Proceso no cederá
Daniel Lizárraga
La negativa rotunda del Instituto Federal Electoral (IFE) para que Proceso tenga acceso a las boletas electorales marcadas con los votos para presidente de la República se resume en la siguiente frase: existen de por medio razones de Estado.
En el expediente de 93 páginas, los integrantes de la Comisión de Transparencia del IFE advierten que permitir la entrada a sus bodegas equivaldría a exponer la seguridad nacional, a vulnerar el orden constitucional y a poner en riesgo la integración del gobierno federal. Y en la última parte de su resolución destacan que aceptar la solicitud de acceso a la información tramitada por este semanario afectaría gravemente las funciones del Estado.
Dice el expediente: “En el caso de los supuestos de reserva (respecto a los archivos en poder del gobierno federal), no basta con que se actualice el contenido de la información por referirse a una de las materias reservadas, sino que es necesario, además, que exista un elemento de daño que permita afirmar que su divulgación podría afectar gravemente una de las funciones del Estado, cuestión que acontece en el presente asunto”.
La Comisión de Transparencia también arguye que si se permite el acceso a la documentación electoral se podrían vulnerar “los principios rectores de la función electoral”.
El pasado 8 de agosto, Proceso tramitó un paquete de solicitudes de acceso a la información ante el IFE. En uno de esos escritos se solicitaron al organismo electoral los sobres con las boletas sobrantes, así como las inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas, pero sólo las correspondientes a la elección de presidente de la República.
El 5 de septiembre, el Comité de Información del IFE, área encargada de resolver en primera instancia las demandas, rechazó la petición, con el argumento de que las boletas no son documentos públicos.
Este semanario apeló el resolutivo de la comisión del IFE, que respondió de nueva cuenta que las boletas no son documentos públicos, y añadió que aceptar un nuevo conteo de votos echaría abajo el sistema político.
“No sólo se vulneraría el interés o la legitimación de las instituciones designadas por nuestra Carta Magna para la celebración de un proceso electoral –respondió la comisión–, sino a la Constitución en sí misma, al pacto federal rector de la actividad estatal de nuestro país, tutor de la integración de los poderes de la unión y protector al mismo tiempo de los derechos ciudadanos mexicanos, así como sus expectativas frente al Estado”.
Proceso y un grupo de académicos e investigadores presentaron un nuevo paquete de solicitudes de acceso a la información para emprender una investigación periodística con el propósito de que la ciudadanía conociera el resultado de los votos de la elección del 2 de julio. Posteriormente se sumaron a esta propuesta varias universidades privadas y públicas, así como alrededor de 200 organizaciones civiles y 8 mil lectores de este semanario.
Los integrantes de la Comisión de
Transparencia del IFE consideran que el derecho de acceso a la información tiene límites. Uno de ellos consiste en “garantizar el orden público, el interés social, así como las funciones primordiales del Estado mexicano, entre ellas la seguridad nacional”.
Y explican en el expediente donde se rehúsan a aceptar la petición de Proceso que existe el peligro latente de restringir la libertad de expresión o de información cuando el ejercicio de la misma atente contra determinados valores públicos de importancia para la colectividad, entre los que se incluyen todos los procedimientos para la integración del gobierno.
Y sentencian: “Por lo tanto, el acceso a los paquetes electorales, incluso concluido el proceso electoral, no puede quedar al arbitrio de la autoridad, so pena de vulnerar el sistema jurídico e institucional diseñado por el legislador. La permisión de tales conductas no sólo conllevaría al menoscabo del estado de derecho al vulnerarse un mandato impuesto por ley, sino también a la sociedad mexicana y al orden constitucional.”
Petición a la CIDH
El viernes 15, en la última sesión del Consejo General del IFE, sus integrantes aprobaron un acuerdo mediante el que se posterga la destrucción de las boletas hasta que concluyan en todas las instancias nacionales e internacionales los trámites de las solicitudes de recuento de votos interpuestas por Proceso, El Universal y dos ciudadanos.
Este semanario tramitó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta atraiga el caso. El argumento de los abogados de Proceso se apega estrictamente al derecho de acceso a la información pública plasmado en la Constitución. El recurso está en manos del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Así mismo Proceso, a través de una de sus abogadas, Graciela Rodríguez, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, un grueso expediente en el que le solicita su intervención para que, mediante una moción suspensiva al gobierno de México, se detenga la destrucción de las boletas con los votos.
La petición ante la CIDH se hizo una semana antes de que el Consejo General del IFE aplazara por tiempo indefinido la desaparición de los paquetes electorales.
