NOTAS DEL PROCESO

Salen algunas notas del Proceso de esta semana empezando con este balconeo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual, revela Proceso, es las comisióne de derechos humanos más rica del mundo (con más dinero para gastar, pues):

Solapador
José Gil Olmos

Organizaciones de derechos humanos, legis-ladores y académicos establecen hoy uno de los juicios éticos más implacabales que haya recibido José Luis Soberanes en su ya larga gestión como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El detonante: su actuación elusiva ante el caso de la indígena Ernestina Ascensio, presuntamente violada por militares en la sierra de Zongolica. Para esos actores políticos y sociales, tal actitud “vergonzante” confirma que el ombudsman protege al Ejército y privilegia sus propios compromisos con el poder político.

Tibieza ante las autoridades, principalmente las militares, es el reproche que le hacen legisladores, organizaciones civiles y expertos al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, después de que el ombudsman declaró que la indígena Ernestina Ascencio Rosario, presuntamente violada por soldados en la sierra de Zongolica, murió a causa de una úlcera gástrica, como lo anticipó el presidente Felipe Calderón.

La actuación del funcionario ha sido “vergonzante”, tardía y opaca, pues, afirman sus críticos, está ligado a intereses políticos. Además, dicen, el organismo que dirige pasa por una crisis de credibilidad y confianza como no la había tenido desde que fue creada en 1990.

Miguel Sarre, visitador de la CNDH durante las presidencias de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, señala que el “pecado de origen” de Soberanes –quien ya lleva ocho años al frente de la institución– es la poca claridad que hubo en su designación como titular de la comisión por parte del Senado. Ahora, las impugnaciones se centran en la falta de transparencia con la que maneja los casos, en su negativa a permitir el acceso a los expedientes ya terminados y a su sospechoso acercamiento con las autoridades federales.

Responsable de la organización Proderecho, Sarre observa que Soberanes se ha escudado en una argumentación formal y legalista para no jugar en esta etapa de transición democrática un papel fundamental de mediador en los conflictos sociales y defensor de los derechos humanos.

Puntualiza: “La Comisión tiene una estructura enorme, muchos recursos y muchas capacidades legales, ha tenido la mesa puesta para jugar un papel decisivo y determinante en esta coyuntura política, en la cual se acabó el partido oficial, pero no lo ha hecho”.

Y asegura que cuando trabajó en la CNDH, los casos en los que estaban implicados los militares siempre fueron espinosos. “Cuando decíamos que teníamos que ver algo con la Procuraduría de Justicia Militar nos pedían calma para no abrir todos los frentes al mismo tiempo”. Pero ahora, sostiene, con Soberanes no se toca ni a los militares ni a las otras autoridades.

Complacencia

Para Isabel Uriarte, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la CNDH siempre ha sido renuente a actuar en asuntos en los que están involucrados militares. Desde 1999, además del caso de Ernestina Ascencio, se documentaron otros cinco. Pero la CNDH, afirma, nunca se metió a investigar a fondo en ninguno.

Y pone como ejemplo los casos de las guerrerenses Inés Fernández, de Ayutla de los Libres, y el de Valentina Rosendo Cantú, de Cajitepec. “Las dos mujeres denunciaron ante una autoridad civil y ante la CNDH que fueron violadas por soldados. Lo que hizo la Comisión en un primer momento fue no manifestarse a favor o en contra de la jurisdicción militar para conocer estos casos. Después de cinco meses emitieron una recomendación, pero no se implantaron los mecanismos necesarios para darle a esta recomendación un carácter de ley o por lo menos más fuerza moral. El resultado fue que desafortunadamente la competencia civil fue declinada al orden militar y éstos dijeron que no había responsabilidades y cerraron los casos”.

–¿La CNDH tendría que ser más fuerte y enérgica en estos asuntos?

–Por supuesto. Basta recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU han recomendado en no menos de cinco ocasiones al gobierno mexicano que delimite la competencia militar para investigar y sancionar casos de violaciones a los derechos humanos en donde elementos castrenses, se presume, son responsables.

A su vez, la senadora perredista Rosario Ibarra de Piedra menciona el caso del obispo Raúl Vera, quien ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones e incluso sufrió un atentado a raíz de la denuncia que hizo sobre la violación de militares contra 13 sexoservidoras del municipio de Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006.

La CNDH “no ha defendido al obispo”, dice doña Rosario, quien preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y hace un recuento de las “omisiones” de Soberanes respecto de los asuntos en que están implicados militares: No sólo se abstiene en el caso de las presuntas violaciones cometidas por soldados; también se mostró complaciente con la gestión del general Rafael Macedo de la Concha en la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del gobierno de Vicente Fox, dice la legisladora.

Sobre ese mismo aspecto, Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), afirma que cuando Macedo de la Concha fue designado procurador, Soberanes nunca se pronunció, aun cuando sabía que el funcionario foxista había sido responsable de la Procuraduría de Justicia Militar y desde ese cargo dio impunidad a quienes participaron en las matanzas de Aguas Blancas, Guerrero, y de Acteal, Chiapas.

La más rica del mundo

Con un presupuesto de más de 700 millones de pesos para este año, la CNDH es la institución de derechos humanos que más recursos económicos recibe en el mundo, según el presidente de la organización Fundar, Sergio Aguayo Quezada.

Sin embargo, observa a su vez el maestro Sarre, no hay una correspondencia entre esos recursos y el trabajo de la Comisión. Es más: la labor de la CNDH es “mucho más deficiente” que la de agrupaciones nacionales y extranjeras de derechos humanos, por ejemplo en conflictos como el de Oaxaca, a pesar de que éstas carecen de recursos y, además, son hostilizadas por las autoridades.

“Hay una especie de subejercicio. Más bien parece que lo que está haciendo (la CNDH) es nadar de muertito. No se mete a fondo y de vez en cuando hace algún pronunciamiento llamativo para hacerse notar. Pero uno se pregunta si para eso necesita de un equipo tan grande y de tantos recursos.”

