ALGUNAS DEL TINTERO Y LA REVISTA FORTUNA

DEL CHISMOGRAFO DEL DEFORMA:

CUENTAN en los círculos castrenses que varios mandos medios del Ejército andan preocupados con el hecho de que los soldados estén en la primera línea de la batalla contra el narcotráfico.

Y AUNQUE los militares se destacan por su institucionalidad y por acatar las órdenes de la autoridad civil, hay quienes no están muy seguros de ser los más indicados para llevar la voz cantante en esa lucha.

PORQUE una cosa es tener mucha tropa y la otra contar con los elementos, recursos, trabajo de inteligencia y capacitación necesarios para entrarle como se debe a un problema tan complejo.

EL TEMOR de esos mandos medios radica en que, si no dan los resultados esperados, la buena imagen que tienen las fuerzas armadas pueda deteriorase por un asunto que, en principio, no es su responsabilidad.

COLUMNA DE SAMUEL SCHMIDT:

Reformas y anti democracia


Dos discusiones muestran las grandes barreras para alcanzar la democracia en México. La primera son las llamadas pomposamente “reformas estructurales” y la segunda el debate dentro del gobernante Partido Acción Nacional sobre cual debe ser su posición frente al gobierno.

En las reformas encontramos que estas benefician a los barones del capital y se hacen en secreto y a la carrera, de tal manera que se enfrente con hechos consumados el descontento social que se provoca con las mismas, tal y como estamos viendo en lo relativo a la reforma de la seguridad social; la segunda es un ejemplo de lo profundo que esta arraigado el autoritarismo en la cultura política de los gobernantes y políticos mexicanos.

Se lleva mucho tiempo en México discutiendo sobre la necesidad de realizar reformas estructurales, pero resulta que estructural es un eufemismo que encubre o disimula las verdaderas intenciones. Los eufemismos sirven para disfrazar el discurso; por ejemplo, cuando se habla de afroamericanos es para eliminar del lenguaje el concepto negro, que tiene una acepción discriminatoria; la nueva palabra oculta el hecho que lo mas profundo de la discriminación no ha desaparecido, pero hace suponer que al sacarla del discurso público se ha cambiado la realidad: nada mas lejano a la verdad.

Las reformas mexicanas son adecuaciones que no buscan cambiar el status quo pero al caer en el juego eufemístico, en el discurso tratan de ocultar su condición implicitamente injusta. En el terreno fiscal la carga mayor recae sobre los empleados porque los patrones pagan menos impuestos, tienen exenciones y hasta manejos fiscales que los benefician aunque muchos caen en el terreno de la ilegalidad. La reforma implicaría revertir esta fórmula para que el peso recaiga sobre los que mas tienen, pero ya el gobierno anunció que no tocará a las grandes empresas, con lo que el efecto buscado es el contrario al de corregir lo in justo del sistema, y por lo tanto, la carga continuara cayendo sobre los mismos aunque de distinta manera, aunque en mayor cantidad para aportarle mas recursos al gobierno.

La reforma de la seguridad social no busca mejorar los servicios que presta el estado y la comodidad financiera que debe tener la gente al jubilarse. El manejo de los fondos de pensiones en manos privadas como se aplicó en México, es copia de un modelo que fracasó en Chile y que en su primera aplicación en México, ha resultado ruinoso para los trabajadores; no obstante lo anterior el gobierno es renuente a hacer las correcciones requeridas porque tendría que limitar a los administradores de fondos de inversión y éstos son política y económicamente poderosos.

En el debate del PAN encontramos el intento de que ese partido siga el modelo del PRI donde el partido era uno mas de los brazos del presidente. No solamente le entrega su voto legislativo sin chistar y mucho menos cuestionando la validez del voto solicitado, sino que se mueve como un brazo político que sigue instrucciones a ciegas. En el sexenio pasado se negaron a investigar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia contra los hijastros de Fox, sino que bloquearon todo esfuerzo por dilucidar la verdad y hacer justicia.