Escaneo de boletas
Dentro del IFE, un grupo de funcionarios cercanos al presidente de la Comisión de Transparencia, Andrés Albo, esgrimió la posibilidad de permitir el acceso a las boletas por medio de una amplia muestra que abarcara más de 5 millones de votos. Según la información obtenida por este semanario, se hizo una estimación del costo que tendría el escaneo de boletas para entregarlas a Proceso.
Sin embargo, fue el propio consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien se negó rotundamente a abrir los sobres con los votos. Y aunque él no tiene derecho a votar dentro de la Comisión de Transparencia, su postura es decisiva dentro del IFE.
En la misma tesitura de Ugalde estaba el PAN. A través de sus representantes ante el Consejo General, los panistas mandaron señales claras a la Comisión de Transparencia sobre su negativa a aceptar la apertura de los sobres.
En el dictamen se expone:
“Dada la naturaleza del contenido de los paquetes electorales y su naturaleza, una vez concluido el proceso electoral, dichos paquetes no pueden brindar mayor información que la ya dada a conocer primero por el Instituto y después validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).”
Otro argumento más:
“Existen valores o principios, como son los de certeza y definitividad de los procesos electorales para la integración de los órganos del Estado, que por su importancia para el Estado y la colectividad se constituyen como una limitación legítima al derecho a la información”.
Proceso cuenta con cuatro días hábiles –a partir del momento en que sea notificado formalmente de la resolución en su contra– para presentar un recurso de impugnación ante el TEPJF.
Los “tiempos difíciles”
Jenaro Villamil
En su habitual brindis prenavideño, el lunes 11 de diciembre, los principales directores, vicepresidentes y conductores de Televisa escucharon de su jefe, Emilio Azcárraga Jean, la advertencia de que vendrán tiempos difíciles para la empresa ante las “presiones” de sus enemigos y de la competencia.
Sin especificar cuáles eran esos “enemigos” ni a qué presiones se refería, Azcárraga subrayó que a Televisa la sustenta un “amplio reconocimiento internacional” y que estarán preparados “para lo que venga”, según describieron a Proceso algunos asistentes a la reunión.
El empresario evadió mencionar los desplegados y declaraciones del presidente de General Electric en México, Rafael Díaz Granados, en los cuales denuncia que tanto TV Azteca como Televisa emprendieron una campaña en sus noticiarios para “obstaculizar la apertura de una nueva cadena televisiva en el país”.
Azcárraga Jean tampoco hizo alusión alguna a la serie de notas que se han difundido en su televisora y en TV Azteca, con sorprendente coincidencia de enfoques y contenidos, en los cuales se acusa de ser un “monopolio criminal” al Grupo Saba, de Isaac Saba Raffoul, socio de General Electric-Telemundo en la empresa Palmas 26, que ya presentó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una solicitud formal para participar en la licitación de una tercera cadena de televisión.
Mucho menos mencionó Azcárraga la reciente disputa con Disney Channel y Jetix, los dos canales de programación infantil con mayor audiencia, que desde la segunda mitad de noviembre fueron retirados unilateralmente de Sky y Cablevisión, las empresas filiales de Televisa en la modalidad de paga.
Oficialmente, Sky sólo ha informado que “ante la falta de acuerdos de negocios” decidió retirar de su programación esos dos canales pertenecientes a Disney & ESPN Media Networks. También, desde hace dos meses, retiró de Sky los noticiarios de W Radio, argumentando “problemas técnicos” que nunca han sido explicados a los suscriptores.
En forma paralela al discurso a la defensiva de Televisa, TV Azteca inició desde el 8 de diciembre una campaña para justificar sus ataques al Grupo Saba y a General Electric.
Un correo electrónico enviado a decenas de columnistas de negocios y promovido por cabilderos de TV Azteca acusa a General Electric de “imponer sus intereses” y “presionar” al gobierno mexicano. Acusa a esta trasnacional de contratar los servicios de Luis de la Calle y de Julio Madrazo para “intentar comprar voluntades en el gobierno federal”. También señala que Madrazo es “íntimo y cercano amigo” del nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez.
El mismo lunes 11 de diciembre, otra serie de correos electrónicos acusa a General Electric de querer participar, “a como dé lugar”, en el mercado mexicano de televisión. Según TV Azteca, el “mecanismo de presión” consiste en “solicitar que se licite una red nacional de televisión abierta, apoyada por una intensa campaña mediática, cuando ésta es una facultad exclusiva del gobierno mexicano”.
El rechazo tajante de Televisa y de TV Azteca para abrir una tercera cadena televisiva –a pesar de que esto es un compromiso de campaña de Felipe Calderón, y no obstante que la SCT y la Comisión Federal de Competencia han señalado que hay espectro disponible– fue secundado por Gerardo González Abarca, uno de los cinco comisionados integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), el organismo regulador de los medios electrónicos.