En los últimos seis años el presupuesto de la CNDH se ha incrementado casi en 100%, y actualmente cuenta con un personal de casi mil personas, distribuidas en ocho edificios en la Ciudad de México y otros tantos en otras ciudades del país.

Un análisis de la asociación Fundar destaca que poco más de la mitad del presupuesto del organismo –59%– es destinado a los fines para los que fue creada la comisión: defensa, protección y promoción de los derechos humanos, pero el restante se usa para mantener los inmuebles y para el pago de la nómina. Por ejemplo, los funcionarios de alta jerarquía –presidente, visitadores, directivos, ejecutivos y gerentes– no sólo devengan salarios elevados; también cuentan con dos vehículos, gastos de alimentación, de telefonía celular y de radiolocalización, y con un seguro de gastos médicos mayores, primas quincenales, pago por riesgo de 30% de su salario y otras prestaciones laborales.

Tal es el despilfarro en la CNDH, dice el mismo estudio, que Soberanes tiene un chef particular que le prepara su comida especial. Además de lujos como éste, puede participar con frecuencia en los encuentros organizados por las comisiones locales. En 2003 fue a Puerto Vallarta y al año siguiente visitó, en plan de trabajo, Playa del Carmen. Los gastos hechos con motivo de los dos actos se elevaron a 15.5 millones de pesos.

Según el estudio de Fundar, titulado La CNDH frente al reto de la transición democrática, lo curioso de la reunión de Playa del Carmen es que se realizó en vísperas de la reelección de Soberanes; participaron en ella 640 organizaciones no gubernamentales, entre las cuales había muchas que no tenían ninguna relación con la defensa de los derechos humanos, como Condominios Unidos de los Héroes de Ecatepec, Pumitas UNAM y Productores del Maguey y sus Derivados.

Otra de las desmesuras, señala, es que el presidente de la comisión gasta cuantiosos recursos en publicidad. Pero lejos de promocionar y difundir información sobre la situación de los derechos humanos, sólo busca posicionar a la institución. Y sostiene que en septiembre de 2004, poco antes de la reelección de Soberanes, se gastaron 782 mil 911 pesos en inserciones periodísticas, monto que contrasta con el millón 245 mil 200 pesos que la institución gastó en un trimestre en 2003.

No a la transparencia

Uno de los aspectos que más les preocupan a las organizaciones civiles es la cerrazón que caracteriza a la CNDH. Desde que llegó a la comisión, Soberanes rechaza las peticiones de información sobre expedientes ya concluidos y que forman parte de recomendaciones publicadas. También les sorprende que las actas de Asamblea del Consejo Consultivo del organismo tengan carácter confidencial.

En 2003 Miguel Sarre solicitó a la CNDH una copia de los expedientes concluidos ese año para darle seguimiento a las recomendaciones a través de su programa Atalaya. La institución se los negó. Y sólo se los proporcionó al peticionario luego de perder un juicio de amparo. Desde entonces la CNDH cobra 93 pesos por hoja, lo cual, dice Sarre, atenta contra el derecho a la información, así que consultar un expediente puede costar hasta medio millón de pesos.

Por su parte, Sergio Aguayo asegura que pidió al Senado información detallada del proceso que se utilizó para reelegir a José Luis Soberanes y a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, entre los cuales está el conductor del noticiario nocturno de Televisa, Joaquín López-Dóriga. El Senado no respondió, por lo que Fundar interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también fue rechazado. Ahora este caso se encuentra en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevistado sobre el particular, Aguayo responde: “La CNDH no ha sido transparente en la forma en que han sido elegidos los integrantes del consejo. Desde el titular hasta los miembros del consejo, la comisión está cargada hacia una visión conservadora de los derechos humanos. Es tal su opacidad que inquieta para un organismo que debería de ser ejemplo de respeto a los principios que regulan los derechos humanos: el acceso a la información”


El caso Oaxaca

En los últimos meses, observadores y organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado a México como un país que no avanza en esta materia, y ponen como ejemplo de ello el conflicto de Oaxaca, en torno del cual la actuación de la CNDH ha producido más críticas que aplausos.

La senadora Rosario Ibarra comenta que inicialmente vio con gusto la llegada de los visitadores de la CNDH a Oaxaca, pero ahora que el ombudsman presentó el informe definitivo de los hechos ocurridos en esa entidad, donde las fuerzas locales y federales ejercieron una represión feroz contra disidentes magisteriales y populares, “en el que no toca a Ulises Ruiz y donde dice que no puede meterse en casos de violaciones a los derechos humanos por particulares sino sólo de instituciones o de funcionarios, se me hizo algo vergonzante. Lo mismo siento ahora que dijo que la señora de Zongolica (Ernestina Ascencio) murió de gastritis”.

–¿Por qué cree que Soberanes ha actuado de esta manera?

–No sé. Con Fox llegó a decir ciertas cosas, pero con Calderón cambió. No sé a qué le tema. Es el defensor del pueblo, así debería de actuar; sea quien sea, así sea indígena, anciana y pobre, debe estar del lado de la gente y no de las autoridades.

Según Adrián Ramírez López, presidente de Limedh, no es posible que la CNDH haya integrado en un solo expediente más de 500 quejas que presentaron los oaxaqueños por presuntos abusos de autoridad por parte de autoridades del gobierno de Ulises Ruiz y de la Policía Federal Preventiva.

Luis Arriaga, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, observa otro aspecto grave: a pesar de tener evidencias claras de tortura, asesinato, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos, la CNDH no ha elaborado ni una sola recomendación.

Omar Tecalco, miembro de la asociación Fundar, va al punto más álgido de la crítica a la CNDH y explica que la raíz de la actitud tibia de Soberanes son los compromisos políticos.

