LA NUEVA MALA LEY DEL ISSSTE.

Arturo Alcalde Justiniani

Ley del ISSSTE, verdades a medias

Mala ley debe ser cuando para justificarla se requiere de la manipulación informativa, el ocultamiento de datos y las verdades a medias. Mala ley cuando se chantajea a la población amenazándola de caer en el precipicio si no se acepta como única opción. Peor aun, si se anula el análisis y la discusión urgiendo a una vía rápida obligando a los legisladores a votar de inmediato. El colmo son las declaraciones del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en las que apremia a la aprobación de la ley como requisito para "atender una larga cola de enfermos que esperan meses por una intervención quirúrgica de urgencia". Es claro que estamos siendo víctimas de una manipulación orquestada que debemos resistir planteando correctamente el problema, exigiendo información veraz, descubriendo sus verdaderas intenciones y, al mismo tiempo, proponiendo soluciones responsables a los graves problemas de la seguridad social.

Decir la verdad implicaría que la propuesta básica contenida en esta iniciativa de ley responde en esencia a la recomendación del Banco Mundial, que ha hecho suya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se presenta con el sello de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablar con honestidad, sería informar que los principales beneficiarios del modelo de salud y del sistema pensionario planteado serán grupos financieros del sector privado, con los que se contrataría finalmente el seguro de retiro de cada trabajador cuando el Pensionissste -que operará con las mismas reglas que las afores privadas- termine su misión temporal. Hablar con franqueza sería señalar que por la vía de la subrogación se lesiona el carácter público de los servicios de salud; por esta y muchas otras razones, el sector privado aplaude a rabiar esta iniciativa, presiona para su inmediata aprobación y descalifica a cualquiera que pretenda poner en riesgo este futuro negocio.

Esta iniciativa de ley debe ser leída a partir de sus transitorios, en donde se condonan hasta 80 por ciento de los gigantescos adeudos de dependencias públicas, los mismos que generaron en parte la degradación de esta institución. Conviene reclamar información básica para evaluar las propuestas ahí contenidas, identificando la relación entre los problemas de origen y las soluciones planteadas. Los datos no están aportados, fueron guardados en los archivos de la SHCP, impidiendo así hacer un análisis objetivo y comprobable de temas importantes, entre otros, el monto del bono de reconocimiento sujeto a un derecho de opción manipulable, y por otro lado, aparentemente mal calculado en perjuicio de los trabajadores. También sobre el futuro real de las cuentas individuales, incluyendo a las próximas generaciones que se nos pretenden presentar como totalmente ajenas a nuestro interés.

Debe reconocerse que los problemas del ISSSTE son muchos. Cualquier paciente que acude a solicitar un servicio ha sufrido la escasez de camas, medicamentos, equipo y personal. También es evidente que las bases que son sustento del actual sistema pensionario han cambiado, por lo que es elemental modificar sus reglas respondiendo a los cambios demográficos, ampliación en las esperanzas de vida y perfiles epidemiológicos. Es claro que los ajustes requerirán de más recursos y modificaciones en los requisitos de edad y tiempo de trabajo, pero este reconocimiento, no implica aceptar un modelo de solución que a pesar de los sacrificios colocará a los trabajadores nuevamente en la postración.

La iniciativa que hoy pretenden recetarnos ha demostrado ser una mala medicina. Basta observarla en perspectiva con la que se reconoce como su fuente de inspiración o ley espejo, precisamente la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de 1997. En aquel tiempo, como ahora, se sostuvo que todos los problemas del IMSS serían resueltos y las pensiones mejoradas. Hace 10 años vivimos la misma manipulación y urgencia en la aprobación, la misma propuesta de las cuentas individuales que "ahora sí serían propiedad de los trabajadores". Recordemos la campaña de medios en que los trabajadores y sus familias aparecían en playas y hoteles de lujo gozando la pensión prometida. La triste realidad vino después cuando los servicios de salud se degradaron. Actualmente la mayoría de los trabajadores tienden tan sólo ha obtener la pensión mínima.

Sería irresponsable generar una oposición a esta iniciativa de ley sin proponer alternativas de cambio, por ello es esencial no caer en la trampa de la vía rápida y demostrar el carácter integral del problema, tanto en el ámbito de la salud como de las pensiones. Acreditar que es posible un sistema mixto que combine una base solidaria y un complemento de carácter individual. Compartir con las futuras generaciones los costos del ajuste, sin perder de vista que buena parte de los problemas de los trabajadores al servicio del estado derivan de un modelo laboral sustentado en bajos salarios, ausencia de reconocimiento profesional y manipulación sindical. Las propuestas de solución están sobre la mesa, pero pretenden ser ignoradas por los intereses creados que operan atrás de esta iniciativa de ley y por la urgencia de acatar la consigna. Todo indica que muchos legisladores no están dispuestos a oír ni a entender, sólo obedecer, entre otras razones, porque se esperan gigantescos negocios para los líderes sindicales y nuevos recursos que revivan a la maltrecha FSTSE.