En una entrevista con el diario El Financiero, González Abarca, quien fue apoyado por TV Azteca para ocupar la posición en Cofetel, dio la siguiente explicación: “En México no se tiene experiencia en materia de licitación de frecuencias para radio y televisión; no se ha evaluado a cuánto puede ascender el precio de referencia de la contraprestación; y no hay un estudio sobre las necesidades reales de una nueva alternativa, pero sobre todo del tipo de contenidos que se debe ofrecer”.
El propio funcionario admitió ante el reportero José de Jesús Guadarrama que la apertura del proceso de licitación en el primer trimestre de 2007 fue uno de los compromisos de campaña de Felipe Calderón, pero agregó que es necesario un “estudio profundo” sobre la necesidad real de contar con nuevas opciones de radio y televisión.
González Abarca ignoró así la reciente opinión de la Comisión Federal de Competencia, que el 28 de noviembre propuso “adjudicar a la brevedad el espectro radioeléctrico disponible para el desarrollo de nuevos canales de televisión abierta mediante mecanismos de licitación pública” (Proceso 1571).
Exilio forzado
Una frase de Emilio Azcárraga que se convirtió en mandamiento desde su llegada a la presidencia de Televisa, en 1997, fue: “Todo lo que le hagan a Bernardo Gómez me lo hacen a mí”.
Vicepresidente ejecutivo de la empresa, amigo de la infancia de Azcárraga Jean e identificado como el principal operador político de Televisa, Bernardo Gómez adquirió un poder e influencia incuestionables durante el foxismo.
Gómez fue el artífice del decretazo del 12 de octubre de 2002 que eliminó el 12.5% de los tiempos fiscales, es amigo del empresario Carlos Ahumada, que detonó los famosos videoescándalos de marzo de 2004 contra López Obrador, negoció con el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel el apoyo de Televisa a sus aspiraciones presidenciales a cambio de obtener 130 permisos para operar centros de apuestas, cabildeó y presionó al PAN, el PRI y el PRD para que se aprobara la Ley Televisa y fue el anfitrión, en su casa particular en Valle de Bravo, de la pasarela de candidatos presidenciales.
Cuando Azcárraga Jean quiso imponer como directivo de Univisión a Bernardo Gómez, sus diferencias con Joe Perencchio, el socio estadunidense, provocaron que este año fracasara el intento de Televisa por adquirir en su totalidad la cadena televisiva de habla hispana más importante de aquel país.
Dentro de Televisa, el polémico protagonismo y las bruscas maneras del vicepresidente comenzaron a ser conocidos como “el riesgo Bernardo Gómez”. Su estilo provocó la animadversión de otros poderosos accionistas y socios de la empresa, como Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala, el magnate venezolano Gustavo Cisneros y José Luis Cebrián, cabeza del Grupo Prisa.
En el referido brindis del 11 de diciembre, la estrella de Bernardo Gómez se vio opacada. A diferencia de otros años, el ejecutivo sólo tomó el micrófono para referirse al premio Ondas que recibió Televisa en Barcelona por la “excelente cobertura” informativa de las elecciones presidenciales mexicanas.
El exilio forzado de Bernardo Gómez a San Diego, California, es el primer cambio importante que se perfila dentro de Televisa en el calderonismo. Así se lo confirmó Gómez al periodista Federico Arreola. El 7 de diciembre, relata éste en La Jornada, Gómez le informó que dejará de ser el responsable de “las relaciones políticas” de Televisa. “Esto ahora lo ve Emilio Azcárraga… Estaré tres semanas en Estados Unidos y una en México”.
Otras versiones señalan que la petición de trato directo con Emilio Azcárraga fue realizada por el propio Felipe Calderón en dos encuentros con el presidente de Televisa, antes y después de la toma de posesión.
“No volverán a abrir Los Pinos a patadas”, suelen presumir los asesores cercanos a Calderón, en referencia a la forma en que Bernardo Gómez mantuvo su relación con la pareja presidencial durante el foxismo.
En una extensa entrevista publicada en El País el 28 de noviembre, Gómez confirmó que trabajará en la conquista de Univisión, ya que en el control de la cadena todavía “no se ha dicho la última palabra”.
En relación con las críticas de parcialidad que se le han hecho a Televisa por su cobertura informativa, Gómez pontificó en esa misma entrevista: “No es la intención de Televisa hacer política ni poner o quitar candidatos presidenciales, pero sí de ellos el influir en Televisa para que les apoye más, siendo un medio tan poderoso y el principal del mercado de América Latina”.