“Siento que es un problema de origen, de raíz. La CNDH obedece más a compromisos políticos que a compromisos con la ciudadanía. No hay una vocación real por la promoción y defensa de los derechos humanos, de las personas que integran la CNDH”, puntualiza.

–¿A qué intereses estaría respondiendo?

–Creo que a intereses partidistas. Sabemos que el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, tiene vínculos con gente del PRI, del PAN; prueba de ello es que ha actuado con tibieza en los últimos conflictos que se han suscitado en México, como los casos de los globalifóbicos en Guadalajara, de Oaxaca, de Atenco, y en el de la anciana muerta en Veracruz. Más que verse proactivo, actúa con tibieza, con miedo, le hace falta meterse a los asuntos, no detenerse. Creo que los compromisos políticos están pesando mucho en la figura de la CNDH.

No creo que haya que ser un genio para saber que si te dan 700 millones de pesos de presupuesto anual, tienes chef privado, te gastas 15.5 millones de pesos en viajes a Playa del Carmen, y encima Televisa tiene parte en las decisiones de la elección de quien te puede sustituir en el cargo, no vas a ser imparcial.

Pero eso no es lo peor. Lo peor es que siendo así la situación ¿Quién queda entonces para defender los derechos humanos en este país?

Lo que estamos viendo en la CNDH no es otra cosa más que la corrupción de una institución cuyo principio es la defensa del pueblo. Y si esta institución también ha sido prostituida por el PRIAN, entonces simple y sencillamente no sirve para nada.

Por que vamos: la propia gente de la sierra de Zongolica sigue indignada por lo que hizo Soberanes. Así se da a conocer en esta otra nota:

¡Tenemos coraje!
Regina Martínez

XALAPA, VER.- Las autoridades y los habitantes del municipio de Soledad Atzompa insisten en que Ernestina Ascencio falleció a causa del ultraje de los militares y arremeten contra las autoridades federales porque, dicen, intentan exculpar al Ejército.

El alcalde atzompeño, Javier Pérez Pascuala, critica al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien cambió su postura inicial –de que había elementos para presumir una violación–, ahora sostiene que la anciana de 73 años murió “de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario”.

Lo que ha ocurrido desde el 25 de febrero pasado, cuando fue atacada la anciana “por hombres vestidos de verde” en la comunidad de Tetlatzinga, “nos tiene preocupados y ha aumentado el coraje del pueblo, que ve que no se va a aplicar la justicia”, declara el edil, quien considera falso el argumento del ombudsman Soberanes de que “nuestra hermana se murió de anemia aguda, que no hubo violación y que no tenía fracturas. Eso es una mentira que pretende desviar la realidad de los hechos”.

Irritado por las declaraciones de Soberanes, Pérez Pascuala asegura que el funcionario se está prestando para encubrir al Ejército, pues el procurador general de Justicia del estado, Emeterio López Márquez, así como los médicos del Hospital Regional de Río Blanco, “reconocieron que sí hubo violación”.

“Como indígenas nahuas nos preguntamos: ¿cómo es posible que ahora el doctor Soberanes diga lo contrario. Creemos que está ocultando la verdad y trata de desviar la atención de la opinión pública con el propósito de dejar impune este lamentable crimen”, afirma.

Julio Atenco Vidal, luchador social e integrante del ayuntamiento de Soledad Atzompa, una comunidad enclavada en las faldas de la sierra de Zongolica, dice a Proceso que a principios de marzo todos los miembros del cabildo local se entrevistaron con funcionarios de la CNDH. Ahí, recuerda, “los visitadores Pedro Armendáriz y Francisco Platas nos dijeron que todas las evidencias que habían recabado hasta entonces apuntaban a que los soldados eran los responsables”.

Según él, Armendáriz y Platas expresaron en forma confidencial que, “además de que aceptaban la violación de nuestra hermana, estaban convencidos de que los militares eran los culpables”. De hecho el encuentro fue para que las autoridades municipales aportaran detalles sobre el crimen, el escenario y las circunstancias en que se perpetró el ataque. Todas las evidencias apuntaban hacia el Ejército, según reconocieron los dos visitadores, insiste.

Por eso Julio se molestó cuando oyó al presidente Felipe Calderón cuando dijo que Ernestina Ascencio había fallecido por “gastritis crónica no atendida”. “De inmediato –puntualiza– me comuniqué con Pedro Armendáriz para preguntarle si eso era cierto. La respuesta (del visitador) fue contundente: ‘no sé de dónde habrá sacado la información; la CNDH no ha emitido ninguna información oficial’”.

Le desconcierta que la CNDH haya hecho un buen trabajo en este caso, pero lamenta que los resultados estén escondidos. “Lo que pretende el señor Soberanes –dice– es darle un uso político al trabajo que hizo la institución. Lo está tergiversando para darle sustento a lo dicho por el presidente Calderón”.

Asegura que, desde el principio, las autoridades se contradijeron y cita un ejemplo: el 26 de febrero por la noche, horas después de que Ernestina falleció, el coronel José Soberanes informó “ante más de 300 personas” que cuatro soldados estaban arrestados e iban a ser investigados por ese crimen. Pero al día siguiente, el mismo militar declaró: “La información fue que no había ningún soldado arraigado”; a su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional se deslindó de los hechos y dejó correr la versión de que el autor del homicidio había sido un grupo guerrillero.

A juicio del también director de obras del municipio de Soledad Atzompa, “este crimen tenía como objeto provocar un enfrentamiento entre el pueblo y el Ejército, pues nos tienen estigmatizados como gente violenta, lo cual no es verdad, pero sí es verdad que hay una tradición de lucha organizada desde hace más de una década.

“Pero calcularon mal –precisa–, porque pensaron que este pueblo ‘violento’ iba a enfrentar al Ejército, pero estuvo mal su cálculo porque el pueblo reaccionó con sensatez”.

