe Calderón, que la vendió como suya, pese a que fue dispuesto en ley desde diciembre de 2003–, el fisco dejará de percibir 12 mil 700 millones de pesos, según dijo en conferencia de prensa el propio Agustín Carstens.
También deberán explicar las autoridades el destino de los recursos obtenidos por los Pidiregas, es decir los programas de inversión con impacto diferido en el gasto, que se utilizan para financiar con recursos privados obras para Pemex y CFE. Dice Mario di Costanzo: en el artículo 4 de la Ley de Ingresos se señala que se van a obtener ingresos por 902 mil millones de pesos por ese concepto, pero no están ingresados, reflejados, en la propia ley como parte del conjunto de ingresos globales. En la Ley de Ingresos de 2006 sí se reflejaban esos recursos, aunque con una restricción: sólo podrían usarse para cubrir las obligaciones generadas por los propios Pidiregas y los gastos de operación correspondientes. Y es razonable: lo que ingresó se usa para pagar lo que eso cuesta, para hacerlo autofinanciable. Pero en la ley de 2007 no viene ese condicionamiento. Es decir que pueden usar esos recursos para lo que sea; podrán manejar discrecionalmente ese dinero.
También en materia de ingresos, sobre todo los tributarios, el presidente dejó para otra ocasión los cambios de fondo. Ni la reducción en los montos deducibles en gastos en restaurantes y en la compra de automóviles ni la reducción en la tasa del Impuesto al Activo –de 1.8% a 1.5%– ni la presunta mayor fiscalización darán ingresos considerables al fisco federal, coinciden especialistas consultados. Información de la propia Secretaría de Hacienda señala que por mantener regímenes especiales de tributación, que privilegian sobre todo a las grandes empresas –como el de consolidación fiscal y las facilidades a los autotransportistas–, el fisco dejará de percibir más de 180 mil millones de pesos
A la maestra, lo que quiera
Jesusa Cervantes
Las posiciones que Elba Esther Gordillo Morales alcanzó en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no fueron menos de las que ella buscó. Aunque se trata de direcciones de nivel medio, las cuatro que obtuvo son claves para avanzar hacia sus próximos objetivos: las elecciones que habrá de aquí al 2009, y su fortalecimiento en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Todos los puestos conseguidos le sirven “política y económicamente” para lograr sus propósitos, afirma Noé Rivera, uno de sus exoperadores electorales más cercanos en el SNTE que ahora, en entrevista con Proceso, describe las debilidades de La Maestra en el sindicato y lo que llama “el talón de Aquiles de Elba Esther Gordillo”: las finanzas del Fideicomiso de Vivienda para el Magisterio (Vima).
En las últimas semanas, subraya Rivera, el gobierno de Felipe Calderón entregó a La Maestra cuatro puestos fundamentales:
–A Miguel Ángel Yunes le dio la dirección del ISSSTE, necesaria para que Gordillo “mantenga en la oscuridad el boquete financiero que tiene Vima” y para que siga disfrutando de “los beneficios que representan las 5 mil casas que anualmente se entregan al sindicato”.
–Roberto Campa Cifrián fue propuesto como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de modo que si es ratificado por los gobernadores, será quien les abrirá “la llave para la entrega de recursos en su lucha contra el narcotráfico”.
–Francisco Javier Yáñez Herrera –uno de los hombres que ha cuidado las finanzas de La Maestra– consiguió la multimillonaria dirección de la Lotería Nacional.
–Y para rematar, el yerno de Elba Esther, Fernando González, fue nombrado subsecretario de Educación Básica de la SEP, cargo estratégico para que Gordillo pueda operar el escalafón de los maestros y de ahí “mantener a raya” a todo aquel que no simpatice con su proyecto, además de que así podrá manejar “los cambios de adscripción y plazas”.
En suma, nada más por lo que se refiere al aspecto económico, y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos para 2007 que envió el presidente Calderón a la Cámara de Diputados, en esas cuatro posiciones de Gor-
dillo se manejarán recursos del erario federal por más de 105 mil millones de pesos.
El caso Vima
Desde que la maestra llegó a la dirigencia del SNTE, en 1989, concentró su poder económico y las cuotas del sindicato en Vima, un organismo creado formalmente el 27 de marzo de 1990 pero que se instauró desde 1981 para promover la vivienda de los trabajadores de la educación junto con organismos del Estado. Esta institución se encargó de comprar terrenos y construir casas para proporcionarlos a los agremiados.
En 1990, puso como director de Vima a Benjamín González Roaro, quien duró en el cargo hasta 1994. En el 2000 fue nombrado por Vicente Fox director del ISSSTE, y actualmente es diputado federal por el PAN.
De 1995 a 1998 encabezaron el fideicomiso dos personas más, y a partir de 1998 se mantiene al frente del mismo Francisco Yáñez Herrera, uno de los hombres más cercanos a Gordillo.
Un año después, en 1999, los 55 secretarios generales del SNTE empezaron a recibir quejas sobre la construcción de las casas que se les habían entregado, recuerda Noé Rivera, quien en ese tiempo ya formaba parte del equipo de confianza de Gordillo.
Por eso en aquel año Elba Esther, quien ostentaba la cartera de Acción Política del SNTE, ordenó al entonces secretario general, Tomás Vázquez Vigil, realizar una auditoría a Vima, en la cual participaron el propio Noé Rivera, Tomás Vázquez y Francisco Yáñez.
La auditoría “duró dos meses, y lo que encontramos fue un boquete financiero y un desfalco en Vima por más de 650 millones de pesos. Era dinero que no tenía un soporte documental; no había facturas que lo sustentaran. La respuesta de la gente de Vima fue que eran movimientos de cheques que estaban haciendo constantemente –por ejemplo, la compra de terrenos– y que al final se iba a comprobar todo”, recuerda.