Y sobre el papel de la televisión en la transición del país, Gómez subrayó que Televisa ha tenido un rol “fundamental”. “En México, desgraciadamente, la gente lee muy poco y se informa mucho a través de la televisión. En este camino hemos jugado un papel muy importante”.
“Rating” en picada
Dos días después del brindis del lunes 11, los cambios en la programación de ambas televisoras comenzaron a filtrarse y a confirmarse en la pantalla. En los noticieros, Adela Micha se va de Canal 4, la señal metropolitana de Televisa, y comenzará a transmitir en el Canal 9. En lugar de Las noticias por Adela se transmitirá una revista femenina producida por Luis de Llano.
La emisión Tercer Grado, que se ha transmitido los miércoles en Canal 2, finaliza para dar lugar a un segmento denominado “barra inteligente”. Los principales conductores de segmentos informativos de Televisa –Denise Maerker, Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Joaquín López Dóriga y posiblemente Ciro Gómez y Carlos Marín– dirigirán un espacio de análisis. Desaparece Zona Abierta, conducido por Héctor Aguilar Camín, y se prevé que José Woldenberg tenga su propio programa de análisis.
Según informes originados en la empresa, se acaba también La Parodia. Durante un encuentro con Azcárraga Jean, Calderón pidió que se suspendieran las imitaciones y chistes sobre “la institución” presidencial.
Pero más allá de las presiones y de los ajustes de mandos internos, los cambios de programación también responden a un fuerte descenso en los niveles de audiencia, sobre todo de los noticieros, tanto en TV Azteca como en Televisa. El reporte comparativo mensual de IBOPE revela, entre otros, los siguientes datos:
–Los dos noticiarios estelares de Canal 2 y Canal 13, El Noticiero con Joaquín López Dóriga y Hechos de la Noche, conducido por Javier Alatorre, registraron en octubre un descenso importante. El primero tuvo 15.2 puntos en promedio, menor a los 19.5 puntos de mayo y a los 17.7 puntos de agosto. A su vez, el noticiario de Alatorre registró 11.8 puntos en octubre, menor a los 16.6 puntos de mayo y a los 14.5 de agosto.
–Los programas de debate y análisis político también han disminuido en rating. El caso más dramático es Entre Tres, de Canal 13, que sólo tuvo 1.9 puntos en promedio en octubre. Tercer Grado, en Canal 2, pasó de 7.8 puntos en agosto a 6.4 puntos en octubre. Zona Abierta pasó de 4.8 puntos en mayo a sólo 3 puntos en octubre.
–El programa semanal de Brozo, transmitido cada viernes, registró sólo 7.8 puntos de rating en Canal 2, un nivel muy bajo para el horario, la señal y el día. Las caricaturas de El Chavo tuvieron más audiencia que Brozo: 13.8 puntos en promedio.
–Salvo las telenovelas (La fea más bella encabeza el rating con 39.8 y Mundo de fieras con 23.5), las emisiones cómicas de Canal 2 también han disminuido en audiencia: La hora pico bajó de 18.2 en agosto a 14.5 puntos en octubre. Sólo La parodia subió ligeramente, de 11 a 11.4 puntos en el mismo período.
–Las telenovelas de TV Azteca, que antes compitieron con Televisa, están en sus niveles más bajos de audiencia: Montecristo registró 14.2 puntos, Campeones 9.7 y La vida es una canción 9 puntos en octubre. En agosto, la telenovela estelar de Canal 13, Amor en custodia, llegó a 23 puntos.
HAY QUE ESTAR ATENTOS A ESTA NOTA SIGUIENTE:
Colección de denuncias contra López Obrador
Daniel Lizárraga
Dos semanas después de que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República, tuvo conocimiento de que hay 34 averiguaciones previas contra Andrés Manuel López Obrador –acérrimo opositor del panista– archivadas en la Procuraduría General de la República (PGR) y que pueden convertirse en órdenes de aprehensión.
Esos archivos, que podrían ser abiertos en cualquier momento por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, abarcan el período comprendido entre 2004 y 2006, tiempo durante el cual el tabasqueño fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, luego candidato a la Presidencia y finalmente nombrado “presidente legítimo” por sus seguidores el pasado 20 de noviembre.
De acuerdo con estadísticas oficiales enviadas por la PGR al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el 43% de las averiguaciones previas contra López Obrador se iniciaron entre 2005 y 2006, mientras el político perredista recorría el país primero como precandidato y luego como aspirante de la coalición Por el Bien de Todos, que conformaron los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.
Se desconoce si las averiguaciones se iniciaron a petición de ciudadanos sin filiación partidista o si se trata de querellas interpuestas por organismos empresariales, organizaciones vinculadas al Partido Acción Nacional (PAN) o por el gobierno foxista. Esta información está protegida por la Ley de Datos Personales.
