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jueves, agosto 30, 2007

Reforma Electoral: una trampa

La Reforma Electoral es una trampa para joder al movimiento. Si AMLO decide mandar a la chingada al PRD en el 2009 ya estan pensando en poner candados para evitar que pueda formar un partido:

Plantean poner ‘candados’ a nuevos partidos políticosLas principales fuerzas políticas del país incluyeron en el proyecto de reforma electoral “candados” a los nuevos partidos para su registro y existencia

Francisco Reséndiz y Arturo Zárate

El Unimierdal
Jueves 30 de agosto de 2007

Las principales fuerzas políticas del país incluyeron en el proyecto de reforma electoral “candados” a los nuevos partidos para su registro y existencia.
Entre los requisitos se incluirá la duplicación de su militancia, y que sólo cada seis años —y no cada tres— se puedan crear nuevos organismos.
Ahora, los partidos pequeños deberán acreditar una militancia de más de 371 mil personas, contra las 186 mil vigentes en la legislación.
Esta lista para endurecer los requisitos para que los nuevos partidos obtengan y mantengan su registro, prácticamente aplazó por un día la presentación del proyecto.
El llamado G-5 o grupo de partidos “emergentes” (Panal, PVEM, PT, Convergencia y Alternativa) se negaba a firmar la iniciativa, por atentar, señalaron, contra sus intereses.
El proyecto que trabajaron integrantes de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Acuerdos del Congreso, propone un nuevo capítulo en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para la regulación de los partidos políticos en materia de transparencia y acceso a la información.
Lorenzo Córdova Vianello, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinó que las puertas en este sistema deben estar bien abiertas, aunque con restricciones, para que no exista la posibilidad de que partidos no representativos para los ciudadanos subsistan.
El documento sugiere fortalecer las facultades del IFE para verificar la afiliación libre y voluntaria a los partidos, y precisar qué organizaciones gremiales, patronales o sociales no podrán intervenir corporativamente en la creación y registro de partidos.
Señala que cualquier organización que pretenda constituirse como partido político deberá informar al IFE 18 meses antes de su notificación formal y, a partir de ese momento, la organización estará sujeta a la fiscalización de sus ingresos.
“El número total de afiliados que deberán acreditar las organizaciones solicitantes de registro como partido político nacional (debe ser) equivalente a 0.5% del padrón electoral, al corte de la elección federal inmediata anterior”, precisa el proyecto.
John Ackerman, investigador de la UNAM, consideró que el problema no son los partidos pequeños, sino los “partidos negocio”, que no son representativas para los ciudadanos.
Sobre coaliciones electorales, el proyecto propone flexibilizar los requisitos para concretarlas, eliminando la solicitud de documentos básicos y conservando la plataforma común, que en cuestión presidencial, deberá incluir un apartado relativo al programa de gobierno del candidato.
Marina Arvizu, coordinadora de Alternativa, confirmó que la reforma electoral se encuentra en un breve impasse, debido a que no se anexaban todas las propuestas de ese bloque.
El PVEM, PT, Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza propusieron subir de 2% a 4% el porcentaje para conservar el registro, pero dando por hecho que aliados con uno grandes no tendrían problemas.
Su proyecto se cayó cuando PAN, PRI y PRD plantearon ajustar los requisitos sobre las coaliciones.
Finalmente, se acordó que se mantenga 2% para conservar el registro, y que cada quien se valga por sí mismo para alcanzarlo.
Ya no se exigirá primero formar una asociación política nacional, pero se tendrá que probar una militancia de más de 350 mil ciudadanos.
El IFE seguirá conservando su nombre y es un hecho la renovación de los consejeros. Lo que falta es afinar el procedimiento para ese relevo. Además, se crearían dos nuevos órganos autónomos, uno para fiscalizar a los partidos y otro para manejar el padrón. Hay consenso para reducir los tiempos y costos de las campañas: en 50% el financiamiento público y a 90 días la campaña presidencial. Se mantendría el financiamiento privado, aunque con una nueva fórmula para establecer el tope. El candidato que viole los topes, perdería el registro. (Con información de Ricardo Gómez y Alberto Morales)

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