El corazón de la democracia en un sistema federal implica que ningún poder concentre demasiado poder, pero el PAN esta buscando preservar el modelo donde el presidente es omnipotente y donde desde el poder ejecutivo se generan las leyes, los procesos políticos y toda lógica para la preservación del sistema. Los panistas luchan por preservar el orden del presidencialismo que incluye el manejo de los derechos y normas políticas como si fueran prebendas que se otorgan graciosamente desde la oficina presidencial.

Ambas reformas demuestran que se busca prolongar el regimen de privilegio que a su vez perpetúa las grandes diferencias estructurales que son la base de todas las injusticias que vive México.

Ambos eventos se combinan porque confirman el carácter patrimonialista y clientelar de la política mexicana, donde la política es el origen de la manipulación económica y política de la sociedad. El presidente es el que hace los favores, el que ayuda a construir o destruir carreras y fortunas y nunca deja de ser el centro motor de la sociedad. Un presidente fuerte implica una sociedad débil y bajo esta formulación se preserva el autoritarismo y se alejan las posibilidades de construir la democracia.

Crece deuda y Pemex se ahoga

Mario Di Costanzo*

La deuda por Pidiregas ya es mayor que la deuda externa presupuestaria, por lo que es necesario que el gobierno federal asuma esos pasivos y libere a Pemex de esa pesada carga financiera

De acuerdo con el informe sobre la Situación de la Finanzas Públicas, al cierre de 2006 la deuda neta del sector público ascendió a 3 billones 358 mil 223 millones de pesos. Esta cifra representa aproximadamente el 36.7 por ciento del PIB y significa que de cada peso que se genera en la economía casi 37 centavos se encuentran comprometidos.