El pasado jueves 7, un día después de que el IFAI revelara, en sesión pública ordinaria, la información relacionada con las averiguaciones previas en poder de la PGR, López Obrador montó en cólera. Primero arremetió contra el periódico Reforma, al que tildó de “fascista” y “rastrero del PAN” por haber informado del asunto en primera plana el mismo jueves 7, y siguió contra Medina Mora, a quien, durante un recorrido por Durango, llamó “delincuente, integrante de la pandilla del hampa y de la mafia que domina el país. Ese señor sí es un verdadero delincuente, no los líderes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca)”.
El presidente del IFAI, Alonso Lujambio, quien se encontraba ese mismo día en aquella entidad, aclaró que los datos oficiales sobre las denuncias contra el exjefe de Gobierno capitalino son resultado de una solicitud de información sobre López Obrador realizada por el ciudadano Blas Alejo Buendía, según consta en el expediente 1825/06.
No obstante, en las 42 páginas de la resolución del IFAI –aprobada por unanimidad en sesión plenaria de miércoles 6– se observa que el Instituto puso en estrados una notificación respecto de su informe, ya que el correo electrónico que proporcionó Blas Alejo no existe.
Las clasificaciones
Las averiguaciones previas sin punto final se dividen en cuatro categorías: en trámite, en consulta de reserva, en reserva y en consulta de no ejercicio de la acción penal.
Para los comisionados del IFAI, encabezados en este caso por Alonso Gómez Robledo, el período para mantener estas denuncias bajo resguardo no puede exceder de un año –a partir del miércoles 6 de diciembre. La PGR pretendió imponerles un candado de 12 años pero no tuvo éxito.
En su análisis, los comisionados precisaron que los siguientes 12 meses son suficientes para que las nuevas autoridades decidan qué hacer con las denuncias contra López Obrador. Y adujeron que esas 34 averiguaciones previas pueden tomar un rumbo diferente si se encuentran pruebas que robustezcan las demandas contra el excandidato presidencial, o si las autoridades determinan que existen elementos suficientes y las someten al veredicto de los jueces federales.
A estas denuncias “vivas”, con posibilidades de transformarse en órdenes de aprehensión, podrían sumarse otras colocadas bajo las categorías de “acumuladas” e “incompletas”.
El IFAI ordenó a la PGR analizar los tres expedientes catalogados como “incompetencias”. En caso de que el Ministerio Público establezca que no hay sustento para llevar los casos ante un juez, entonces deberá ponerlos en manos del ciudadano que los solicitó.
Si los expedientes están “bajo reserva”, entonces podrán abrirse hasta dentro de un año.
Ese mismo criterio operará para las 24 averiguaciones previas colocadas en el rubro “acumuladas”. Según el IFAI, técnicamente podría tratarse de los mismos hechos o del mismo delito. Por ello, el Instituto pidió al Ministerio Público analizar si las averiguaciones continuarán bajo reserva por un año, con la posibilidad de incorporar más pruebas, o si por el contrario ya concluyó el no ejercicio de la acción penal.
Según el expediente, esas 24 averiguaciones previas contra López Obrador se iniciaron entre junio y septiembre de 2006, período durante el cual el tabasqueño dirigió los campamentos apostados en el Zócalo de la Ciudad de México y a lo largo del Paseo de la Reforma.
Viejas demandas
Los consejeros del IFAI determinaron en su sesión del miércoles 6 que la PGR deberá entregar sin demora –a partir del momento en que se le notifique oficialmente la resolución del Instituto– las copias de 19 averiguaciones previas que carecen de elementos para fincar responsabilidades penales contra el excandidato de la coalición Por el Bien de Todos.
Así mismo, la procuraduría deberá entregar a Blas Alejo los expedientes ya enviados a los juzgados federales, tanto en la Ciudad de México como en Villahermosa, Tabasco.
En ese conjunto de documentos se incluyen demandas interpuestas en 1976 contra López Obrador cuando lideró los bloqueos a instalaciones y pozos petroleros en protesta por la decisión del gobierno federal de autorizar la participación de la iniciativa privada en la industria petroquímica, así como para exigir indemnizaciones para más de 50 mil campesinos y pescadores afectados por la contaminación de Pemex.
Además de Blas Alejo Buendía, el presidente Vicente Fox ordenó en abril de 2004 hacer una revisión pormenorizada de estos expedientes, justo en el momento en que las autoridades pretendían retirar el fuero al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el caso del predio El Encino.