Es difícil contrarrestar una avalancha manipuladora de esta envergadura porque está sustentada en verdades a medias, sin embargo, es fundamental no sólo acreditar sus elementos de falsedad, sino empujar hacia un camino distinto que garantice servicios de salud con carácter público y pensiones sustentables. Por lo pronto, la urgencia es impedir una vía rápida que encubra tantas deficiencias.

Gustavo Leal F. *

ISSSTE: ¿"inexpertos" versus "incrédulos"?

En un estudio reciente, Carlos Soto, asesor actuarial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), concluye que un trabajador con una vida laboral de 40 años habrá cotizado al instituto cerca de 22 años para apenas aspirar a una pensión equivalente a 25 por ciento de su último salario al momento del retiro.

¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo suma 56 por ciento. Entre otras garrafales fallas, la ley Zedillo, que privatizó las pensiones del IMSS en diciembre de 1995 e impuso el sistema de ahorro individual, soslayó la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna.

Los cosmopolitas técnicos del zedillismo no pisaron el México real y, como en todo diseño tecnocrático, se enfebrecieron con su universo virtual: no vincularon adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo, que incluye trabajadores que al ganar poco pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa dignidad en su pensión.

Por ello, sostiene Soto, el modelo actual de las Afore, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos: que en el mediano y largo plazos, enfatiza,"están fuera de lo real y lo posible".

Y ello sin siquiera considerar que entre 1997 y 2006 -como establece Eduardo Pérez Mota, desde la Comisión Federal de Competencia-, por el alto nivel de las comisiones que las Afore descuentan a los trabajadores (el doble de las que se cobran en el resto de América Latina), los "rendimientos netos anuales de las cuentas individuales que manejan resultaron prácticamente nulos en términos reales". Es decir, esas comisiones que se quedan las Afore pulverizaron la ganancia neta del ahorro forzoso de los trabajadores.

Pero aunque parezca increíble, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda foxista, evitó sistemáticamente evaluar los impactos de la fracasada ley Zedillo, y todavía se atrevió a invocarla como la pauta de la "urgente" reforma al ISSSTE.

Tras él, como loros, repitieron el mismo absurdo sus subsecretarios, el foxista-calderonista Eduardo Sojo, Javier Beristáin Iturbide (director de la Afore XXI) y los ex directores González Roaro y Moreno Cueto. También el títere de todos ellos: el diputado priísta y presidente de la FSTSE, Joel Ayala, quien se apresuró a constatar la "viabilidad" de esa imprudente reforma.

Hay que agregar, ahora, al director entrante del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, para quien esa reforma es "imprescindible", y aunque el instituto no esté "en quiebra" marchará "en el corto plazo".

Tal vez por la clara evidencia que puso sobre la mesa el actuario Soto -pero que los tecnócratas rehúyen sistemáticamente-, algunas Afore (Profuturo GNP, MetLife y Afore XXI) ya reconocen que hay que saltar del énfasis en las comisiones al factor del rendimiento, y que el sistema no garantizará pensiones dignas.

Por ejemplo, Adolfo Albo, del BBVA-Bancomer, acepta que los de la "generación de transición", que se jubilen (o jubilaron) al amparo de la ley Zedillo, "recibirán pensiones equivalentes -en promedio- a 70 por ciento del salario que percibieron durante los últimos 10 años laborados", aunque los de la "nueva generación" lo harán con pensiones aún "más bajas": apenas de 40 o 50 por ciento del sueldo obtenido en los pasados 10 años.

¿Qué hacer? Albo considera que una solución podría consistir en "aumentar las contribuciones a las Afore, de 6.5 a 9 por ciento del salario del trabajador".

Por su parte, Francisco González Almaraz, director general de la Afore BBVA-Bancomer y presidente de la Amafore, agrega que es preciso "generar conciencia entre los mexicanos de que deben ahorrar para su retiro". Inclusive, sugiere que ante las "reducidas jubilaciones" que cobrarán, las Afore "propondrán al próximo Congreso un aumento en la cuota patronal: medio punto anual, hasta llegar a 11 por ciento" (la actual es de 6.5 por ciento). Para ser realistas, puntualiza, "si no se actúa con rapidez, las pensiones futuras serán más malas de lo que eran antes, cuando las pagaba de manera directa el IMSS".

Pero Javier Beristáin Iturbide, desde la Afore XXI, ve las cosas de otra manera: "soy optimista en que ahora sí se realizará la reforma al ISSSTE". Aunque después estableciera que "ninguna" Afore "puede garantizar pensiones dignas para los futuros jubilados". Y ello porque esa garantía va "a depender de muchos factores. Entre otros, que el propio trabajador haga ahorro por su cuenta"

Y hasta el más incompetente de los tecnócratas, Santiago Levy, señaló cínicamente que los ocho años transcurridos desde las reformas al SAR han sido "perdidos". Lo que no se logró "en ese periodo", añadió, ya "no se recuperará. Lo perdido, perdido".