Los representantes comunales de Tetlatzinga, Atexcatcotl y Huixzila, Rosendo Antonio Dolores, Roberto Antonio Soledad y Pablo Ponce Castro, respectivamente, dicen que de no haber justicia en el caso de Ernestina, la situación se volverá crítica.

Rosendo Antonio asegura que “las mujeres están muy preocupadas y temerosas de salir a trabajar a los campos, porque allá es una costumbre salir a cuidar los borregos… Con lo que le ocurrió a la señora Ernestina, ahora tienen miedo”.

Y su compañero de Atexcatcotl se pregunta: “¿Qué va a suceder en nuestros pueblos indígenas si no hay justicia? Si se les otorga impunidad a los soldados que atacaron a la anciana, nuestra gente puede reaccionar para ya no dejar que el Ejército incursione en nuestro territorio”.


Cadena de complicidades

La controversia generada por las declaraciones del presidente de la CNDH fue aprovechada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán y por el procurador de Justicia, Emeterio López Márquez.

El 28 de marzo, el mandatario estatal emitió un comunicado en el que afirmó: “Si por una parte mi gobierno se opone a señalamientos infundados, por otra parte no dejaremos que haya impunidad si se llega a demostrar que el hecho tiene connotación de un homicidio”. De manera simultánea, el procurador Emeterio López ordenó suspender a los peritos María Catalina Rodríguez Rosas, Pablo Pérez Mendizábal e Ignacio Gutiérrez Vázquez, quienes emitieron los dictámenes relativos a la violación, lesiones y fractura de cráneo que sufrió Ernestina Ascencio. Los tres fueron suspendidos de manera “temporal”.

La procuraduría estatal declaró que los peritos suspendidos “incurrieron en actos y omisiones” al elaborar los dictámenes del expediente de queja 2007/901/2/Q.

–¿Qué tanta validez legal tiene para la procuraduría estatal una recomendación de la CNDH? –pregunta la reportera a la subprocuradora de supervisión y control de la dependencia, Carolina Hernández Pinzón.

–Primero tenemos que ver las actuaciones que realizó la CNDH y, según las pruebas desahogadas, tendremos que analizar cuáles son válidas para nosotros… porque no es un juicio el que se lleva aquí, sino un procedimiento administrativo.

–¿Si la CNDH está hablando de irregularidades, qué va a pasar con los exámenes periciales? ¿Se van a desechar del expediente ministerial?

–No. Son pruebas que se están analizando en el propio expediente y será la Fiscalía Especial la que determine si desecha o no las probanzas. Nosotros no podemos intervenir.

A su vez, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), Noemí Quirasco Hernández, expresa sus discrepancias con el informe de la CNDH. Dice que “el delito de violación no se acredita necesariamente con desgarres vaginales, ni tampoco porque exista semen o se haya aplicado una prueba química donde se haya efectuado la penetración”.

Si acaso Ernestina Ascencio no murió a causa de la violación, indica Quirasco, “creo que nadie ha mencionado que la señora fue arrojada a un barranco, donde fue encontrado su cuerpo. Entonces, habrá muchas cosas que investigar, y la PGJE está haciéndolo de manera correcta”.

–¿Avala usted el reporte de la CNDH?

–Yo no puedo avalar nada porque no me compete ni es un asunto de la comisión estatal. A nosotros no nos corresponde determinar el cuerpo del delito, ni la presunta responsabilidad de nadie. Esa es una labor de la PGJE y creo que una violación de derechos humanos está ahí latente, porque hubo un servidor público que no cumplió con su deber.

–¿Valida usted la versión de que la señora murió de gastritis crónica?

–Leí un artículo (periodístico)… Es increíble que el presidente (Felipe Calderón) sea un pitoniso, ¿no?, pero desde luego se tiene que corroborar eso y yo tampoco quiero hacer más comentarios. Pero en lo que atañe a si hubo o no violación, a mí me quedan serias dudas. ?

Sobra decir que la verdadera razón por la cual se ha tratado de solapar a los soldados violadores es por la intención de fecal de militarizar al país y de colgarse del ejército para tratar de legitimarse. Esa fue desde el principio su intención; esconderse detrás de las faldas del ejército. Pero ahora que el ejército está en la mira por haber cometido estas atrocidades, a fecal se le empiezan a desvanecer las faldas protectoras.

Y no olvidemos que si la gente le pierde el respeto al ejército en base a los crímenes de los soldados, al rato esto puede acabar en un estallido social del cual nadie podrá salvar al enano.

Otra serie de reportes del Proceso tienen que ver con la nueva embestida de la derecha católica fundamentalista para apoderarse de México por la fuerza--o por lo menos para intentar evitar que los mexicanos sean dueños de su destino. Este es uno de esos reportes:

No al aborto, a los matrimonios gays, al divorcio, a la unión libre...

Estallaron los sectores conservadores contra las garantías legales a los derechos sexuales y de género. Los provocó, en parte, la decisión de varios partidos de impulsar, primero en la Ciudad de México y luego en el país, las reformas para despenalizar el aborto. Pero aquellos grupos, respaldados por el presidente Felipe Calderón, forman parte de una estrategia más amplia del Papa Benedicto XVI y sus huestes para bloquear en América Latina toda modernización que a su parecer vulnere los milenarios dogmas católicos.

C

IUDAD DEL VATICANO.- El pasado 17 de febrero, el Papa Benedicto XVI tenía congregados frente a él a sus 20 nuncios apostólicos designados para América Latina. Los mandó llamar para decirles qué hacer en la conferencia plenaria del episcopado latinoamericano que se realizará en mayo próximo en la ciudad brasileña de Aparecida.