Un agente del Ministerio Público de la PGR en Tabasco, Gonzalo Sánchez Betanzos, fue cesado por revelar esta maniobra del gobierno federal contra López Obrador.
Incluso varios diarios de la Ciudad de México reprodujeron el contenido del oficio 780, fechado el 22 de abril del 2004:
“En atención a sus instrucciones emitidas de manera verbal, por vía telefónica, me permito informarle que después de haber realizado una minuciosa revisión a los libros de averiguaciones previas y actas circunstanciadas correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 se encontraron registradas las averiguaciones previas 31-96 y 28-96, AP 28-96 en las que fue solicitada la orden de aprehensión en contra del lic. Andrés Manuel López Obrador, como probable responsable en el delito de oposición a que se ejecute una obra de trabajo público en perjuicio de Pemex Exploración y Producción”.
Antes de la intervención del IFAI se conocían las dos averiguaciones previas radicadas en Tabasco, pero ahora se sabe que el gobierno de esa entidad consignó ante los juzgados 13 expedientes.
Aunque los presuntos delitos prescribieron desde 1999, los pormenores de las querellas se conocieron hasta ahora.
Por lo que concierne a las demandas presentadas contra López Obrador en la Ciudad de México, sólo una era pública: la orden de aprehensión contra el exjefe de Gobierno capitalino por el caso El Encino. No obstante, suman 65 las averiguaciones previas contra López Obrador, de las cuales 33 aún no concluyen, así como una radicada en Guadalajara, Jalisco.
La PGR admitió que en sus archivos tiene registradas 79 denuncias contra el excandidato presidencial desde 1996 hasta el 2006. De ellas, 34 no tienen punto final, según se desprende de la resolución del IFAI.
PARA DESPRESUPUESTAR NUESTRO OPTIMISMO
HISTORIA DE UNA ENTREVISTA QUE NAUFRAGÓ COMO EL TITANIC VUELTO CHINAMPA
Declarante: “–Qué bueno que a la Universidad Nacional Autónoma de México se le redujeron los ingresos para 2007 en el proyecto económico de Felipe Calderón Hinojosa. Creo que no podemos seguir inyectando dinero a la educación si no tenemos resultados académicos de los estudiantes que sean loables; debemos tener una evaluación... – decía el panista cuando un reportero lo interrumpió para comentarle:
–La UNAM está en el ranking de las 100 mejores del mundo y la mejor de América Latina, y de todos modos le recortaron el gasto.
–Oiga, ¡y qué bueno! ¿Y sabe usted que, por ejemplo, la norma mínima de calificación aprobatoria es de cinco, y si usted saca cero la mínima es de cinco? Claro, ¡oiga!, es muy grave, y eso es lo que tengo enterado (Tengo enterado, dice el Sic antes de extraer el Cero que se dice “y eso es de lo que estoy enterado”. Afirmado lo anterior, el Sic le otorga la respiración artificial al 6).
–El cinco es cinco y es reprobatorio –le aclaró una reportera.
LO QUE VIENE ES BRILLANTE COMO LA VIDA
–Por eso, nada más que, espéreme, si usted saca cero le ponen cinco, y el promedio mejora muchísimo con ese tema (Lo que no mejora, porque ya falleció, es la lógica del declarante. La R.). Repito, la educación es un tema muy valioso, muy importante (se ríe), de veras, chéquelo.
–Entonces, ¿que desaparezcan las universidades públicas?
–-No, ¡oiga!, no se trata de radicalismo.
–-¡No!, yo le estoy preguntando –-respondió otra reportera.
–O sea, es día o es noche, ¿no puede haber mediodías? (Sí pueden darse pero con usted tendrían que oscurecer. La R., ya francamente divertida.)
–-Entonces, ¿nada más los del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México, -privado) tienen capacidad?
-–No, repito, el ITAM no es una universidad que reciba subsidio público (Le preguntaron otra cosa, mi estimado. La R.).
-–¿Qué van a hacer con las universidades públicas que no tienen calidad? ¿Desaparecerlas, impulsarlas, en qué se piensa?
-–Tenemos que buscar algún mecanismo para evaluar la calidad de los estudiantes al salir (Esto se ve difícil, porque el sector federal es el de la educación privada. La R.). Ustedes lo saben muy bien, hay jóvenes que pasan la primaria, la secundaria, y su educación no es lo más adecuado posible, no es de acuerdo con el promedio que quisiéramos tener dentro de México, ésa es la verdad (La verdad es que el declarante tiene el promedio que exige a la clase gobernante. La R.).
POR UNA VEZ, POR FAVOR, RESPONDA A LO QUE SE LE PREGUNTA
-–Entonces, ¿se propone que sólo habrá dinero para alumnos de excelencia?