Aclara que sólo alcanzaron a revisar los egresos de Vima, pues al enterarse Gordillo de “aquella gravísima situación” decidió cerrar el fideicomiso, es decir, dejó de operar como facilitador de viviendas.
Según sus informes, los cuales Rivera conservó tras distanciarse de la lideresa magisterial, se compraron poco más de mil hectáreas para desarrollos habitacionales, pero sin avalúos en algunos casos y sin la documentación legal referente a la propiedad de quien vendió; tampoco aparecían los permisos para el uso de suelo y mucho menos los documentos para la dotación de servicios públicos. Peor aún, había muchos casos con sobreprecios de 40 a 50%.
Otro hallazgo consistió en que fueron construidas 65 mil viviendas, en 10 estados del país, por medio de tres constructoras, pero sólo el 6% de las mismas se encontraban en condiciones habitables, pues el resto eran desarrollos sin terminar, en pésimas condiciones o sin posibilidad de servicios públicos, además de problemas legales porque fueron apareciendo otros dueños de los inmuebles y algunos carecían de permisos de uso de suelo.
La auditoría interna puso también al descubierto un pago de 270 millones de pesos a diversas constructoras que se encargaron de nivelar parte de los terrenos adquiridos, y “todo eso acabó en un problema para 20 mil familias”.
Proceso tiene además un “informe de las gestiones realizadas en el período de enero de 1990 a junio de 1992, a cargo de Benjamín González Roaro”, elaborado por el mismo Fideicomiso Vima, que da cuenta de 83 casos donde los créditos que se extendieron para la construcción se perdieron; las empresas que supuestamente construyeron no aparecieron, y fue imposible recuperar el dinero que Vima les entregó para la edificación; en otros casos no se encontró a los maestros que supuestamente habían obtenido el crédito y, en consecuencia, no se les pudo cobrar.
Para 2003, el boquete financiero de Vima –siempre según Noé Rivera– fue superior a los 2 mil 200 millones de pesos, pero la certificación de esa cifra únicamente la puede dar Banobras, el fiduciario del fideicomiso.
Proceso obtuvo el único análisis que la Subdirección de Programas de Atención a Acreditados y enlace institucional del ISSSTE realizó a las viviendas construidas por Vima en participación con el Fovissste, en junio de 2003.
Allí se vio que, de las 9 mil 20 viviendas construidas, 7 mil 886, distribuidas en toda la república, tienen diversos tipos de “problemas”.
El documento denominado Proble-mática de la vivienda al mes de mayo, elaborado en junio de 2003, da cuenta de la ubicación de las casas y el nombre del conjunto habitacional.
En Aguascalientes, por ejemplo, se construyó el conjunto habitacional Cerrito de la Cruz, y sus 448 viviendas tienen deficiencias, al igual que las 318 casas del conjunto José Vasconcelos de Chihuahua y 978 del conjunto Estadio II de Jalisco. También existen 534 inmuebles del conjunto Pedregal de San Juan de Nayarit calificados “con problemas”.
Hasta 2003, las firmas registradas ante Banobras para hacer uso del dinero de Vima eran la del director del fideicomiso y la del secretario general del SNTE. En ese mismo año, explica Noé Rivera, Elba Esther Gordillo logró la aprobación de una reforma en Banobras para que el único que pudiera hacer uso del dinero fuera Francisco Yáñez.
Y sólo como un dato adicional: De 2000 a febrero de 2003 estuvo al frente de Banobras otro de los hombres de confianza de Gordillo, Tomás Ruiz, quien fue sustituido, de febrero a septiembre de 2003, por Felipe Calderón Hinojosa.
Noé Rivera demanda una auditoría a Vima por parte del gobierno federal para que salga a relucir el fraude en el que están envueltos, dice, Roaro, Yáñez y Gordillo. Y esto es posible hacerlo, continúa, porque recientemente el gobierno federal entregó a Vima 100 millones de pesos como parte del pliego petitorio de las demandas del magisterio de 2005.
De hecho, los dos fideicomisos a los cuales Gordillo tiene pleno acceso son Vima, con un fondo de 384 millones 250 mil 830.93 pesos –cifra muy lejana “al boquete financiero” de 2 mil 200 millones mencionado por Rivera–, y el Fondo de Retiro para los Trabajadores de la Educación (Forte), que depende de la SEP y cuenta con 9 mil 691 millones 295 mil 570.68 millones de pesos. Pero según excolaboradores de Gordillo, el “boquete a cubrir es de 30 mil millones de pesos”.
Noé Rivera está convencido de que, debido a la grave situación de Vima y Forte, Elba Esther Gordillo demandó las posiciones mencionadas en el ISSSTE y en la SEP.
Debilitada en el SNTE
Mientras Gordillo logra el ISSSTE para que
Miguel Ángel Yunes maniobre con el fin de subsanar los faltantes de Vima, estima Noé Rivera, envía a su yerno Fernández a operar en la SEP.
“Y esto del yerno lo hace no sólo por los beneficios que obtendría con las permutas de las plazas, sino también para mantenerlo ocupado, pues se le viene encima la renovación del SNTE y ahí enfrenta otros problemas.”
Explica que La Maestra se encuentra debilitada en el SNTE y debe renovar su dirigencia entre febrero y marzo de 2007, según lo anunció durante el consejo celebrado en 2004, fecha en que se nombró presidenta del sindicato nacional.
En un análisis sobre la situación del SNTE que realiza Noé Rivera, detalla el peso político que tiene cada una de las 55 secciones del sindicato y a quién obedece cada una.
Registra allí que Gordillo ya no tiene el control total del sindicato, pues sólo controla 18: de la 38 a la 55, que tienen una fuerte influencia de los gobernadores mientras que sus dirigentes no controlan a la base.
