GRANADOS CHAPA.

REFORMA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

Impune poder de Salinas.

En infracción a los deberes que impone una concesión de televisión, desde donde debe realizar una labor de interés público, la empresa de Ricardo Salinas Pliego usa su programación como ariete contra sus adversarios o contra cualquiera que se ponga en su camino.

El recién concluido 2006 fue un buen año para TV Azteca y para su presidente, Ricardo Salinas Pliego, un lapso en que se consolidó el creciente poder que acumulan, y que les permite el ejercicio impune de concesiones públicas de televisión en provecho de sus intereses corporativos y personales. En consecuencia fue un mal año para la sociedad en general por los efectos de ese uso ilegal y contrario a la ética, que a menudo se expresa en daño a la reputación de personas tenidas por ese consorcio y su propietario como enemigas, adversarias o estorbosas.

El mayor logro de la televisora del Ajusco consistió en la aprobación de la reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que amplía sus ámbitos de negocios, sin siquiera pagar el costo de que se le impute tal paternidad, pues por economía mediática tal procedimiento jurídico ha sido conocido como Ley Televisa. El bautizo es merecido, pero incompleto, pues a la creatura -cuya constitucionalidad está siendo estudiada con parsimonia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación- debe añadírsele también el apellido del negocio más importante del dueño de Elektra.

Por añadidura, TV Azteca tiene desde el 1o. de septiembre su propio senador, Jorge Mendoza, vicepresidente que fue del consorcio, situado en posición de frenar cualquier iniciativa de reformar la reforma y aun de impulsar nuevos avances de su antiguo, y acaso todavía actual, empleador.

En el propio septiembre en que estrenó legislador, Salinas Pliego fue exonerado por la Procuraduría General de la República, que desechó un pedido de la Secretaría de Hacienda para imputar delitos financieros al propietario de TV Azteca. Se trataba del mismo asunto, el ocultamiento de información a accionistas minoritarios de la empresa telefónica Unefón cuya deuda con Nortel fue comprada y revendida con ganancia de más de 100 millones de dólares para Salinas Pliego. El mismo asunto le mereció en noviembre una sanción pecuniaria por 7 millones de dólares impuesta por la Securities and Exchange Comission de Nueva York, que también lo inhabilitó por cinco años para participar en la administración de empresas que coticen en la Bolsa neoyorquina.

Con motivo de ese conflicto con dicha autoridad bursátil, Salinas Pliego alegó que había en el mercado norteamericano una excesiva vigilancia, y se empeñó con éxito en impedir que semejantes capacidades de supervisión se establecieran en México. Para lograrlo ablandó al propio secretario Francisco Gil y a diputados y senadores. Al ahora miembro del consejo del banco HSBC y a Gustavo Madero, que presidía la Comisión de Hacienda en San Lázaro, los exhibió para su mal en programas disfrazados de información.

Con esa actitud consiguió mantener el favor gubernamental, que el año recién concluido le autorizó la apropiación ilegal del Canal 40, que es por eso una emisora pirata tolerada.La misma técnica de embatir para asustar e inhibir fue empleada por TV Azteca, en una de las varias operaciones conjuntas del duopolio, con Televisa, para hacer que una vez más Telemundo, la segunda cadena de televisión en español más importante de Estados Unidos, desista de su propósito de operar en México.

Consiguió en 2005 evitar que General Electric (el consorcio propietario de NBC que a su vez controla a Telemundo) financiara la reanimación del Canal 40 (como parte de la estrategia que le permitió apoderarse de su señal) y ahora emplea la táctica de la intimidación. Ambos componentes del monopolio dual (que paradójicamente eso son) lanzaron una campaña en apariencia informativa (semejante a la que recordó que Banamex, en cuya empresa Avantel trabajó el ahora ex secretario Gil, vendió sus acciones Citicorp sin tener que pagar impuestos por la operación) contra Isaac Saba, el magnate que encabeza una de las dos mayores firmas de distribución de medicamentos.

Adarga en mano, los caballeros andantes que manejan Televisa y TV Azteca se lanzaron contra el culpable de que la gente muera por su incapacidad de adquirir fármacos encarecidos no por los laboratorios que los patentan sino por quienes los comercializan al mayoreo. La razón de ese extraño ánimo justiciero, expresado en tierna conmiseración con los desvalidos, estriba en que Saba busca asociarse con General Electric para ingresar en el suculento mercado de la televisión abierta.

En eficaz división del trabajo, mientras Televisa centró su deturpación en Saba, TV Azteca se dedicó a GE, a la que presentó como un consorcio desconfiable. Las víctimas de este deleznable uso de concesiones públicas para la defensa de intereses privados no son personas o empresas carentes de importancia y medios de defensa, sino que son a su vez poderosos. Esa talla muestra a su vez el tamaño de las pretensiones y capacidades del duopolio.

TV Azteca buscó arrastrar en su batida contra GE a la familia que encabeza el Grupo Reforma. En coincidencia quizá no casual con las reacciones de Elba Esther Gordillo y su sindicato, dolidos por la acuciosidad informativa de Reforma y el resto de los diarios de ese grupo, TV Azteca explotó el morbo que provoca un añejo conflicto familiar para intimidar a Alejandro y Rodolfo Junco de la Vega González y a los periodistas que trabajan en sus diarios, que dispusieron antes y ahora de información sobre los verdaderos contornos de una situación familiar penosa de suyo. Se trata de evitar que se informe sobre el verdadero talante de Salinas y compañía.

Cajón de Sastre .
Al nombrar a Carmen Quintanilla Madero como secretaria A del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes que preside, Sergio Vela propició un acto de justicia poética. A seis años de distancia repuso a la ex directora general de Derechos de Autor de la SEP en el cargo que le había confiado Sari Bermúdez. Incapaz de admitir que minutos después de su designación la presidenta del Conaculta modificara los términos de su nombramiento, la también ex directora general de Normas renunció sin dilación. Abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en esa disciplina en la Universidad de California en Los Ángeles y doctorada en la facultad respectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carmen Quintanilla Madero reanuda ahora una trayectoria en el servicio público que se alimentó con su estancia en la Escuela Nacional de Administración, de París. Lejos de ser, como los egresados de ese instituto, una enarca, es ella misma una creadora artística, pues mereció uno de los premios de Demac con su novela Abre la ventana.