EL PROCESO DE ESTA SEMANA

A continuación lo que nos parece más sobresaliente del Proceso de esta semana. Antes que nada, vean la portada:

Este es el reportaje sobre el cuñado incómodo que presenta esta semana Proceso:

Golpe brutal
Daniel Lizárraga

Las alarmas resonaron fuerte en Los Pinos el fin de semana posterior al estallido del escándalo del cuñado de Felipe Calderón. Diversas encuestas habían revelado una dramática caída en las preferencias electorales por el candidato del PAN. Y hasta donde se sabe, los sondeos que ordena realizar la casa presidencial, y que son de uso exclusivo de Vicente Fox y sus más cercanos colaboradores, eran aún más adversos. El proyectil lanzado durante el debate del martes 6 de junio por Andrés Manuel López Obrador había dado en el blanco. Y el control de daños no existió o no obtuvo los efectos deseados. El propio gobierno federal agravó el revés al emprender una apresurada, torpe y fallida "operación encubrimiento". Más que incómodo, Diego Zavala puede resultar un cuñado mortífero para las aspiraciones de Calderón de convertirse, según sus palabras, en el presidente del cambio y la continuidad.

La lluvia de comunicados oficiosos que, un día después del debate presidencial del pasado martes 6, intentaron exculpar al cuñado de Felipe Calderón de posibles conductas ilícitas en sus negocios con el gobierno federal, evidenciaron no solamente el apoyo irrestricto del Estado al candidato oficial, sino que fueron tan inútiles como contraproducentes.

Aún más: hay indicios de que el caso del llamado "cuñado incómodo" es visto en Los Pinos con alarma, como un golpe brutal a las aspiraciones panistas en el último tramo de la campaña presidencial. Como una reacción acorde con este sentimiento fue considerada, por ejemplo, la inopinada e insólita designación de Cuauhtémoc Cárdenas como titular de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana, nombramiento del que tomará posesión este lunes 19.

Porfirio Muñoz Ledo, promotor del voto para Andrés Manuel López Obrador -lo fue también para Fox, hace seis años-, y quien conserva indudables contactos cercanos al equipo del presidente, de quien fue colaborador en los primeros años de su sexenio, describe así el nombramiento de Cárdenas en una entrevista realizada en Guadalajara el pasado 16 de junio:

"Es un reconocimiento a la izquierda y lo digo con conocimiento de causa. Vicente Fox prepara ya una transición tersa del poder. En Los Pinos tienen todas las encuestas que les interesan, no escatiman en eso. Por eso, Fox ya sabe que vamos a ganar: de hecho, ya admitió que López Obrador ganará las elecciones del 2 de julio."

Pese a los esfuerzos del gobierno federal, el caso del cuñado de Calderón podría ser decisivo. En los días posteriores a ese segundo debate, Calderón cayó al segundo sitio en las preferencias electorales, después de varias semanas de haber figurado en el primer lugar.

Con su denuncia respecto del presunto tráfico de influencias y evasión de impuestos en la operación de las empresas de Diego Zavala, hermano de la esposa de de Calderón, el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, enloqueció al equipo panista de campaña y provocó que el gobierno de Vicente Fox echara a andar su maquinaria propagandística para tratar de encubrir a Zavala y exculpar vía fast track a Felipe Calderón.

La onda expansiva del golpe que López Obrador logró asestarle a su principal contendiente, Felipe Calderón, no se detuvo y, más aún, prácticamente todas las dependencias aludidas en la denuncia del PRD terminaron aceptando, aunque con matices, haber celebrado contratos con la empresa de Diego Zavala, Hildebrando, S.A. de C.V.

Menos de 24 horas después del debate, Pemex deslindó públicamente a Calderón de cualquier irregularidad en la entrega de contratos a la empresa de su cuñado. Sólo que lo hizo... antes de investigar si realmente había operaciones que implicaran alguna conducta ilícita.

La paraestatal encabezada por Luis Ramírez Corzo emitió un comunicado la noche del miércoles 7, en el cual destacó que durante los ocho meses que Calderón estuvo al frente de la Secretaría de Energía (Sener), "no se suscribió ningún contrato con la compañía Hildebrando, S.A. de C.V.".

Y, contundente, fijó así su postura: "Pemex reitera que todos los contratos que se suscriben en la empresa se apegan a los requisitos establecidos en las leyes de la materia".

Este comunicado llegó a los periódicos, televisoras, estaciones de radio y revistas la noche de ese día. Alrededor de las 13:00 horas, el equipo de campaña de López Obrador había dado a conocer el contenido de un expediente de más de 400 páginas mediante el cual pretendía acreditar que el crecimiento de Hildebrando fue alentado desde el gobierno y, en especial, desde la Sener.

Un día después -el jueves 8-, la dirección general de Pemex emitió una orden por escrito a todas sus áreas pidiéndoles proporcionar, con carácter de "extraurgente", los datos disponibles sobre contratos que se hubieran celebrado durante el gobierno del presidente Vicente Fox con Hildebrando, S.A. de C.V., así como con otras 19 compañías presuntamente vinculadas a esta firma.

La orden fue girada mediante un oficio, del que Proceso tiene una copia, emitido por la Subdirección de Almacenamiento y Distribución, así como por la Unidad de Evaluación del Desempeño y Control de Gestión del Área de Normatividad, y en el cual se exige una respuesta "para hoy". A la letra dice:

"Al respecto, mucho agradeceré girar sus apreciables instrucciones a fin de que en caso de que tengan celebrados contratos con las empresas citadas, se proporcione a esta unidad el día de hoy la fecha de contratación, el objeto, el monto y la vigencia del mismo, en el formato que se anexa, mismo que le será remitido vía correo electrónico."

Este oficio interno, número PXR-SAD-UEDCG-0598/06, aparece firmado por Héctor Eduardo González García Piña como jefe de área.

Cuando las áreas de la paraestatal rindieron sus informes, la mayor parte de los medios de comunicación de cobertura nacional, mediante informaciones basadas en declaraciones oficiosas, ya habían deslindado al candidato panista de cualquier responsabilidad en el caso de las licitaciones ganadas por su cuñado Diego Zavala Gómez del Campo.

La apresurada reacción de Pemex fue matizada por el propio director de Hildebrando, primero en una entrevista de televisión y posteriormente en una rueda de prensa.