En esta encerrona el pontífice asumió su calidad de jefe de Estado ante sus diplomáticos. Ahí mostró su preocupación por las leyes de los países latinoamericanos que, como México, “se limitan a conceder libertad de credo y culto, pero no reconocen aún la libertad religiosa” plena, se quejó el Papa.

También externó su alarma por la creciente despenalización del aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y todo lo que afecta a la “vida” y “la familia” en la región.

Enfático, el pontífice alemán instruyó a su cuerpo diplomático en la zona: “La familia merece una atención prioritaria, pues muestra síntomas de debilitamiento bajo las presiones de lobbies capaces de influir negativamente en los procesos legislativos”.

Precisó: “Los divorcios y las uniones libres están aumentando, mientras que el adulterio se contempla con injustificable tolerancia. Es necesario reafirmar que el matrimonio y la familia tienen su fundamento en el núcleo más íntimo de la verdad”.

Los días anteriores –15 y 16 de febrero–, los nuncios habían sostenido prolongadas reuniones previas con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal italiano Tarcisio Bertone. El objetivo: llegar a acuerdos para mantener el control de la Iglesia latinoamericana, y cómo influir en la vida política, social y eclesiástica de la región.

Ahí afinaron los lineamientos de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que se celebrará en Aparecida del 13 al 31 de mayo. Serán trascendentes los resolutivos que salgan de ahí, puesto que marcarán las acciones de la jerarquía por lo menos en los próximos 12 años. Sin duda es el más importante encuentro clerical de los últimos tiempos.


Control burocrático

Con base en las maniobras papales, vaticanistas italianos y expertos latinoamericanos aseguran que la conferencia de Aparecida sólo servirá para que la “burocracia” romana refuerce su control sobre el ya de por sí “domesticado” clero de América Latina, olvidándose de los graves problemas sociales que aquejan a los 600 millones de católicos de la región.

Además, adelantan, Benedicto XVI se valdrá de la conferencia para imponer su línea de “restauración conservadora” que, por lo pronto, ya permitió la reapertura de las misas en latín y con cantos gregorianos.

El pontífice acaba de lanzar otra señal a la Iglesia latinoamericana: su reciente condena a los libros del jesuita Jon Sobrino, uno de los más destacados teólogos de la liberación. Esta condena, asegura a Proceso Sandro Magister, el vaticanista del semanario italiano L’Expresso, “anticipa una de las indicaciones que el Papa dictará a la Iglesia de América Latina, cuyos cuadros dirigentes han sido influidos por el espíritu de la teología de la liberación”.

Agrega Magister que la llamada notificatio, “más que al teólogo, va dirigida a sus numerosos lectores y simpatizantes, entre los que se encuentran obispos, sacerdotes y laicos de Latinoamérica”.

Marco Politi –periodista del diario italiano La Repubblica y autor del libro Su Santidad– señala que la lucha contra la teología de la liberación quedó concluida para el Vaticano, pero ha ocasionado “que las clases más pobres de la sociedad latinoamericana se sientan mejor acogidas por las sectas y sus promesas de rescate social, espacio que antes les ofrecían los teólogos de la liberación”.

Por su parte, el filósofo e historiador Enrique Dussel comenta: “El Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) ya no expresa el sentir de América Latina, pues es Roma la que le dicta sus consignas. Para Roma, la Iglesia latinoamericana es un simple peón en el tablero europeo, le quitó su autonomía y su espíritu eclesial. Su jerarquía está domesticada.

“Y Joseph Ratzinger, el Papa, piensa primero en Alemania, después en Europa y finalmente en el resto del mundo. Resulta revelador que, para preparar la conferencia de Aparecida, Ratzinger no se haya reunido con los presidentes de los episcopados latinoamericanos. ¡No! Se reunió con sus nuncios.”

–¿Fue una reunión con carácter político, como jefe del Estado vaticano?

–Siempre son políticas estas reuniones. Y ni siquiera convocó a los nuncios como jefe de Estado, sino casi como jefe de imperio.

El autor de Historia de la Iglesia en América Latina, Dussel, refiere que las políticas del actual pontífice “están centradas en temas muy concretos, como son su lucha contra el aborto, el celibato y la homosexualidad, olvidándose de los graves problemas de miseria y explotación de la región”.

Recalca: “Ratzinger insiste en que no se mate a los nonatos. Es muy bonito pedir que nazcan, ¿pero para que después vivan como perros, hambrientos y miserables? Si va a defender la vida, pues que defienda toda la vida; la de los no nacidos y también la de los pobres. Para los trabajadores, un salario miserable es un problema de vida. Pero no, su doctrina es muy unilateral y conservadora, en el sentido más estrecho de la palabra.

“Aparte, la conferencia de Aparecida no despierta ningún interés entre la gente, a diferencia de las anteriores conferencias de Medellín y de Puebla, que en su tiempo provocaron revuelo, grandes debates y tuvieron enormes repercusiones.”

–¿A qué obedece esa falta de interés?

–A que en Aparecida se tratarán sobre todo temas que son importantes para la estructura eclesiástica, pero sin relevancia para el pueblo cristiano de México y Latinoamérica. Es una conferencia que nada tiene que ver con la dureza de nuestra realidad. No le dice nada a la gente.

“Ahí se van a defender los privilegios de la burocracia romana, olvidándose del espíritu cristiano. Es como si Jesucristo hubiera venido al mundo a defender los derechos de sus 12 apóstoles. No, Cristo dijo: ‘Predicad mi doctrina, y tengan cuidado, porque también pueden morir crucificados’. Y se metía entre los pobres a predicar su mensaje profético.”

–¿La jerarquía actual no apoya a estos sectores?

–Sí, pero siempre con una actitud de limosna, jamás luchando contra las estructuras injustas que están produciendo la pobreza.

Para resaltar el control de la burocracia romana, Dussel señala que el Papa llegó al extremo de designar a un italiano para que tomara las riendas de Aparecida. “¿Qué tiene que hacer un italiano presidiendo una reunión de los episcopados latinoamericanos? Anteriormente, era un latinoamericano quien presidía esas reuniones”, comenta.