-–Creo que la educación es un tema que debemos cuidar, pero no es el único que hay en la palestra para analizar.
-COMO EL DECLARANTE NO QUIERE RESPONDER SINO LEVITAR, CONSIGAN UN ABOGADO PARA QUE DECLARE EN TRIBUNALES
–¿Y en el tema de los banqueros, diputado?
-–En el tema de los banqueros, ¿en qué? –-reviró.
–-Se trata de 27 mil millones los que se consideran para el rescate bancario -–se le insistió.
–-Bueno, pues eso, otra vez, tendremos que evaluar cómo está presentado dentro de todas las fracciones, y vamos a ver qué vamos a hacer de modificación (Sic que se ahoga).
-–Y ahí sí no hay peros, ¿verdad?
-–No es que no haya peros, es que todo tenemos que evaluarlo. Este es un proyecto que está presentando el Ejecutivo, donde el cuerpo legislativo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, tiene que estar analizando.
- FINAL APASIONADO EN DO DE PECHO
–Yo soy egresado del Tec de Monterrey.
–-¿Y sus hijos, estudian en escuelas públicas?
-–Estudian en escuelas privadas, y me encantaría que todos estudiaran en escuelas que tuvieran mejor capacidad.”
Raúl Alejandro Padilla Orozco, diputado panista y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nota de Roberto Garduño, La Jornada, 9 de diciembre de 2006.
SECCIÓN (CON MÚSICA DE “LA CUCARACHA”): LA MANO DURA, LA MANO DURA, YA NOS QUIERE GOBERNAR...
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¿Y QUÉ ES “LA PAZ SOCIAL”?/ ¿Y TÚ ME LO PREGUNTAS, SUBVERSIVO?
“–Una de las prioridades del área a mi cargo es que el país tenga el menor volumen o número de movimientos que alteren la paz social.
–¿Qué postura asumirán cuando se reúnan con la comisión de la APPO, la cual pide la liberación de presos y la cancelación de órdenes de aprehensión?
–La ley no se negocia (Tampoco se improvisa o se usa como cuadrilátero de box. La R.). Si en algunas cuestiones tienen razón, se les dará. No nos cuidaremos políticamente, venimos a despeinarnos para hacer cumplir la ley (¿Cómo que no se van a cuidar políticamente? ¿Se van a descuidar intencionalmente? ¿No valdría la pena un poco de gel? La R. que prosigue por su cuenta la metáfora). Ese calificativo de mano dura no debería confundirse con el cumplimiento del estado de derecho a toda costa (Sic que le da la vuelta a la manzana para saber qué es “a toda costa”), porque hoy los mexicanos demandan que la ley sea algo donde te puedas recargar, puedas descansar tranquilo” (La ley es una pared mañosa y muy cerca de la esquina).
Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación Abraham González. Nota de Fabiola Martínez La Jornada, 8 de diciembre de 2006.
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POR ESTADO DE DERECHO ENTIÉNDASE LO QUE AL IDEARIO TESTICULARIO SE LE HINCHE
“Respaldamos la mano dura con que el nuevo gobierno panista ha actuado en Oaxaca, ya hacía falta restituir el estado de derecho en la entidad. No tienen importancia (las denuncias que organismos civiles nacionales e internacionales, así como representantes de la Iglesia católica y de la comunidad cultural del país han hecho sobre la violación de los derechos humanos de los detenidos, muchos de los cuales, se asegura, no pertenecen a la APPO). Hay que dejar que la justicia tome su curso, se hagan las investigaciones pertinentes y si, efectivamente, se arrestó a gente que no tenía ninguna culpabilidad, se castigue a los funcionarios que lo hayan hecho (Y el tiempo en la cárcel y las consecuencias de todo tipo a los injustamente detenidos, que se los restituya Darth Vader. La R.). Esas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a veces defienden en forma muy enfática a los criminales (¿Podría citar un solo ejemplo, mi buen? La R.), y en Oaxaca vimos actos criminales y faltas a la ley: ahí están las imágenes de propiedad privada, comercios y bancos quemados, y el abuso de la APPO que convirtió en un estado de sitio la ciudad de Oaxaca (¿Está usted seguro, pruebas en la mano, de que los detenidos son los responsables? ¿Exculpa usted, como lo hace enfáticamente, a Ulises Ruiz, su policía y sus paramilitares? ¿Podría decirnos qué día va a presentar sus pruebas? La R.). Realmente hay que actuar con mano dura cuando la situación llega al grado que llegó, y bendito sea que ya se dio”.
Lorenzo Ysasi, presidente de la Concanaco Servytur en la Ciudad de México. Nota de Miriam Posada, Susana González y Eduardo Martínez, La Jornada, 8 de diciembre de 2006.
