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domingo, junio 17, 2007

LA MENTIRA DE LA "SEGURIDAD NACIONAL"

El caso de Estados Unidos: Cuando mataron a Kennedy no se quiso revelar la verdad al respecto por "razones de seguridad nacional."

A pesar de que existe un filme en el que claramente se puede ver que Kennedy fue asesinado por por lo menos DOS tiradores, el gobierno de Estados Unidos ofrece como versión oficial (hasta la fecha) que a Kennedy lo mató un sólo tirador: Lee Harvey Oswald.

Idiota y jalado de los pelos como esto pueda suceder (esa mamada de que Oswald mató a Kennedy se ha demostrado hasta el cansancio que es FALSA), esa es la versión oficial respecto del gobierno de Estados Unidos en base al pretexto de la seguridad nacional.

El pretexto de la seguridad nacional se invoca en Estados Unidos cuando se cometen chingaderas ENORMES, que de verdad cimbran a la sociedad americana y dejan al descubierto al gobierno americano.

Pero NO se usa este pretexto para cualquier pendejada. El pretexto de la seguridad nacional, por ejemplo, no se pudo invocar para salvar a Donald Rumsfeld de perder su cargo en la secretaría de la defensa de Estados Unidos. Y no se ha podido usar para evitarle problemas legales a varios de los principales achichincles de Bush.

No, el pretexto de la seguridad nacional se usa en Estados Unidos para cosas que son tan gruesas que de saberse de verdad cimbrarían a la sociedad. ¿Por qué no quiere el gobierno gringo que mataron a Kennedy? Pues por que se sabría abiertamente de lo que es capaz la CIA y los intereses bélicos de Estados Unidos--que incluyen a republicanos y a demócratas por igual.

Esto viene al caso por que hoy el Milenio publica en su primera plana que se han asignado a un chingo de funcionarios federales por dedazo A PESAR de que la ley especifica que se deben concursar las plazas. ¿Cómo lo justificaron los panistas? Pues alegando razones de seguridad nacional. Esta es la nota:

Arguye motivos de seguridad nacional para designar por dedazo a funcionarios
Evaden panistas el concurso de plazas federales

Acude a cláusula de excepción de la Ley del Servicio Profesional de Carrera para hacer mil 98 adjudicaciones directas; en Desarrollo Social se entregan delegaciones estatales a prominentes panistas.

Entre diciembre y abril, el gobierno federal designó por dedazo a mil 98 funcionarios para plazas que debieron ser concursadas, como estipula la Ley del Servicio Profesional de Carrera, según documentos de la Secretaría de la Función Pública.

La administración federal se acogió a un artículo de la citada norma, el cual indica que puede omitirse el concurso de plazas y proceder a la designación directa cuando “peligre o se altere el orden social”.

A finales de abril de 2003, el entonces presidente Vicente Fox firmó el decreto mediante el cual se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Entonces, Fox dijo que gracias a la normatividad “los funcionarios no verán obstaculizado su trabajo por los jaloneos políticos, por ciclos electorales o por otros factores”.

La ley, aplicable desde el nivel de enlace hasta el cargo de director general, dispone que el ingreso al servicio público federal será mediante concursos abiertos y públicos.

La ley se presentó como un mecanismo para romper con la rotación sexenal, es decir, que en cada cambio de administración federal los mandos medios y altos se renueven, con la consecuente falta de continuidad en los programas.

Pero estos principios teóricos se diluyeron en la práctica y no superaron el cambio de administración –el primero desde que se instauró–, pues de diciembre a abril las dependencias generaron designaciones directas más numerosas que las ocurridas en los tres años previos.

Estas designaciones por dedazo se amparan en el artículo 34 de la ley en la materia, que a la letra dice: “en casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el oficial mayor, bajo su responsabilidad, podrán autorizar nombramientos temporales”.

Así, desde esta lógica, plazas en la Subdirección de Estudios Pesqueros de Sagarpa, la Dirección de Cultura Democrática de Segob, la asesoría de Equidad de Género de Economía, la Subdirección de Análisis de Políticas Públicas del Instituto Nacional de Ecología o la asesoría de Opinión Pública de Sedesol, entre otras, fueron asignadas sin concurso porque peligraba la seguridad nacional.

En realidad, en los mil 98 casos de designaciones “excepcionales”, las plazas implicadas debieron someterse a concurso entre los funcionarios de rango equivalente o inferior, pero las dependencias optaron por el dedazo.

Destacan dos aspectos. El primero es que en diciembre prácticamente no hubo rotación bajo este principio, pero se detonó entre enero y abril en una medida similar a la ocurrida en cambios de sexenio anteriores, cuando no existía la ley.

El segundo hecho singular es que en un semestre de gobierno calderonista se han superado las “designaciones urgentes” de los dos años previos.

Un ejemplo de esto es Semarnat. En 2005 y 2006 tuvo una treintena de nombramientos al amparo del artículo 34. En lo que va del sexenio calderonista, ha tenido 60.