Contrariamente al deslinde de la paraestatal, Diego Zavala reveló que en noviembre de 2003 -justo en el período en que Calderón estaba a cargo de la Sener- obtuvo 10 contratos por 1 millón 299 mil pesos en Pemex.

En enero de 2006, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por tres meses a la empresa Meta Data -comprada por Hildebrando-, ya que proporcionó datos falsos sobre sus declaraciones fiscales cuando ganó una licitación en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en 2002.

Como Meta Data fue comprada hasta octubre de 2003 por Hildebrando, la sanción no alcanzó a la segunda empresa. De hecho, Meta Data dejó de existir como razón social, comentaron a Proceso fuentes de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, en su prisa por deslindar a Calderón, el gobierno federal omitió informar este detalle.

lll

Otra de las dependencias que reaccionó de inmediato como parte de este presuroso blindaje oficial que trató de proteger al candidato presidencial panista, fue la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El mismo día en que los perredistas presentaron sus pruebas sobre el presunto tráfico de influencias realizado desde el gobierno foxista para favorecer al cuñado de Felipe Calderón, la Sedesol aceptó la existencia de las licitaciones a favor de Diego Zavala, aunque enfatizó que los procedimientos respectivos se realizaron con apego a las leyes.

La titular de la Sedesol es Ana Teresa Aranda, quien apoyó a Calderón cuando éste contendió por la candidatura presidencial contra Santiago Creel. Aranda sustituyó en el puesto a Josefina Vázquez Mota cuando ésta decidió integrarse al equipo de campaña calderonista.

La Secretaría de Energía, por su parte, se apresuró a declarar que no suscribió contratos con la empresa de referencia entre el 2 de septiembre de 2003 y el 31 de mayo de 2004, período en el que Calderón Hinojosa estuvo al frente de la dependencia.

La Sener "no ha tenido ninguna relación cliente-proveedor con la empresa citada en el lapso mencionado", aseguró el oficial mayor de la dependencia en un comunicado.

La noche del mismo miércoles 7, la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reconoció sus vínculos con Diego Zavala. Sus representantes dijeron que habían otorgado un contrato por 15 mil 310 dólares a la empresa Hildebrando.

La dependencia emitió un escueto comunicado -al igual que Pemex- en el que sostuvo que dicha asignación fue hecha el 9 de noviembre de 2005, después de que Calderón fungiera como secretario de Energía.

Señaló, además, que Hildebrando obtuvo el contrato luego de participar en la licitación pública internacional 18500001-069-05, convocada por la paraestatal para la adquisición de un software.

lll

Con el fin de amainar los efectos del golpe mediático asestado por el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, en su última intervención en el segundo debate presidencial, efectuado el martes 6, los panistas echaron también al ruedo político, en su defensa, a la Secretaría de Hacienda y al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La primera dependencia, dirigida por Francisco Gil Díaz, a quien se le vincula con Diego Zavala, acusó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) -sin aportar pruebas y sin haber concluido la investigación- de haber suministrado información fiscal relacionada con el dueño de Hildebrando a López Obrador, con el propósito de que la utilizara contra el candidato panista.

Agregó que, por tal motivo, abriría una investigación para determinar si hubo violaciones a la ley por parte de alguno o algunos de los servidores públicos que tienen acceso a información fiscal y están obligados a mantenerla en absoluta reserva.

"De acuerdo a la investigación realizada por el SAT para este caso y corroborada con lo hasta hoy publicado en la página electrónica www.amlo.org.mx, se desprende que la información que fue revelada en el segundo debate presidencial se obtuvo a través del Gobierno del Distrito Federal", señaló Hacienda en su comunicado.

Anunció que, ante esa filtración, el Servicio de Administración Tributaria presentará ante el Ministerio Público Federal una denuncia para que se investiguen los hechos atribuidos a funcionarios del GDF, y eventualmente a funcionarios federales, y se deslinden las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.

"Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno del Distrito Federal infringe la secrecía obligada en asuntos de esta naturaleza. Cabe recordar el caso de Gustavo Ponce Meléndez cuando el entonces Jefe de Gobierno también reveló información protegida por el secreto bancario, por la reserva de una averiguación previa y por un convenio internacional", destacó.

Lo que no aclaró Hacienda es si abrirá o no una investigación sobre la actuación de Hildebrando, toda vez que, durante el segundo debate presidencial, López Obrador acusó a Diego Zavala de evadir el pago de impuestos y de haberse beneficiado con millonarios contratos durante la actual administración, principalmente cuando su cuñado, Felipe Calderón, dirigió la Secretaría de Energía.

Más tarde, aunque el IPAB reconoció haber celebrado contratos con Hildebrando, intentó justificarse: El valor de dichos compromisos, puntualizó, fue 43% inferior al denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (2 mil 500 millones de pesos).

En un comunicado, el IPAB señaló que las cuatro contrataciones realizadas con la empresa de Zavala se apegaron a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las cuales, subrayó, fueron debidamente auditadas.

Agregó que en el mensaje televisivo que el PRD difundió posteriormente al segundo debate, se hizo referencia a tres contratos del IPAB con Hildebrando, uno por más de 2 millones de pesos, otro por 1 millón 423 mil pesos y un tercero por más de 6 millones de pesos.

"Estas cantidades no sólo no se apegan a la realidad; los montos efectivamente contratados son 43% inferiores a la suma de las cantidades mencionadas", indicó.

Además, sostuvo que en 2003 realizó el primer contrato con Hildebrando, con vigencia de cuatro meses y por un importe de 664 mil 125.44 pesos; en 2004, otro de nueve meses y por 1 millón 471 mil 995 pesos; en 2005, uno de 10 meses por 1 millón 423 mil 200 pesos, y el más reciente, en 2006, de 12 meses y por 1 millón 707 mil 840 pesos.

Un segundo reportaje muestra que fué bajo el amparo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola (el que habla con los patos) que la empresa HILROBANDO (propietaria de META RATA) cometió irregularidades contra el Servicio Postal Mexicano:

Bajo el amparo de Cerisola...
Daniel Lizárraga

Desde el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) y luego en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Pedro Cerisola, se maquillaron a partir del año 2002 irregularidades cometidas por la empresa Hildebrando S.A. de C.V.