Por ejemplo, en las secciones 53 y 58 el
poder de los gobernadores es mayor que el
de Gordillo; mientras que las secciones disi-
dentes son la 22 de Oaxaca, la 7 de Chiapas y la 18 de Michoacán; en otras tres –la 20 de Nayarit, la 32 de Veracruz y la 52 de San Luis Potosí, se obedece “a los caciques locales, que gozan del respaldo de la mayoría de la base sindical”; el gobierno federal tiene influencia en las secciones 36 y en la 1; mientras que en las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal, “sus dirigentes son allegados a Gordillo, pero sin respaldo de la base magisterial”, y la sección 37 de Baja California está en total conflicto con Elba Esther.
Dirigencia en disputa
En medio de este panorama, advierte Noé Rivera, La Maestra enfrentará la renovación de la dirigencia nacional. “Existen tres grupos que se disputan el poder, y no todos obedecen ciegamente a Elba Esther, aunque todos son cercanos a ella”.
En el primer grupo, detalla, están su hija Maricruz Montelongo y el esposo de ésta, Fernando González, quienes impulsan a San Juana Cerda Franco. La ventaja de este equipo no sólo estriba en la cercanía de Maricruz con su madre Elba Esther, sino que además Fernando González ha tenido desde el año 2000 toda la operación electoral.
“Pero no sólo eso: San Juana Cerda es integrante del colegiado de Finanzas del SNTE. Ella está a cargo del pago de la operación de todas las secciones del sindicato; tiene la fuerza y el contacto directo con los secretarios”, dice Noé.
Otra de las virtudes de este grupo, plantea el entrevistado, es que el yerno le puso en orden todas las propiedades a Gordillo, “y las metió en un fideicomiso donde el 80% de ellas están a nombre de un hijo de Maricruz Montelongo. Las propiedades suman más de 60 en libros, y logró avalúos a la baja que sólo registran 290 millones de pesos”.
Otro grupo que aspira a la dirigencia está conformado por otra hija de Gordillo, la actual diputada federal Mónica Arreola, a quien se unió Francisco Yáñez –hoy enemigo de Fernando González–, y están impulsando a Juan Díaz de la Torre, quien también forma parte del colegiado de Finanzas, pero sin la fuerza de San Juana Cerda.
“La ventaja de este grupo es Yáñez, quien le contesta el teléfono a Elba Esther. Yáñez dice quién habla y quién no con La Maestra; él tiene la llave, pero también los recursos de Vima, y como delegado del Fovissste él decide a quién le entrega año con año 5 mil casas que el instituto otorga al SNTE. Ahora tiene además la chequera de la Lotería Nacional”, comenta.
El tercer grupo lo encabeza el mismo Rafael Ochoa Guzmán, actual secretario general del SNTE y senador de la República.
“La ventaja de Ochoa es que lleva cinco años manejando toda la estructura del SNTE. Él tiene mucha fuerza con la estructura, que está conformada por los integrantes del comité nacional: 55 representantes del CEN del SNTE en cada comité ejecutivo seccional, 55 secretarios seccionales, 32 integrantes de la Federación Democrática del Sindicato de Servidores Públicos, 40 integrantes del Partido Nueva Alianza”.
Todos ellos se disputan la dirigencia del SNTE, y Gordillo está debilitada. Por eso el nombramiento de su yerno es una buena señal que ella está mandando a todo el sindicato, diciendo: ‘Tengo el poder de influencia en el gobierno’, con lo que intenta mantener cohesionado al sindicato a su favor y recuperar espacios.
Por eso, asevera Noé Rivera, luego de que es depuesta de la coordinación del PRI en la Cámara de Diputados, se refugia en el SNTE y lo reordena por consejo de Tomás Ruiz y Miguel Ángel Yunes. Éste último le recomienda que haga secretarías colegiadas, y para evitar la fuga de dinero ubica en la Secretaría de Finanzas a San Juana Cerda, Juan Díaz de la Torre, Francisco Arreola y Juan Manuel Armendáriz Rangel. Cualquier cheque requiere de la firma de todos ellos. Ella misma ya no aparece como firmante, y así tiene un mayor control del dinero”.
De este modo, mientras Gordillo logra fortalecerse en el SNTE, mantiene ocupados a quienes se disputan el poder y tiene a su yerno en la SEP con beneficios para el sindicato, además de que impulsa a Roberto Campa Cifrián en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que condicione los apoyos económicos contra el narcotráfico a los gobernadores con el fin de tenerlos de su lado.
El objetivo de todos estos movimientos tiene un fin, dice Rivera: las elecciones de 2009, con un partido que puede ofrecer candidatos a diversas gubernaturas en alianza con cualquier otro partido político.
“Su relación con el presidente de la República y su facilidad para conseguir puestos en el gobierno no es el proyecto político de Elba Esther. De aquí al 2009 hay 14 elecciones locales y de gobernador donde puede ofrecer a su partido para colocar a varios maestros como diputados, ya sea con el membrete de su partido o en alianza con otros. Esa es la clave de todos estos movimientos y posiciones que logró.
Los engaños de Calderón
Rodrigo Vera
“¡Hay inconformidad! Muchísima inconformidad por parte de los rectores de las universidades públicas. Entre ellos el acuerdo es decir: ‘¡Ya basta de promesas!’”, exclama Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacio-nal de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES).
Así, López Castañares hace suyo el rechazo de los rectores al recorte presupuestal que el presidente Felipe Calderón le acaba de asestar a la educación superior, pese a que, desde que era candidato presidencial, les había reiterado todo su apoyo.
“Ya basta de que nada más en el discurso se nos diga que sí. No sigue siendo congruente el discurso con los hechos. A la educación superior, que es un motor de desarrollo para el país, no se le está dando la importancia que merece”, agrega el líder de la ANUIES.
Entrevistados por Proceso, los rectores de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma de Chapingo, la de Zacatecas, la de Guadalajara, la de Hidalgo, la Veracruzana y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) consideran que, de aplicarse este recorte presupuestal, el golpe será “terrible” para las ya de por sí empobrecidas universidades públicas, algunas de las cuales quedarán sumidas en el “letargo” financiero o tendrán que cerrar.