El historiador se refiere al cardenal Giovanni Battista Re, de 73 años, que tiene una larga carrera burocrática en la curia. Actualmente es prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Comisión para América Latina, por lo que tiene el control de la región. Es además miembro de la Secretaría de Estado y de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

El pasado 12 de diciembre, Benedicto XVI designó a Battista Re como presidente de la conferencia de Aparecida; en segundo término, al cardenal Francisco Javier Errázuriz, arzobispo de Santiago de Chile; y, por ser el anfitrión, al cardenal Geraldo Majilla Agnelo, presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil.

Estrategia regresiva

Después de dos años de haber sido entronizado, Benedicto XVI hará su primer viaje pontificio a América para asistir al encuentro.

En un documento elaborado por el Celam, Hacia la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, señala que todos los episcopados y organizaciones católicas presentarán ponencias y documentos en los que analizarán “la vida de la Iglesia en sus territorios”, señalarán los “aspectos positivos y negativos” de la misma e identificarán “problemas comunes”, para llegar finalmente a “soluciones y líneas de acción pastoral” para la región.

Será Benedicto XVI quien “abra la reunión” de Aparecida y “oriente” a los participantes “con su discurso inicial”, y también quien dé “su aprobación a las conclusiones del modo que estime más adecuado”. La postura del pontífice será la que marque el rumbo del catolicismo en los países representados.

Por lo pronto, ya empiezan a pesar las directrices papales. Por ejemplo, a finales de marzo llegó a México el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Alfonso López Trujillo, a fin de participar en el Tercer Congreso Internacional Provida. El influyente enviado papal vino a oponerse al aborto, justo cuando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se discute una ley para despenalizarlo.

Los hombres no deben “borrarle la plana a Dios” con actitudes de “desprecio por la vida”, señaló López Trujillo durante su participación en ese congreso. Y agregó que “en nombre de la democracia” no debe atentarse contra la vida y la familia.

Enrique Dussel señala que, justamente, el cardenal colombiano López Trujillo ha sido, desde hace buen tiempo, un personaje clave para imponer en Latinoamérica la línea conservadora del Vaticano:

“En 1972, en Sucre, Bolivia, se celebraba una reunión del Celam, que en ese tiempo había tomado una línea muy social y a favor de los pobres. A Roma le preocupó el peligro de esta autonomía latinoamericana y envió a López Trujillo para que diera prácticamente un golpe de Estado al Celam y se apoderara de su secretaría general. A partir de ahí empezó la persecución contra la teología de la liberación.

“Y este golpe surgió, curiosamente, a raíz de una reunión con los nuncios igual a la que acaba de tener Ratzinger. Los nuncios son los que han orientado las políticas vaticanas en Latinoamérica. Y claro, el Papa es quien manda.”

Para Dussel, Benedicto XVI “encabeza una corriente de restauración conservadora que va contra de los lineamientos del Concilio Vaticano II. Restaurar es volver atrás. Este conservadurismo paraliza a América Latina, cuyos obispos están siendo nombrados con el solo criterio de sumisión a Roma y obediencia al Papa”.

Así lo confirma la primera exhortación apostólica de Benedicto XVI, publicada el pasado 13 de marzo y en la cual vuelve a instaurar el uso del latín y los cantos gregorianos en las misas, prácticas que habían quedado rebasadas en los años sesenta, con el Concilio Vaticano II.

En el párrafo 62 de su exhortación, dice el Papa: “Pido que los futuros sacerdotes, desde el tiempo del seminario, se preparen para comprender y celebrar la santa misa en latín, además de utilizar textos latinos y cantar en gregoriano”.

En el Vaticano ya se habla de un acercamiento de Ratzinger con los lefebvrianos, movimiento fundado por el ultraconservador Marcel Lefebvre, un francés defensor de la disciplina tradicional de la Iglesia. El Papa ya se reunió, en agosto de 2005, con monseñor Bernard Fellay, dirigente de la lefebvrista fraternidad San Pío X. Incluso se dice que un hermano del pontífice, el sacerdote Georg Ratzinger, es un animoso simpatizante de esa corriente.


Pocas esperanzas

El jesuita Raúl Cervera, director de Christus, la revista católica mexicana que ha venido analizando el tema de Aparecida, señala:

“Actualmente estamos viviendo la hora de los laicos. De ahí que la repercusión social de Aparecida dependerá de que en esa conferencia se escuche la voz de los laicos católicos que participan en movimientos sociales, en grupos de derechos humanos, en comunidades indígenas, pues ese es el cristianismo que está sacando las cosas adelante.”

–¿Considera probable que se tome en cuenta a estas voces?

–Lo veo difícil, pues la Iglesia católica tiene un gobierno muy centralizado que, de manera casi natural, tiene dificultad para escuchar lo que sucede en esos niveles básicos de la vida eclesial.

Y lamenta que ya no vivan o estén fuera de funciones aquellos “grandes figurones” de la jerarquía latinoamericana que trabajaban precisamente en esos niveles. Menciona a los obispos Hélder Câmara, Aloisio Lorscheider, Sergio Méndez Arceo, Bartolomé Carrasco, Óscar Arnulfo Romero, Samuel Ruiz y Arturo Lona, entre otros.

“Ahora el Vaticano cambió su estrategia. Ya no designa obispos comprometidos con la línea de la opción por los pobres. Y, sin embargo, la pobreza y el atraso en América Latina se han agudizado de manera alarmante”, dice Cervera.

–Hoy la jerarquía tiene que entenderse con los gobiernos neoliberales de la región.

–Sí, y en este punto no debería haber componendas. Su lucha debería ser para eliminar esos mecanismos neoliberales que están produciendo millones de pobres. Resulta esperpéntico que un país como México tenga a Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo, que se encumbró gracias a estas estructuras injustas.

