COMUNICADO DE PRENSA
TEMA:
REFORMA PENAL
LA REFORMA PENAL MARCHA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS
• El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo
el respeto a los derechos humanos.
• Es necesario discutir públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.
• Hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
Las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia fueron votadas en comisiones este día y serán admitidas en primera lectura el próximo jueves 21 de febrero, previendo que el martes siguiente sean aprobadas en sesión plenaria por la Cámara de Diputados.
La iniciativa de reformas plantea, entre otras cosas, el tránsito de un sistema mixto, predominantemente inquisitivo, hacia uno acusatorio, esto es, que se funda en la presunción de inocencia del inculpado y del que formarán parte los juicios orales.
Pese a que lo anterior, junto con la procuración de una defensoría pública de calidad y la acción penal privada, constituyen un avance significativo en nuestro sistema de justicia penal, la iniciativa contiene elementos que, por el contrario, representan un retroceso en materia de derechos humanos al instituir prácticas que distan mucho de lo establecido por los estándares internacionales en la materia.
Entre los aspectos que más gravemente atentan contra el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito penal y han sido objeto de profunda preocupación por parte de la sociedad civil y la población en general, se encuentra la pretensión de elevar a rango constitucional la posibilidad de arraigar al presunto responsable de un delito, es decir detener preventivamente a una persona, con lo que se vulnera la presunción de inocencia. El arraigo ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de que afecta la libertad individual de las personas y fue cuestionado también por el Grupo de Trabajo de tenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.
En el mismo sentido, la reforma penal plantea la posibilidad de practicar allanamientos sin que medie orden judicial, bajo el supuesto de flagrancia o peligro para la vida de una persona.
Los hechos pasados en San Salvador Atenco, en donde se perpetraron graves violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas policíacas sin control judicial, son una clara muestra del abuso en que puede derivar esta facultad discrecional.
La propuesta de reformas contempla asimismo la creación de un régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada o de la comisión de los delitos de violación, secuestro, homicidio doloso y otros cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves en contra de la seguridad nacional. Desde una perspectiva de respeto y protección a los derechos humanos sin distinción, lo anterior resulta un serio atentado al principio de igualdad jurídica y no discriminación.
Dicha disposición podría fungir como fundamento legal para perseguir movimientos sociales de protesta toda vez que define de manera ambigua el concepto de “delincuencia organizada”.
En virtud de lo anterior, exigimos al Estado mexicano que, en todo caso, emplee la definición prevista por la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual forma parte México y establece que es delincuencia organizada la que “exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
La iniciativa de marras fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado en diciembre pasado. La cámara revisora, por su parte, tuvo a bien eliminar la disposición que permitía al Procurador General de la República acceder sin mandato judicial a la información fiscal, electoral y financiera de una persona. No obstante, ratificó la figura del allanamiento sin orden judicial previa y, además, eliminó las de por sí mínimas limitaciones legales para que tuviera lugar, es decir la justificación objetiva que obligaba a tener conocimiento, datos o información que indicaran la existencia inequívoca de una amenaza actual.
Las organizaciones civiles que suscribimos el presente pronunciamiento somos sensibles ante la escalada criminal que azota al país, convirtiendo a la violencia en un elemento perturbador de la realidad cotidiana. Así lo demuestran los enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano, policías y delincuentes que han dejado lastimadas a muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Condenamos las violaciones de derechos humanos que han dejado como saldo los operativos contra el crimen organizado, pero también el uso de la violencia con cualquier fin, por lo que expresamos nuestra más profunda indignación ante los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en la Ciudad de México.
Sin embargo, como organizaciones conscientes de la obligación de las autoridades a conducirse con apego a la legalidad y las más altas normas de respeto a los derechos humanos, no podemos avalar una reforma de seguridad y justicia como la que se ha reseñado.
El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo el respeto a los derechos humanos.
Así lo sostuvo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su más reciente visita a nuestro país, hace apenas once días.
En virtud de lo anterior, nos preocupa que la Carta Magna marche en sentido contrario a la vigencia de los derechos humanos, razón por la cual hacemos un llamado a todas las personas para que envíen cartas al diputado que las representa pidiéndole que vote en contra de esta reforma penal.
Es necesario que se discutan públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.
En virtud de ello, hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que place su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
TEMA:
REFORMA PENAL
LA REFORMA PENAL MARCHA EN SENTIDO CONTRARIO A LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS
• El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo
el respeto a los derechos humanos.
• Es necesario discutir públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.
• Hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que aplace su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
Las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia fueron votadas en comisiones este día y serán admitidas en primera lectura el próximo jueves 21 de febrero, previendo que el martes siguiente sean aprobadas en sesión plenaria por la Cámara de Diputados.
La iniciativa de reformas plantea, entre otras cosas, el tránsito de un sistema mixto, predominantemente inquisitivo, hacia uno acusatorio, esto es, que se funda en la presunción de inocencia del inculpado y del que formarán parte los juicios orales.