El golpe les llegó en el proyecto de presupuesto de egresos para 2007, en el cual se asignan a la educación superior 49 mil 826 millones de pesos, cifra que representa el 0.52% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto representa un recorte de .05% del PIB con respecto de 2006, año en el que se le destinó al ramo 0.57% del PIB.
Los rectores no se lo esperaban. Y menos de Felipe Calderón, quien reiteradamente prometió a la ANUIES que, con él en la Presidencia, la educación superior dejaría su atraso y tendría una época de despegue.
Promesas falsas
Entrevistado en sus oficinas de la ANUIES, López Castañares cuenta sobre los encuentros que los rectores tenían con Calderón:
“El primer encuentro que tuvimos fue el pasado 2 de junio, durante una asamblea que la ANUIES realizó en Veracruz, cuando Felipe Calderón todavía era candidato. Él ahí nos ofreció aumentar la calidad, la cobertura y la equidad en la educación.
“De entrada, nos prometió que, de llegar a la Presidencia, con él la cobertura educativa llegaría a 35%; esto es, de cada 100 aspirantes, 35 podrían tener acceso a la educación superior. Nos pareció una cifra muy alta, por lo que le dijimos: ‘Licenciado, actualmente tenemos una cobertura de aproximada de 23%. Y para ir avanzando se necesita dinero, capacitación, aulas, equipamiento, por lo que la propuesta de la ANUIES es que en el próximo gobierno se llegue a una cobertura de 30%’.
“Y Calderón, amablemente, nos dijo: ‘Bueno, si la ANUIES ya tiene ese estudio, pues entonces lleguemos a 30% de la cobertura al final del sexenio, y si logramos alcanzar un poco más, pues lo hacemos’. También nos prometió que, con él, el presupuesto a la educación superior alcanzaría 1.5% del PIB, que es lo que marca la ley”.
–¿Les hizo otras promesas?
–Sí, se comprometió a buscar más becas para el servicio social, a conseguir mejores apoyos extraordinarios y a una mayor vinculación de la universidad con la empresa, para que a las universidades ya no se les considere como fábricas de desempleados. Consideró que las instituciones educativas son generadoras de la materia prima más importante para el desarrollo de un país.
“Calderón llegó bien preparado para ese encuentro, al que asistimos 144 rectores y directores de instituciones educativas. Ahí le planteamos nuestro proyecto para la educación superior, plasmado en un documento. Nos dijo que, de ganar las elecciones, inmediatamente nos invitaría a reunirnos nuevamente con él”.
–¿Y así fue?
–Sí, sí. Ya como presidente electo nos invitó a su casa de campaña. Y ahí no solamente nos reiteró su promesa, sino que nos dijo: ‘Le pido a la ANUIES que me ayude. El proyecto consensuado de ustedes será la guía para instrumentar las políticas educativas del país, ayúdenme a echarlo a andar, ¡vamos por el 30% de la cobertura!’. Y nosotros le contestamos que con mucho gusto lo apoyaríamos”.
–¿Volvieron a reunirse luego de su toma de posesión?
–Sí, nos invitó a Los Pinos. Asistimos los miembros del consejo nacional de la ANUIES, la mañana del jueves 7. Ahí nos dijo que la prioridad de su gobierno sería la educación, la seguridad y la salud. Y entonces nos entregó su proyecto de presupuesto. Le dijimos que lo íbamos a analizar.
Después de aquel encuentro del jueves 7 en Los Pinos los rectores comenzaron a manifestar su inconformidad. Juan Ramón de la Fuente, de la UNAM, cuyo presupuesto sufrirá un recorte de 4.1%, al pasar de 17 mil 428 millones a 16 mil 715 millones de pesos, protestó: “Es preocupante que el discurso se desdibuje frente a la realidad tan rápidamente. El rezago es ya de por sí importante y no podemos ir para atrás, porque las consecuencias serán graves para el país.”
El rector de la máxima casa de estudios ve con preocupación las repercusiones que tendrá el recorte entre los 285 mil alumnos de su universidad, quienes cursan 76 carreras acreditadas y 48 programas de posgrado.
Agobio financiero
José Sergio Barrales Domínguez, rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, dice desconsolado:
“A mi universidad, ese recorte la sumirá todavía más en el largo letargo institucional que padece desde hace años. Nos dejará sin ninguna esperanza de poder avanzar. Ese será su terrible impacto”.
Y expone sus críticas: “El recorte responde a una política muy clara. Esa gente del gobierno no tiene ni la más mínima intención de apoyar a la educación pública, ni a la ciencia ni al desarrollo tecnológico. De pronto nos sugiere que debemos copiar el modelo de la educación privada, que cada muchacho pague por obtener una formación profesional. Se insiste en que la educación privada es la mejor.
“Calderón nos prometió que alcanzaría una cobertura de 30%, y varios le creyeron. Ahora resulta que no, que nos viene con la bandera contraria. Esto demuestra que todos –así tengamos primaria o doctorado– somos presa fácil del engaño. Siempre se ha usado la mentira como método político”.
Barrales indica que, incluso, 17% de los estudiantes de Chapingo son indígenas que se reconocen como tales y que provienen de 33 etnias.
–¿A qué se debe esta discriminación hacia Chapingo? –se le pregunta.
–A que, para muchos políticos, nuestro modelo educativo ya resulta anacrónico. No conciben que todavía tengamos un internado en el que a los jóvenes se les da de comer tres veces al día y reciben una educación gratuita. Exclaman: “¡Cómo! Si la educación debe ser una mercancía por la que debe pagarse”.
