MEXICO:DONDE MANDAN LAS PATOTAS.

Criminalización de la pobreza.
México: Donde mandan las patotas.

Federico Casaletti
APM.

Amnistía Internacional denunció gravísimos abusos a un grupo de campesinos por parte de la policía mexicana durante una manifestación. Hubo torturas, maltratos y violencia sexual. Como en Ciudad Juárez, las mujeres son el principal blanco.

“El día 4 de mayo fui detenida por la mañana (…) Me tiraron al suelo e igualmente me golpearon con patadas, con puñetazos, con los toletes (N. de la R. garrote corto) y las macanas. Me jalaban el cabello, me pisotearon, después me levantaron y entre empujones y golpes me subieron boca abajo en una camioneta de la policía. (…) Al subirme al camión (autobús) me di cuenta que adentro de éste estaban golpeando. A mí, entre golpes, insultos y empujones me empezaron a manosear primero los glúteos, luego a frotarme encima del pantalón tocándome los senos y luego metieron sus manos debajo rompiéndome el sostén y causándome gran irritación en los pezones. (…) No podíamos movernos, si nos movíamos nos golpeaban. Hemos pedido hacer las denuncias, pero no nos han hecho caso”.

El relato se obtuvo a partir del accionar de una delegación de la organización defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional que se trasladó a México para investigar serias violaciones a los Derechos Humanos ocurridas los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, como consecuencia de un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina de la zona. El testimonio descrito pertenece al de una mujer cuya identidad ha sido reservada por posibles futuras consecuencias. Fue detenida el 4 de mayo en San Salvador Atenco y lo que rememora es su traslado al penal del estado dentro del vehículo policial.

Según informes de testigos presenciales, durante las protestas, varios manifestantes se enfrentaron de forma violenta a los cuerpos oficiales de los mencionados municipios, que pertenecen al Estado de México. Durante los enfrentamientos varios policías resultaron lesionados y manifestantes retuvieron a varios agentes. En tales circunstancias, las fuerzas de seguridad pública tienen el deber de garantizar el orden y proteger la integridad tanto de los policías como de los transeúntes.

Sin embargo, la forma en la que al parecer tuvieron lugar la mayoría de las detenciones –tanto de hombres como de mujeres– puso en relieve graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la tortura, el maltrato y el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. Además, dos jóvenes, uno de ellos menor, fallecieron por consecuencia de los disturbios y hasta la fecha no se ha esclarecido las circunstancias de sus muertes.

Asimismo, varios testigos señalaron que los policías hicieron un uso generalizado de gases lacrimógenos, amenazaron a manifestantes con armas de fuego y patearon y golpearon con garrotes a las personas ya sometidas. Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional, los policías cerraron los principales accesos al municipio y catearon y dañaron decenas de viviendas, amenazaron a sus habitantes y practicaron numerosos arrestos en la población sin presentar órdenes de aprehensión. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que la Policía Federal Preventiva impidió el "libre transito" de los visitadores de la CNDH a los lugares donde se estaban practicando las detenciones.

En el caso de las mujeres, varias de ellas han denunciado ante las autoridades y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos haber sido objeto de violencia física, psicológica y sexual por parte de los policías del Estado de México que las detuvieron, sobre todo durante su traslado al penal en varios vehículos. La CNDH ha registrado 23 casos de violencia sexual durante el operativo.

Además, Amnistía Internacional documentó cómo inmediatamente después de las detenciones, las autoridades del Estado de México negaron a varias de las mujeres la posibilidad de presentar una denuncia penal, no les ofrecieron una atención médica ni psicológica adecuada, ni les practicaron exámenes médicos delicados para la obtención de pruebas con el consentimiento de las víctimas. Hasta el día de hoy, las autoridades del Estado de México, a pesar de haber iniciado investigaciones al respecto, continúan negando a las mujeres un acceso a la justicia con plenas garantías de independencia e imparcialidad. Ante esta situación, cabe recordar el triste antecedente –que no deja de existir en el presente– del femenicidio de Ciudad Juárez.

Según los testimonios recogidos por AI, tanto el 3 como el 4 de mayo, la mayoría de las personas detenidas fueron trasladadas al penal estatal de Santiaguito en varios vehículos de la policía y autobuses. Fue durante este periodo cuando tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos a los detenidos por parte de los policías de seguridad estatal que los custodiaban, en lo que parecería haber sido un acto de represalia por su posible vinculación con la organización campesina, considerada por las autoridades del Estado de México como un grupo subversivo.

La mayoría de los detenidos coinciden en señalar que los policías les obligaron a permanecer apilados en el suelo de los vehículos uno encima de otro por varias horas provocando sensaciones de asfixia a la vez que eran pisoteados por los agentes. Los golpes, insultos y las amenazas de muerte se repitieron en contra de las personas detenidas en varios de los vehículos en los que viajaban. Varias mujeres denunciaron haber sido objeto de violencia sexual durante el trayecto. La mayoría de las personas detenidas permaneció con la cara cubierta mientras duraron los abusos dificultando la identificación de los presuntos agresores.

Otro de los testimonios relató: "me ordenaron bajar la cabeza sobre un charco de sangre, yo no quería poner mi cabeza en la sangre y la bota negra de un policía sobre mi cabeza me obligó a hacerlo. La camioneta encendió motores y en el camino fui manoseada por muchas manos de policías, yo sólo cerré los ojos y apreté los dientes esperando que lo peor no sucediera. Con mis pantalones abajo, la camioneta se detuvo y se me ordenó bajar, torpemente baje y una mujer policía dijo: “a esta perra déjenmela a mí” y golpeó mis oídos con las dos manos”.

Mientras tanto, pese a que el gobierno mexicano ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y la obligación de prevenir y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres, el informe pone de manifiesto cómo las autoridades mexicanas siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar que estos abusos no queden impunes. Al respecto, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, parece descreer de lo mencionado en el informe que brindó Amnistía Internacional al sostener que no comparte lo observado por AI al tiempo que afirmó: “no gobierno para las organizaciones, gobierno para los mexiquenses”.

Ante esto, nada justifica la violencia que recibieron los policías en las manifestaciones. Sin embargo, su respuesta excedió claramente los principios sobre el empleo de la fuerza o las armas sin mencionar los posteriores abusos, torturas y tratos degradantes. Y esto se da en un clima tenso, donde las graves violaciones descriptas se conjugan con las recientes conflictivas elecciones presidenciales, la consternación generalizada por la construcción por parte de Estados Unidos del muro fronterizo y la preocupante situación de los movimientos militares en Oaxaca.

fcasaletti@prensamercosur.com.ar