¿QUIEN MANDA AQUÍ?.

Antonio Gershenson en la Jornada:

¿Quién manda aquí?.

Ahora resulta que el más poderoso secretario de Estado, el de Hacienda, para comparecer ante el Congreso necesita permiso del ya famoso Hildebrando, el "cuñado incómodo" del candidato del PAN a la Presidencia.

Los tecnócratas firman contratos por encima del derecho del Congreso de llamar a comparecer, entre otros, a los miembros del gabinete, en este caso con una cláusula de confidencialidad. La impunidad ante todo.

Tanto el funcionario firmante del contrato, como el contratista, pasan con esto por encima de las facultades del Poder Legislativo. Y no es este el único ejemplo.

Recordemos los casos de banqueros y algún ex funcionario que habían huido del país. Uno de ellos, después de largos procesos judiciales fue deportado de Australia, otro de España, y así. Al llegar a México, la legislación, hecha a la medida por los tecnócratas, permitía que salieran bajo fianza, a pesar de que las cantidades involucradas en los respectivos delitos eran enormes, y triunfó nuevamente la impunidad.

Las cláusulas de confidencialidad han sido usadas, en repetidas ocasiones, para eludir la comparecencia de funcionarios y ocultar ante el Congreso y ante el país numerosas irregularidades, cuando no posibles delitos.
El secretario de Hacienda, ante el cual tiemblan no pocos funcionarios, es dócil ante el mencionado Hildebrando. ¿Quién manda aquí, entonces?

Es evidente que el ser cuñado del candidato del PAN a la Presidencia, con el habitual tráfico de influencias, es lo que le da ese poder. Y eso que es sólo el candidato, con posibilidades decrecientes a medida que siguen apareciendo "familiares incómodos" y, en cambio, se consolida el proyecto alternativo. En especial, el viernes aparecieron integrantes de la familia de Bueno Torio, ex director general de Pemex Refinación, con más de 160 millones de pesos en contratos.

¿Cuántas familias más faltarán por aparecer?
Incluso los Bribiesca parecen pasar a un segundo plano, dado que están ligados al régimen que termina.


En conjunto, lo que se ve es un sistema económico basado en los privilegios. De ahí que sea importante la insistencia de López Obrador en sus discursos en diferentes ciudades, en la necesidad de liquidar este sistema y en implantar una nueva política económica, que incluya austeridad en los gastos de los funcionarios, lucha contra la corrupción, y también inversión pública que sea pivote de la inversión privada.

Uno de los casos importantes en este proyecto alternativo económico es la inversión en industria de la construcción. Por un lado, se trataría de obras públicas, vivienda, etcétera. Por otro, la construcción de refinerías, plantas para generar electricidad y otros que, al mismo tiempo, son parte del otro caso importante de inversión pública: las industrias energéticas.

Estas juegan un papel importante en la reactivación económica del país. Adquieren equipos y materias primas; emplean mano de obra en cantidad; aprovechan obra de empresas privadas, como en caminos, construcciones, etcétera.

Pero además suministran energéticos a precios razonables. Miles de empresas cerraron, durante el gobierno que termina, por los altos precios del gas natural y de la electricidad. La alta dependencia que se estimuló de las importaciones de energía, especialmente gas y gasolina, fue el pretexto para usar precios basados en los del sur de Texas, en vez de los costos reales de la producción nacional.

Esto deberá revertirse, y la disponibilidad de energía a precios razonables será un estímulo para que reabran empresas que fueron cerradas por la política de los tecnócratas. Estos son elementos fundamentales en la política alternativa, que deberá sustituir a la actual.

Una razón mas para votar por AMLO y la mayoría perredista al Congreso.