Nota de Proceso sobre las violaciones en Atenco:
Cinco preguntas
Marta Lamas
1.-¿Violaron los policías a las mujeres detenidas en Atenco?
Increíble la resistencia de las autoridades a aceptar que hubo violaciones. Miguel Ángel Yunes Linares distinguió "violación" de "abusos deshonestos" (La Jornada, 14 de mayo), olvidando que hace 15 años, en 1991, las diputadas del Congreso de la Unión convencieron a sus compañeros de reformular el delito de violación sexual planteándolo como una agresión a la autodeterminación sexual de las personas. Se eliminó entonces la arcaica división entre "abusos deshonestos" -forzamiento a realizar sexo oral (fellatio), la introducción de un dedo, así como otro tipo de ultrajes- y la "penetración del miembro viril". Insistir en ella es un formalismo hipócrita que intenta disminuir la responsabilidad de quienes se propasaron en su poder como fuerza pública. Las detenidas en Atenco fueron claramente violadas en su autodeterminación sexual.
El escándalo ha llevado finalmente a la Procuraduría del Estado de México a investigar a 41 policías y a tres altos mandos, en tanto que la Contraloría de la Agencia de Seguridad Estatal ha tenido que hacer lo mismo con dos mandos y seis agentes (El Universal, 18 de mayo). Gesto tardío que no borra la misoginia de las declaraciones previas.
2.-¿Son las violaciones consecuencia de una indisciplina por parte de los policías, o son también responsabilidad de los jefes?
Yunes agrega que fueron miles de policías los que participaron en el operativo y que "prácticamente todos actuaron conforme a la norma". ¿Cuál es la norma y qué órdenes recibieron? Como si no supiera que los jefes deben controlar a sus subordinados y no permitir atrocidades, Yunes dice que "si algún policía, de manera individual, generó una conducta ilícita, debe ser castigado". Si bien el que cometió el abuso es el responsable penalmente, desde otro ámbito de responsabilidad jurídica los jefes son responsables del comportamiento exigido y de no haber vigilado el operativo, y pueden ser culpables de abuso de autoridad, encubrimiento y omisión de la protección debida a las detenidas.
Según el abogado Pedro Morales Aché, a los integrantes de la Policía Federal Preventiva que intervinieron, así como a todos los que incurrieron en los delitos de abuso sexual y violación, se les podría aplicar el Código Penal Federal. Y tratándose de los actos de violencia sexual, al elemento implicado se le configuraría el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 215, fracción II, cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare. Morales Aché señala que si se trata de los jefes policiacos que omitieron proteger a las mujeres, podría ser aplicable el artículo 214, fracción V, el cual dispone sancionar a quien, teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos (incumpla) su deber (y) en cualquier forma propicie daño a las personas o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Además, en el caso de los policías locales que ultrajaron a las mujeres, se configurarían delitos como actos libidinosos, violación y abuso de autoridad, previstos en el artículo 136, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de México. Allí se precisa que comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que I. En razón de su empleo, cargo o comisión, realice un hecho arbitrario o indebido, y II. Cuando en razón de su empleo, cargo o comisión, violentare de palabra o de obra a una persona sin causa legítima.
El delito de violación se agrava si en él intervienen dos o más personas, y también si es cometido por quien desempeñe un empleo, cargo o comisión públicos o ejerza una profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos le proporcionen. La pena es ser destituido definitivamente del cargo o empleo, o suspendido hasta por el término de cinco años (en el caso de un policía federal) y de 10 años (tratándose de un elemento local) en el ejercicio de su cargo o profesión, independientemente de otras sanciones a que se haya hecho acreedor.
Así como es imprescindible el castigo para los que abusaron, también lo es para los jefes que no establecieron claramente lo que sus subordinados no debían hacer.
3.-¿Trató la policía de manera distinta a hombres y mujeres?
Tal vez lo más impactante del operativo de Atenco es la saña y ferocidad con la que la policía arremetió contra las personas detenidas. Es impresionante ver que la mayoría de quienes fueron reprimidos es población pacífica que no tiene que ver con Del Valle. Eran simples habitantes de la zona tratados como si fueran fuerzas de choque. La forma brutal en que fueron detenidos y, ya sometidos, golpeados y vejados, habla no sólo de una incapacidad política de las autoridades, sino también de una rabia vengativa que las fuerzas del orden no pueden permitirse. Hasta donde se puede ver por las quejas presentadas a la CNDH, la policía sí trató diferencialmente a hombres y mujeres: a los primeros los golpeó en la cabeza, ocasionándoles serios traumatismos craneoencefálicos (un estudiante quedó descerebrado), y de las segundas se aprovechó sexualmente. Aunque no tuvieron las severas lesiones de sus compañeros, las mujeres fueron sometidas a terribles humillaciones. ¿Y qué es peor, el atentado contra la integridad física o contra la integridad moral? La pregunta es absurda: ambos son inaceptables.