Peor será todavía el impacto para la Universidad Autónoma de Zacatecas –desde hace tiempo agobiada por una angustiante crisis financiera–, asegura su rector, Alfredo Femat Bañuelos: “Este recorte nos condenará a cerrar la universidad, y quienes principalmente pagarán el costo serán los estudiantes que se quedarán en la calle y se verán obligados a emigrar a Estados Unidos. Por lo menos, deberíamos darles un curso intensivo de garrocha para que puedan saltar el muro fronterizo”.
Agrega:
“El presupuesto que nos están dando desde hace años sólo nos permite cubrir el 70% de nuestras obligaciones. Ahora, con este recorte la cosa se pondrá terrible”
–¿En cuánto se redujo el presupuesto para la Universidad de Zacatecas?
–Este 2006 nos dieron 701 millones de pesos. Y ahora en el nuevo presupuesto nos bajaron a 665 millones. Estamos ahorcadísimos. ¿Sabe cuánto gano yo como rector? 30 mil pesos mensuales. En cambio, aquí el salario de un diputado local es de 136 mil pesos.
José Trinidad Padilla, rector de la Uni-versidad de Guadalajara, señala que en la asignación del presupuesto se conoce la “voluntad política” de los gobiernos:
“El país, obviamente, no tiene recursos para satisfacer todas sus necesidades. Pero aun así, el presupuesto es un instrumento para priorizar las áreas que se quieren impulsar. Es, pues, un asunto de voluntad política”.
–¿No hay entonces voluntad política para apoyar a la educación superior?
–En el presupuesto no se nota mucho. Y de aprobarse, a todas las universidades públicas les afectaría en sus matrículas, plantillas, infraestructura y otros aspectos. Creo que se están priorizando otras cosas.
Mientras que Luis Gil Borja, rector de la Universidad del Estado de Hidalgo, alude así a las promesas incumplidas de Calderón:
“Discurso sin recurso es pura demagogia. Los recursos deben aplicarse de manera real y efectiva. Las universidades hemos apostado por la calidad. Y esa apuesta tiene que recibir una recompensa, en el buen sentido de la palabra.”
–¿De qué manera afectará el recorte a su universidad?
–Mire, después de la de Oaxaca y Gue-rrero, la de Hidalgo es la universidad que menos recursos recibe; 18 mil 500 pesos anuales por estudiante. Y ahora con este recorte, pues no podremos consolidar nuestros proyectos de investigación, ni tampoco la ampliación y el mejoramiento de nuestra planta académica. Hay un descontento generalizado de todos los rectores.
El rector de la Universidad Veracru-zana, Raúl Arias, señala:
“Si a la educación se le pone como prioridad, indudablemente que el dinero tiene que salir de algún lado. Este presupuesto afectará a la Veracruzana en todo lo que tiene que ver la docencia, la investigación y la extensión universitaria.
“Aquí partimos de la idea de la distribución social del conocimiento, que es la moneda de nuestro tiempo. A través de él, se pueden cambiar las condiciones de vida de los mexicanos. Hay que apostarle a la educación pública. ¡No hay otro camino!”
Al Instituto Politécnico Nacional (IPN) también lo afectará el recorte. Este 2006 recibió 6 mil 835 millones de pesos. Hoy quedó en 6 mil 656 millones.
Enrique Villa Rivera, director del IPN, comenta todavía esperanzado: “Confío en que encontraremos los espacios de negociación para que se incremente el presupuesto a la educación superior. Debe haber algún mecanismo. Estamos negociando”.
Negociación
Actualmente, la ANUIES –que aglutina a 80% de la matricula en educación superior– está pidiendo que se le incrementen 15 mil 888 millones de pesos al presupuesto enviado.
“Con este incremento, la educación superior alcanzaría .67% del PIB para 2007, por lo que estaríamos siguiendo la ruta a la que se comprometió el presidente Calderón”, comenta López Castañares.
Más allá de las promesas de campaña, ¿cuál es la postura personal de Felipe Calderón ante la educación superior que imparte el Estado?
Según trascendió de un encuentro que Juan Ramón de la Fuente sostuvo con Calderón, siendo éste coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados, a finales de 2000, el hoy presidente se declaró a favor de que el Estado otorgue becas a quienes deseen estudiar en universidades privadas, señalando que “la universidad privada también es pública, porque da un servicio público”.
En ese encuentro, Calderón –quien se formó en escuelas privadas– señaló que “la UNAM fue una buena universidad en el pasado, pero actualmente es una institución de mala calidad” que se ha convertido en un reducto de “grillos” (Proceso 1260).
Consultado al respecto, el entonces diputado negó haber hecho estas declaraciones.
Y en agosto pasado, un grupo de personas que se decían asesores de Calderón en materia educativa, e integrantes de la llamada Comisión del Cambio, hicieron circular un correo electrónico en el que señalaban que “un impedimento para el despegue de nuestra propuesta educativa es la existencia de una universidad pública que genera un gran gasto y pocos resultados”.
Esos integrantes de la Comisión del Cambio –Alfredo Lugo Palacios, Marisela Vázquez Schon, Carolina Verduzco Maya, Mario Pérez Sánchez, Gloria Esteban Mediola y Rivelino Ortiz Mendiola– decían de la gente de la UNAM:
“Existe gente valiosa en la UNAM que encontrará acomodo en el nuevo esquema educativo, pero es bien sabido que la gran mayoría es una burocracia que le hace mucho daño a nuestro querido México, además de que la UNAM se ha convertido en un nido de delincuencia, drogadicción y valores negativos”.
“Universidades” de membrete
Vicente Alfonso
Tal es el caso de los cientos de Institu-ciones de Educación Superior (IES) privadas que, para atraer a los rechazados y engrosar su matrícula, lanzan en internet o en anuncios impresos, señuelos como los de “estudia una licenciatura sin asistir a clases”, o “titúlate automáticamente al concluir los cursos”.