Se trata de un incumplimiento de contrato que, desde ese entonces, hubiera puesto en aprietos a la compañía del cuñado de Felipe Calderón para seguir como cliente del gobierno foxista.

Gracias a esta maniobra, el historial de Hildebrando S.A. de C.V., ha permanecido limpio en los registros oficiales, hecho fundamental para que se convirtiera en una de las dos empresas mexicanas más influyentes en el manejo de software. Sin embargo, hay una historia, hasta ahora desconocida, que muestra irregularidades que pudieron acarrearle un veto de hasta cinco años para volver a participar en licitaciones con sus productos.

El 31 de diciembre de 2002, cuando el gerente de Base de Datos de Sepomex, Raúl Gutiérrez y Montero, inició los trámites para que se castigara a la empresa Hildebrando por incumplimiento de un contrato, fue parado en seco.

Ahora, tres años y seis meses después, Gutiérrez y Montero asegura que ya presentó -desde el miércoles 14- una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que se investigue esta protección ilegal a la compañía, de lo cual señala como uno de los principales responsables a Pedro Cerisola, titular de la SCT.

En 2002, cuando se presentaron las irregularidades en Sepomex, la empresa Hildebrando reportó ganancias por 125.7 millones de pesos, de los cuales alrededor de 6.4% corresponden a ventas a gobiernos, según sus propias cifras. En el expediente que entregó a los medios de comunicación, el PRD dice que la empresa obtuvo en realidad 219 millones de pesos y que evadió el pago de impuestos.

Primero en una carta enviada a Proceso y luego entrevistado vía telefónica, Raúl Gutiérrez recuerda también cómo su inmediato superior, Max Chauvet, lo cuestionó con ironía: "¿Qué? ¿El próximo mensaje (de correo electrónico) piensas mandárselo a Pedro Cerisola?".

Sepomex es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo actual titular, Pedro Cerisola, formó parte de la asociación Amigos de Fox y del equipo de transición del presidente electo en el año 2000. En este último equipo coincidió con Margarita Zavala, a quien se le encomendó el diseño del Instituto de la Mujer, según documentos obtenidos mediante la Ley Federal de Transparencia.

Ahora Pedro Cerisola apoya abiertamente la campaña de Felipe Calderón desde las elecciones internas del PAN, cuando acudió a cenas para recaudar fondos, apareció en un video para promoverlo y fue invitado de honor en el festejo de la campaña calderonista cuando obtuvieron la candidatura presidencial.

Raúl Gutiérrez pretendía que se castigara a Hildebrando porque no cumplió con la instalación del Sistema de Información de Direcciones Postales (Sidip) programada para el 31 de diciembre de 2002. Cuando él renunció a la Gerencia de Base de Datos de Sepomex, en febrero de 2003, el proceso para sancionar a Hildebrando no avanzaba y no se había instalado el programa de cómputo, que costó 556 mil 324 pesos más IVA.

"Pasaron dos meses, y ni una cosa ni otra. Dejo a cada quién que saque sus conclusiones. Ignoro si Hildebrando siguió trabajando para Sepomex en la corrección de los defectos que presentó el Sidip, violando con ello toda normatividad, o si por el contrario le fue rescindido el contrato y su nombre pasó a engrosar la lista negra de proveedores del gobierno para 2003", comenta. Lo cierto es que la compañía nunca ha sido vetada para participar en licitaciones, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.

Intereses afectados

La historia de Hildebrando en Sepomex se remonta al 22 de octubre de 2001, cuando se comprometió a instalar el Sidip, un sistema que le permitiría manejar más eficientemente las direcciones para el envío de cartas, de acuerdo con el contrato 01-GC-J9E-SG-SI-42-0-01, del que Proceso obtuvo una copia.

El primer retraso fue atribuible sólo a Sepomex, ya que no contaba con un servidor suficientemente amplio que permitiera realizar las pruebas. Por ello, la fecha para dejar funcionando el novedoso sistema se prorrogó del 31 de marzo al 30 de noviembre de 2002.

Pero entonces falló Hildebrando. De acuerdo con la extensión del contrato, hubo "inconsistencias técnicas". Esto orilló a pactar una nueva fecha de entrega, esta vez improrrogable: el 31 de diciembre.

"Si para ese entonces no se hubiesen superado las mencionadas inconsistencias técnicas, se procederá a llevar a cabo el procedimiento de rescisión de contrato. Por consiguiente, no se pagará la última etapa, que implica una cantidad de 139 mil 81 pesos", se precisa.

Toda la documentación del asunto está firmada por el director de Hildebrando, Diego Zavala, y por los siguientes funcionarios de Sepomex: Rosa Elvira Candelaria, directora de Administración; Carlos Vargas, director Jurídico; Max Chauvet, director de Información y Tecnología; y por el propio Raúl Gutiérrez, gerente de Base de Datos.

Sin embargo, el trabajo siguió retrasándose sin causa aparente, por lo cual Gutiérrez mandó un oficio al director de Hildebrando S.A. de C.V., para que explicara por qué no se hicieron las pruebas programadas para el período del 3 al 9 de diciembre:

"De todos los problemas, dos nos preocupan: el rendimiento del sistema y la inoperatividad de uno de los módulos. Se nos dijo que esto era por la carencia de la versión adecuada de Office de Microsoft. Sin embargo, éste no funciona con ése ni con otras versiones previas.

"Serán mis superiores jerárquicos los que tomen la decisión a seguir para el finiquito de su proyecto los primeros días del próximo año (2003) en base a lo aquí expuesto, a mis recomendaciones y a las consultas internas que se pudieran dar", advierte el entonces funcionario de Sepomex en ese oficio, fechado el 31 de diciembre.

La respuesta de Hildebrando fue inmediata. Su director, Diego Zavala, tachó de mentiroso a Raúl Gutiérrez en un correo electrónico: "Estoy en absoluto desacuerdo con las afirmaciones de su carta, ya que está plagada de verdades a medias, lo que las convierte también en mentiras. Usted es testigo de que hemos incluido muchas cosas que no estaban planeadas ni acordadas, que accedimos a incorporar sin cobrarlos".