Cabe mencionar que la deuda neta total se incremento durante la administración foxista en 1 billón 40 mil millones de pesos, lo que significa que en el año 2000 cada mexicano debía al nacer 23 mil 776.4 pesos, y para diciembre de 2006 la deuda de cada mexicano ascendió a 31 mil 983.1 pesos, por lo que la deuda per capita de los mexicanos se incrementó en 8 mil 206.7 Así, para 2006 y de acuerdo con la SHCP, la deuda directa presupuestaria, es decir la deuda directa “oficialmente reconocida”, interna y externa es de 1 billón 794 mil 737.5 millones de pesos, de los cuales corresponden a la deuda interna 1 billón 327 mil 977.5 millones de pesos, es decir 39.5 por ciento de la deuda total, mientras que la deuda externa directa o presupuestaria ascendió a 466 mil 760 millones de pesos, representando con ello el 13.9 por ciento del total. La deuda no presupuestaria o “contingente” (Rescate Carretero, IPAB, Pidiregas y la Banca de Desarrollo) ascendió a 1 billón 563 mil 485.9 millones de pesos, de los cuales la deuda contraída por el rescate bancario (701 mil 551.6 millones) y por los Pidiregas (554 mil 265.0 millones) absorben la mayor parte al ser en conjunto de 1 billón 255 mil 816.6 millones de pesos, El caso de los Pidiregas Es importante mencionar que la deuda por Pidiregas ha rebasado a la deuda externa directa y representa el 16.5 por cietno de la deuda total de la economía mexicana. Más aún, durante los últimos 6 años la deuda por Pidiregas pasó de 150 mil millones de pesos en diciembre de 2000 a 554 mil 265 millones de pesos en diciembre de 2006. A lo anterior hay que añadir que de acuerdo con los informes de la SHCP, las amortizaciones de estos proyectos para el 2008, es decir sólo los pagos del saldo principal, ascenderán a poco mas de 38 mil millones de pesos (3 mil 816.8 millones de dólares). Eso sin contar los intereses que generan los Pidiregas y que para el 2007, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, se estiman en 38 mil 600 millones de pesos, cifra equivalente a los pagos del principal que se realizarán para el próximo año. Es importante recordar que el año pasado, la SHCP anunció la liquidación anticipada de deuda externa directa haciendo uso de las reservas internacionales, por ello y dado que el saldo actual de las reservas es nuevamente muy alto (76 mil 330 millones de dólares), sería posible que el gobierno federal utilizara parte de las reservas internacionales, aproximadamente 150 mil millones de pesos, para prepagar obligaciones derivadas de los Pidiregas y reducir así la pesada carga financiera que representan para esta empresa estatal. Por ello, un prepago de las obligaciones derivadas de los Pidiregas le permitiría a Pemex reducir su costo financiero, al mismo tiempo que podría obtener directamente financiamiento en mejores condiciones para llevar a cabo sus proyectos de expansión y de exploración. Esta alternativa permitiría reoxigenar a la empresa sin la necesidad de requerir inversión privada o la asociación con empresas paraestatales de otros países como Petrobras. Por lo anterior es muy importante que el Congreso analice todas las opciones técnico-financieras para mejorar la situación de Pemex, ya que éstas existen y son muy diversas, Este esquema de utilización de reservas para liquidar pasivos de Pemex es sólo una de las opciones que tendría que ser explorada, antes de buscar esquemas de conversión con otros países, pues esta última opción es la menos deseable en términos de las repercusiones que tendría sobre la propia situación de la empresa, ya que cualquier tipo de “privatización velada” definitivamente incidirá sobre la soberanía energética del país. La deuda total de la economía mexicana De esta manera, para el 2006, de los 31 mil 983.1 pesos que cada mexicano adeuda, 6 mil 681.4 pesos son por concepto del rescate bancario, 5 mil 278.7 pesos son originados por los Pidiregas, 992.4 pesos son debido al quebranto de la banca de desarrollo, mil 530 obedecen al rescate carretero -que además es un fideicomiso, 407.5 pesos se explican por los programas de apoyo a deudores y 12 mil 647.4 se explican por la deuda interna directa y 4 mil 445.3 por la deuda externa directa. Qué es la deuda contingente o no presupuestaria: La Constitución Mexicana en su artículo 73 fracción VIII establece claramente como una facultad exclusiva del Congreso la de sentar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar emprésitos sobre el crédito de la nación. El mismo ordenamiento establece que es el Congreso de la Unión el único poder facultado para aprobar la deuda pública, para reconocerla y por lo tanto para mandar pagar la deuda nacional. De esta manera y con el objeto de regular la aplicación de este mandato constitucional, el 31 de diciembre de 1976 se publicó la Ley General de Deuda Pública, donde entre otros señalamientos se plasma claramente el papel que juega tanto el Congreso como el Ejecutivo en materia de deuda pública. Sin embargo a pesar de lo anterior el 21 de diciembre de 1995 se llevaron a cabo modificaciones a la Ley General de Deuda Pública, estableciendo un nuevo concepto denominado “deuda contingente” o “pasivos indirectos”, ésta sutil pero significativa modificación ha provocado que el Ejecutivo haya intentado “eludir“ el papel del Congreso en la aprobación del endeudamiento de la nación. Bajo la modalidad del término de “pasivos contingentes” se han llevado a cabo operaciones que han endeudado a la economía sin estricto apego al cumplimiento del mandato constitucional. Desafortunadamente la mayoría de este endeudamiento ha sido contraído con el único objeto de rescatar a grandes inversionistas y grandes deudores, como lo fue el rescate bancario, el carretero y el de la banca de desarrollo. En otra de sus modalidades, el concepto de “pasivos contingentes” han servido para permitir la inversión extranjera en sectores reservados exclusivamente al Estado mexicano, paralelamente al endeudamiento de la nación a través de los multicitados Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas). De hecho tal parece que el término “contingente” en nuestro país se ha asociado al ocultamiento de información, a la falta de transparencia y a la carencia absoluta de rendición de cuentas. Este manejo discrecional del endeudamiento público por parte del Ejecutivo ha sido facilitado por el contenido del artículo primero de la Ley General de Deuda Pública, ya que actualmente define como deuda pública a las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de las entidades públicas. Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo Año IV No. 50 Marzo 2007

ME ENVIAN DE LA PAGINA LAGUNERAS CON AMLO EL LINK DE FOTOS DE LA CONVENCION EN MEXICO:

Pueden ver la serie de fotos aqui

AHORA SI, VA EL RESTO DE LOS APORTES DE LA REVISTA FORTUNA

Investigan empresa fantasma de la SCT

Por supuesta administración fraudulenta y corrupción, la Secretaria de la Función Pública investiga, a petición del Congreso, a la empresa de portafolios Servicios Integrales en Autopistas S. A. (SIASA), mediante la cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) administra el 90 por ciento de las carreteras del país

Ana Lilia Pérez

A principios de mes la Cámara de Diputados asumió un punto de acuerdo para exigir que la Secretaría de la Función Pública abra auditorías en contra de los funcionarios que durante una década han administrado el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) y al mismo tiempo crearon la empresa de portafolios SIASA, con la cual la Secretaria de Comunicaciones y Transportes administra los ingresos, mantenimiento y operación del 90 por ciento de las autopistas en el país.

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Zeta Gas exporta corrupción a Perú

Gracias a los beneficios obtenidos durante la administración de Alberto Fujimori –caracterizada por la corrupción en Perú– el grupo Z Gas de Ciudad Juárez, Chihuahua, se instaló en ese país andino desde hace una década y ya enfrenta denuncias de monopolio, prácticas ilícitas y las suspicacias de empresarios locales que lo acusan de lavado de dinero

Ana Lilia Pérez

La administración de Alberto Fujimori en Perú se caracterizó por los altos niveles de corrupción manejados desde el Ejecutivo, como se tradujo en el escándalo de Vladimiro Montesinos, su red de espionaje y sus vínculos con la delincuencia organizada.

Durante ese gobierno, el consorcio gasero Zeta Gas entró en el país sudamericano mediante un permiso otorgado por el Ministerio de Energía y Minas como productor mayorista de Gas Licuado de Petróleo (GLP.)

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NOTA:

Y estos son los que pelean que se les den concesiones para transporte de gas en el pais cuando "truenen los ductos" por fallas "falsas".

El genocidio económico como política social del neoliberalismo calderonista

Marcos Chávez M.



En su triunfalista discurso de toma de posesión prometió todo en política social. Felipe Calderón Hinojosa (FCH) dijo que estaba “consciente de la dramática condición de pobreza en que vive la mitad de la población”, de la “enorme deuda social” incumplida. Señaló la necesidad de “reducir la pobreza extrema”. De “resolver de fondo la desigualdad [existente] entre los mexicanos”: De garantizar el “derecho a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda”. Asimismo, dijo estar “preocupado por la creciente migración”.

Por ello, se comprometió a “construir un México justo”, a través de: a) la reordenación del “gasto [público] social [en favor de] los que más necesitan”, ampliando su disponibilidad y mejorando su utilización; b) mayores tasas de crecimiento económico, la creación de empresas y la conversión del campo en un sector “productivo y ganador”; c) la elevación del ingreso de los mexicanos; d) la creación de los empleos formales anualmente requeridos. Ya inspirado, incluso FCH se calificó a si mismo como “el presidente del empleo”. (La Jornada, 02/12/06)

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Pugna empresarial afecta a Pemex

Un juicio mercantil instruido por Oceanografía (empresa vetada por la Secretaría de la Función Pública y acusada de sobornar a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún y a Luis Ramírez Corzo, ex director de Pemex) en contra de la compañía Subtec, da cuenta de las irregularidades solapadas por la paraestatal petrolera, en perjuicio de las finanzas públicas. Las irregularidades evidenciadas involucran más de 85 millones de dólares y se relacionan con la contratación de obra para la sonda de Campeche.

Nancy Flores



El 26 de agosto de 2004 Oceanografía, la empresa de Amado Yañez Osuna que se ha adjudicado contratos transexenales con Pemex Exploración y Producción (PEP), instruyó el juicio mercantil 709/2004 en contra de su socia Subtec, a la que le exigía el pago de 7 millones 653 mil 563 dólares.

A decir de Oceanografía, dicho monto se derivaba de la contraprestación generada por su participación en el contrato 418813817, signado en sociedad con Fondex Explorations y Subtec. Esta última empresa, encargada de la administración de ese convenio, es señalada como responsable de quedarse con el dinero.

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