Así, optar por esa reforma al ISSSTE es optar por una reforma técnica y políticamente inviable. Antes de repetir las necedades de la tecnocracia hacendaria, el calderonismo está obligado a ocuparse del saldo de la fracasada ley Zedillo de 1997, que Francisco Gil Díaz pretendía usar como "espejo".

Después de que Córdova, secretario entrante de Salud, rechazara que -al asumir el cargo de director del ISSSTE- Miguel Angel Yunes "sea inexperto en temas de salud", el propio Yunes calificó de "incrédulos" a quienes reducen su experiencia a temas de seguridad nacional.

¿Será?

Bernardo Bátiz V.

Triquiñuelas legislativas

El PAN ha resultado un discípulo que superó a su maestro; la presentación al vapor de iniciativas, la dispensa de trámites y el procedimiento sorpresivo para evitar los planteamientos de fondo en materias fundamentales, son prácticas tramposas que, por años y años, usó el PRI para imponer con su mayoría automática decisiones tomadas extramuros del Congreso, y ahora son empleadas por el actual partido del gobierno y sus aliados.

Un caso extremo en este período legislativo lo constituye el proyecto de reformas a la Ley del ISSSTE, aun cuando seguramente vienen otros albazos que ya se están preparando, como el de las reformas a la Constitución en materia judicial, aduciendo que son urgentes porque la delincuencia organizada no puede ser detenida en sus luchas internas y en sus ajustes de cuentas, como si por la pura expedición de las leyes el hampa fuera a detenerse; lo cierto es que con los instrumentos legales actualmente en vigor, una buena policía, bien organizada, puede combatir al crimen en la práctica, sin necesidad de convertir a nuestra legislación en una copia de la de nuestros vecinos del norte.

Volviendo a la maniobra que tiende, como dicen algunos, a ejecutar un verdadero atraco en contra de los trabajadores, se usó la vieja táctica de llevar a las comisiones, en este caso a la de Hacienda, ajena en parte al asunto, que está más cerca de las de Seguridad Social y de Trabajo, un proyecto confeccionado, no por los legisladores, sino por los técnicos de las dependencias del Ejecutivo y por los partidos, para sacarlo con dispensa de trámites y sin que los verdaderamente interesados, que son los trabajadores, se den cuenta de lo que está sucediendo o bien se percaten y traten de entender las nuevas normas cuando estas ya entraron en vigor.

De qué sirve un acuerdo para una exaltada reforma del Estado, que será discutida con amplitud durante un año, si modificaciones de fondo como la de del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmantelan al Estado y provocan que una institución como la de la seguridad social sufra un cambio tan radical que convierte las cuentas solidarias y colectivas en individuales, más fáciles de manipular y más productivas para los que las manejen.

Sin duda, el ISSSTE, tan mal administrado durante décadas y que ha sido fuente de grandes fortunas, requiere de reformas y de ajustes, tanto en su estructura jurídica como en su práctica administrativa, quizás más en esta última, ya que como se ha demostrado en otros ámbitos, la austeridad, el correcto manejo de los fondos públicos y el sentido social, pueden sin modificación de las leyes dar buenos resultados. Pero si de modificar el esquema legal se trata, lo mejor que se puede hacer es abrir una discusión amplia en la que los trabajadores tengan la palabra, y no sus falsos líderes, y en la que opinen los ciudadanos que pueden ser beneficiados o perjudicados con los cambios que tan apresuradamente se pretende aprobar.

No será la primera vez que sorprendan a la opinión pública y a los dóciles legisladores que, por la consigna de sus dirigentes partidistas, sin comprometer su conciencia individualmente, aprueben algo que ni han tenido tiempo de leer y de lo que después se arrepentirán.

La seguridad social es un tema clave en la restructuración del Estado mexicano, en el que se debe buscar, de ser posible, el consenso, pero si no, al menos una discusión abierta e informada para que no quede todo dentro un pequeño grupo que defiende más sus intereses que los de sus representados.

La forma en que se pretendió sorprender a los legisladores del Frente Amplio Progresista recuerda la bola rápida con la que quisieron aprobar la absorción de la deuda bancaria por el Estado, cuando se modificó el Fobaproa (por ahí andaba también entonces el diputado Jorge Estefan, experto en ese tipo de escamoteos) o cuando a la carrera y sin que se hayan percatado de qué se trataba, se aprobó por unanimidad la llamada ley Televisa.

Afortunadamente, los legisladores del Frente Amplio, seguramente prevenidos por las experiencias anteriores, reaccionaron rápidamente para advertir que no permitirán sin respuesta oportuna el atraco que se pretendió pasar a través de triquiñuelas legislativas. Si me tropiezo con una piedra, dice un refrán árabe, maldita sea la piedra; si me vuelvo a tropezar con la misma, maldito sea yo.