Muchos de aquellos que no hallaron lugar en las instituciones públicas de educación superior –uno de cada tres aspirantes son rechazados– se ven entonces obligados a pagar diversas cantidades de dinero para recibir, en instalaciones deficientes, con maestros mal preparados y planes de estudio obsoletos, una instrucción que suele ser fraudulenta en las universidades, tecnológicos, escuelas normales y centros de investigación y de formación especializada que constituyen las IES privadas, que en la última década han tenido un crecimiento 3.5 veces superior al de las universidades públicas.
Hasta el año pasado, las IES ascendieron en México a mil 774, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que agrupa a 144 universidades públicas y particulares y que, si bien reconoce algunos avances en el ramo, también subraya la necesidad de establecer en el sector “mecanismos rigurosos de supervisión, control y transparencia de parte de las autoridades educativas”.
Por su parte, el estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, auspiciado por el Centro de Estudios sobre la Universidad, de la UNAM, señala que sólo 10% de las IES privadas cuenta con certificación de calidad, y de plano advierte que un alto porcentaje de la matrícula de licenciatura “sería objeto de un fraude educativo”.
El estudio, coordinado por Axel Didriksson Takayanagui, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, expone que uno de cada tres alumnos de nivel licenciatura en México está inscrito en una IES privada, y calcula que, si en 2005 éstas representaron 33% de la matrícula universitaria, en 2010 podrían cubrir hasta 40%.
Así mismo, considera el aumento de este tipo de instituciones como “una respuesta caótica a la demanda orientada por el mercado de trabajo, y también un reflejo de la incapacidad de los últimos y del reciente gobierno (el de Vicente Fox) para dar una salida adecuada a esta demanda”.
La tutela empresarial
El estudio coordinado por Didriksson plantea que, de 1994 a 2005, mientras las instituciones públicas de educación se duplicaron, las privadas se multiplicaron por seis debido a que “la educación superior privada se ha convertido en un negocio de particulares que opera estrictamente bajo las reglas del mercado”.
Y aunque esta situación es inclusive reprobada por la UNESCO, es vista con normalidad por centros como la Universidad CNCI, que en su página electrónica se autodefine como “una empresa dedicada a la educación”; que dedica apartados a los rubros de “franquicias”, “relación con inversionistas” y “franquiciatarios”, y llega a asentar: “La empresa ha alcanzado niveles óptimos de eficiencia operativa y experiencia en el negocio, por la cual queremos hacer partícipes de nuestro éxito a nuevos socios comerciales”.
Aún más, CNCI se ufana de ser poseedora de Todito Card, una compañía que presta servicios de acceso a internet y larga distancia en esquemas prepagados al mercado mexicano.
“El ascenso de un pensamiento económico que coloca la libertad de movimiento del capital por encima de los intereses de las sociedades ha generado tensiones profundas, agudizando la pobreza, la desigualdad y la violencia”, advierte la ANUIES en el documento Consolidación y avance de la educación superior en México: temas cruciales de la agenda.
Dicho análisis contiene una visión de la educación superior en México hacia 2020 y lamenta que “la búsqueda de la equidad y la integración social y cívica de la nación son objetivos que, si bien figuran en los documentos oficiales, han tenido un menor peso en el esquema de prioridades”.
Además expone que “una sociedad desintegrada, una economía segmentada y un mercado laboral precario no representan solamente riesgos para la justicia social y la estabilidad nacional, sino que profundizan las ineficiencias económicas y lastran la competitividad misma”.
Ya la propia UNESCO había señalado que “si en el pasado parecía imposible (para las universidades) liberarse de la tutela religiosa y estatal, hoy parece imposible liberarse de la tutela empresarial y financiera, una vez que el saber se transformó en fuerza productiva y es inseparable del movimiento mundial del capital”.
De acuerdo con el organismo internacional, en la universidad contemporánea la docencia es entendida como “transmisión rápida de conocimientos, consignados en manuales de fácil lectura para los estudiantes, preferentemente ricos en ilustraciones”.
Peor aun, “el reclutamiento de profesores se realiza sin tener en cuenta si dominan o no el campo de conocimientos de su disciplina y las relaciones entre ella y otras afines; el profesor es contratado, o bien por ser un investigador promisorio que se dedica a algo muy especializado, o bien porque, no teniendo vocación para la investigación, acepta ser avasallado y arrollado por contratos de trabajo temporarios y precarios, o mejor dicho, ‘flexibles’”. (Desafíos de la universidad en la sociedad del conocimiento, cinco años después de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. UNESCO, París, diciembre de 2003.)
Para que los planes y programas de una institución particular de educación superior cuenten con el respaldo oficial, es necesario recibir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que es extendido por la SEP o las autoridades del estado correspondiente.
La Ley General de Educación indica que el particular que pretenda obtener dicho documento debe cumplir con tres condiciones: que el personal académico cubra los requisitos establecidos por la autoridad educativa; que se impartan planes y programas de estudio que la autoridad considere procedentes, y que las instalaciones satisfagan condiciones de higiene, de seguridad y pedagógicas.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, “en tanto el particular no cuente con el reconocimiento correspondiente, deberá asentar, en toda la documentación y publicidad que emita, la leyenda: ‘Estudios sin reconocimiento de validez oficial’”.
Sin embargo, tan sólo en internet existen decenas de páginas de universidades que violan esta disposición.
Igualación de oportunidades
México no cuenta con un sistema nacional de información que permita conocer de forma válida, confiable y oportuna la situación que guarda este nivel educativo, y que apoye la toma de decisiones y la resolución de problemas, plantea la ANUIES.
Destaca la urgencia de crear “un sistema de información estadística único sobre la educación superior, de alcance nacional y con desagregación regional, estatal e institucional, que provea herramientas y procedimientos adecuados para recopilar, sistematizar y analizar la información”.
Para el conjunto de IES privadas que han cumplido con los procesos de evaluación y acreditación, la ANUIES señala que “se requieren formas de regulación favorables a su desarrollo académico y al desempeño de sus funciones”, pero si no han demostrado tales estándares, deben ser sometidas a “mecanismos rigurosos de supervisión” y “control”.