Gutiérrez lamentó el tono de la respuesta y le anunció que este problema "será resuelto mediante un estrecho escrutinio de la Contraloría, representada en Sepomex por el Órgano de Control Interno". Después envió las acusaciones de Zavala y la réplica a sus superiores. El director de Información y Tecnología, Max Chauvet, le dio una reprimenda: "No sabes qué otros intereses pudieras estar afectando".

Hay dos oficios en los cuales consta que Sepomex dio los primeros pasos para abrirle un procedimiento administrativo a Hildebrando en 2003, pero luego todo se detuvo.

El 3 de enero, Raúl Gutiérrez le envió una carta al subdirector de Desarrollo, Benjamín Luna, donde le advierte que la compañía ha incumplido y pide que se inicie un procedimiento de sanción.

Presionado por lo que estaba sucediendo, el 24 del mismo mes el director de Información y Tecnología, Max Chauvet, se vio obligado a mandar una oficio a Rosa Elvira Candelaria, directora de Administración y Finanzas, en la cual le indica: "hay que proceder de acuerdo a la normatividad". Recibieron copia de este documento funcionarios de mayor nivel jerárquico, como el titular del Órgano Interno de Control, Jaime Ramírez Chávez, y el director de Asuntos Jurídicos e Inspección Postal, Carlos Vargas Maldonado.

"Cuando yo salí, la situación estaba dormida. A mí no me interesa el PRD ni su candidato López Obrador, yo no soy perredista. Sin embargo, es importante aclarar y por ello ya denuncié al secretario de Comunicaciones y Transportes", dice a Proceso Raúl Gutiérrez.

Esta otra nota está muy, pero muy cañona. Resulta que HILROBANDO tiene nexos con el Partido Popular español. SÍ; el mismo partido fascistoide de José María Aznar que además les mandó a los panistas a José Solá para que le hiciera su guerra sucia de spots antipeje a fecal:

La conexión española
Álvaro Delgado

Directivos de la empresa Hildebrando, S.A. de C.V., cuyos socios españoles tienen nexos con personajes vinculados al derechista Partido Popular de José María Aznar, han incursionado en el financiamiento privado al PAN, según información que ese partido entregó al Instituto Federal Electoral (IFE).

Tal como lo hizo el propio Diego Hildebrando Zavala, en julio del año pasado Javier Pastrana Thamez, responsable de flujos de capital de Hildebrando, donó 118 mil 350 pesos a la precampaña de Calderón -costo equivalente a 15 computadoras HP-, mientras que José Luis Neri Becerril, director de Operaciones, aportó mil pendones y 12 mil pulseras propagandísticas, cuyo costo fue de 127 mil 540 pesos.

Pastrana Thamez es un personaje allegado a Diego Zavala y ambos han articulado las estrategias de expansión de Hildebrando, una de las cuales es significativa por vincularse con un personaje de altos vuelos en el mundo de los negocios en Europa y América Latina.

Se trata de Joaquín Moya-Angeler Cabrera, quien fue directivo de la trasnacional IMB de 1977 a 1990 e inclusive trabajó en un alto cargo en la empresa de Diego Zavala: según su currículum oficial, en 2003 fue "presidente de Hildebrando (servicios de TI, México)".

Fundador de Meta4, una compañía creada en 1991 para incursionar en comercio electrónico de recursos humanos, Moya-Angeler Cabrera fue uno de los grandes empresarios con los que se reunió el presidente Vicente Fox en su gira por España el 16 de mayo de 2002 para invitarlos a incursionar en el negocio turístico de México.

De hecho, de acuerdo con información de Meta4, en 2002 el gobierno de Fox adquirió de la compañía que dirige Moya-Angeler sistemas para "la seguridad social de México" destinados a 90 mil empleados, cuya institución no identifica. Además, la empresa ofrece servicios al sector privado.

Meta4 está vinculada con la controvertida firma de consultoría McKinsey, que controla en España Juan Hoyos, amigo desde la infancia de José María Aznar, y en las oficinas de Nueva York de aquélla trabaja el hijo del expresidente español José María Aznar Botella.

En España, se considera muy allegados a Moya-Angeler, Hoyos y Aznar, este último exjefe del gobierno español y presidente de la Fundación para el Análisis los Estudios Sociales (FAES), la plataforma desde la cual participó en en el foro La fuerza de las ideas y el futuro de América Latina, celebrado en la sede del PAN el martes 21 de febrero.

Ahí Aznar se pronunció: "Yo estoy aquí también para decir que espero, deseo, que Felipe Calderón sea el nuevo presidente de México por el bien de todos los mexicanos y por el bien de este país", lo que sólo motivó una tardía multa para el PAN por parte del IFE.

Y es que al parecer todo lo que toca el cuñis precioso se convierte en caca. Esta otra nota de Proceso muestra más a detalle como se involucra HILROBANDO-META RATA en el padrón electoral:

Padrón en riesgo
Jenaro Villamil

Nuevos indicios acerca de una presunta relación indirecta entre Hildebrando S.A. de C.V., de Diego Zavala, y el Instituto Federal Electoral (IFE) surgieron una semana después de que el mismo organismo aclarara, mediante un informe de la Secretaría Ejecutiva, que "nunca ha existido vínculo alguno" entre la empresa del cuñado de Felipe Calderón y "los sistemas informáticos del instituto".

La nueva y compleja pista se relaciona con la empresa estadunidense Identix Inc., considerada como el proveedor más grande en software para la identificación de huellas dactilares, y la francesa Sagem Défense Sécurité, otro gigante informático que examina rostros y otras características físicas para confirmar identidades individuales.

Ambas empresas presumen en sus sitios en internet sus relaciones con el Registro Federal de Electores mexicano y, en particular Identix, identifica a la compañía Hildebrando como su socia, "formalmente conocida como Metadata de México", que se especializa en la tecnología para el reconocimiento facial en sistemas de investigación criminal.

El viernes 16 de junio, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alberto Alonso y Coria, envió un boletín aclaratorio al periódico La Jornada -que en su edición de ese día dio a conocer el vínculo entre Identix e Hildebrando- en el cual especifica que la relación indirecta con Identix surgió por la aplicación específica de un programa de software (FaceIT).

La versión de Alonso y Coria, contrastada con otros documentos a los cuales tuvo acceso Proceso, es la siguiente:

El IFE estableció un contrato con la empresa Sagem Défense Sécurité, de origen francés, en diciembre de 2005 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, para desarrollar e instrumentar el sistema conocido como "Solución Integral de Identificación Multibiométrica". Este sistema tiene como objetivo evitar la duplicidad de identidades en el padrón electoral a través del reconocimiento facial y de las huellas dactilares.