“Pese a que, doctrinalmente, la Iglesia critica al neoliberalismo, los episcopados no han tenido la audacia de llevar sus principios a la práctica. Quizá lo hagan por prudencia política, por timidez. No se esfuerzan por asumir la actitud profética de Medellín y Puebla.”

–¿Esta será la tónica de Aparecida?

–Sí, es previsible que así sea. Los obispos no saben qué hacer, cómo avanzar. El futuro es poco promisorio. Y una reunión de ese nivel debe ser de largo alcance, debe planear la vida de la Iglesia para los próximos años, adelantarse a la historia. No se trata de una reunión parroquial. Tan sólo la media temporal de las pasadas conferencias ha sido de unos 12 años.

El jesuita se refiere a las pasadas cuatro conferencias latinoamericanas: Río de Janeiro (1955), Medellín (1968), Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). Raúl Cervera se dice, sin embargo,esperanzado:

“Debemos confiar en los laicos, que en momentos de crisis han sabido sacar a la Iglesia adelante. Por ejemplo, en los siglos III y IV apareció la herejía del arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Buena parte de la jerarquía se declaró arriana para no perder sus canonjías políticas. Se plegó a los emperadores arrianos. Fueron precisamente los laicos quienes mantuvieron la pureza de la fe.”

–¿Definitivamente la Iglesia no puede desentenderse de los pobres de América Latina?

–¡No debe! No debe desentenderse de los pobres, para seguir siendo fiel al mensaje de su fundador, que convivió con ellos. Además, la mayoría de los latinoamericanos padecen la miseria. Y la deserción que está sufriendo la Iglesia católica, toda esa gente que se va con las iglesias protestantes, se debe en gran parte a que debilitó su corriente de la opción por los pobres.

La conexión con lo que ocurre en México se encuentra en este otro reportaje:

Los católicos, a la ofensiva
Rodrigo Vera

El presidente Felipe Calderón, el pasado 20 de marzo, se declaró públicamente contra la despenalización del aborto:

“Yo estoy en defensa de la vida –dijo enfático–, tengo un pleno respeto por la dignidad y la vida humana. Y también creo que la legislación existente en el Distrito Federal y otros estados es en este momento la adecuada.”

Dos días después, el 22 de marzo, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Carlos Aguiar Retes, comió en privado con el presidente en Los Pinos.

“Lo felicité por su postura valiente de plantear sus propias convicciones. Simplemente fue una felicitación por su postura”, declaró Aguiar Retes, y adelantó que la Iglesia está llamando a protestar contra la iniciativa de despenalización del aborto: “Las parroquias están invitando a sus feligreses en otros puntos de los estados, como yo en mi parroquia lo estoy haciendo”.

Agregó: “Estamos apoyando al Arzobispado de México, puesto que se trata de una iniciativa local. Pero aunque salga de la Asamblea (Legislativa) del Distrito Federal, repercute en lo nacional. Si una puerta se abre en un Congreso, va haciendo eco en otros Congresos. Es mejor atajar las cosas desde un principio”.

Junto con Aguiar Retes, le manifestaron su respaldo a Calderón los magnates Carlos Slim, presidente del Grupo Carso; Olegario Vázquez Raña, dueño del Grupo Ángeles y del periódico Excélsior, así como Juan Francisco Ealy Ortiz, director del diario El Universal y presidente del grupo Por México. También asistieron Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia ortodoxa de México e Ishie Gitlin, representante de la comunidad judía, entre otros.

Ya para entonces, varias organizaciones católicas realizaban manifestaciones de la Catedral Metropolitana a la sede de la ALDF. La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Comité Nacional Provida, Dignidad Ciudadana y el Colegio de Abogados Católicos, entre otros grupos, llevaban mantas de protesta con imágenes de la Guadalupana y de fetos destrozados.

Por su parte, la conferencia episcopal difundió un comunicado en el que calificó la propuesta legislativa como una “iniciativa de exterminio”.


Un tañido bélico

Desde febrero pasado, el Papa instruyó a todos sus nuncios en América Latina para que bloqueen cualquier legislación que intente despenalizar el aborto. Nombró incluso a un nuevo nuncio para México, el francés Pierre Christophe.

Otro enviado de Joseph Ratzinger viajó de Roma a México con el mismo objetivo: el colombiano Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia. El poderoso cardenal ultraconservador vino a encabezar los trabajos del Tercer Congreso Internacional Provida, que se realizó del 23 al 25 de marzo en la Basílica de Guadalupe y en el Hotel Sheraton Alameda de la Ciudad de México.

Durante dicho congreso, el funcionario papal dijo: “Hay que salvar al hombre, al niño, al recién concebido. Eso es una lucha de dignidad y de grandeza”. Manifestó su apoyo a los obispos mexicanos que defienden la vida “de los seres inocentes que apenas empiezan a vivir en el seno de su madre” y, por otra parte, lamentó que en Europa “haya un hijo abortado” cada 30 segundos.

En alusión a la iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), López Trujillo indicó que “estamos en un mundo que confunde el delito con un derecho”, y exhortó a los católicos mexicanos a mantener los valores de la vida y de la familia.

Otros ponentes del congreso fueron el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, y Jorge Serrano Limón, dirigente de Provida. La concurrencia: monjas, religiosos y muchísimos adolescentes, alumnos de escuelas confesionales.

Para sorpresa de muchos, durante el segundo día de sesiones del congreso de Provida, en el Sheraton, apareció una banda de guerra del Ejército Mexicano. Eran 22 soldados que portaban armas largas, uniformes verde olivo, botas de campaña, cascos, tambores...

Los militares se cuadraron frente a una enorme imagen de la Virgen María que pendía del techo con rostro compungido. Luego desplegaron el lábaro patrio y le rindieron honores. Retumbaban los tambores en el salón del Sheraton.

