OLIGARQUÍAS POLÍTICAS AMAN A OLIGARQUÍAS DE MEDIOS.

Mauricio Merino en el Universal, nos detalla con precisión, la razón por la cual estamos propugnando porque votemos todos por una mayoría perredista al Congreso, recuerden que en la boletas van a aparecer candidatos del PRD,PT y CONVERGENCIA en coalición para la cámara de diputados y para la de senadores. Si le damos a AMLO la mayoría en el Congreso será mas factible destruir todos los entuertos que están queriendo dejar los actuales congresistas prianistas. Y por lo mismo sacar adelante todas las reformas que se requieren para que camine el "Proyecto alternativo de Nación". Este es el editorial de Merino:



Mauricio Merino
25 de marzo de 2006
La ley de hierro.

LOS partidos políticos son organizaciones esquizofrénicas: tienen un pie metido en la sociedad civil y otro puesto en el ejercicio del poder político; son entidades públicas y como tales gozan de privilegios fiscales de todo tipo, pero también protegen su patrimonio como si fueran empresas privadas; combaten a los gobiernos desde la oposición, pero al mismo tiempo integran gobiernos estatuidos; viven del respaldo que les ofrecen los ciudadanos, pero son profundamente oligárquicos; defienden causas sociales, pero están dispuestos a pactar lo que sea para incrementar su poder.

Sin embargo, de esas organizaciones depende el futuro de México. El proceso de transición que vivió el país durante los últimos 20 años sustituyó el régimen de partido hegemónico por un nuevo régimen de partidos. Y eso ha significado, entre otras cosas, que aquellas organizaciones oscuras, oligárquicas y esquizoides han ocupado ya todos los espacios en los que se toman las decisiones políticas principales. Pasamos de un arreglo que le otorgaba casi todos los poderes al Presidente de la República (siempre que contara con respaldo de su partido), a otro en el que esas capacidades se han trasladado a las dirigencias partidistas. Quienes diseñaron las nuevas reglas del juego político mexicano sabían muy bien lo que estaban haciendo: querían afincar la pluralidad política en el régimen de partidos, y lo lograron.

Entre los muchos efectos políticos que se han generado a partir de esos cambios de fondo en el régimen mexicano, está el hecho de que las dirigencias partidarias han extendido sus poderes reales como nunca antes en la historia de México. No sólo por los recursos financieros que tienen a su alcance y por el control de los aparatos burocráticos que responden a sus instrucciones sino, sobre todo, porque las dirigencias tienen la posibilidad de decidir (con los métodos que cada una de ellas ha establecido con libertad), quiénes serán las personas que ocuparán los cargos legislativos de mayor relevancia y de controlar de ese modo la hechura de las leyes de México.

Ese arreglo también incluye el nombramiento de quienes ejercen el verdadero papel de contrapeso a la actuación del Presidente de la República. Y a eso se añade el margen amplísimo de negociación política que esa enorme acumulación de poder les permite llevar a cabo.

Dije antes que las dirigencias de los principales partidos deciden con toda libertad quiénes ocuparán los cargos legislativos de mayor relevancia, porque en la práctica ni siquiera están obligados a someter esa decisión al escrutinio del público. No es una decisión democrática, en el sentido estricto del término, sino oligárquica. Como se sabe, el Poder Legislativo mexicano se integra a través de un sistema electoral mixto. Eso significa que 40% de los asientos que ocupan los diputados y 25% de los escaños destinados a los senadores se distribuyen mediante la representación proporcional. Es decir: los puestos se reparten de acuerdo con el número de votos obtenido por cada partido.

Con todas las virtudes que tuvo ese sistema proporcional como una de las claves para impulsar en su momento la transición a la democracia, lo cierto es que hoy equivale a la garantía de que al menos 232 legisladores son designados (que no electos) por las dirigencias de los partidos. Esas personas ni siquiera están obligadas a hacer campañas políticas, pues no luchan por el triunfo en un distrito en particular y ni siquiera existen boletas especiales para seleccionar las listas que cada partido presenta. En cambio, el lugar que cada político designado ocupa en esas listas resulta absolutamente crucial.

Los tres principales partidos políticos reúnen más de 90% de los votos totales. Y a juzgar por los datos que arrojan las encuestas electorales, la distribución de ese porcentaje será cada vez más pareja. Por esa razón, los partidos más grandes saben que, con la mayor probabilidad, obtendrán entre 20 y 40% de los votos que se emitirán en la siguiente elección. También saben, en consecuencia, que aun en el peor de los escenarios tendrán al menos 40 asientos en la Cámara de Diputados y al menos seis senadores garantizados. Y gracias a la información disponible sobre los comportamientos electorales más probables en las cinco circunscripciones donde se eligen a los llamados diputados plurinominales, también pueden anticipar con un altísimo nivel de certeza cuántos nombres de la lista formada lograrán obtener ese puesto. En suma: mucho antes de que las elecciones lleguen a celebrarse, las dirigencias de los partidos pueden acomodarse para seguir controlando la vida política del país durante los próximos años. Y no tienen que rendirle cuentas a nadie sobre la forma en que llegaron a esas decisiones.

Por otra parte, el principio de no reelección que sigue vigente en el sistema electoral mexicano produce varios efectos perversos en esa lógica ya de suyo oligárquica: como los senadores y los diputados que ya ocuparon sus sitios están condenados a abandonarlos al término de su periodo legislativo, y dado que no llegaron a esos sitios como resultado de una elección sino de una designación partidaria, es difícil que eviten la tentación de pagar los favores que recibieron a cambio de producir leyes propicias para los intereses de los grupos a los que pertenecen.

En una democracia que se respete, los legisladores tendrían que ser representantes de la voluntad popular y responder ante la sociedad. Pero en México, los líderes de las cámaras actúan a nombre de los partidos que los nombraron. Por eso son tan complejas y tan oscuras las negociaciones que se llevan a cabo en el Legislativo.
Pero a esa perversión se agrega una más, mucho más delicada: la que lleva a utilizar el poder de crear o modificar leyes para favorecer el éxito o el fracaso de una campaña política. Si la tendencia oligárquica es permanente, durante las campañas se vuelve un riesgo mucho mayor. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo: con el mayor desparpajo político, y como evidencia palmaria de que las dirigencias de los partidos no sienten la más mínima obligación de rendirle cuentas a nadie, han decidido aprobar una iniciativa de ley que favorece abiertamente a las grandes televisoras y que cancela la posibilidad de ampliar el debate público a favor de la democracia, a cambio del respaldo político que esas empresas les brindarán a sus candidatos. Sin matices, las dirigencias del PRI y del PAN han decidido otorgarle un nuevo privilegio a las empresas que controlan los medios masivos de comunicación, con el único propósito de ganar la siguiente elección.

Cuesta trabajo imaginar un ejemplo más lamentable de la oligarquización del régimen de partidos en México. Los legisladores que ya se van, han querido ofrecer un tributo a los partidos que los nombraron, ganando para sus causas a los medios más influyentes. Se trata de una oligarquía política que ha decidido pactar con otra oligarquía empresarial: la primera ganará votos, gracias a la influencia mediática de las televisoras favorecidas; y éstas harán grandes negocios, gracias a los partidos que las respaldan. Es un círculo perfecto, que muestra con nitidez la forma en que el espacio público puede ser secuestrado por un grupo muy poderoso.

Para ellos es una magnífica apuesta: unos controlan las decisiones legislativas y otros modulan la opinión pública. Y aunque ya es evidente que ninguno tiene el mínimo compromiso con la consolidación de la democracia, lo importante es ganar. De ahí que no les conmueva en absoluto hacer pública esa negociación y asumirla con todas sus consecuencias. Lo que sigue es previsible: las televisoras poderosísimas se pondrán a hacer campaña abierta contra el PRD, y el PRI y el PAN seguramente ganarán muchos más votos. Pobre de nuestra democracia.

Profesor investigador del CIDE .

POR ESO NI UN VOTO AL PRI. NI UN VOTO AL PAN.

VOTEMOS POR AMLO Y LA MAYORÍA PERREDISTA AL CONGRESO.