En la licitación del mismo sistema participó la empresa Hildebrando S.A. de C.V., tal como se acredita en un acta de Compranet. El informe de la Secretaría Ejecutiva del IFE aclara que Hildebrando finalmente "no fue considerada, al no haber presentado sus propuestas técnicas y económicas".

Sin embargo, el reporte de Compranet revela que para poder participar, la empresa de Diego Zavala le pidió al IFE varios elementos técnicos y garantías de que no ganara una empresa con precios "radicalmente bajos".

De acuerdo con el director del Registro Nacional de Electores, Sagem Défense "subcontrató" a la empresa Identix, "en función de la aplicación específica de un programa de software (Face It) cuyos derechos exclusivos son de dicha empresa. Esta compañía, de origen estadunidense, es la que tiene una de las tres aplicaciones tecnológicas a nivel mundial que cumplen con lo requerido por el instituto".

En entrevista con los reporteros, al término de la sesión del 16 de junio, Alonso y Coria reiteró que la subcontratación fue con Identix de Estados Unidos, "sin ninguna relación con Identix México". Además, "la relación con Identix no es del IFE, sino de la empresa francesa Sagem. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con Hildebrando".

No obstante, tanto en sus sitios web como en noticias de agencias internacionales, Identix Inc., e Hildebrando acreditan su alianza comercial, específicamente en convenios con agencias gubernamentales, entre ellas el IFE. El 18 de mayo de este año, Reuters informó que Identix anunció una colaboración con Sagem Defense Sécurité para desarrollar con el IFE un sistema de identificación Multibiométrica.

Según la versión de Identix, este convenio es para detectar "registros múltiples y eliminar fraudes de identidad en el registro nacional de electores de México". La alianza permite conjugar el sistema de Identificación Por Huella Digital (AFIS, por sus siglas en inglés) y el de Reconocimiento Facial (ABIS).

El vínculo de Identix con el IFE es antiguo. En mayo de 2001, esta compañía fue uno de los tres proveedores distintos para los candados biométricos del padrón electoral. Identix se encargó del reconocimiento de las huellas digitales; los hologramas corrieron a cargo de Offset Advantage, y Unisys los conjuntó a todos.

El informe del primer trimestre de 2005 de la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores documenta que Identix ya había tenido una relación previa con el IFE. Fue una de las ocho empresas que participó en las mesas de trabajo y en la solución de propuestas para las AFIS.

El IFE reitera que estos contratos y la aplicación de ambos sistemas de identificación impiden "el acceso a la base de datos del padrón electoral por parte de Sagem Défense Sécurité, y mucho menos de posibles empresas relacionadas con ellos".

"La fase del proyecto en la que se pretende aplicar la tecnología de la empresa Identix -aclara Alonso y Coria- se encuentra en etapa de instrumentación, todavía no funciona. Así pues, no ha habido relación alguna, ni siquiera de forma indirecta, de dicha empresa con la conformación del actual padrón electoral."

De acuerdo con la información de sitios especializados en esta tecnología de identificación facial y de huellas dactilares, en la primera fase se requiere crear una base de datos de "más de 66 millones de huellas dactilares y 70 millones de fotos para el reconocimiento facial; en la segunda, se espera llegar a una base de datos de 72 millones de votantes".

Si bien no se tiene acceso directo a la base de datos del padrón electoral, el IFE no ha aclarado cómo se resguardará la base de datos derivada de las huellas dactilares y de las fotos de reconocimiento facial.

Las redes de Identix

Identix es una compañía creada en 1982, con sede en Minnesota, Estados Unidos, y oficinas directivas en Nueva Jersey, Virginia, California y Gran Bretaña. Cuenta con aproximadamente 500 empleados en todo el mundo. Uno de sus directivos en México es el conductor radiofónico Eduardo Ruiz Healy, titular de un noticiario en Radio Fórmula.

El gran negocio internacional de Identix son sus contratos con agencias militares y con gobiernos, precisamente por el manejo de la tecnología biométrica para examinar rostros, iris, huellas digitales y voces, entre otras características individuales. Sin embargo, también tiene multimillonarios contratos con agencias de transporte, de viajes, de finanzas y empresas de salud.

A raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Identix se convirtió en uno de los principales interesados en la elaboración de visas y pasaportes biométricos.

De acuerdo con la propia compañía, sus dos operaciones más importantes son la implementación de equipos Live Scan para el Departamento de Seguridad del Territorio de Estados Unidos, con más de 850 sistemas, y para el Departamento de Justicia de California, con más de 700 sistemas.

Presume que a través de sus equipos se han registrado "más de 100 millones de huellas digitales alrededor del mundo para varios programas a gran escala de registro de las mismas". Junto con el programa FaceIT para la identificación facial, Identix ha incorporado la biometría de la piel.

El proyecto más ambicioso de Identix son los programas de seguridad fronteriza, para detectar las entradas y salidas de migrantes ilegales en Estados Unidos. Y en ese terreno, también cuenta con la sociedad de Hildebrando S.A. de C.V.

También en el proceso de esta semana se refieren al asunto de las cochinadas de HILROBANDO con el gobierno de Nayarit que nosotros divulgamos en este blog hace varios días:

En Nayarit, pésimos antecedentes
Pedro Zamora Briseño

TEPIC, NAY.- A dos décadas de su fundación, Hildebrando S.A. de C.V., afirma haberse convertido en "una empresa de calidad mundial", y a través de su página web difunde que la revista Expansión la reconoce como una de las 500 compañías más importantes de México.

Pero, sobre todo, la firma de Diego Hildebrando Zavala -cuñado del candidato presidencial panista, Felipe Calderón Hinojosa- enarbola como valores "pasión por la satisfacción y el éxito del cliente, confianza y respeto, trabajo en equipo, rapidez y agilidad, innovación y trabajo bien hecho".

Sin embargo, la experiencia que esa empresa dejó hace unos años a su paso por tierras nayaritas pone en entredicho los principios que aún ofrece y presume a sus clientes potenciales.

De acuerdo con documentos oficiales del gobierno estatal, Hildebrando S.A. de C.V., incumplió un contrato firmado hace más de cuatro años con la administración del entonces gobernador, Antonio Echevarría Domínguez, para el desarrollo del sistema integral contable-administrativo-presupuestal del Poder Ejecutivo.

Ante este hecho, la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Nayarit presentó una demanda contra la empresa, con lo cual se inició un juicio que según las autoridades todavía no concluye.

En un informe de la auditoría practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del estado al ejercicio presupuestal 2002 del Poder Ejecutivo -un documento de 138 páginas-, se consigna un pasivo de 4 millones 518 mil 711 pesos con 68 centavos atribuido a Hildebrando.

"Cabe hacer mención que este pasivo sigue vigente, ya que el proveedor no concluyó el trabajo a realizar, por lo que fue demandado por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas, y a la fecha no se ha dictado sentencia", explicó la dependencia en su respuesta a las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador.

Otro aspecto relacionado con Hildebrando que se hizo notar en el informe de auditoría fue una serie de pagos de arrendamientos de inmuebles para personal de esa empresa, realizados en julio de 2002, de los que no fueron presentados los contratos, por un monto total de 26 mil 205 pesos.

De esta manera, a juicio del órgano fiscalizador, se infringió el artículo 27 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenaciones, Servicios y Almacenes de la Administración Pública del Estado.

Para corregir esta irregularidad, el Poder Ejecutivo envió los ocho contratos requeridos, pero el órgano fiscalizador determinó que la observación no fue solventada, pues "los contratos de arrendamiento remitidos (...) no son válidos por carecer de la firma del arrendatario". Por ello, pese a la réplica de la instancia auditada, se acordó dar inicio a un procedimiento de responsabilidad administrativa.

En entrevista con Proceso, Antonio Simancas Robles, secretario de Finanzas del gobierno estatal en la época en que fue contratada la empresa Hildebrando, afirma que ésta fue seleccionada a través de una licitación pública.

Sin embargo, explica, "la empresa dejó de cumplir las especificaciones del contrato; no lo concluyó, no hizo en tiempo lo que se comprometió a hacer: un sistema integral de información y los diferentes tipos de programas para la administración del gobierno del estado, de administración presupuestaria, administración financiera y de recaudación (...), y al no cumplir los compromisos, que eran muchos, se le rescindió el contrato".

-¿Cómo califica la experiencia con esa empresa?

-Muy mala. Desde el momento en que no cumplió, es mala. Nos hizo perder tiempo, porque si hubiéramos contratado a una empresa más seria, seguramente se hubiera cumplido lo que se contrató. Causó problemas de retraso en la implementación de esos programas.

-Cuando se contrató a esa empresa, ¿el gobierno estatal sabía que su propietario era familiar de Felipe Calderón?

-De ninguna manera. Se hizo una licitación con todas las de la ley; esa empresa fue la que ganó y nosotros no sabíamos si era de zutano o de perengano, porque presentó la mejor propuesta y cumplió con las bases de la licitación en su momento. Se firmó un contrato, pero hubo un mal resultado y tuvimos que rescindirlo.

El pasado jueves 15, el enviado buscó una entrevista con Evelisa Ornelas González, quien formó parte del departamento jurídico en que se preparó la demanda contra Hildebrando, pero la funcionaria declinó hacer declaraciones con el argumento de que ya se encuentra en otra área de la Secretaría de Finanzas y no le corresponde esa responsabilidad. Así mismo, fue imposible localizar al actual director jurídico de esa dependencia, Jorge Barrios Montoya.

El diputado Juan Arturo Marmolejo Rivera, vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de Nayarit y coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), considera lamentable que la empresa haya incumplido el contrato con el gobierno estatal y plantea que el asunto debe ser resuelto lo más pronto posible en las instancias correspondientes, porque el erario fue afectado en más de 4 millones y medio de pesos.

El legislador estima que en bien de la transparencia y la claridad de las cuentas, debe informarse a la población acerca de lo que ha ocurrido con este caso, y se muestra extrañado de que, aparentemente, hasta ahora el Poder Judicial no haya dictado sentencia.

Anuncia que la fracción de su partido solicitará una entrevista con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para preguntarle en qué situación se encuentra el proceso contra la empresa Hildebrando.

"Por las circunstancias que se viven ahora en el país, en las que han salido a la luz pública las irregularidades del cuñado, creo que el juzgado que lleva el asunto está obligado a retomarlo, si es que lo tenía archivado, y dar su sentencia hacia quien incumplió una obligación con el gobierno del estado", indica Marmolejo.

El diputado perredista considera que además de resarcir el monto económico que adeuda la empresa, ésta debería pagar también otra cifra por concepto de daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato.

"Se trataba -señala- de la modernización del equipo y de los sistemas del gobierno del estado, pero se truncó el aprovechamiento de ese programa y en todo caso habrá daños principales y daños colaterales de los que tendrá que hacerse responsable quien incumplió una obligación en los términos que el contrato había señalado."

Juan Arturo Marmolejo añade que la bancada de su partido presentará también el asunto ante la Comisión Permanente del Congreso local, con el fin de que se elabore un pronunciamiento al respecto, dado que "es un asunto relacionado con la afectación del patrimonio de los nayaritas, en la medida en que hubo recursos públicos que se pagaron y no se dio la contraprestación a la que la otra parte estaba obligada".

Pero el cuñado incómodo es sólo uno de los casos de corrupción y tráfico de influencias que se divulgan en Proceso. Está también el caso de Camilo Mouriño:

Camilo Mouriño y Felipe Calderón. Ascenso vertiginoso
Mouriño: Más tráfico de influencias
Rosa Santana

CAMPECHE, CAMP.- Habilidoso para las maniobras financieras, Manuel Carlos Mouriño Atanes, presidente del Grupo Energético del Sureste, intenta afianzarse en la estructura del poder político mexicano.

El empresario español, que hace tres décadas llegó en busca de fortuna, se mantuvo en la sombra hasta el año 2000 o meses antes, cuando atrajo los reflectores al ser nombrado coordinador regional de la cuestionada asociación civil Amigos de Fox. Pero mientras se comprometía con el candidato panista, a través de su corporativo otorgaba "apoyos en especie" a Roberto Madrazo cuando éste le disputaba a Francisco Labastida la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

Casado con María de los Ángeles Terrazo Blanco, Mouriño Atanes es padre de tres hijos: Carlos, María de los Ángeles y Juan Camilo, este último coordinador operativo de la campaña del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa.

Al tiempo que el primogénito del empresario se encauzaba en los negocios, el benjamín se perfiló hacia la política. En 1997, sirviéndose del poder económico y del influyentismo de su familia, Juan Camilo fue postulado al Congreso local por el PAN, aunque estaba impedido para ocupar cargos de elección popular, dada su doble nacionalidad, mexicana y española.

El incipiente político resolvió el problema alterando su documentación oficial. Según copias de documentos obtenidos por Proceso, el coordinador de la campaña calderonista inventó hasta su lugar de nacimiento.

Con fecha 2 de octubre de 1989 y número de folio 5419, el director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Raúl Solórzano Díaz, le expidió a Juan Camilo Mouriño el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento "en atención a que comprobó haber nacido en Madrid, España, el 1 de agosto de 1971, hijo de madre mexicana". Ahí se hace constar que desde ese día "renunció expresamente a todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad, así como a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier gobierno extranjero, especialmente a aquellos que le han reconocido como su nacional".

El 7 abril de 1997, dicho certificado recibió la validación de la notaría pública del hoy diputado federal Óscar Rodríguez Cabrera, hijo del exgobernador Rafael Rodríguez Barrera, árbitro en los procesos internos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Sin embargo, el menor de los Mouriño tropezó con un escándalo mediático que desencadenó el diario El Sur de Campeche al demostrar su doble nacionalidad mediante la exhibición de sendos pasaportes vigentes, uno expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España y otro por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Ambos documentos coinciden en su lugar de nacimiento: Madrid.

En su afán por ocultar su anterior subterfugio, Juan Camilo sostuvo en una entrevista radiofónica para el Núcleo Comunicación del Sureste, con la periodista Amira Arceo -cuyo esposo, Rafael Alcalá, es actualmente candidato del PAN a diputado federal por el I distrito electoral-, que era mexicano por nacimiento y hasta mencionó el hospital San Martín como lugar de alumbramiento. Afirmó que sus abuelos y su madre son mexicanos, aunque en versiones periodísticas surgidas a últimas fechas en España se establece que son oriundos del poblado español de Avión.

El Sur de Campeche igualmente acreditó que el año anterior a esa elección, en agosto de 1996, Juan Camilo Mouriño ingresó a México desde Tampa, Florida, utilizando el pasaporte número 8800581, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami.

En torno a la situación de Mouriño Terrazo, el ya fallecido Ovidio Cárdenas, que era encargado del jurídico del gobierno del estado, hizo entonces la siguiente observación: "De comprobársele su doble nacionalidad se le podría aplicar el artículo 33 constitucional". Y anotó que "en fechas recientes se reformó la Constitución Política, aceptando la doble nacionalidad, pero la reforma entra en vigor en 1998, previa expedición de la ley reglamentaria".

No obstante, las autoridades determinaron que no había delito y el asunto se diluyó. De esa forma, el actual operador de Felipe Calderón se convirtió en diputado por el V distrito electoral en la LVI Legislatura de Campeche.

Trampa con los subsidios

A partir de entonces la familia Mouriño, conocida por coleccionar franquicias, adquirió también la del PAN en el estado, de donde fue desplazado hace tres años por el senador tamaulipeco Jorge Nordhausen González, privilegiado contratista de Pemex que en el año 2000 coordinó a los Amigos de Fox en el municipio de El Carmen.

Con apenas 27 años y recién titulado como licenciado en Economía por la Universidad de Tampa, Juan Camilo Mouriño se convirtió en el diputado más joven de la LVI Legislatura local.

Luego fue diputado federal en la LVII Legislatura, en la que presidió la Comisión de Energía, y en 2003 disputó la alcaldía de Campeche, pero fue apabullado por el priista Fernando Eutimio Ortega Bernés. No obstante, en 2004 Vicente Fox lo nombró subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía, donde antes era coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. A ese cargo renunció para seguir a Felipe Calderón Hinojosa en su campaña.

El 22 de abril de 2003, la directiva de la Delegación 17 de la Sección 40 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana con sede en Lerma, Campeche, turnó el oficio 295/2003 a su secretario general, Sergio López Salinas, para alertarlo sobre el presunto fraude contra Pemex en el que incurría el Grupo Energético del Sureste (GES), y solicitar que se abriera una investigación para proceder legalmente. La petición no halló eco. Los involucrados se movían en las más altas esferas del poder.

El procedimiento del GES era "el desvío de producto para cobro de subsidio". Y es que entonces Pemex tenía establecido un subsidio para las estaciones de servicio de zonas fronterizas, como es el caso de Chetumal, Quintana Roo, donde en una época el precio del combustible era inferior que en el resto del país.

Según la advertencia de los trabajadores petroleros en aquel tiempo, "el costo facturado por Pemex es menor para una estación de Chetumal (164 mil 187.41 pesos para una pipa de 43 mil 601 litros, a razón de 3.76 pesos por litro) que para una de la ciudad de Campeche (278 mil 527.7 pesos para una pipa de igual capacidad, a razón de 5.70 pesos por litro). Lo anterior representa una diferencia considerable (84 mil 340.29 pesos) entre un producto subsidiado y uno no subsidiado".

Así mismo, los sindicalistas documentaron -con algunas facturas, fotos y videos- que el GES "solicitaba gran cantidad de pipas, hasta tres diarias", para Chetumal, "pero que al final son desviadas y descargadas en Champotón, Escárcega o Campeche. Lo anterior queda demostrado en el hecho de que la gasolinera Sac-Xan es pequeña, con dos tanques de 50 mil litros, y no tiene capacidad para tres pipas diarias, de tipo rural, y con mínimas ventas que no rebasan los 50 mil litros por semana".

Según reportes de la planta de distribución y ventas de Lerma, tan sólo en mayo de 2003 el GES solicitó 806 mil litros de gasolina subsidiada para su estación de Chetumal, lo que indica que -según estimaciones basadas en las denuncias del sindicato petrolero- ese mes las utilidades ilícitas de la empresa de los Mouriño fueron de 1 millón 518 mil pesos.

Una de las pipas de Transportes Ivancar, propiedad también de ese grupo empresarial, fue sorprendida descargando en su gasolinera de Lerma el combustible comprado el 13 de junio de 2003 para la gasolinera de Sac-Xan en Quintana Roo.

Rauda expansión

Por su parte, Carlos Mouriño Atanes, quien llegó a México a finales de los años setenta y en menos de dos décadas amasó su fortuna, se abrió sitio entre los empresarios más influyentes del actual gobierno.

Incluso, en octubre pasado fue el encargado de presentar el libro De la alternancia al desarrollo. Políticas públicas del gobierno del cambio, de Eduardo Sojo Garza Aldape, entonces titular de la oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y quien recientemente se incorporó a la campaña de Calderón Hinojosa.

En el estado de Campeche, en cuya capital se asentó en 1983, su ascenso en los negocios despertó suspicacias en la sociedad local, que lo señalaba como prestanombres del exgobernador Abelardo Carrillo Zavala (1986-91). Hoy provoca estupefacción la velocidad de su crecimiento, que lo ha llevado de regreso a España. Ahí se le atribuye el control de las acciones en las empresas Gándara Censa, Construcciones Exisa e Inverhismex, además de su reciente adquisición del club de futbol de primera división Celta de Vigo.

"Cada quien tiene sus propias habilidades", comenta, hosco, el gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdez, quien entre febrero de 1992 y abril de 1993 fue director general del ya desaparecido Grupo Empresarial Gamma III, dedicado a los desarrollos inmobiliarios y en el cual Mouriño Atanes se asoció con los campechanos Ramón Espínola Toraya y Jorge Castillo López. Por esa época, también junto a ellos, Mouriño era accionista del quebrantado Banco Unión.

Educado por los curas salesianos antes de expatriarse a México, Mouriño Atanes se inició como auxiliar administrativo en la compañía Viajes Amado, y como administrativo en Lage y Cia, S.A., ambas radicadas en Vigo, España. Luego emigró a Madrid, donde fue jefe de administración de la empresa Riomiño, S.A., y posteriormente director general de Nautronica, S.A.

A Campeche llegó en 1993 como socio minoritario de un grupo gasolinero del centro del país encabezado por Evaristo Vázquez, para encargarse de cinco gasolineras, una distribuidora de diesel marino y una empresa de transportes especializados. Poco después Mouriño tomó el control absoluto de esos negocios. Entre 1985 y 1992 se hizo de cuatro estaciones de gasolina, pero entre 1994 y 1997, en medio de la crisis económica que llevó a la bancarrota a cientos de empresarios en el país, él duplicó sus establecimientos.

En la actualidad, sólo en la capital campechana, la familia de Manuel Carlos Mouriño tiene inscritos en el Registro Público de la Propiedad múltiples negocios, entre ellos el Grupo Energético del Sureste, dado de alta el 14 de mayo de 1997 y cuyo objeto es el de operar "como empresa controladora de todo tipo de sociedades". El apoderado legal es su primogénito, Carlos Mouriño Terrazo.

El GES opera 35 estaciones gasolineras en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y en junio de 2001 -cuando Juan Camilo Mouriño Terrazo, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, era uno de sus cinco socios- el corporativo se convirtió en el primero del país en recibir el certificado de calidad ISO-9002. También se le otorgó el Premio Campeche a la calidad el 14 de noviembre de 2002, a pesar de las recurrentes quejas de los usuarios por el despacho de litros incompletos.

Otra de las divisiones del corporativo energético es el Grupo Teis S.A de C.V., o Transportes Especializados Ivancar, el cual -se explica en la página web de la compañía- "es el conjunto de flotillas de autoabastecimiento con las que cuenta el Corporativo GES y que abastece de combustible a nuestras gasolineras, además de contar con un grupo específico al servicio de Petróleos Mexicanos Refinación" y otro para clientes diversos, aunque en el Registro Público de la Propiedad su objeto señalado es el de "inversiones en cualquier rubro".

Así mismo, el GES controla franquicias de diferentes giros en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz: Burger King, GES Autowash, Jet Autowash Sayanes, Benedetti's Pizza, helados Baskin Robbins, Church's Chicken, Tintorerías Max y tiendas de conveniencia GES Express.

Por otra parte, el clan Mouriño cuenta entre sus negocios con las empresas Euromex del Sureste, S.A de C.V., inscrita el 21 de mayo de 2001 con el giro de "boutique de compra venta de ropa en general"; Negocios y Concesiones Mexicanas S.A. de C.V., Diesel y Lubricantes S.A. de C.V., Urbanizadora la Marina S.A. de C.V., Grupo Acuícola del Sureste S.A. de C.V., Comercial Super Plaza S.A. de C.V., Diesel y Lubricantes Industriales S.A. de C.V., Naviera Isla de Tris S.A. de C.V., Super Servicio Marino S.A. de C.V., y Grupo Marítimo Mouriño S.A. de C.V.

El nombre de la familia también está ligado a JMC Industrial S.A. de C.V., dedicada a la "venta y comercio de artículos electrónicos, comunicaciones", en la cual figura como socio Carlos Mouriño Terrazo desde el 2 de junio de 1994, igual que de la empresa Construcciones Cima, abocada a la "construcción de gasolineras, compra venta de mobiliario y equipo", y del Grupo Campeche Joven S.A. de C.V., registrado como "centro de diversiones con arrendamiento de vehículos".

Desde diciembre de 1992, el hermano mayor de Juan Camilo Mouriño también figura como socio de la Comercializadora de Bienes y Servicios Azca, S.A. de C.V., que se dedica a la "comercialización de metal-mecánica electrónica"; y desde el 14 de noviembre de 1994, participa de la empresa Recubrimientos del Sur S.A. de C.V, abocada a la "compraventa de artículos y accesorios para comercio y la industria de la construcción".

Finalmente, Carlos Mouriño Terrazo es desde el 14 de marzo de 1996 socio del Grupo Gasero del Sureste S.A. de C.V.; y desde el 21 de agosto de 1990, de la Constructora y Arrendadora Rayo S.A. de C.V.

Yo de verdad ya no si es increible que haya tanta cagada junta en un sólo candidato, o si, por el contrario, en vez de ser increible no nos debería de sorprender. Cualquiera de las dos opciones dan el mismo asco.

Una razón más para votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.