LA CIUDADANÍA ALERTA ES EL MEJOR CAPITAL POLÍTICO DE LA NACIÓN.

Miguel Angel Granados Chapa escribe en el Reforma:


En manos del Tribunal.

El estilo personal de presionar del candidato panista consiste en ostentarse como Presidente electo, como si ya contara con esa calificación y ejerciera el poder de convocatoria propio de quien sólo espera tomar posesión.

El proceso electoral, que dista de haber concluido, está ya en la fase judicial, tres semanas después de la jornada de emisión y recepción del voto. Las partes están sometidas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables.

Para llegar a ellas, ese cuerpo judicial dispone de un amplio arbitrio, de suerte que puede esperarse de sus miembros que se hagan cargo de la delicadeza de la coyuntura, marcada por la estrecha diferencia entre las dos principales votaciones, la duda razonable sobre varios aspectos del proceso, y la rispidez social que todo ello ha provocado.

La etapa del Tribunal ha comenzado con buenas señales. Ya nos referimos aquí a que ese órgano quiso contar con las grabaciones de cada una de las jornadas del cómputo distrital. Dispone del acta circunstanciada de esas sesiones pero al parecer busca tener a la mano la posibilidad de verificar directamente los puntos que la constancia escrita deje oscuros o desarrolle de modo insuficiente. A la solicitud de entrevistas de los litigantes con el magistrado presidente Leonel Castillo, para formular alegaciones verbales, éste ha respondido afirmativamente. Pero invitará al resto de los magistrados a presenciarlas. Al fin y al cabo la sala superior es un cuerpo colegiado que resuelve sus asuntos por mayoría de votos.

Los magistrados tramitarán 334 juicios de inconformidad, 231 iniciados por la coalición Por el Bien de Todos y los 133 restantes por Acción Nacional. A una y otro los juzgadores han solicitado presentar escritos de protesta que debieron ser cursados durante la jornada electoral. En decenas de casos falta la copia respectiva, que es un requisito para proceder a anular la elección en una casilla, que es una de las vías de acción solicitada por los partidos al Tribunal. Si no se protestó el 2 de julio, y si la deficiencia no se subsanó en las sesiones de cómputo distrital, disminuirán las posibilidades de anular votos, aunque no las de corregir errores aritméticos que al parecer pululan en las actas.

Sería terrible que deficiencias procesales atribuibles a los partidos limitaran las capacidades de juicio del Tribunal, y angostaran la posibilidad de que se abran paquetes en número significativo para contar de nuevo los votos.Inevitablemente, el Tribunal actuará en medio de presiones. Nunca lo hace en un idílico espacio donde todo interés, noble o mezquino esté ausente. Pero se comprende que los factores de poder en juego tensen la actuación de los magistrados, que además de aptitudes ya han mostrado temple pero no lo han requerido frente a un fenómeno de la talla de este en cuyo centro se hallan ahora.

Cada una a su modo, las dos corrientes principales, encabezadas por los candidatos con mayor número de votos, además de formular sus demandas legales presionan hacia la obtención de sus fines. Lo hace Andrés Manuel López Obrador con la movilización callejera: ha celebrado ya dos multitudinarias asambleas informativas y citado para el próximo domingo a una tercera, en que aspira a contar con el doble de personas presentes hace una semana.

Lo hace asimismo a través de una todavía indefinida campaña de resistencia civil pacífica que, librada a la espontaneidad, abre el riesgo de propiciar acciones agresivas, como la que padeció el candidato Felipe Calderón ante un piquete de protesta a las puertas del Club de Periodistas. El aspirante panista no fue tocado por los ofensores, que sí lo insultaron y estuvieron a punto de lastimarse ellos mismos al atacar a puño limpio un vehículo blindado. Pero ninguna consideración práctica para situar el incidente en su dimensión material lo priva de relevancia política ni evita su condena. Lo mismo puede predicarse del ataque a los carteles a favor del conteo voto por voto, colocados en la Alameda central, que fueron destruidos o dañados con instrumentos punzocortantes.