Pese a que lo anterior, junto con la procuración de una defensoría pública de calidad y la acción penal privada, constituyen un avance significativo en nuestro sistema de justicia penal, la iniciativa contiene elementos que, por el contrario, representan un retroceso en materia de derechos humanos al instituir prácticas que distan mucho de lo establecido por los estándares internacionales en la materia.
Entre los aspectos que más gravemente atentan contra el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito penal y han sido objeto de profunda preocupación por parte de la sociedad civil y la población en general, se encuentra la pretensión de elevar a rango constitucional la posibilidad de arraigar al presunto responsable de un delito, es decir detener preventivamente a una persona, con lo que se vulnera la presunción de inocencia. El arraigo ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de que afecta la libertad individual de las personas y fue cuestionado también por el Grupo de Trabajo de tenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.
En el mismo sentido, la reforma penal plantea la posibilidad de practicar allanamientos sin que medie orden judicial, bajo el supuesto de flagrancia o peligro para la vida de una persona.
Los hechos pasados en San Salvador Atenco, en donde se perpetraron graves violaciones de derechos humanos a manos de fuerzas policíacas sin control judicial, son una clara muestra del abuso en que puede derivar esta facultad discrecional.
La propuesta de reformas contempla asimismo la creación de un régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada o de la comisión de los delitos de violación, secuestro, homicidio doloso y otros cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves en contra de la seguridad nacional. Desde una perspectiva de respeto y protección a los derechos humanos sin distinción, lo anterior resulta un serio atentado al principio de igualdad jurídica y no discriminación.
Dicha disposición podría fungir como fundamento legal para perseguir movimientos sociales de protesta toda vez que define de manera ambigua el concepto de “delincuencia organizada”.
En virtud de lo anterior, exigimos al Estado mexicano que, en todo caso, emplee la definición prevista por la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual forma parte México y establece que es delincuencia organizada la que “exista durante cierto tiempo y actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la convención con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
La iniciativa de marras fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado en diciembre pasado. La cámara revisora, por su parte, tuvo a bien eliminar la disposición que permitía al Procurador General de la República acceder sin mandato judicial a la información fiscal, electoral y financiera de una persona. No obstante, ratificó la figura del allanamiento sin orden judicial previa y, además, eliminó las de por sí mínimas limitaciones legales para que tuviera lugar, es decir la justificación objetiva que obligaba a tener conocimiento, datos o información que indicaran la existencia inequívoca de una amenaza actual.
Las organizaciones civiles que suscribimos el presente pronunciamiento somos sensibles ante la escalada criminal que azota al país, convirtiendo a la violencia en un elemento perturbador de la realidad cotidiana. Así lo demuestran los enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano, policías y delincuentes que han dejado lastimadas a muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Condenamos las violaciones de derechos humanos que han dejado como saldo los operativos contra el crimen organizado, pero también el uso de la violencia con cualquier fin, por lo que expresamos nuestra más profunda indignación ante los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado viernes en la Ciudad de México.
Sin embargo, como organizaciones conscientes de la obligación de las autoridades a conducirse con apego a la legalidad y las más altas normas de respeto a los derechos humanos, no podemos avalar una reforma de seguridad y justicia como la que se ha reseñado.
El reto de una reforma penal es combatir al delito manteniendo el respeto a los derechos humanos.
Así lo sostuvo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su más reciente visita a nuestro país, hace apenas once días.
En virtud de lo anterior, nos preocupa que la Carta Magna marche en sentido contrario a la vigencia de los derechos humanos, razón por la cual hacemos un llamado a todas las personas para que envíen cartas al diputado que las representa pidiéndole que vote en contra de esta reforma penal.
Es necesario que se discutan públicamente los temas de arraigo, allanamiento sin orden judicial y régimen de excepción para procesar a personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada.
En virtud de ello, hacemos una petición formal al Congreso de la Unión para que place su deliberación y conceda tiempo para analizar las modificaciones constitucionales en materia penal, tomando en cuenta el respeto a los derechos humanos y actuando en plena congruencia con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY FRANCISCO DE VITORIA”, A.C.
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ”, A.C.
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
(CMDPDH)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO
DECA EQUIPO PUEBLO, A.C.
ESPACIO DESC
FUNDAR CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER, A.C. (SIPAM)
SIN FRONTERAS, IAP
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ”, A.C.
COMISIÓN MEXICANA DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, A.C.
(CMDPDH)
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS AJUSCO
DECA EQUIPO PUEBLO, A.C.
ESPACIO DESC
FUNDAR CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
INSTITUTO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER, A.C. (SIPAM)
SIN FRONTERAS, IAP
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.
Tehuantepec 142 Col. Roma Sur
Tel. 55 64 25 82
Fax. 55 84 27 31
www.cmdpdh.org
Tehuantepec 142 Col. Roma Sur
Tel. 55 64 25 82
Fax. 55 84 27 31
www.cmdpdh.org
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