4.-¿Era necesario el examen ginecológico para dar legitimidad a la denuncia de las víctimas?
El abogado Morales Aché señala que, en materia de delitos sexuales, la declaración de la víctima tiene un valor destacado. Por ello, ante la evidencia de la violencia física, la palabra de la víctima tiene una presunción de veracidad. La justicia debe otorgar credibilidad a las mujeres, y son los agresores los que deberán mostrar que no cometieron el delito. Justo lo contrario de lo que tanto autoridades como el candidato panista han declarado. El gobierno no puede escudarse en el hecho de que las violadas no hayan levantado una demanda judicial, sino que debe dar el ejemplo consignando primero a los agresores y a sus jefes.
5.-¿Qué mensaje manda esta represión?
Ocurrida en un momento sumamente polarizado de la vida política, esta bestial represión tiene implicaciones gravísimas. Por un lado, los abusos sexuales no sólo humillan y agreden a las mujeres que los padecen, sino que también infligen una herida y una ofensa a la comunidad. De ahí que una mujer que ha sido víctima de abuso se convierta en testimonio viviente del atentado contra el grupo al que pertenece. El uso de la violencia sexual por quienes ostentan el poder tiene una larga historia. John A. Lynn, profesor de historia militar de la Universidad de Illinois, habla de que siempre ha habido ciertas convenciones respecto a la violación como recurso militar, y da el ejemplo de que, en Europa, hubo un tiempo en que se aceptaba que si una ciudad o pueblo se rendía sin luchar, sus mujeres se salvaban de ser violadas; si la ciudad resistía, la violación estaba plenamente justificada. "Este tipo de violación legitimada tenía el propósito de intimidar a otras ciudades para que se rindieran sin resistencia". ¿Es la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco un aviso intimidador para otras comunidades?
Por otro lado, la aterradora demostración de fuerza manda el mensaje de que el abuso de la violencia estatal es legítimo para resolver los conflictos políticos. Ante una policía que se extralimita de esta manera en una detención, ¿cómo hablar de estado de derecho? Por eso la represión y las agresiones sexuales realizadas por policías a las personas detenidas en Atenco son una puesta en escena simbólica de las costumbres priistas en el Estado de México y de cómo el gobierno federal panista y su candidato Felipe Calderón entienden el mandato de gobernar.
El ataque de la policía a Atenco no tuvo otra finalidad más que de intimidar a la nación en vísperas de unas elecciones que serían ultrajadas por un fraude panista. El mensaje simple y sencillamente es "esto es lo que les va a pasar si protestan cuando el PAN se robe las elecciones por medio de un fraude." No hay NINGUNA otra razón. Lo del policía pateado no justifica en lo absoluto la violación de mujeres.
Es más; nisiquiera justifica que se haya arrestado a centenares de personas cuando los que atacaron al policía eran todos HOMBRES y estaban plenamente identificados. TAN identificados estaban que el 3 de Mayo, Joaquín López Dóriga mostró en su noticiero a uno de los atacantes, que llevaba una camisa anaranjada, y lo identificó por nombre. La policía SABÍA quienes eran los que de verdad habían actuado con violencia y SABÍA que se trataba de un grupo muy pequeño. Ni a la veintena llegaba.
No se justificaba, por lo tanto, que se arrestara a 200 personas, que se allanaran hogares, que se matara a balazos a menores de edad, que se violara a mujeres, que se golpeara y encarcelara a gente que nada tenía que ver, o que se golpeara, torturra, violara y luego deportara a mujeres extranjeras sin justificación alguna.
No; la barbarie de Atenco no fue otra cosa más que un acto de intimidación por parte del gobierno federal con la esperanza de que así nadie protestara cuando hicieran fraude electoral. Pero al parecer no les salió bien el teatrito por que Estados Unidos de plano tuvo que militarizar su frontera. No por que les preocupara el flujo migratorio, sino por que temen que se vaya a desbordar el caos tras el fraude electoral.
Una razón más para votar por el peje y por el PRD para el congreso en el 2006.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario