DEL UNVIERSAL.

Operación ´narcotortilla´
Porfirio Muñoz Ledo

nota original:
27 de enero de 2007

La cuestión de la legitimidad democrática sigue instalada en el centro del escenario político nacional. Las decisiones adoptadas por Felipe Calderón tienen como objetivo primordial asentarse espectacularmente en el poder con la finalidad de compensar el origen dudoso de su mandato. Se trata de una segunda aplicación de la teoría de la "legitimidad de ejercicio" que el PAN elucubró para desdecirse en 1988 de su rechazo inicial a la imposición fraudulenta de Carlos Salinas y justificar más tarde un abierto contubernio con su política.

Los más truculentos asesores le recomendaron la ejecución de una serie de "quinazos" para hacerse temer y romper de manera ostensible con el pasado inmediato; para revertir en su favor a la opinión pública y alcanzar el deseado reconocimiento externo. A ello obedecen sus determinaciones respecto del combate al narcotráfico: movilización conjunta de las Fuerzas Armadas y de los instrumentos de persecución del delito, ocupación castrense de territorios clave para fines políticos y electorales, control piramidal de las policías locales e implementación unilateral de ingentes requerimientos del gobierno estadounidense.

Los réditos mediáticos que semejante estrategia le reporta son alentadores. También colmar, en el plano sicológico, el vértigo de autoridad con las cinco muletas estrelladas de comandante en jefe. Consentir al pequeño Bonaparte que todos llevamos dentro e inaugurarse en el cargo, como lo hacían las antiguas monarquías, con interminables paradas militares. Entre el despliegue iturbidista del poder y la derrota efectiva al narcotráfico media sin embargo una insana distancia. Me temo que sea el caso de caminos divergentes.

Apenas anteayer Felipe González escribía: "La realidad es obstinada y muestra que, para luchar contra las amenazas de nuevo cuño, los procedimientos bélicos tradicionales son, casi sin excepción, inútiles y contraproducentes con el objetivo". Primero, porque desatienden la complejidad de problemas, cuyos orígenes y ramificaciones no pueden ser atrapados ni disueltos en un cerco de fuerza. La presencia masiva del Ejército en una comarca puede inhibir la violencia privada y confortar durante algún tiempo a sus habitantes, pero no sirve para extirpar la cadena de fenómenos que la generan.

El propósito de recuperar la jurisdicción de la autoridad sobre el territorio, no se cumple tan sólo mediante su apoderamiento físico, sino por la instauración de un orden público que asegure la genuina vigencia del derecho. Lo primero es indispensable frente a una revuelta interna o una invasión foránea, pero notoriamente insuficiente cuando están implicados procesos diversos que exigen la concurrencia de múltiples políticas gubernamentales. Es menester abolir las complicidades y desbrozar las fronteras entre la ilegalidad abierta y la legalidad aparente. Se necesita mayor calidad de Estado. Más inteligencia que músculo.

Las extradiciones concedidas contrarían ese propósito. No porque sean recursos ajenos al derecho internacional, sino porque han sido utilizados en contravención con el derecho interno. Ni se ha esperado la finalización de los procesos, ni obsequiado la garantía de audiencia, ni asegurado que las penas a las que los convictos serán sentenciados no excedan a las que nuestra legislación permite. Se les expide como a sustancias altamente tóxicas, sin miramientos por las formas legales ni consideración a sus derechos inalienables. El gobierno aporta así su propia cuota a la migración indocumentada, pero en este caso recibe telefonemas de felicitación. Sin conexión aparente con esa exhibición de fuerza, Calderón determinó la elevación del precio de la tortilla. Al tiempo que castigaba a los malos decidió lastimar sin misericordia a todos los demás. Alguien le susurró que honrar a Maquiavelo era asestar todos los golpes de una vez para aturdir a los contrarios, y regular en el tiempo las dádivas para que sean agradecidas. O tal vez el subconsciente le dictó escarmentar a la gran mayoría del pueblo que no lo votó. Neoliberal al fin, asume que las medicinas amargas deben correr por cuenta del Estado y las ganancias dulces nutrir las cuentas de los oligopolios.

Estamos frente a dos actitudes de corte autoritario. Una sirve para encubrir los estragos de la otra: es a un tiempo su cortina de humo y su explicación más transparente. Ambas son reacciones tardías y equívocas ante los daños crecientes que genera nuestra relación asimétrica y desventajosa con el norte. Dos vertientes concatenadas de nuestra extrema dependencia. Según los códigos de la estrategia bélica, la operación de conjunto podría llamarse narcotortilla. Para efectos domésticos sería, simplemente, atole con el dedo.

El drama del maíz viene incubándose desde hace años. Es fruto de políticas deliberadas que nos atan a los mercados externos e incluyen el desistimiento de los deberes fundamentales del Estado. Durante la campaña contra los términos en que se pactó el TLCAN denunciamos el proyecto depredador de nuestra economía interna. En el caso, era evidente que la mazorca grande iba a comerse a la chica. Allá, se concentraron tierras, se subsidió a los productores y se importó mano de obra barata para el campo. Aquí se desmantelaron todos los mecanismos de apoyo al sector agropecuario y de protección a los consumidores.

Los apremios de la reconversión energética han agravado el problema. Mientras Estados Unidos se apresta al desarrollo intensivo de la biomasa, nosotros continuamos atrapados en la utopía menguante de nuestra condición petrolera. Bush llama a invertir en nuevos métodos para producir etanol "usando de todo: astillas de madera, plantas y desechos agrícolas", mientras aquí se empeñan en agotar las frágiles reservas de hidrocarburos con dinero ajeno y en comprar maíz donde lo encuentren. Lo que en el rico es previsión, en el pobre es borrachera.

Incrementar los precios de la tortilla significa encadenarnos a esos procesos: prepararnos para la liquidación definitiva de nuestra autosuficiencia alimentaria y de nuestra economía agrícola. La verdadera solución corre en sentido inverso: la revisión de los tratados de comercio, medidas emergentes para la producción de granos, combate a los acaparadores y especuladores, y aumentos escalonados de salarios para reducir el abismo insalvable entre la carestía y el poder de compra. Ese es el programa del movimiento progresista, en él debemos comprometer todos nuestros esfuerzos, que comprenden el emplazamiento a una huelga general de trabajadores.

Se atribuye a Ruiz Cortines esta frase admonitoria: "Cuando la tortilla sube, el gobierno baja", que he sugerido se actualice concluyendo: "El PAN baja". El juego democrático supone que las decisiones políticas tengan costos políticos y se esclarezcan a la vez complicidades y solidaridades. Contrasta por lo pronto la premura en la deportación de narcotraficantes con la turbia connivencia entre el gobierno, los cárteles del maíz y los capos de la tortilla, bajo el pretexto de firmar pactos que nadie cumple.

Las tres denominaciones del maíz en náhuatl (centli, tonacayo y tlayolli) se traducen por "unidad" -esto es, principio y totalidad-, "nuestra carne" -es decir, la sustancia de la que estamos hechos- y "vida y movimiento". Esos son los reductos ontológicos del pueblo mexicano a los que hiere y deprecia una tecnocracia apátrida.

¿Libertad de prensa?
Jesús González Schmal

27 de enero de 2007

Mientras en Alemania Felipe Calderón engo laba la voz para contestar los reclamos de manifestantes en su contra por la violación de derechos humanos en México, diciendo que atendería de inmediato las observaciones que al respecto se hicieran a su gobierno, en el país se daba la noticia de que el fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP) de la PGR ratificaba su renuncia al cargo, que había presentado desde el 27 de diciembre.

El doctor en Derecho David Vega Vera había sido nombrado fiscal especial en marzo de 2006, cuando, presidiendo la Cámara de Diputados Pablo Gómez Álvarez, llegó a dicha representación el reclamo del gremio de reporteros y editores respecto de la alta incidencia de crímenes contra periodistas, que quedaban impunes por la complicidad o indolencia de las procuradurías de los estados donde estaban ocurriendo. El grupo de trabajo que se constituyó en la Cámara para atender tan ingente demanda de justicia en la actividad informativa, vital para la nación, estuvo dirigido por la diputada Beatriz Mójica, y con denuedo y fuerza se abocó a cumplir con la delicada misión que entrañaba la defensa del derecho a la información.

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