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NO VENGO A PEDIR ERRORES, YA NO ACEPTO
MIS DISCULPAS
“–¿Usted ofreció disculpas?
–Vine a dialogar respetuosamente con ellos, no tengo pleito con ellos, he reconocido la institucionalidad con la que ha actuado el grupo parlamentario del PRI.
–¿Ratifica las declaraciones de Emilio Gamboa, en el sentido de que ellos (los priistas) salvaron la patria al permitir que el señor Calderón... –interrumpe la pregunta Jorge Zermeño.
–No haré más comentarios. Yo reconocí que el día primero de diciembre la actitud responsable de los legisladores del PRI fue lo adecuado; por supuesto que contribuía (esa bancada) a dar el quórum que hacía falta, fue una actitud de respeto a la Constitución y una actitud constitucional.
–Señor, ¿reconoció usted errores?, ¿usted le pidió perdón a los priistas?
–No vine a pedir perdón a nadie, vine a dialogar con respeto para todos.
Jorge Zermeño Infante, presidente de la Cámara de Diputados, luego de dialogar con respeto con los priistas. Nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez, La Jornada, 8 de diciembre de 2006. (La vocera del PRI Beatriz Pagés dio otra versión: “Estuvo bien, vino el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño, a presentar una disculpa muy sentida al grupo parlamentario del PRI... Debemos reconocer, vino con una actitud muy sencilla, humilde, cooperativa, para pedir sentidas disculpas.”)
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TIENE RAZÓN. LAS PREOCUPACIONES ÚNICAMENTE
SE DEMUESTRAN DEJANDO HABLAR AL CORAZÓN
(A VER QUIÉN LO TRADUCE)
“Una de las preocupaciones del presidente Felipe Calderón es la educación, pero esto no necesariamente tiene que verse reflejado en el presupuesto”.
Diputada local del PAN Celina Saavedra. Nota de Gabriela Romero Sánchez, La Jornada, 9 de diciembre de 2006.
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EN LO OSCURITO EL MEZCLARSE ES MÁS BONITO
(AUNQUE TAL VEZ MENOS CRISTERO)
Carlos Loret de Mola (CLM): “¿Cómo le va? Buenas tardes. Ahora sí que el “Caballo Negro” se va al campo.
Declarante (D): Una aclaración ahí, nunca decliné, como buen cristero en la raya morimos, pero no decliné en la contienda interna, hasta el final la topamos. A tus órdenes.
CLM: ¿Cómo ha estado últimamente, qué ha hecho?
D: En el Senado, los últimos tres meses estuve ahí aplicándome en todos los trabajos muy contento. Tengo todavía la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que sirvió para empezarle a agarrarle mucha información.
NO SE DEFIENDA, COMPADRE
CLM: ¿Ya sabía que por ahí podía venir el golpe, o por qué escogió esta comisión?
D: No, simplemente porque en el PAN definimos que nos teníamos que meter más a áreas en donde pocas veces nos habíamos metido, en este caso concreto a la educación, con los maestros, a los sindicatos, a los campos; son asuntos que el PAN históricamente no ha tocado a fondo y quiso entrarle a ese asunto para trabajar más directamente.
CLM: En el gabinete económico panistas, ninguno.
D: Yo creo que hemos superado eso ya, no sé cómo lo percibas pero ya no es tan recalcitrante esta situación de que eres puro y casto y que no se pueden tomar de la manita... en fin.
CLM: Todo se resuelve en el cine cuando apagan la luz.
D: Más o menos.”
Alberto Cárdenas Jiménez, nuevo secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Grupo Radiópolis, 9 de diciembre de 2006.
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ESA PALABRA ES SUFICIENTE. ES UN COCTEL DE ESPERANZAS, UN INHIBIDOR DE ANGUSTIAS, UN ANTIRRETROMORAL
“En términos de etiquetados no hay una línea directa que diga ‘compra de antirretrovirales’, sino que éstos ya pasan a ser parte de lo que se cubre con el fideicomiso de gastos catastróficos que tiene el Seguro Popular (Y si la argumentación resulta catastrófica, no tiene mayor importancia. La R. de la transcriptasa reversa). Ahorita, lo único que se tiene es la palabra del secretario de Salud, José Ángel Córdoba, de que no va a haber desabasto y que están destinados los fondos”. (¡Por éstas!)
Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Salud, al justificar la inexistencia de un rubro presupuestal para la compra de medicamentos antirretrovirales para personas que viven con VIH-sida. Nota de Emir Olivares, La Jornada, 12 de diciembre de 2006.
Autonombramiento: CM. Selección de textos: JV.
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