Delegados de la Sedesol

Un caso aparte es Sedesol, secretaría que tuvo 48 cambios emergentes en 2006 y apenas siete en 2005. En lo que va del presente sexenio, suma 181 “nombramientos de emergencia” que incluyen 10 de los 31 delegados estatales.

De hecho, la Sedesol muestra tendencia a continuar después de abril con estas colocaciones al margen del servicio profesional de carrera.

Entre los nuevos delegados designados están Dora Scherrer, ex diputada panista, asignada a Tabasco; Héctor Jiménez Márquez, ex líder estatal del blanquiazul, a Baja California; Liduvina Salazar Mendoza, también de extracción panista, a Colima, impugnada hace dos días por ocho alcaldes priistas; José Justino Arriaga Silva, ex presidente municipal albiazul de Salamanca, a Guanajuato, y Ernesto Guillermo Altamirano Lagunas, ex alcalde de Acción Nacional de Matías Romero, para Oaxaca.

También aparecen en las lista los panistas Jacob Oswaldo Castañeda Barrera, designado en Morelos; Anahí Romero Alonso, en Puebla; José Ramón Medina Padilla, en Zacatecas; Carlos Nicolás Villegas Flores, en Hidalgo y, finalmente, la líder de las mujeres panistas en Tlaxcala, Leonor Romero Sevilla, que también hoy es delegada.

El botín

David Arellano Gault, investigador del CIDE especialista en el servicio profesional de carrera, comenta que no existe manera de saber si este número de cambios al amparo del artículo 34 es adecuado, reducido o excesivo.

Esta evaluación, señala, habrá de hacerse con el tiempo, pero acota: “Un servicio civil tiene como principal finalidad evitar el uso de la administración pública como un botín partidista. Busca un equilibrio siempre difícil de lograr: que los políticos y funcionarios respeten los puestos y los argumentos técnicos y normativos que dan sentido a una plaza en el sector público, y que en casos excepcionales puedan designar a alguien temporalmente por causas de fuerza mayor para esos mismo puestos. Toda designación (como estos mil 98 casos) deben ser excepciones, casos extraordinarios.

“La ley –añade– puede ser interpretada laxamente bajo el punto de ‘costos adicionales importantes’, pero en todo caso es claro que habla de cuestiones importantes, no de rutina o administrativos.”

El académico dice que estos mil 98 casos pueden sonar a un gran número y que la única manera de evitar suspicacias es que se hagan transparentes las razones por las que no se concursaron. “El sentido del artículo 34 es dar flexibilidad en casos de emergencia, no para que un gobierno que está iniciando tenga flexibilidad para otorgar nombramientos y regrese al sistema de botín”, concluye.

De urgente resolución

Entre 2005 y 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó a sólo 15 funcionario vía artículo 34 (relativo a la designación de plazas sin concurso en casos excepcionales). En lo que va del presente sexenio, los cambios superan los 50 casos.
La Secretaría de Turismo ha sido más discreta en el número de rotaciones bajo esta cláusula, aunque con comparativos anuales similares: con cambios “estratégicos”, como los de la Dirección de Cultura Turística y la Subsecretaría de Innovación, realizó 20 designaciones de emergencia en los últimos seis meses, mientras entre 2005 y 2006 sólo hubo cuatro.

Alguien explíque EN QUÉ consiste una cuestión de seguridad nacional que se designe a puros panistas como delegados de la SEDESOL o a funcionarios de pesca por dedazo.

No se menciona en la nota, pero uno de los recientes elegidos para tener cargo público federal en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como delegado en Veracruz es ALFONSO VÁZQUEZ CUEVAS, hermano de Victor Vázquez Cuevas, dirigente del PAN en Veracruz cuya firma aparece en el documento de la MANZANA AZUL.

¿Quién es Alfonso Vázquez Cuevas? ESTE es Alfonso Vázquez Cuevas:

PANISTA GUARDÁNDOSE UNA LANA CON TODO Y LIGAS

http://www.youtube.com/watch?v=8WqN8g-68JA

El chango en cuestión tiene estudios de secundaria. Nada más.

¿Cómo le hizo alguien que sólo tiene estudios de secundaria para ganar el concurso de una plaza en el gobierno federal? Imposible. Tuvo que haber sido por dedazo. ¿Cómo se explica la "seguridad nacional" que un chango que sólo tiene estudios de secundaria sea puesto de delegado federal de la Secretaría del Trabjo y Previsión Social cuando de pilón aparece en un video guardándose billetes y hasta las ligas en una oficina de gobierno?

No hay manera de justificarlo. Lo que estos hijos de la chinagda pretenden es hacernos creer que TODO lo que hacen implica vulnerabilidad a la seguridad nacional. Pretenden usar la MENTIRA de la seguridad nacional para convertirse en otro PRI vulgar, autoritario y ratero.

¿Ese es el "cambio" que tanto cacareaban los panistas? Pinches HIPÓCRITAS, pos que.


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Es poco más o menos como la negativa del IFE a abrir al público la papelería electoral usada para el fraude del 2 de julio: No exactamente en esas palabras pero se pretexta que "pudiera poner en riesgo el orden social y constitucional"... vamos, por "seguridad nacional" no hay que dejar que se sepa que hubo fraude.