En general, puntualiza, es preciso “relanzar el crecimiento de la educación superior, con un fuerte énfasis en la igualación de oportunidades educativas”, pues para el 2012 la cobertura nacional en educación superior debe ser por lo menos del 30% del grupo de edad correspondiente, sin que ningún estado cubra menos del 20% (hoy la cobertura a nivel nacional se aproxima al 22%, y la cifra correspondiente a las entidades federativas alcanza un mínimo de 11%).
El plan “Oaxaca”
José Gil Olmos y Pedro Matías
OAXACA, OAX.- En las últimas semanas Ulises Ruiz Ortiz ha contratado a expertos en imagen y en estrategia política con la idea de desarrollar una campaña y cambiar su figura de “cacique” por la de un “gobernador legítimo”, a fin de convocar dentro de tres años a un plebiscito sobre su permanencia en el año que faltaría para cumplir su sexenio.
Según un documento en poder de Proceso, el gobernador de Oaxaca sigue lineamientos bien establecidos para eliminar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), crear otra agrupación ciudadana que lo ayude a legitimarse y quitarle la “tentación” al gobierno de Felipe Calderón de resolver el conflicto “presionando” para que renuncie.
Para aniquilar al movimiento de la APPO, Ulises Ruiz ha seguido una estrategia que le elaboraron expertos: quitarle la “bandera legítima de los pobres” y hacer ver a los integrantes de su dirección como “líderes corruptos muy violentos”.
A pesar de que ha ido arrinconando a la APPO y que da la apariencia de un político “conciliador” que ha ido ganando terreno en el conflicto, el priista no las tiene todas consigo. Recientemente 9 mil de las 14 mil asambleas comunitarias del estado tomaron la decisión de desconocerlo como gobernador y en la entidad se han levantado encuestas independientes, según las cuales más de la mitad de la población urbana está de acuerdo en que renuncie.
A contracorriente
Hasta el momento a Ulises Ruiz lo apuntalan en el poder factores como la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el zócalo de la capital del estado; la ola de represión a maestros, colonos y simpatizantes del movimiento; la detención de más de 200 personas –entre ellas dirigentes de la APPO– acusadas de quemar edificios públicos y comerciales el 25 de noviembre, así como el apoyo de la dirigencia nacional del PRI.
No obstante, el gobernador tiene en contra a un sector importante del PAN que pide su cabeza, en el que se incluye el coordinador de los senadores, Santiago Creel. Así mismo, la mayoría de la población urbana y rural del estado exige su renuncia inmediata porque lo consideran el principal causante del conflicto.
En una encuesta telefónica realizada el 11 y 12 de diciembre en zonas urbanas por el Gabinete de Comunicación Estratégica, a cargo de Federico Berrueto, la mayoría de los consultados (37.8%) opina que el “principal responsable de la crisis en Oaxaca” es el gobernador y sólo el 14% señala que es la APPO.
El mismo estudio precisa que 53.8% de las personas interrogadas están de acuerdo en que Ruiz debe renunciar antes que pedir licencia o mantenerse en el cargo, una opinión que ya se había expuesto en otra encuesta realizada el 7 de noviembre por la misma empresa, en la que más de la mitad de los oaxaqueños opinaron que el gobernador debía dejar su encargo para que se resolviera el conflicto.
Si en las zonas urbanas del estado Ruiz tiene una opinión mayoritaria en contra, en las zonas rurales de Oaxaca el rechazo es casi absoluto. Según fuentes del propio gobierno estatal, 80% de las comunidades indígenas tomaron en asambleas el acuerdo de exigir la renuncia de Ulises Ruiz. Esta información, que el gobernador tenía desde hace tres semanas, fue confirmada por Florentino López Martínez, de la comisión de prensa y propaganda de la APPO. En entrevista con Proceso, explica:
“En estas últimas semanas, como parte del proceso de reorganización de la APPO se han estado desarrollando asambleas en prácticamente todas las comunidades del estado para ratificar la decisión del pueblo de Oaxaca en relación con la salida de Ulises Ruiz Ortiz. Ha sido exitosa, hay una mayoría de las asambleas comunitarias de todos los pueblos indígenas de Oaxaca, son casi 9 mil de las 14 mil comunidades que existen en Oaxaca, las que han ratificado la salida de Ulises Ruiz”.
Esto desmiente las declaraciones del gobernador en el sentido de que el conflicto se concentra en unas calles de la capital del estado, precisa López, uno de los seis miembros de la comisión de prensa de la APPO, dos de los cuales están detenidos.
Agrega que el rechazo a Ulises Ruiz por parte de las asambleas comunitarias será llevado a la Secretaría de Gobernación para que sea tomado en cuenta en la mesa de dialogo que reiniciaron con el gobierno de Felipe Calderón. “Se va analizar cómo presentarlo formalmente; es parte de nuestros argumentos para sostener nuestra necesidad de la salida de Ulises Ruiz”.
–Pero el gobernador, apoyado por el gobierno federal, está minimizando al movimiento y al conflicto.
–Es una estrategia contrainsurgente, como la hemos llamado desde un inicio. El hecho de tender una cortina de humo en todos los medios de comunicación y decir que el problema de Oaxaca está resuelto, es parte de esa estrategia. El problema no está resuelto; por el contrario, se sigue profundizando y la paz no va a volver a Oaxaca mientras permanezcan Ulises Ruiz Ortiz y la PFP, y no salgan los compañeros que están presos.
Un plan estratégico
A raíz del operativo contra el narcotráfico en Michoacán, el número de elementos de la PFP que estaban concentrados en Oaxaca disminuyó considerablemente.