Trascendió que a Jorge Serrano –el anfitrión– se le ocurrió llevar a los soldados para aderezar su evento religioso con un tañido bélico, y así amedrentar a los asambleístas.

El Senado y la Cámara de Diputados se inconformaron. Por separado, le pidieron una explicación al general Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. La misiva de los diputados –fechada el 26 de marzo– señala que “resulta preocupante que se disponga de efectivos de este cuerpo armado para eventos privados con claros matices religiosos”. Y recalca: “Es evidente que este evento no corresponde a la naturaleza del Estado laico ni a la constitución plural, democrática y diversa de la sociedad mexicana; por ello es inexplicable la participación de las Fuerzas Armadas de México”.

Entre otras cosas, los legisladores le pidieron al general Galván la “copia certificada” de la solicitud formal de Provida, así como la autorización oficial de la Sedena. Esta institución respondió, mediante un comunicado de prensa, que “toda institución pública o privada puede solicitar la colaboración” del Ejército para realizar “ceremonias cívicas y obras sociales”.


Debate politizado

La “injerencia” del Vaticano y López Trujillo en la vida interna del país fue también denunciada por un grupo de mujeres legisladoras, intelectuales y artistas. Leticia Calzada, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la ALDF, solicitó la “expulsión” del enviado papal, mientras que la escritora Guadalupe Loaeza señaló: “Desde el púlpito, la Iglesia está generando temor entre la población por el tema del aborto”.

Y pidieron a la Secretaría de Gobernación que investigara las maniobras injerencistas del cardenal extranjero. Pero Florencio Salazar, el subsecretario para Asuntos Religiosos de Gobernación, señaló “categóricamente” que el comportamiento de López Trujillo es legal y que ninguna de sus declaraciones “atenta contra la paz pública o las instituciones”, pues se ciñen al “tema doctrinal de la Iglesia que él representa”.

Del otro lado, varios obispos emiten sus opiniones personales: Rivera Carrera –quien, por cierto, tiene una demanda en Estados Unidos por supuesto encubrimiento a un sacerdote pederasta– dijo: “Las leyes tienen el propósito de respetar la vida. Una ley que no respeta la vida es inicua”. Y puntualizó: “Dicen que es un problema de derechos de la mujer sobre su cuerpo. Pero dejan de lado el derecho que tienen las niñas y niños que son abortados”.

El obispo de León, José Guadalupe Martín Rábago, argumentó que “la labor esencial de una sociedad justa e incluyente debe ser la protección de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural”.

El arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, consideró que la ley en debate promoverá el “libertinaje sexual”, principalmente entre los jóvenes. Y agregó que el derecho a la vida “no es asunto de votos, de una encuesta o un referéndum”.

En su estilo, Onésimo Cepeda, obispo de Ecatepec, advirtió: “Si hoy no luchamos para impedir estas leyes, mañana estaremos llorando por habernos convertido en cómplices de asesinos”. Y el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez, aseguró que abrirle las puertas a la práctica del aborto es más grave “que todos los asesinatos cometidos por los nazis”.

Más mesurado, José Luis Dibildox, obispo de Tampico, señaló que la Iglesia no “recomienda” el aborto, pero el practicarlo es “responsabilidad de cada persona”.

Y el pasado 24 de marzo el Consejo Nacional del PAN pidió a sus gobernadores, diputados y senadores impedir cualquier tentativa de legalizar el aborto. Manuel Espino, su líder nacional, no descartó una movilización, y agregó: “En respuesta a quienes predican la incultura de la muerte, invitamos a los mexicanos a salvaguardar la humanidad”. Además, el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, llamó a formar un “frente común” contra “aquellos que amenazan el derecho a vivir”.

El extitular de la Secretaría de Gobernación, Carlos Abascal –actual secretario general adjunto del PAN–, marchó el 25 de marzo con 5 mil personas hasta la Basílica de Guadalupe. En esa manifestación contra la iniciativa de la ALDF se vio por primera vez a grupos que habían permanecido en la sombra. Por ejemplo, el sargento mayor de los Caballeros Templarios de México, Mauricio López, comentó: “Es la primera vez que participamos en un acto público”.

Algunas de estas organizaciones amenazaron con acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y bloquear las clínicas que practiquen abortos. ?

No es coincidencia que se pretenda que miss México participe en el certamen miss Universo con un traje en el que hace héroes a los cristeros. La realidad es que en la historia de México la derecha no tiene héroes a los cuales usar de ejemplo a seguir para sus propósitos. Históricamente los héroes de la derecha han sido precisamente los opresores y los traidores al pueblo. Mientras que los héroes de la izquierda han sido los que han buscado la libertad y la justicia para el pueblo: Cuauhtémoc, Hidalgo, Morelos, Allende, Josefa Ortiz, Aldama, Benito Juárez, Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas del Rio. No hay revolucionarios de la derecha. Lo más cercano que tienen son lo cristeros. Y precisamente de ellos se quieren colgar ahora.

Es decir; quieren crear la idea de que unos TERRORISTAS que hacían sus atrocidades en base a fundamentalismo religioso, sean aceptados como héroes. Esto no es otra cosa más que una estrategia mediática para tratar de lavarle el cerebro a los que se dejen y ver si así logran amedrentar a la mayoría de los mexicanos que NO aceptan el fundamentalismo católico del que se quiere colgar la derecha fascista para imponer su voluntad sobre las mayorías que NO aceptan su manera INTOLERANTE de pensar.

Y claro, como al ESPURIO le urge LO QUE SEA que le traiga adeptos, pues obviamente por eso les da por su lado.

Es precisamente por eso que no podemos aceptar que se nos pretenda amedrentar con estas chingaderas que está haciendo la derecha fascista. NO PASARÁN. PUNTO.


Una razón más para apoyar al peje en el 2007.