López Obrador debe ser enfático en el carácter pacífico de su movilización, por convicción y por doble conveniencia práctica. Por un lado, porque si no condena las agresiones contra su adversario se vuelve un blanco frágil de las eventualmente orquestadas en su perjuicio. Y por otro, porque da pábulo a que se le denueste, para lo cual hay una creciente proclividad en los medios informativos: no obstante que su expresión exacta ante el asedio a Calderón fue un preciso "no lo justifico", la propaganda disfrazada de información dijo que había dicho lo contrario.

Calderón salía del Club de Periodistas de una reunión con sindicalistas, pues su estilo personal de presionar consiste en ostentarse como Presidente electo. Desde que el consejero presidente del IFE le dio pie para ello, actuando ilegalmente pues carece de facultades en la etapa del cómputo, Calderón empuja a la irreversibilidad de su posición.

Va de aquí para allá como si ya contara con la declaración final y ejerciera el poder de convocatoria que es propio de quien sólo espera tomar posesión. En ese afán incurrió en una simulación grotesca que acaso indica inseguridad respecto del curso futuro de los acontecimientos: un panista, jubilado de Luz y Fuerza del Centro, miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, entregó una nota técnica sobre industria eléctrica a la ex secretaria de Desarrollo Social Josefina Vázquez Mota quien se dejó ganar por la tentación de montar un mensaje propagandístico.

Hizo que Calderón recibiera al sindicalista, cuya importancia formal fue abultada (se presentó como si fuera jefe de asesores del líder de ese sindicato) para dar relevancia al anuncio de que el dirigente de ese gremio pronto visitaría al candidato y le expresaría su apoyo. Nada de ello era cierto, por lo que fue desmentido por el SME. Y el tiro salió por la culata: llamado a escena sin que fuera su intención figurar en ella, el aguerrido sindicato de los electricistas del centro de la República se manifestó favorable a la petición central de López Obrador, el recuento de los votos.

Las andanzas de Calderón en pos de su prematuro reconocimiento como Presidente electo le merecieron palmetazos de donde menos lo esperaría. El lunes el cardenal Norberto Rivera Carrera recordó, tras una reunión con el panista y otros líderes religiosos, que el proceso no ha concluido y que no hay Presidente, todavía. Y el jueves tres organismos empresariales expresaron, con tonos diversos pero coincidentes, una idea análoga: hay que esperar a que el Tribunal haga su trabajo.

Hablando por la vasta agrupación llamada Sociedad en Movimiento, el dirigente de la Coparmex Alberto Núñez Esteva instó a los candidatos a no actuar con triunfalismo, pues Calderón ha obtenido el mayor número de votos pero no es Presidente electo. Dijo más: cuando lo haya, cuando sea emitida la declaración correspondiente, "sea quien sea el ganador, festejaremos a nuestro próximo presidente de la República. Mientras tanto, prudencia y serenidad es lo que necesitamos".Esas expresiones son contrarias a las que durante la campaña electoral asumió el Consejo Coordinador Empresarial, abiertamente hostil a López Obrador en la línea panista de denunciarlo como "un peligro para México", descalificación en que Calderón no ceja.

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Marco Antonio Cerón, amén de recordar que Calderón no ostenta aún la investidura presidencial, lamentó el papel del CCE, pues contra la prudencia descalificó y atacó a uno de los aspirantes. El presidente de la Unión Social de Empresarios mexicanos, Carlos Ludlow, dijo que, cuando haya formalidad en el desenlace de la contienda, al triunfador "lo apoyaremos y trabajaremos con él, con quien sea, porque en el sector empresarial tenemos mucha historia de trabajo con gobiernos emanados del PRD, del PAN y del PRI".

Tales sensatas voces suenan muy bien frente al ruido de los extremos que se proclaman ganadores o los que gritan contra el ladrón que nos ha robado la elección. Ninguna de esas circunstancias es una realidad hoy. La victoria a la buena debe ser declarada por el órgano calificador. La derrota a la mala puede ser evitada. Un retroceso al pasado es imposible: instituciones probadas como el Tribunal, y ciudadanos alerta como los que demandan respeto a su voto, eran factores ausentes en el autoritarismo priista.