El jefe del Estado Mayor de esta corporación, Ardelio Vargas, quien se ha hecho cargo de todas las policías en la entidad desde el 26 de noviembre (y quien el viernes 15 fue designado por Felipe Calderón como titular de la Agencia Federal de Investigación al mismo tiempo que comisionado de la PFP), anunció desde el domingo 10 que pronto dejarán las plazas a las autoridades del gobierno estatal, porque la PFP ya se había convertido en un “obstáculo” para la población.
Casi al mismo tiempo, con la idea de permanecer como gobernador, Ulises Ruiz anunció cambios en su gabinete, principalmente la salida del secretario de gobierno, Heliodoro Díaz Escárcega, quien es señalado por la APPO como el principal responsable de organizar los “escuadrones de la muerte” que han asesinado a 20 simpatizantes de su movimiento.
El lunes 11 Ulises Ruiz anunció la segunda tanda de cambios de su gabinete en lo que va del conflicto, en un intento de dar respuesta a las demandas que la APPO y el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal, le exigieron en una de las mesas de negociación.
Los dirigentes de la APPO tomaron estas medidas como parte de una campaña de medios para aparentar cambios efectivos cuando su verdadera intención es quedarse más tiempo en el gobierno. Florentino López dice que algunos asesores, “sobre todo de medios de comunicación de América Latina, fueron contratados por el gobernador para realizar esa estrategia” de cambio de imagen.
Proceso tuvo acceso a un documento que se titula Oaxaca y cuyo objetivo central es desarrollar una estrategia para “mantener y fortalecer la posición de URO”, es decir, de Ulises Ruiz Ortiz.
El texto, que circula en el equipo de gobierno de Oaxaca, es todo un plan con “un final feliz”: fortalecer la permanencia del gobernador mediante la idea de que su salida “crea conflicto, no lo soluciona”, y eliminar a la APPO mediante la represión a sus simpatizantes y con una campaña de medios para hacerla aparecer como “violenta”. Se trata de “desacreditar a la APPO como agrupación, ya que esos líderes son ‘sustituibles’ por ellos mismos”.
La estrategia política y de medios presenta como una “solución” el surgimiento de un “actor” o agrupación que sustituya a la APPO, que se llamaría “Sí Oaxaca”. Dicha organización tendría que integrarse de manera “plural”, lo que significa que incluiría a “personas ajenas al conflicto, con ideologías distintas, pero todas condenando la situación en Oaxaca”.
Sería necesario apoyar con recursos a esta agrupación, que tendría “voceros capacitados”, “figuras relevantes” y una difusión mediante “spots”.
La meta central de esta estrategia para “mantener y fortalecer la posición de URO” es que “el problema en Oaxaca NO es coyuntural; NO se resuelve saliendo URO; se resuelve con plan a mediano plazo”. Y como la salida de Ulises Ruiz creará más conflictos, “la federación DEBE apoyar Oaxaca prioritariamente”.
De acuerdo con el plan, se tiene que fortalecer al gobernador cambiando su figura de “político a la antigua; cacique de Oaxaca; (que) no quiere irse por ambición; (y que) él es el problema”, por la de “gobernador legítimo; muy preocupado por la situación histórica de Oaxaca; (que) no quiere irse porque sabe lo importante de su trabajo y de las instituciones, y es parte esencial de la solución”.
Todo ello debe descartar la pretensión de que la renuncia de Ulises Ruiz resuelve el conflicto “porque no puede go-
bernar”, y sustentar la idea de que debe permanecer al menos tres años para, entonces, realizar un plebiscito “con el Instituto Electoral Estatal ciudadanizado y con recursos para organismos que hagan campaña por el “sí” y por el “no”, pero con la intención de concluir su mandato en el 2010”.
Uno de los puntos esenciales de este plan es arrebatarle a la APPO la bandera de que “representa a los pueblos”, y exponerla como un grupo que “representa a líderes corruptos”, quienes “han perjudicado a los pueblos” y no representan a la mayoría, además de que “no se puede confiar en ellos”.
Mensaje que coincide con el que se difundió en muchos medios, sobre todo en la televisión, cuando se detuvo a Flavio Sosa y otros miembros de la APPO la noche del martes 5. La idea final del documento mencionado es que debe hacerse “impopular y poco rentable” apoyar a la APPO, “aislarla” en los medios y quitar al gobierno de Felipe Calderón la tentación de presionar para conducir una solución que implique la renuncia de Ulises Ruiz.
Entre los “aliados” que se considera listos para apoyar estos procedimientos estarían los gobernadores en “condiciones similares” a las de Ruiz, así como el PRI y empresarios de Oaxaca. Y también como aliados, pero potenciales, estarían el gobierno de Felipe Calderón, los medios de comunicación, organismos internacionales, la Iglesia y el PAN.
En el plan se recomienda que Ulises Ruiz evite ser relacionado con los conflictos derivados de “muertes, detenidos, escuadrones (de la muerte), terrorismo, sindicatos y turismo”. Al mismo tiempo, el gobierno estatal tendría que estar atento a lo que sucede en la ciudad de Oaxaca, el estado, otras entidades similares y la situación nacional, en especial los movimientos de la clase política, los medios y a los empresarios.
Para realizar esta estrategia se propone la integración de un peace room o “cuarto de paz” –en referencia a los usuales war room, en los cuales se determinan medidas para crisis políticas–, que apoyaría al gobernador y realizaría análisis, emitiría mensajes diariamente, efectuaría investigaciones e incluso ejecutaría acciones de “inteligencia” y “seguimiento de situaciones individuales”.
Los requerimientos de esta operación incluyen, además, la integración de grupos de “estrategia”, de “investigación”, publicistas y “un grupo de cabildeo o relaciones públicas”.
La conclusión del documento es elocuente: “Final Feliz: La APPO queda como figura secundaria y URO en el gobierno; (la) federación destina recursos para la reconstrucción histórica de la región”.
Así, los muertos, torturados, presos y perseguidos del movimiento popular desaparecerían de esta historia oaxaqueña que ya lleva casi siete meses.
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