LA VIOLENCIA MILITAR SEGUIRÁ ANTE LA IMPUNIDAD

* Castaños: "audiencia" de tortura psicológica para víctimas

-- Obispo Vera emitiría protesta internacional

Por Soledad Jarquín Edgar/enviada especial

Castaños, Coahuila, 27 marzo (CIMAC).- Durante 13 horas, en medio del ulular de las sirenas de patrullas que iban y venían con las torretas prendidas, de los pasos de cientos de botas militares, de órdenes militares, uniformes y ruido de armas, las mujeres violadas en la zona de
tolerancia de este municipio tuvieron que revivir minuto a minuto lo que les sucedió el 11 de julio de 2006, cuando más de 20 elementos del Ejército Mexicano asaltaron el lugar y las habrían agredido sexualmente.

Se trató de una "audiencia de inspección", en la que las afectadas tuvieron que explicar -en medio de un ambiente militarizado- lo sucedido aquella madrugada, de cara a los victimarios y en el mismo lugar de los hechos. Es decir, se trató de una acción expresamente prohibida por el Artículo 7 de la Convención Interamericana Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Desde la tarde de este lunes, decenas de policías habían montado un fuerte dispositivo en los alrededores de la zona de tolerancia, lugar en el que se instaló el Juzgado Segundo de lo Penal, que lleva la causa contra los miembros del Ejército acusados de abuso, violación y toda clase de actos intimidatorios cometidos el 11 de julio de 2006, sin que entonces ninguna autoridad policial interviniera pese a los llamados telefónicos de las mujeres.

La confrontación realizada en el lugar de los hechos, fuera de la zona judicial, se acompañó de un fuerte dispositivo policiaco que se instaló horas antes de que llegaran 12 de las mujeres afectadas, testigos de los hechos y tres de los ocho soldados que presumiblemente participaron en las agresiones del 11 del julio, cuyos nombres son: Juan José Gaytán, Omar Alejandro Rangel y Norberto Carlos Francisco Vargas, recluidos desde agosto pasado en el Cereso de Monclova.

A pesar de las medidas de seguridad del dispositivo, dos soldados vestidos de civil se filtraron tras ser identificados por la Policía Preventiva, entre ellos por una mujer.

El procedimiento, extrañamente definido como "audiencia de inspección" inició a las 19:00 horas y concluyó esta mañana poco antes de las ocho.

Todo el tiempo permaneció el dispositivo de seguridad con policías del Estado, el municipio y algunos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Se pudo precisar que integrantes de seguridad de los municipios de Castaños, Frontera y Monclova, que tuvieron conocimiento de los hechos del 11 de marzo, fungieron como testigos esta madrugada y como cordón de seguridad, advertidos de que no podían comentar nada de lo que oyeran o vieran.

Apenas habían transcurrido tres horas, cuando las agredidas entraron en crisis nerviosa y a las 11 de la noche una de ellas, quien cursa el cuarto mes de embarazo, tuvo que ser trasladada en un vehículo particular al Hospital Regional para ser atendida, reveló Martha Castillón, una de las abogadas del Coprovi.

Dijo que las mujeres se afectaron porque al interior de los bares El Pérsico y Las Playas, donde fueron agredidas, se "escucharon las mentiras de los soldados sobre los hechos ocurridos aquella madrugada", y por el escenario donde el 95 por ciento eran hombres, uniformados, con sus armas, vehículos.

La larga noche del 11 de julio de 2006 volvió a repetirse esta madrugada en la zona de tolerancia, donde en varias ocasiones tuvo que intervenir un grupo de psicólogas para auxiliar a las víctimas de violación.

Afuera, además, había un movimiento permanente de elementos de seguridad que iban y venían en sus patrullas, mientras en los alrededores otros vigilaban las diversas veredas y caminos para llegar al sitio y desde dentro se podían apreciar las torretas de luces de las patrullas que sonaban sus sirenas.

APOYO Y RAZONES DE SEGURIDAD

Al filo de la medianoche y procedente de Roma, el obispo Raúl Vera llegó a la zona de tolerancia y solicitó entrar, pero le fue negado el acceso argumentando "razones de seguridad".

El obispo lamentó la situación porque, dijo, las mujeres no sabrán "por razones de seguridad que aquí estamos personas para apoyarlas".

Paralelamente, en el kilómetro 180 de la carretera 57 que comunica a Monclova con este municipio, mujeres de diversas organizaciones y entidades del país manifestaron su apoyo a las afectadas de Castaños, así como su indignación por el procedimiento que realizó el juez de la causa, Hiradier Huerta Rodríguez.

Justo a la entrada de la desviación a los bares El Pérsico y Las Palmas, mujeres de Querétaro, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Distrito Federal y Coahuila, mostraban apoyo a las víctimas y exigían justicia, gritando consignas: ¡"Queremos justicia, no están solas"! y portando pancartas, cuyas leyendas decían "Te estamos vigilando, Hiradier" y "Las víctimas no mienten".

Se manifestaron en contra del "alarde de prepotencia" en que fueron trasladados los tres militares, quienes fueron custodiados por una decena de patrullas policíacas en el traslado entre el Cereso y la zona de tolerancia.

Frente a las instalaciones donde se realizaba la "audiencia", Mauro Zúñiga, presidente municipal de Castaños, afirmó que es urgente que se haga justicia y se aplique la ley contra los agresores. Dijo que desde la noche del 11 de julio pasado, él personalmente supervisó la situación, por lo que se extrañó del procedimiento, en el que las mujeres revivieron los hechos.

En un micrófono improvisado, al filo de las 21 horas, Celia Sedeño, de Redes Ciudadanas de Querétaro, denunció la violencia institucional en el país, y el peligro de que en toda la
República haya soldados destacados en retenes, comunidades y caminos.

Por su parte, Ana Rosa Garza del Toro, de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, leyó el documento en que distintas asociaciones solicitaron, desde el 8 de marzo, un proceso justo, donde no se amedrentaran a las víctimas; seguridad psicológica para ellas y castigo a los agresores.

Irma Treviño, de la Constituyente Feminista de Nuevo León, dijo que los hechos dentro de la zona de tolerancia eran un verdadero acto de tortura y violaban los derechos humanos de las víctimas.

Sara Lovera, periodista y coordinadora para México de la organización Mujeres de Paz a través del Mundo, hizo un recuento de los hechos escenificados por elementos del Ejército Mexicano sin que hasta ahora alguno haya recibido castigo, exigió respeto a los derechos de las mujeres
y demandó un castigo ejemplar a los soldados del 14 Regimiento de Caballería y Motorizado de Múzquiz.

Señaló que la evidente reconstrucción de hechos afectaría a las víctimas por constituir un acto de "tortura" psicológica; dijo que sobre ello tendrá que responder el Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Por su parte la profesora Lucía López reiteró que, de haber un castigo ejemplar y ajustado a la ley, Coahuila se convertirá en un lugar inédito, donde por primera vez de procese civilmente a integrantes del Ejército Mexicano.

Adelantó el Obispo Vera que ante la evidencia de una acción que podría ser violatoria a sus derechos humanos, él podría hoy emitir una acción de protesta ante las autoridades estatales, nacionales e internacionales.

Eran las 07:45 minutos cuando terminó la inspección, las mujeres salieron "sin autorización para dar declaraciones" a los medios de comunicación y se retiraron del lugar que, dicen ellas, "les cambió la vida para siempre".